Why Engaging with Trust and Safety Matters: CELE's Contributions to the Digital Trust and Safety Partnership Glossary Trust and [...]
Desde el CELE, celebramos este primer paso que está dando la Comisión para adentrarse en esta problemática y que lo haga con un proceso de diálogo abierto y multisectorial. De cara a este proceso que comienza resulta fundamental por un lado acercar a los Estados a este diálogo, en vista del creciente interés legislativo que existe en la materia; promover la participación de toda la región, incluido el Estado y la sociedad civil de Estados Unidos, que es donde muchas de estas plataformas tienen su base; y generar condiciones claras de igualdad para los diversos actores participantes en el proceso.
En enero de 2021, tras la toma del Capitolio de los Estados Unidos por parte de manifestantes de ultraderecha y [...]
Thursday 19th, UN 13th session of Forum on Minority Issues. This year, the Forum reunites representatives of States, Civil society, specialists and academics to discuss Hate speech against minorities in social media. Our Director, Agustina Del Campo, was invited to join the panel on the regulatory and institutional framework against hate speech on minority issues. Our panel was asked to address the complementarity between articles 19 and 20 of the ICCPR as well as other Conventions against discrimination, Legislative and Institutional Frameworks that may contribute to accountability and fighting impunity, and possible solutions to a disturbing trend in raising hate speech, particularly against minorities, and especially in social media. I will attempt to follow this order in my presentation highlighting a few key issues within each that I find particularly relevant to this discussion. These are not exclusive nor are they exhaustive.
Asimismo, esta falta de autocrítica pareciera replicarse en el punto Confianza en los Parlamentarios, al obviar destacar cómo el comportamiento de los/as propios/as parlamentarios/as y la poca transparencia que revisten los mecanismos legislativos en distintos países han afectado la confianza (o la falta de ésta) de la ciudadanía en éstos/as. Finalmente, si bien destacamos la incorporación del segmento anual de alto nivel, consideramos que sería sumamente importante que se invite a participar de dicho segmento a organizaciones de la sociedad civil para que la discusión no quede trunca y sea realmente multistakeholder.
Las respuestas del Ministerio dejan serias incógnitas abiertas. Entre los puntos a destacar, es alarmante que las tareas de prevención se realicen “a mano”, según lo indicado por las autoridades en la reunión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llevan a cabo estas tareas en el día a día? Cómo anonimizar el contenido siendo el monitoreo "manual"? El impacto de la inteligencia en redes sociales en nuestros derechos fundamentales cobra mayor relevancia en la situación actual de pandemia donde, cada vez más, nuestras vidas se desarrollan a través de un dispositivo electrónico. Como sociedad, tenemos que exigir las rendiciones de cuentas correspondientes y alzar la voz -como lo han hecho numerosas organizaciones- para alertar sobre los peligros de estas prácticas y asegurar que se respeten nuestros derechos humanos. Esperamos que, en respuesta a nuestro pedido de acceso a la información, el Ministerio aclare las inquietudes que nos preocupan.
Por interés público: Quizás la distinción en torno al interés público sea más útil para informar decisiones de priorización. Si la conversación o el contenido es de interés público, debería poder priorizarse. Este tipo de determinaciones probablemente surja, sin embargo, del cruce de dos o más criterios de los que ya mencionamos: Contexto local/regional; carácter de la persona (público privada), relevancia de la temática. Una de las conclusiones unánimes entre colegas es que probablemente la priorización no deba responder a un criterio único sino a multiplicidad de factores. Cómo implementarlo será otro tema… Sin perjuicio de la decisión que las empresas adopten en esta materia, el ejercicio sirvió para constatar lo poco que sabemos sobre este tema, la falta de información que existe en los informes y en las propias políticas, y la necesidad de estudiar el tema más profundamente.
Los usuarios latinoamericanos, particularmente los involucrados en el activismo o en movimientos sociales, se encuentran entre la espada y la pared. Dentro de este contexto, resulta más necesario que nunca que la sociedad civil y los activistas de América Latina alcen la voz en los debates globales sobre las prácticas de moderación de contenidos y libertad de expresión.
¿Por qué cuesta tanto que el poder judicial se acerque a estos foros? Si hay un interés desde los espacios de gobernanza en que el poder judicial participe y desde los operadores judiciales en interiorizarse en las cuestiones relacionadas a internet, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué oportunidad de debate y conversación nos estamos perdiendo? Quizás este posteo pueda, por lo menos, servir como una invitación al poder judicial para sumarse a las conversaciones de gobernanza, empezando por debatir estas preguntas básicas en torno al acceso a dichos espacios.
La semana pasada me involucré en varias discusiones sobre la solicitud de prueba anticipada presentada y otorgada a Cristina Fernández [...]
El jueves 18 de junio el diario Clarín re-publicó una editorial de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, originalmente [...]
Atento la relevancia de los temas de libertad de expresión, vigilancia y privacidad, patrullaje y censura privada y pública en este momento tan particular a nivel mundial y local, re publicamos un artículo que nos parece pertinente, atinado y actual.
Un problema de lógica simple para nuestros estudiantes hogarizados en plena pandemia: El diario “Mentirulo” difunde “Fake news” por internet. [...]
Queremos darles la bienvenida al Blog del Observatorio Legislativo del CELE! Esta nueva sección será un espacio para compartir novedades, [...]
