Audiencia CIDH libertad de expresión
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales y delegados del Estado argentino participaron el pasado 19 de noviembre en la audiencia sobre la situación de libertad de expresión en Argentina convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sesión es el resultado de dos peticiones promovidas por organizaciones de sociedad civil, academia y expertos. El CELE fue una de las organizaciones que apoyó la solicitud realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Las organizaciones participantes denunciaron un deterioro rápido y pronunciado de las condiciones para el ejercicio periodístico en Argentina. Señalaron un aumento significativo de agresiones hacia periodistas, que van desde violencia en internet y el hostigamiento hasta violencia física, y muchas veces ejercidas por autoridades públicas.. El CELE ya había destacado y analizado esta situación, señalada también en el más reciente informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. FOPEA calificó como “narrativas de odio y desinformación” los patrones de agresiones por parte de funcionarios públicos del gobierno en curso, usadas estratégicamente para el silenciamiento a través de la restricción del debate público, especialmente por el presidente Javier Milei, quien afirmó, en reiteradas oportunidades, que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Durante la audiencia, la sociedad civil hizo un llamado de atención sobre la gravedad del incremento de agresiones, que también han sido físicas. Se recordó el caso de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue herido de gravedad con un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente de la Gendarmería Nacional en el marco de un operativo para reprimir las protestas de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de este año. Tras 8 meses, Grillo continúa hospitalizado y no se ha avanzado en investigaciones relevantes sobre la conducta de la Gendarmería esa tarde. También se abordaron las conductas de intimidación judicial. Poder Ciudadano se refirió a las restricciones institucionales, hizo hincapié en el uso de la justicia como arma de silenciamiento de voces críticas y citó como punto crítico las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Estado argentino, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, desestimó las denuncias de la sociedad civil. Indicó que no existen restricciones normativas estructurales ni intencionales para limitar la libertad de expresión o la actividad periodística en la Argentina; expresó que no se han adoptado medidas regresivas en ese sentido y que las situaciones señaladas por las organizaciones académicas y de la sociedad civil son hechos aislados y no una política o práctica sistemática por parte del Estado.
El delegado hizo referencia a un requerimiento de información realizado por la RELE en julio de este año, y cuestionó la competencia de la oficina para enviar dicha solicitud. Frente a esto, el presidente de la CIDH, Jorge Luis Caballero, informó que el 7 de noviembre la Comisión respondió al Estado Argentino con base en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos y destacó las atribuciones que tiene la Relatoría Especial para solicitar información sobre la situación de derechos humanos a los Estados parte. Señaló que la RELE es competente para realizar el requerimiento y que éste se hizo con pleno conocimiento de la Comisión.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, enfatizó la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa para las sociedades democráticas, y la necesidad de que haya entornos de confianza institucional para el ejercicio periodístico. A su vez, recordó que en el Sistema Interamericano existen estándares expresos de libertad de expresión que deben ser aplicados para garantizar ese derecho.
Durante la audiencia, los representantes de la sociedad civil solicitaron además que la CIDH realice un monitoreo detallado del contexto represivo y agresivo que afecta la libertad de expresión en Argentina, impulsando un diálogo con el gobierno nacional para adoptar medidas urgentes que detengan los ataques, refuercen los límites y obligaciones de los funcionarios, y pongan fin a la represión violenta contra periodistas y manifestantes.
