Affaire des affiches

En el último tiempo dos procesos penales con una misma causa llamaron la atención de los argentinos. La causa que originó estos procesos es la aparición de afiches que, sin lugar a dudas, resultan ofensivos para quienes son allí criticados. Algunas semanas atrás aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires algunos afiches contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los afiches que contenían la cara de la vicepresidenta incluían una leyenda que decía verbatim: “Culpable 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putín en lugar de salvar vidas. Asesina”. Es decir, se la acusaba de ser cómplice de la guerra en Ucrania en tanto Argentina compró a Rusia numerosas vacunas Sputnik.

Estos afiches despertaron el repudio del oficialismo, incluyendo a la vocera presidencial Gabriela Cerrutti, quien afirmó que se trataba de “insultos y acusaciones” y que el presidente había ordenado que se investigara quiénes habían sido los autores de estos afiches. 

En este contexto, se iniciaron distintas investigaciones penales por diferentes delitos. Para contar con información precisa sobre estas investigaciones, desde el CELE realizamos pedidos de acceso a la información a las fiscalías que llevan estos casos. Sin embargo, solamente el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación respondió con la información solicitada, mientras que nunca recibimos respuesta de la fiscalía 4 del Ministerio Público de la Ciudad. En consecuencia, la información citada aquí surgirá de recortes periodísticos y de lo informado por el MPF nacional. 

Por otro lado, recordemos que en febrero de este año aparecieron algunos afiches en la vía pública que hablaban de la ¨gestapro¨para referirse a ¨la policía secreta que tiene el pro¨ y en los que se habrían imágenes del ex-presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Marcelo Villejas junto a simbología nazi. De todos/as los/as afectados/as, Patricia Bullrich fue la única que realizó una denuncia que en la actualidad avanza bajo una investigación judicial.

¿Qué sabemos?

En primer lugar, sabemos que existen dos causas iniciadas como consecuencia de los afiches. Una de ellas tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 y fue iniciada por defraudación por vaciamiento empresarial (art. 174 inc. 6 del código penal). Esta causa surge de una denuncia de José Albistur, quien tiene la concesión para usar esas carteleras y, en teoría, tiene vínculos cercanos con el presidente Alberto Fernández. Cabe destacar que el tipo penal elegido presenta ciertas dificultades en cuanto a su interpretación doctrinaria. Si bien no vamos ahondar en esta problemática, es importante resaltar que para muchos autores lo que este tipo busca es proteger el patrimonio de la empresa y que nadie pueda impedir ilegítimamente su normal funcionamiento. En este caso, pareciera ser que para el fiscal el que alguien haya utilizado ilegítimamente las carteleras de Albistur  (es decir, sin su autorización) podría configurar a priori este delito.   En esta causa, además el juzgado permitió que la vicepresidenta de la nación se presente como querellante por considerar que los hechos la afecta directa o indirectamente. Lo que llama poderosamente la atención en una causa que investiga un presunto vaciamiento empresarial y en este caso no se afectó ninguna empresa de la vicepresidenta. 

Además pareciera ser que, al mismo tiempo, se inició también una causa ante la Justicia Federal la que fue remitida por el El juez federal Sebastián Casanello a la Justicia Nacional por considerarse incompetente para intervenir en dicha causa. El juez declaró que no correspondía al fuero federal intervenir porque no se encontraban dados los elementos típicos requeridos por el art. 211 del Código Penal (intimidación pública). Además, resaltó que la damnificada, es decir la vicepresidenta, no inició una querella ante el fuero federal, lo que podría haber habilitado el fuero penal.

Por otro lado, la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 tiene en sus manos una investigación por hostigamiento y daños agravados. En el marco de esta segunda investigación se realizaron varios allanamientos en los que se encontraron pegatinas contra la vicepresidenta y otras figuras políticas del oficialismo, la camioneta con la que se pegaron los afiches sin patente y una cédula verde falsa, una máquina de imprenta y ocho arbustos de marihuana.

Por otro lado, en el marco de la causa por vaciamiento empresarial se realizaron diversos allanamientos “tendientes a incautar cosas vinculadas a la investigación del delito y para efectuar la detención de personas posiblemente imputadas por el Juzgado” según informó el MPF. El segundo de estos objetivos parece haberse cumplido, ya que lograron detener a Nilda Lilian Melhem, una vecina del barrio de Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusada de ser quien encargó los afiches. Según surge de los recortes periodísticos, Melhem le habría encargado a Francisco Serrano, un empleado de la imprenta ViaGraphic (ubicada en Lanús) la impresión de los afiches, quien a su vez contrató a dos personas para que los pegaran. 

Resumiendo, sabemos que existen dos investigaciones que, aunque fundadas sobre los mismos hechos, investigan delitos diferentes. Sin embargo, las dos investigaciones comparten algunas características. En ambas se investigó desde quien pegó los afiches hasta cual había sido la imprenta encargada de su impresión, en ambos casos se consideró necesario que se realizaran allanamientos y ambas causas siguen, al momento de escribir esta nota, su curso ordinario.

¿Es razonable?

Como dijimos más arriba, la aparición de los afiches dio lugar a distintas causas y cada una de estas causas tiene sus propias particularidades, por lo que lo razonable es analizarlas por separado. En particular, dado que los afiches constituyen sin lugar a dudas una forma de expresión, nos preocupa la compatibilidad de estas causas penales con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En primer lugar, tenemos la causa que tramita ante el Juzgado N° 5 por vaciamiento empresarial. En principio parece razonable que exista una causa por vaciamiento empresarial ya que los afiches se pegaron en una cartelera cuya explotación correspondía a otra empresa. Sin embargo, los procesos penales cuentan con diferentes aristas que vale la pena analizar. En particular nos interesa acá poner el foco sobre los allanamientos que se realizaron en el marco de esta causa. Como dijimos más arriba, desde el CELE solicitamos información sobre las causas penales abiertas por los afiches contra la vicepresidenta. Allí preguntamos, entre otras cosas, qué se buscaba en los allanamientos que se llevaron a cabo. Desde el MPF nos respondieron que allí se buscaba ¨incautar cosas vinculadas a la investigación del delito¨ y detener a las personas ¨posiblemente imputadas por el juzgado¨. Sin adentrarnos demasiado en el terreno penal, podemos afirmar que los allanamientos constituyen una afectación al derecho a la intimidad y a la propiedad, por lo que su alcance debe estar limitado a la búsqueda de aquello que se cree que está en el domicilio allanado. Sin embargo, los allanamientos ordenados en esta causa no parecen haber perseguido ninguna finalidad específica sino que simplemente buscaban cualquier cosa que pudiera contribuir a la investigación. 

Este problema en el allanamiento puede parecer en un primer momento irrelevante. Al fin y al cabo, no parece haber habido ninguna consecuencia de estos allanamientos más allá del problema que constituyen en sí los allanamientos que no cuentan con la debida justificación. Los problemas de realizar allanamientos con un objeto indeterminado pueden apreciarse, sin embargo, en la otra causa abierta como consecuencia de estos afiches. Allí se también se realizaron allanamientos (no sabemos con qué objeto debido a la falta de respuesta de la fiscalía) pero en este caso sí tuvieron consecuencias que fueron más allá del propio allanamiento. Como dijimos más arriba, en estos procedimientos se encontraron plantas de marihuana y una cédula verde falsa, lo que llevó a que se abrieran nuevas causas penales. Es decir que los procedimientos penales pueden crear una cadena de criminalización, por lo que debemos ser cuidadosos con sus reglas. 

Ahora bien, más allá de sus allanamientos, todavía debemos hacernos alguna pregunta sobre la causa que tramita en la justicia de la Ciudad. Recordemos que en esta otra causa se investiga la posibilidad de que haya habido hostigamiento y daños agravados. Al respecto cabe decir, en primer lugar, que la de daños agravados excluiría la posibilidad de penar por hostigamiento en tanto esta última figura procede ¨siempre que el hecho no constituya delito¨. Asimismo, tampoco parece que se trate de un caso en el que haya una intimidación u hostigamiento amenazante, sino simplemente una serie de afiches destinados al público general. Respecto al daño, parece raro afirmar que cuando uno pega un afiche en una cartelera está alterando, destruyendo o inutilizándola como exige el tipo penal. Si pegar un afiche en una cartelera tuviera estos efectos, probablemente haya que contactar a quien fabricó la cartelera. 

Más aún, si tomamos distancia de las causas en sí mismas y de los hechos que éstas investigan, podríamos preguntarnos qué otras consecuencias podría tener, más allá de las penales, la apertura de causas frente a ciertas expresiones gráficas. Es decir, qué mensaje da a la sociedad la posibilidad de perseguir penalmente a alguien por ejercer su derecho a la libertad de expresión en particular frente a figuras públicas. Y es aquí donde queremos realizar un énfasis, puesto que este mensaje (independientemente de cómo se resuelvan las causas en el fuero penal) tranquilamente puede tener un efecto silenciador de voces, o chilling effect en inglés, disidentes que busquen expresar opiniones contrarias a determinadas autoridades políticas. Si uno no tiene la certeza de que no va a ser perseguido penalmente por una expresión, lo racional es no expresarse ya que el beneficio de la expresión (una mejor política pública) es un bien público, mientras que el costo de la criminalización recae solamente sobre quien se expresa.

Podríamos también preguntarnos: ¿Cuántos recursos han tenido que ser movilizados y serán utilizados en estas causas? ¿No es importante tener en cuenta que aquello que se denuncia en los panfletos es parte del debate público y, más aún, se refiere a una figura pública y a un tema que forma parte de la agenda pública? ¿Qué implica que la vicepresidenta haya sido aceptada como querellante en una causa en la que se investiga el vaciamiento empresarial de una empresa con la que no tiene vínculo alguno?

A la luz de lo dicho hasta acá podemos afirmar que buena parte de la política argentina parece preocupada por la aparición de afiches que considera problemáticos y que estos actores parecen creer que la vía judicial es la apropiada para lidiar con estas expresiones. Sin embargo, los procesos penales pueden traer aparejados problemas incluso en aquellos casos en los que el tipo penal parece adecuado. De hecho, los problemas que estos afiches trajeron aparejados para quienes los pegaron exceden largamente el marco de las causas penales abiertas. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de lidiar judicialmente con este tipo de casos, ya que un exceso en la criminalización podría tener un efecto silenciador sobre el resto de la sociedad.