Modifica la ley de organizaciones políticas, y establece que en el acta de fundación del partido político deba constar una “declaración jurada expresa de cada uno de los fundadores donde conste su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al estado constitucional de derecho y a las libertades y derechos fundamentales. Además, establece la obligación de que “los fundadores del partido no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y/o tráfico ilícito de drogas”.

Establece la separación e inhabilitación del personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, sentenciado por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. También creó un Registro para quienes habían sido condenados o procesados por dichos delitos.

Ley de organizaciones políticas, que contempla un artículo que declara la ilegalidad de una agrupación política en caso sus actividades fueran “contrarias a los principios democráticos”, en particular, cuando prestaran apoyo político a la práctica del terrorismo o contribuyeran a “multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera”.