28/10

El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió revocar el mandato y declarar inelegible al diputado de estado Fernando Francischini por la difusión de noticias falsas sobre fraude en máquinas de votación electrónica. El tribunal aceptó un recurso ordinario del Ministerio Público Electoral, que investigó al diputado por haberse presentado en vivo en sus redes sociales unos minutos antes del cierre de la votación en las elecciones de 2018, en el que arrojó dudas sobre la corrección de las máquinas de votación electrónica. Según el ministro que reporta el caso, la conducta del diputado constituye un abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. Ese mismo día, el TSE decidió por unanimidad desestimar las Acciones de Investigación Judicial Electoral (Aije) que pedían la revocatoria de la boleta Bolsonaro-Mourão por abuso de poder económico y mal uso de los medios de comunicación en la campaña electoral de 2018 por el disparo ilegal de mensajes masivos, a través del WhatsApp, durante la campaña y uso fraudulento de datos personales para este fin. Las acciones, interpuestas por la Coalición “Povo Feliz De Novo” (con los partidos PT, PC do B y Pros), atribuían el disparo masivo de noticias falsas para atacar a los opositores a la campaña de la boleta ganadora en las elecciones presidenciales. El Tribunal concluyó que, a pesar de que ocurrieron los disparos, los hechos no fueron capaces de influir en el resultado de las elecciones, ni el vínculo entre las irregularidades y la boleta ganadora fue probado. En la misma ocasión, sin embargo, el TSE estableció la tesis de que el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para promover los disparos que contengan información declaraciones falsas en detrimento de candidatos contrarios, puede representar abuso de poder económico y uso indebido de las redes sociales. 

FAKE NEWS

28/10

El diputado Orlando Silva presentó un informe para la aprobación del PL Nº 2.630 / 2020 (Proyecto Ley para combatir las Fake News), con una propuesta de sustituto. El texto fue elaborado por el Grupo de Trabajo para el Mejoramiento de la Legislación Brasileña – Internet (GTNET). En el nuevo texto se propone un artículo que regule la solicitud de custodia y acceso a los datos del usuario en cuanto al envío y recepción de mensajes y llamadas en aplicaciones de mensajería privada con el propósito de establecer pruebas en la investigación penal y en la instrucción procesal penal. La propuesta también define otras obligaciones para los servicios de mensajería privada, como la limitación de reenviar el mismo mensaje a varios usuarios, y la institución de un mecanismo para evaluar el consentimiento previo de los usuarios para su inclusión en grupos. En el apartado referido al desempeño del Poder Público, el texto crea un derecho de restitución, a ser evaluado por el Poder Judicial, en caso de moderación de contenido en cuentas de interés público que operen de conformidad con los derechos fundamentales y principios administrativos, además a establecer deberes de transparencia para las plataformas cuando se apliquen medidas de moderación en estas cuentas. Además, la propuesta atribuye al Comité de Gestión de Internet (CGI.br) la responsabilidad de monitorear las medidas previstas por la ley, incluida la elaboración de un código de conducta para proveedores y la evaluación de la adecuación de las políticas y procedimientos de moderación de contenidos.

FAKE NEWS MODERACION DE CONTENIDOS

04/11

En la fecha, como conclusión del dictamen nº 1/2021 de la Comisión de Encuesta Parlamentaria (CPI, en portugués) sobre la conducta del gobierno brasileño con respecto a la pandemia Covid-19, se presentaron dos proyectos de ley al Senado Federal para frenar la creación y difusión de noticias falsas a través de internet. El Proyecto de Ley N ° 3814/2021 busca modificar el Marco Civil da Internet («MCI» — Ley N ° 12.965 / 14) y la Ley de Blanqueo de Capitales (Ley N ° 9.613 / 98). De acuerdo con la propuesta, el MCI requeriría que los proveedores de conexión y aplicación identifiquen a sus usuarios a través de su nombre completo, fecha de nacimiento y CPF (CNPJ, si es una persona jurídica), proporcionado obligatoriamente por los usuarios como condición para el uso del servicio, y que debe ser validado por los proveedores con base en los datos de la Hacienda Federal. El proyecto de ley Nº 3813/2021, por su parte, busca reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal “para tipificar como delito la creación y difusión de noticias falsas, particularmente en los casos de salud pública”. 

MODERACION DE CONTENIDOS

08/11

El Ministerio Público Federal (MPF) inició una investigación civil pública para investigar posibles violaciones a los derechos fundamentales cometidas por proveedores de aplicaciones de Internet derivadas de sus políticas de combate a prácticas organizadas de desinformación y violencia en el mundo digital. La encuesta oficia a las empresas responsables de las plataformas WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube para enviar, en un plazo de diez días, información sobre las medidas tomadas por ellos contra prácticas organizadas de desinformación y producción de contenido falso, así como como disparos masivos y el uso de robots y perfiles ficticios. También habrá audiencias públicas y consultas con expertos en el tema. Según la ordenanza de apertura de la investigación, uno de los elementos centrales de la investigación se refiere a la difusión de contenidos falsos «con potenciales efectos nocivos para la comprensión de la población de ciertos hechos, relevantes para la efectividad de las acciones de salud pública, para la protección del medio ambiente y el funcionamiento de las instituciones democráticas del país”.

RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

09/11

El Tribunal Supremo Federal (STF) concedió parcialmente la denuncia interpuesta por el periodista Renato Rovai, contra la decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) que determinó que el periodista excluía un tweet criticando al asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, Filipe Martins. Rovai habría publicado en Twitter una reproducion de un artículo de la Revista Fórum sobre un gesto supremacista de Felipe Martins en el Senado y un tweet del Museo del Holocausto sobre el repudio a los actos nazis y supremacistas. En sus publicaciones, el periodista hizo comentarios críticos sobre la conducta del asesor. Martins interpuso una demanda contra el periodista en la que solicitó una indemnización por daño moral y la exclusión de publicaciones. En primera instancia, un juez rechazó la medida cautelar de Martins de excluir las postagens. En el TJ-SP, sin embargo, la decisión fue revocada, comenzando a determinar la exclusión de uno de los tweets. Al juzgar el amparo urgente solicitado en la denuncia interpuesta por Rovai, el STF entendió que “las premisas que sustentan el hecho denunciado no son suficientes para autorizar la violación, aunque sea provisional, del derecho a la libertad de expresión, más aún sin la formación de el sistema contradictorio y ante la posible irreversibilidad de la medida”. El Ministro Fachin ordenó la suspensión de los efectos de la decisión reclamada hasta la sentencia sobre el fondo del reclamo. 

LIBERTAD DE EXPRESION

10/11

El II Juzgado Especial Civil de São Paulo denegó una demanda de indemnización presentada por dos hombres de apellido Bolsonaro contra el periodico “Folha de São Paulo”. En julio demandaron al vehículo y al columnista Ruy Castro, responsable de un artículo publicado en abril de este año bajo el título “Extinción del nombre Bolsonaro”. En el texto, Castro opina que el apellido del presidente de la República desaparecerá por la ausencia de personas que deseen utilizarlo. Los demandantes, Marcelo Blanco Bolsonaro de Moura y José Paulo Bolsonaro de Moura argumentaron que la columna ofende su honor y solicitaron que el diario y el columnista, en conjunto, sean condenados al pago de una indemnización por daño moral, además de solicitar la remoción inmediata del texto desde el aire y una retractación. El tribunal denegó las solicitudes alegando que no hubo daño moral “ya que no hubo violaciones a los derechos a la imagen, intimidad, privacidad y honor» de los dos.

HONOR Y REPUTACION

22/11

El IV Juzgado Civil del Distrito Judicial de Río de Janeiro ordenó que el diputado federal Marcelo Freixo retire de sus publicaciones en Facebook e Instagram un montaje con una foto del senador Flávio Bolsonaro. Según la decisión, las publicaciones, realizadas el 12/11, simulaban un expediente policial con el hijo del presidente Jair Bolsonaro sosteniendo un cartel con las palabras: “Lavado de dinero”, “Organización criminal” y “Corrupción”. Las publicaciones iban acompañadas de la leyenda: “Rachadinha es corrupción. El destino de Flávio Bolsonaro es la cárcel. De él y de toda la familia”. De acuerdo con la decisión: “el montaje no se confunde con la libertad de expresión, expresión y derecho a criticar, aunque sea diputado federal, amparado por la inmunidad parlamentaria. En un entorno político maduro, la información no puede basarse en montajes ficticios y falsos, como si fueran verdaderos, sino ciertamente en información clara, veraz y de interés público”. En vista de este entendimiento, se determinó que, dentro de las dos horas siguientes a la citación, se retiró la “imagen manipulada”, aunque el contenido de la leyenda podría conservarse.

HONOR Y REPUTACION FAKE NEWS

23/11

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) dictaminó que los proveedores de conexión deberán proporcionar datos que identifiquen a los usuarios responsables de publicar material ofensivo a Marielle Franco, ex-concejala de Río de Janeiro asesinada en 2018. Los ministros analizaron un recurso de apelación interpuesto por la pareja de Marielle, Mónica Benício, y su hermana, Arielle Barbosa, contra la decisión del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro que negó el acceso a los datos de los responsables de publicaciones consideradas ofensivas. Por unanimidad, los ministros siguieron el entendimiento del relator, quien abogó por la remoción del derecho a la privacidad de los usuarios ante la posibilidad de que hayan cometido delitos contra el honor y la memoria de Marielle. Asimismo, según el ponente, la solicitud de la familia de la exconsejera estaría respaldada por el Marco Civil da Internet, sin conflicto con la Ley General de Protección de Datos. Los proveedores deben, dentro de los diez días posteriores a la notificación, informar el nombre, dirección, DNI y CPF de los responsables de las publicaciones.

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