Resumen sobre la Ley de Florida (SB 7072) que busca regular la moderación de contenidos de las redes sociales

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Las redes sociales han sido eje fundamental para la realización de opiniones de los usuarios ante diferentes perspectivas políticas y sociales. Pero también, han sido herramientas para compartir contenido violento y desinformativo. En los últimos años se ha observado que figuras públicas han realizado publicaciones de contenidos que incitan al odio o difunden noticias falsas para argumentar sus posturas en el que se destacan varios
personajes políticos.

De esta manera, los gobiernos han intentado regular la moderación de contenidos para generar un control a las redes sociales, una tarea compleja si se tiene en cuenta el amplio esquema que gira en torno a internet y la posibilidad de vulnerar derechos relacionados a la libertad de expresión.

Varias sociedades civiles han formulado diferentes puntos sobre el proceso de eliminación de contenidos que se realizan por parte de las plataformas digitales y la falta de regulación que gira en torno a la protección de la libertad de expresión cuando se elimina un contenido alojado en dichas plataformas y que son considerados como “ilegales”.

Es el caso de la ley de Florida que pretendía regular las plataformas de redes sociales para evitar la eliminación de contenidos publicados por candidatos políticos, es decir, la ley restringe la posibilidad que tiene una plataforma de eliminar los contenidos de este tipo por el de tratarse de un candidato político.

Muchos usuarios aseguran que esta medida se tomó por los hechos ocurridos con Donald Trump y la red social Twitter al haberse tomado la decisión de suspender la cuenta del candidato por presentar un riesgo de incitación a la violencia a través de twitts que violaban los términos y condiciones de la red social. Por lo que se ha determinado que es un caso específico donde se pretende regular la moderación de contenidos basándose en juicios de casos cerrados y ello se pudo observar en la declaración del gobernador Ron DeSantis. De manera que, la ley presentó las siguientes propuestas:

● Dispuso que cualquier persona que fuera candidata a un cargo del Estado de Florida no puede ser excluida de la plataforma digital. Es decir que existía el riesgo de que los candidatos pudieran realizar todo tipo de discursos de odio y desinformación sin que las plataformas pudieran hacer algo al respecto.

● Propone la aplicación de un algoritmo que permita identificar las infracciones y vigilar el contenido de los candidatos. En este punto, preocupó la efectividad del algoritmo debido a que era probable que no lograra cubrir las categorías amplias que existen sobre el discurso de los usuarios o que los contenidos no lograran ser parte de la clasificación algorítmica para ser publicadas, es decir que existe al posibilidad de que un usuario sea censurado.

● Hubo un intento de regulación de contenido en relación con aspectos “ilegales” pero que en el desarrollo de la ley no hubo especificidades sobre el tipo de contenido que es permitido publicar. Existiendo la posibilidad de vulnerar el derecho a la libertad de expresión de diferentes formas.

● Impone una multa de $250,000 USD por día por eliminar a un candidato para un cargo estatal y $25,000 USD por día por eliminar a cualquier otro candidato en contra de las plataformas.

● Autoriza a las plataformas de medios sociales proporcionar publicidad gratuita a los candidatos donde se debe informar al candidato de dicha contribución en especie.Es decir, a través de las publicaciones, contenido, material y comentarios de candidatos que se muestran en la plataforma en el mismo.

● Propone una notificación previa a la eliminación del contenido donde se debe desarrollar argumentos específicos del por qué se está incurriendo a tal acción y excluye notificar puntos importantes, como por ejemplo, contenidos obscenos. Un punto importante si se tiene en cuenta que da la oportunidad al responsable de este tipo de contenidos de seguir publicando contenidos ilegales ya establecidos en la ley a través de otro usuario. Un proceso infructuoso.

● Autoriza al Departamento de Asuntos Jurídicos a investigar presuntas infracciones. Es decir, el proyecto busca que la revisión de las redes sociales sea completamente humana para filtrar y eliminar publicaciones de candidatos o que traten sobre candidatos. Una propuesta compleja y costosa debido a que las herramientas digitales que se encargan de automatizar, por medio de un algoritmo ya existente, las plataformas y facilitan este proceso sin que haya un desgaste cotidiano en la revisión de contenidos que se publican diariamente, por lo que también existe riesgos en la imparcialidad de las personas que se encarguen de realizar esta revisión para combatir el discurso de odio, acoso, amenazas de suicidio u otros problemas graves.

● Prohíbe que las plataformas puedan realizar negocios con empresas o personas que hayan violado la ley antimonopolio denominada Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida, de lo contrario, se restringirá la contratación con cualquier entidad pública. Lo problemático de esta sección, es que aún si la empresa
solo tuviera una acusación de violación a esta ley puede ser perjudicada en los negocios que tenga con las plataformas y quitar las relaciones económicas con el Estado también las perjudicaría.

● Implementa medidas para que las plataformas eviten «censurar, eliminar la plataforma o prohibir» una «empresa periodística» en función del contenido de su publicación o transmisión. De acuerdo al Center for Democracy & Technology, existen ciertos grupos dedicados a compartir desinformación que acumulan demasiadas vistas, incluyendo aquellos medios que son controlados por los gobiernos o Estados como se observa en Rusia, por lo que este artículo permite la divulgación de contenidos ofensivos, difamatorios o ilegal de algunas empresas que pueden ser consideradas como periodísticas.

● Por último, establece que los términos y condiciones de las plataformas deberán ser modificadas cada 30 días, generando retrocesos en las plataformas e inconformidad por parte de los usuarios con las plataformas digitales. Un proceso innecesario por cuanto reduce el tiempo y desmejora la interacción con los usuarios.

Efectivamente la ley fue demandada por dos grupos de compañías de Internet y suspendida por el juez federal de distrito Robert Hinkle en el que destacó los siguientes puntos:

1. Afirmar que la primera enmienda no se aplica a los actores privados.

2. Incluye el estudio respecto a la concentración de poder de mercado entre los grandes proveedores de redes sociales, donde se establece que no cambia los derechos de la primera enmienda para excluir el discurso de los usuarios. Un punto con el que muchos activistas no están de acuerdo, pues la concentración del poder de mercado importa totalmente para las plataformas. Además no es posible anular la primera enmienda de las plataformas argumentando que es por razones de poder del mercado, un tema que es completamente irrelevante con lo que discutimos.

3. La Corte dice que esta ley no es neutral en cuanto a contenido, no solo trata todo el discurso, se basa específicamente sobre el contenido, por lo tanto se somete a un escrutinio estricto. Primero porque cubre el discurso de un candidato o sobre un candidato en específico, es decir, ya hay una restricción basada en el contenido.
Segundo, porque las leyes, por principio, deben ser neutrales en cuanto al contenido. Se ha sabido que esta medida la tomaron por un orador en particular, estos también deben satisfacer un escrutinio estricto, por lo que la historia legislativa ha demostrado que el propósito era evitar que las plataformas ejercieran lo que ven como una perspectiva editorial política de izquierda. Lo cual resulta preocupante. Discriminar a diferentes ideologías puede desencadenar un escrutinio estricto, específicamente tener reglas diferentes para plataformas grandes y pequeñas.

4. La Corte hizo un trabajo muy corto sobre la aplicación del escrutinio. En primer lugar, dice nivelar el campo de juego para el discurso, es decir, hacer que, como lo vieron los legisladores, dar al discurso conservador una oportunidad tan buena como el discurso liberal en las plataformas, eso no es un interés estatal legítimo. Lo cual
resulta ser una llamativa perspectiva de Estados Unidos. El pluralismo de los medios de comunicación es un interés estatal reconocido mucho más grande que en muchos otros sistemas legales.