Reporte final de la Comisión de Derecho del Reino Unidos

Descargar documento en PDF

Leyes sobre crímenes de odio

El 21 de diciembre de 2021 la Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un reporte sobre crímenes de odio y discurso de odio en el que sugiere algunas reformas para lidiar con estas problemáticas cuya importancia ha cobrado relevancia en los últimos años.
Estas recomendaciones son el resultado de un proceso de consulta pública que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020. En dicha ocasión la Comisión publicó un consultation paper con el objetivo de obtener sugerencias por parte de todas aquellas partes interesadas. Este proceso de consulta culminó con la recepción de un total de aproximadamente 2500 aportes los que fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el reporte mencionado anteriormente. En particular,  de este extenso documento, nos interesa el apartado dedicado a libertad de expresión y discursos de odio.

La comisión define como crímenes de odio a todos aquellos actos de violencia u hostilidad dirigidos a las personas por ser quienes son. Estos crímenes pueden abarcar una amplia variedad de conductas tales como: agresiones contra las personas, agresiones contra sus negocios o lugares de culto, así como el abuso y acoso verbales dirigidos contra minorías. Asimismo, los crímenes de odio pueden incluir “discurso de odio”, esto es: la difusión de material “inflamatorio” diseñado para incitar a la violencia, fomentar las tensiones dentro de una comunidad e inocular miedo entre grupos particulares o de grupos particulares.

En la actualidad, las leyes sobre crímenes de odio e incitación al odio en Inglaterra y en Gales se encuentran en cuatro diferentes estatutos:  la Ley de Orden Público de 1986, la Ley de Delincuencia y Desorden de 1998, la Ley de Fútbol de 1991 y el Código de Sentencias. Estas leyes son complejas porque no sólo implican mecanismos legales múltiples y que se superponen, sino que además son inconsistentes en su aplicación a las diferentes características protegidas.

En principio, la leyes reconocen cinco características protegidas: raza, religión, orientación sexual, discapacidad e identidad transgénero. No obstante, tal como se explica en el sitio oficial, el derecho penal no trata a todas las características del mismo modo y, por ejemplo, las víctimas de crímenes de odio que son agredidas en razón de una discapacidad no reciben la misma protección que aquellas personas que son agredidas en razón de su raza.

Además, hay dos maneras en las que estas leyes abordan los crímenes de odio, esto es: o funcionan como agravantes (es decir aumentando la pena pero solo para aquellos crímenes en razón de la raza o religión) o como un aumento de pena (es decir, requiere que la pena aumente pero dentro del máximo disponible para ese tipo de crimen y, en este caso, para aquellos crímenes en razón de la raza, religión, orientación sexual, discapacidad e identidad transgénero). Lo mismo ocurre con los delitos vinculados al discurso de odio, en los que la presencia de este discurso puede ser tomada como agravante o como un aumento de la pena máxima establecida. 

Cabe destacar que el reporte efectuó diversas recomendaciones en torno a cómo son abordados y definidos estos delitos, así como a las definiciones de categorías protegidas por éstos.

En este sentido, la Comisión realizó diversas recomendaciones en torno a las categorías utilizadas actualmente en las leyes:

  • Actualmente la categoría raza es definida como un grupo de personas definidas por referencia a la raza, color, nacionalidad (incluida la ciudadanía) o etnia u orígenes nacionales. Con respecto a esta categoría la Comisión no tuvo ningún tipo de recomendación.
  • La categoría grupo religioso es definida como todo aquel grupo definido por su referencia a una creencia religiosa o  su falta de adscripción a una creencia religiosa. Con respecto a este término la Comisión tampoco tuvo recomendaciones por considerar que la definición actual es suficientemente amplia y flexible.
  • La categoría orientación sexual es definida por la Ley de Orden Público de 1986 como un “grupo de personas definido en  referencia a la orientación sexual (ya sea hacia personas del mismo sexo, el sexo opuesto o ambos)”. La Comisión recomendó que se modifiquen las leyes sobre delitos de odio para incluir en las categorías protegidas a aquellas personas “asexuales”. 
  • La categoría identidad transgénero hace referencia a todas aquellas personas transexuales o que se hayan sometido, propuesto realizarse o haberse realizado un proceso o parte de un proceso de reasignación de género. En relación a esta definición la Comisión recomendó que el término “identidad transgénero” en las leyes de delitos de odio ser reemplazado por los términos “identidad transgénero o identidad diversa de género” para que incluya a personas que son hombres o mujeres transgénero o transexuales, así como a personas que  son género, por ejemplo: no binarios/as o personas que n ose conforman con ciertas expectativas de género (masculinas o femeninas), tomo aquellas que se travisten. 
  • La categoría discapacidad es definida muy ampliamente en las leyes de crímenes de odio como “cualquier impedimento físico o mental”. Con respecto a esta categoría la Comisión no realizó ninguna recomendación.
  • La categoría asociación con un miembro de un grupo protegido está vinculada a asociación con miembros de una raza o de un grupo religioso. Por ejemplo, en términos del reporte si una persona agrede a una persona blanca motivada por su asociación con un grupo de amigos pertinentes a una raza en particular, este crimen se consideraría como un crimen de odio con motivación racial. La Comisión recomendó que la categoría asociación se extienda para incorporar también a aquellas personas que se vinculan con las categorías discapacidad, orientación sexual, identidad transgénero o identidad de género diversa.

Finalmente, la Comisión realizó recomendaciones por fuera de las categorías protegidas. Entre ellas, recomendó que el sexo o el género no deben considerados agravantes en relación a los crímenes cometidos.  También recomendó que el gobierno lleve a cabo una revisión para evaluar la necesidad de contar con un delito específico de acoso sexual público así como la forma que ese delito en particular debe tomar. Ahora bien, así como la Comisión recomendó que el sexo o el género no fueran considerados como agravantes en relación a los crímenes cometidos, sí consideró que debía crearse el delito de incitación a la comisión de crímenes de odio basados en el sexo y el género (tanto hacia mujeres como hacia hombres). Además, consideró que la incitación a cometer crímenes de odio debe cubrir las cinco características protegidas por las leyes sobre crímenes de odio por igual (puesto que actualmente solo incluye raza, religión y orientación sexual), siempre sujetas a recomendaciones sobre protecciones para la libertad de expresión.

La Comisión también reconoció que algunas categorías no debían ser consideradas como características protegidas en las leyes sobre crímenes de odio tales como: edad, trabajadores/as sexuales, personas en situación de calle, creencias filosóficas o subculturas alternativas.

Si bien relación al enfoque dual existente, y que mencionamos al comienzo, de agravantes o aumento de pena, no realizó ninguna recomendación, la Comisión sí recomendó que fueran incorporadas a las agravantes ya existentes de raza y religión. las categorías de orientación sexual, discapacidad e identidad transgénero. 

También es interesante resaltar que la Comisión recomendó que hubiera una sola prueba aplicable para todas las formas de odio. Es decir, en vez de tener diferentes pruebas para para cada una de las características, como ocurre en la actualidad, consideró que debe haber una sola prueba para demostrar la incitación a todos los crímenes de odio. Bajo esta prueba una persona sería culpable de incitar al odio si utiliza palabras o comportamientos destinados a esto, o si utiliza palabras amenazantes o abusivas que probablemente puedan incitar al odio. En relación a la probabilidad, la parte acusadora deberá demostrar que la persona sabía o debería haber conocido que sus palabras o conductas eran amenazantes o abusivas y que, sabía o debería haber sabido, que podían incitar al odio. 

En torno a la protección de la libertad de expresión la Comisión recomendó mantener las disposiciones en la ley de Orden Público de 1986 en relación a las categorías de religión y orientación sexual. La sección 29J expresa que: 

Nada de lo contenido en esta Parte se leerá ni se aplicará de manera que prohíba o restrinja la discusión, la crítica o las expresiones de antipatía, aversión, ridiculización, insulto o abuso de religiones particulares o de las creencias o prácticas de sus seguidores, o de cualquier otro sistema de creencias. o las creencias o prácticas de sus adherentes, o hacer proselitismo o instar a los adherentes de una religión o sistema de creencias diferente a dejar de practicar su religión o sistema de creencias

Mientras que la sección 29JA  (orientación sexual) dice:

(…)La discusión o crítica de conductas o prácticas sexuales o la incitación a que las personas se abstengan o modifiquen dichas conductas o prácticas no se considerarán en sí mismas amenazantes o destinadas a instigar el odio.

(…) para evitar dudas, cualquier discusión o crítica del matrimonio que tenga que ver con el sexo de las partes en el matrimonio no se considerará amenazante ni tendrá la intención de despertar el odio.

También recomendó que en relación a la inclusión de las categorías nuevas de identidad transgénero o de identidad de género de diversa en torno a incitar la comisión de crímenes de odio, debe introducirse una  nueva que proteja las miradas críticas sobre el género – es decir, que el género es binario e inmutable- y el uso del lenguaje que exprese esto. Recomendó también que las protecciones existentes para la discusión y crítica de prácticas religiosas sean extendidas a prácticas culturales. Por último recomendó que se incluya una nueva protección para la discusión, crítica o expresiones de antipatía, aversión, ridiculización, insultos o abusos de países y sus gobiernos; así como para el debate y la crítica de la política relacionada con la inmigración, la ciudadanía y el asilo.

Finalmente, la Comisión propuso la creación de una sola ley sobre crímenes de odio que nuclee todos los crímenes existentes y que incorpore sus recomendaciones, así como el establecimiento de un Comisionado para la lucha contra los crímenes de odio.