LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PARAGUAY

25 LEYES

10 PROYECTOS

INFOGRAFÍA

[visualizer id=»5225″]
[visualizer id=»5226″]
[visualizer id=»5238″]
[visualizer id=»5237″]

COMPATIBILIDAD CON EL MARCO INTERAMERICANO
(Análisis tripartito)

[visualizer id=»4914″]
[visualizer id=»4913″]
[visualizer id=»5225″] [visualizer id=»5226″]
[visualizer id=»5238″] [visualizer id=»5237″]

COMPATIBILIDAD CON EL MARCO INTERAMERICANO
(Análisis tripartito)

[visualizer id=»4914″] [visualizer id=»4913″]
Paper Regional

En treinta años de democracia, Paraguay ha mostrado en materia de libertad de expresión un desarrollo nor-mativo en constante crecimiento. En la Constitución nacional de 1992, que fue sancionada al comienzo de esta era democrática, varios artículos se dedican a garantizar la libertad de expresión, en todas sus formas. En los últimos años, y en paralelo con el aumento de la conectividad a internet, debido al uso extendido de las redes sociales y al desarrollo tecnológico en el país la gestión legislativa se ha orientado hacia un aumento de la regulación de internet, sus intermediarios y su contenido. En algunos casos, estos esfuerzos legislativos han que-dado en proyectos de ley, y en otros se han traducido en leyes vigentes en la República del Paraguay. Esta tarea le-gislativa requiere fortalecer la perspectiva de derechos humanos al momento de abordar las diversas situaciones que el uso de internet y de plataformas tecnológicas exige, a fin de no amenazar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.Existe aún un importante desconocimiento de la perspectiva de derechos humanos necesaria a la hora de legis-lar sobre políticas de uso de internet y regulación de intermediarios, a fin de garantizar al mismo tiempo derechos básicos como el de la libertad de expresión. Este desconocimiento no solo afecta a quienes realizan la tarea legisla-tiva, sino también a los ciudadanos que deben controlar esta tarea. Esto se evidencia en la elaboración de proyec-tos de leyes que, buscando precautelar determinados derechos, ponen en riesgo otros igualmente importantes. Paralela a la gestión legislativa, el país se expande tecnológicamente. Un 30% de la población cuenta con alguna forma de conexión a internet, y se evidencia, al mismo tiempo, una severa desconexión entre las políticas nacio-nales de telecomunicaciones (con retrasos en regulaciones y aplicación de políticas sobre internet sin perspectiva de derechos humanos) y los planes de las empresas privadas de conectividad.El artículo busca exponer este proceso legislativo y su incidencia en el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión en internet, que revela tendencias y desafíos para la ciudadanía y la democracia en los próximos años.