Observatorio Legislativo CELE

Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas

ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUAY PERU ECUADOR COLOMBIA MEXICO GUATEMALA

Cantidad de proyectos LATAM a Noviembre 2021

PAIS PROYECTOS
ARGENTINA 7
BRASIL 28
CHILE 3
COLOMBIA 14
ECUADOR 2
GUATEMALA
MEXICO 13
PARAGUAY 2
PERU 2

Temas proyectos de ley presentados entre julio y noviembre 2021

Acceso a la información 6.9%
Acoso 10.3%
Apología 5.2%
Libertad de expresión 8.6%
Igualdad y no discriminación 17.2%
Acceso a Internet 1.7%
Privacidad 1.7%
Protección de menores 15.5%
Reputación y honor 5.2%
Moderación de contenidos 5.2%
Violencia de género 5.2%
Derechos de los indígenas 3.4%
Fake News 1.7%

Temas proyectos de ley presentados entre julio y noviembre 2021

Acceso a la información 4.8%
Acoso 9.5%
Apología 4.8%
Libertad de culto 1.6%
Igualdad y no discriminación 15.9%
Publicidad oficial 4.8%
Fake News 1.6%
Protección de menores 14.3%
Reputación y honor 4.8%
Moderación de contenidos 4.8%

11/11

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresaron sus preocupaciones por la investigación judicial sobre las opiniones del ex-presidente de Argentina, Mauricio Macri, acerca de ciertos jueces. Este estudio fue pedido por el fiscal Franco Picardi con el objetivo de determinar determinar la expresiones descalificantes o injuriosas que pudieron tener entre 2015 y 2019 Mauricio Macri y un grupo de dirigentes de Cambiemos y abogados sobre la jueza de Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora General Alejandra Gils Carbó, en el marco de la la causa en la que se investiga supuestas presiones a los magistrados para obtener resultados favorables durante el gobierno de Cambiemos. La Coalición Civica y Juntos por el Cambio denunciaron a este peritaje como un ataque a la libertad de expresión, un intento de criminalizar la opinión que afecta la inmunidad parlamentaria.

LIBERTAD DE EXPRESION

18/11

Con posterioridad al resultado de las elecciones de noviembre de 2021 el Gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, pidió regular más a los medios de comunicación expresando que éstos son hegemónicos y que las personas “piensan lo que los medios y los periodistas proponen”. En este sentido, propuso modificar algunos artículos de la Ley de Medios para garantizar mecanismos de equidad que ayuden a morigerar la incidencia que los medios tienen en la construcción de los marcos mentales de la gente. 

LIBERTAD DE PRENSA

23/11

En la fecha nueve personas encapuchadas realizaron un ataque con bombas molotov contra la sede de uno de los medios más importantes de Argentina, el diario Clarín. La empresa calificó al ataque consistía en una manifestación violenta contra un medio de comunicación.  Ese mismo día el presidente de Argentina, Alberto Fernandez, repudió en su cuenta de Twitter el ataque contra el medio, expresó que la violencia siempre altera la convivencia democrática y pidió que se identifique a los responsables del acto. El ataque también fue criticado por las organizaciones periodísticas ADEPA y FOPEA.

VIOLENCIA CONTRA MEDIOS PERIODISTICOS

28/10

El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió revocar el mandato y declarar inelegible al diputado de estado Fernando Francischini por la difusión de noticias falsas sobre fraude en máquinas de votación electrónica. El tribunal aceptó un recurso ordinario del Ministerio Público Electoral, que investigó al diputado por haberse presentado en vivo en sus redes sociales unos minutos antes del cierre de la votación en las elecciones de 2018, en el que arrojó dudas sobre la corrección de las máquinas de votación electrónica. Según el ministro que reporta el caso, la conducta del diputado constituye un abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. Ese mismo día, el TSE decidió por unanimidad desestimar las Acciones de Investigación Judicial Electoral (Aije) que pedían la revocatoria de la boleta Bolsonaro-Mourão por abuso de poder económico y mal uso de los medios de comunicación en la campaña electoral de 2018 por el disparo ilegal de mensajes masivos, a través del WhatsApp, durante la campaña y uso fraudulento de datos personales para este fin. Las acciones, interpuestas por la Coalición “Povo Feliz De Novo” (con los partidos PT, PC do B y Pros), atribuían el disparo masivo de noticias falsas para atacar a los opositores a la campaña de la boleta ganadora en las elecciones presidenciales. El Tribunal concluyó que, a pesar de que ocurrieron los disparos, los hechos no fueron capaces de influir en el resultado de las elecciones, ni el vínculo entre las irregularidades y la boleta ganadora fue probado. En la misma ocasión, sin embargo, el TSE estableció la tesis de que el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para promover los disparos que contengan información declaraciones falsas en detrimento de candidatos contrarios, puede representar abuso de poder económico y uso indebido de las redes sociales. 

FAKE NEWS

28/10

El diputado Orlando Silva presentó un informe para la aprobación del PL Nº 2.630 / 2020 (Proyecto Ley para combatir las Fake News), con una propuesta de sustituto. El texto fue elaborado por el Grupo de Trabajo para el Mejoramiento de la Legislación Brasileña – Internet (GTNET). En el nuevo texto se propone un artículo que regule la solicitud de custodia y acceso a los datos del usuario en cuanto al envío y recepción de mensajes y llamadas en aplicaciones de mensajería privada con el propósito de establecer pruebas en la investigación penal y en la instrucción procesal penal. La propuesta también define otras obligaciones para los servicios de mensajería privada, como la limitación de reenviar el mismo mensaje a varios usuarios, y la institución de un mecanismo para evaluar el consentimiento previo de los usuarios para su inclusión en grupos. En el apartado referido al desempeño del Poder Público, el texto crea un derecho de restitución, a ser evaluado por el Poder Judicial, en caso de moderación de contenido en cuentas de interés público que operen de conformidad con los derechos fundamentales y principios administrativos, además a establecer deberes de transparencia para las plataformas cuando se apliquen medidas de moderación en estas cuentas. Además, la propuesta atribuye al Comité de Gestión de Internet (CGI.br) la responsabilidad de monitorear las medidas previstas por la ley, incluida la elaboración de un código de conducta para proveedores y la evaluación de la adecuación de las políticas y procedimientos de moderación de contenidos.

FAKE NEWS MODERACION DE CONTENIDOS

04/11

En la fecha, como conclusión del dictamen nº 1/2021 de la Comisión de Encuesta Parlamentaria (CPI, en portugués) sobre la conducta del gobierno brasileño con respecto a la pandemia Covid-19, se presentaron dos proyectos de ley al Senado Federal para frenar la creación y difusión de noticias falsas a través de internet. El Proyecto de Ley N ° 3814/2021 busca modificar el Marco Civil da Internet («MCI» — Ley N ° 12.965 / 14) y la Ley de Blanqueo de Capitales (Ley N ° 9.613 / 98). De acuerdo con la propuesta, el MCI requeriría que los proveedores de conexión y aplicación identifiquen a sus usuarios a través de su nombre completo, fecha de nacimiento y CPF (CNPJ, si es una persona jurídica), proporcionado obligatoriamente por los usuarios como condición para el uso del servicio, y que debe ser validado por los proveedores con base en los datos de la Hacienda Federal. El proyecto de ley Nº 3813/2021, por su parte, busca reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal “para tipificar como delito la creación y difusión de noticias falsas, particularmente en los casos de salud pública”

MODERACION DE CONTENIDOS

08/11

El Ministerio Público Federal (MPF) inició una investigación civil pública para investigar posibles violaciones a los derechos fundamentales cometidas por proveedores de aplicaciones de Internet derivadas de sus políticas de combate a prácticas organizadas de desinformación y violencia en el mundo digital. La encuesta oficia a las empresas responsables de las plataformas WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube para enviar, en un plazo de diez días, información sobre las medidas tomadas por ellos contra prácticas organizadas de desinformación y producción de contenido falso, así como como disparos masivos y el uso de robots y perfiles ficticios. También habrá audiencias públicas y consultas con expertos en el tema. Según la ordenanza de apertura de la investigación, uno de los elementos centrales de la investigación se refiere a la difusión de contenidos falsos «con potenciales efectos nocivos para la comprensión de la población de ciertos hechos, relevantes para la efectividad de las acciones de salud pública, para la protección del medio ambiente y el funcionamiento de las instituciones democráticas del país”.

RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

09/11

El Tribunal Supremo Federal (STF) concedió parcialmente la denuncia interpuesta por el periodista Renato Rovai, contra la decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) que determinó que el periodista excluía un tweet criticando al asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, Filipe Martins. Rovai habría publicado en Twitter una reproducion de un artículo de la Revista Fórum sobre un gesto supremacista de Felipe Martins en el Senado y un tweet del Museo del Holocausto sobre el repudio a los actos nazis y supremacistas. En sus publicaciones, el periodista hizo comentarios críticos sobre la conducta del asesor. Martins interpuso una demanda contra el periodista en la que solicitó una indemnización por daño moral y la exclusión de publicaciones. En primera instancia, un juez rechazó la medida cautelar de Martins de excluir las postagens. En el TJ-SP, sin embargo, la decisión fue revocada, comenzando a determinar la exclusión de uno de los tweets. Al juzgar el amparo urgente solicitado en la denuncia interpuesta por Rovai, el STF entendió que “las premisas que sustentan el hecho denunciado no son suficientes para autorizar la violación, aunque sea provisional, del derecho a la libertad de expresión, más aún sin la formación de el sistema contradictorio y ante la posible irreversibilidad de la medida”. El Ministro Fachin ordenó la suspensión de los efectos de la decisión reclamada hasta la sentencia sobre el fondo del reclamo. 

LIBERTAD DE EXPRESION

10/11

El II Juzgado Especial Civil de São Paulo denegó una demanda de indemnización presentada por dos hombres de apellido Bolsonaro contra el periodico “Folha de São Paulo”. En julio demandaron al vehículo y al columnista Ruy Castro, responsable de un artículo publicado en abril de este año bajo el título “Extinción del nombre Bolsonaro”. En el texto, Castro opina que el apellido del presidente de la República desaparecerá por la ausencia de personas que deseen utilizarlo. Los demandantes, Marcelo Blanco Bolsonaro de Moura y José Paulo Bolsonaro de Moura argumentaron que la columna ofende su honor y solicitaron que el diario y el columnista, en conjunto, sean condenados al pago de una indemnización por daño moral, además de solicitar la remoción inmediata del texto desde el aire y una retractación. El tribunal denegó las solicitudes alegando que no hubo daño moral “ya que no hubo violaciones a los derechos a la imagen, intimidad, privacidad y honor» de los dos.

HONOR Y REPUTACION

22/11

El IV Juzgado Civil del Distrito Judicial de Río de Janeiro ordenó que el diputado federal Marcelo Freixo retire de sus publicaciones en Facebook e Instagram un montaje con una foto del senador Flávio Bolsonaro. Según la decisión, las publicaciones, realizadas el 12/11, simulaban un expediente policial con el hijo del presidente Jair Bolsonaro sosteniendo un cartel con las palabras: “Lavado de dinero”, “Organización criminal” y “Corrupción”. Las publicaciones iban acompañadas de la leyenda: “Rachadinha es corrupción. El destino de Flávio Bolsonaro es la cárcel. De él y de toda la familia”. De acuerdo con la decisión: “el montaje no se confunde con la libertad de expresión, expresión y derecho a criticar, aunque sea diputado federal, amparado por la inmunidad parlamentaria. En un entorno político maduro, la información no puede basarse en montajes ficticios y falsos, como si fueran verdaderos, sino ciertamente en información clara, veraz y de interés público”. En vista de este entendimiento, se determinó que, dentro de las dos horas siguientes a la citación, se retiró la “imagen manipulada”, aunque el contenido de la leyenda podría conservarse.

HONOR Y REPUTACION FAKE NEWS

23/11

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) dictaminó que los proveedores de conexión deberán proporcionar datos que identifiquen a los usuarios responsables de publicar material ofensivo a Marielle Franco, ex-concejala de Río de Janeiro asesinada en 2018. Los ministros analizaron un recurso de apelación interpuesto por la pareja de Marielle, Mónica Benício, y su hermana, Arielle Barbosa, contra la decisión del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro que negó el acceso a los datos de los responsables de publicaciones consideradas ofensivas. Por unanimidad, los ministros siguieron el entendimiento del relator, quien abogó por la remoción del derecho a la privacidad de los usuarios ante la posibilidad de que hayan cometido delitos contra el honor y la memoria de Marielle. Asimismo, según el ponente, la solicitud de la familia de la exconsejera estaría respaldada por el Marco Civil da Internet, sin conflicto con la Ley General de Protección de Datos. Los proveedores deben, dentro de los diez días posteriores a la notificación, informar el nombre, dirección, DNI y CPF de los responsables de las publicaciones.

MODERACION DE CONTENIDOS

20/11

Continúan audiencias públicas en Convención Constitucional de Chile para los temas de derecho a la comunicación y derechos digitales Durante todo el mes de noviembre, la Comisión Nº7 de la Convención Constitucional de Chile sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio ha seguido recibiendo audiencias públicas con la participación de organizaciones e instituciones, expertas y expertos en el área de las comunicaciones y tecnologías digitales, para presentar propuestas y análisis en relación a la incorporación del derecho a la comunicación y derechos digitales en la nueva Constitución que se debate en Chile. Los temas de estas propuestas han abordado desde las garantías a los principios de libertad de expresión y pluralismo, la promoción de la democratización del sector de los medios de comunicación, enfoque de género en las comunicaciones pero también sobre la necesidad de reforzar el rol del Estado en la promoción de derechos como la conectividad, protección de datos personales y privacidad, entre otros.  Algunas de las organizaciones que se han presentado son: Colegio de Periodistas de Chile, ONG Derechos Digitales, MediaLab de FLACSO Chile, Red de Periodistas Feministas Chile, Asociación de Televisoras Comunitarias, Centro de Estudios sobre Derecho Informático, Instituto Chileno de Derecho y Tecnología y el Capítulo Chile de Internet Society.

LIBERTAD DE EXPRESION

28/11

Continúa la tramitación del proyecto de ley que busca regular a plataformas digitales en Chile y que actualmente está en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. El proyecto de ley ha seguido recibiendo observaciones críticas de parte de organizaciones de sociedad civil chilenas como internacionales, que han advertido sobre los riesgos de la propuesta para la libertad de expresión, situaciones de censura, entre otras. A la reciente carta propuesta de Internet Society Capítulo Chile con la adhesión de varias organizaciones de sociedad civil chilenas alertando sobre la propuesta del proyecto de ley, se ha sumado otra coordinada desde la ONG Derechos Digitales. El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, se ofreció para brindar acompañamiento técnico a la discusión parlamentaria a través de su cuenta de twitter (tw @PVacaV)

MODERACION DE CONTENIDOS RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS LIBERTAD DE EXPRESION

17/11

El partido del gobierno, Centro Democrático, presentó un proyecto de ley para permitir que en las campañas electorales al Congreso, gobernaciones, alcaldías y concejos municipales se permita la publicación de publicidad política a través de los servicios de televisión y radio comunitaria, actualmente prohibida. El proyecto tiene como motivación el hecho de que este tipo de publicidad sí se permite en el caso de las elecciones presidenciales y argumenta que no existe justificación para esta distinción.

PUBLICIDAD ELECTORAL

22/11

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral solicitaron a la Corte Constitucional acelerar el estudio automático de constitucionalidad del Código Electoral. El código, que fue aprobado en diciembre de 2020, recibió críticas de organizaciones de la sociedad civil porque, entre otras cosas, podría castigar expresiones críticas en contra de partidos y movimientos políticos. La promulgación del código, que requiere la aprobación previa de la Corte Constitucional, es de interés de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral por las elecciones presidenciales de marzo de 2022. Sin embargo, el 22 de noviembre, la Corte Constitucional decidió no acelerar el trámite, encontrando que los argumentos dados por estas instituciones no son suficientes. La Corte tiene plazo para resolver hasta febrero de 2022.

LIBERTAD ELECTORAL

24/11

En la fecha se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Este acuerdo estableció tres puntos claves sobre el fortalecimiento de los medios de comunicación en el país: (i) abrir convocatorias para nuevas emisoras comunitarias y capacitaciones dirigidas a trabajadores de estos medios, (ii) creación de veinte emisoras de paz en territorios altamente impactados por el conflicto y (iii) promover ajustes a la regulación para la asignación de la pauta oficial. Según reporta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), tras cinco años el gobierno ha cumplido a medias. Si bien ha avanzado en abrir las convocatorias para nuevas emisoras, la FLIP denuncia que no ha habido acompañamiento que garantice la sostenibilidad de los nuevos medios. Once de veinte emisoras para la paz han sido creadas, pero enfrentan problemas operativos como cortes constantes de energía en algunas regiones. En el asunto de la pauta oficial no hay avances. El informe completo de la FLIP se encuentra aquí.

LIBERTAD DE EXPRESION PUBLICIDAD OFICIAL

DISCRIMINACION

13/11

Ecuador vive un momento extremadamente complejo y sensible por las masacres que azotan las cárceles en el país y que dejan cientos de muertos. Hasta este momento el Estado no ha podido tomar un control efectivo de las cárceles en el país lo que genera una situación de extrema inseguridad y ausencia de garantías para la vida de las personas privadas de libertad. El 13 de noviembre de 2021,  una masacre en la Penitenciaría del Litoral,  en Guayaquil, dejó alrededor de setenta muertos. Este es un asunto de enorme trascendencia nacional y de particular importancia para la vigencia de los derechos humanos en el país, sin embargo la capacidad de los periodistas de cubrir las noticias y de adentrarse en las raíces de este problema ha sido fuertemente limitada a tal punto que la información sobre lo que ocurre dentro es prácticamente nula. Esto ha elevado un debate sobre las garantías que deberían tener los periodistas para cubrir noticias desde dentro de centros penitenciarios y, así, contribuir al libre flujo de información y opinión.

LIBERTAD DE PRENSA

01/11

La organización Artículo 19 condenó los asesinatos de dos periodistas (Fredy López – Chiapas y Alfredo Cardoso – Guerrero) ocurridas los días 28 y 29 de octubre de 2021 respectivamente, y exigió a las autoridades federales y estatales tomar acción para erradicar la violencia contra la prensa, medidas de protección para las familias de los periodistas antes mencionadas, y una investigación diligente de los asesinatos.  

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS 

02/11

La organización Artículo 19 actualizó información a la opinión pública de la muerte del periodistas Juan Nelcio Espinoza Menera porque hay fuertes indicios de que el periodista fue víctima de tortura a manos de servidores públicos de Coahuila.  

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS  

04/11

La organización Artículo 19 alertaba de la iniciativa a presentarse el 9 de noviembre de 2021 por el Senador Salomón Jara Cruz, del Partido MORENA, en la que se busca reformar las leyes federales de consulta popular y de revocación de mandato, así como la ley general en materia de delitos electorales, buscando entre otras cuestiones el “prohibir contratación de propaganda en radio, televisión y/o redes sociales dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular y revocación de mandato. Así también se propone sancionar cualquier acción encaminada a deslegitimar, desincentivar, inhibir o sabotear la participación y el ejercicio de un derecho constitucional”, lo cual criminaliza la libertad de expresión.  

CONSULTA POPULAR  LIBERTAD DE EXPRESION 

08/11

La Fiscalía General de la República anunció que “obtuvo orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “G”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido públicamente como Pegasus”. Artículo 19 reconoce a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que denunciaron los hechos en 2017.  

LIBERTAD DE PRENSA 

09/11

La organización R3D señaló que el Presidente del Instituto Nacional Electoral de México, mintió en su comparecencia ante la Cámara de Diputados/as/es al decir que no hay ningún reclamo por el voto por internet. Al respecto R3D recordó que existen cuestionamientos porque el diseño para el voto por internet no garantiza la cadena de confianza y este organismo autónomo ha impedido revisar las observaciones realizadas a las auditorías al sistema de voto por internet, al reservar la información por cinco años. 

VOTO ELECTRONICO  

15/11

Varias organizaciones de la sociedad civil (Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C., la Red Nacional de Periodistas, la Red de Periodistas de Quintana Roo y Reporteros Sin Fronteras) alertaron sobre diversos actos de violencia contra la periodista Cecilia Reyna Solís Martín quien ha dado seguimiento a las violaciones de derechos humanos ocurridas en la protesta del 9 de noviembre de 2020.  

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS  

16/11

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado de México a continuar sus esfuerzos en la investigación del uso del software Pegasus en México, mismo que se utilizó para espiar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno. Es de resaltar que en el marco del 181 periodo de sesiones (18 a 29 de octubre de 2021) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, R3D, Artículo 19 y el Centro PRODH cuestionaron la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en el uso e implementación estatal de tecnologías de vigilancia. 

VIGILANCIA  

17/11

En la fecha se notificó al Congreso de la Unión la determinación del amparo en revisión 308/2020 promovido por la organización Artículo 19, en la que se declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, y subsanar las deficiencias a más tardar el 15 de diciembre de 2021, en particular lo que ordena es cumplir con los requisitos de “contar con procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados.” 

LIBERTAD DE EXPRESION   

18/11

Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos) plantearon su preocupación por las acciones legales que ha impulsado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fungió como Primer Visitador General de la CNDH y expresó públicamente sus diferencias con la actual titular del organismo por la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. 

ACCESO A LA JUSTICIA  

 

18/11

La organización Artículo 19 alertó sobre diversos actos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla contra los medios de comunicación e-consulta, dirigido Rodolfo Ruíz y El Popular a través de su directora Carolina Fernández, que en el contexto de las siete demandas de daño moral en contra de estos mismos medios y una posible investigación por lavado de dinero, puede interpretarse como hostigamiento por el ejercicio de la libertad de expresión. 

LIBERTAD DE PRENSA  

22/11

En la fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el cual se clasifica como proyectos de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal vinculados a infraestructura en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticos, puertos, aeropuertos, o lo que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.  La mención a que son de seguridad nacional limitaría la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de dichos proyectos. Es importante contextualizar que dicho Acuerdo se publica días después que Latinus (9.20-15.50) diera a conocer el reportaje en los que varios proyectos de infraestructura implementados por la Secretaría de la Defensa Nacional de los cuales tuvo que transparentar información, dejan ver la contratación sin licitaciones, y contratos por montos millonarios a empresas sin experiencia y/o con un domicilio legal ficticio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentará una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Acuerdo que determina obras de infraestructura del Gobierno Federal como Seguridad Nacional (Comunicado INAI-412-21.pdf).

CONECTIVIDAD  

02/11

Se presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores y Defensores de los Derechos Humanos.Este proyecto tiene el objetivo de establecer las bases de cooperación y coordinación entre los Poderes del Estado, organismos públicos internacionales, instituciones públicas,  organizaciones, personas privadas y sociedad civil  con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y la estabilidad laboral de todas aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo , el trabajo de prensa o la defensa de los derechos humanos. 

LIBERTAD DE PRENSA

05/11

En la fecha, por iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó el Proyecto de Ley “Que Aprueba El Tratado Relativo a La Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales”, Firmado en la Ciudad de Medellín, República de Colombia, El 24 Y 25 de Julio de 2019. El Tratado es un acuerdo internacional para la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, negociado en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). Regula el uso de la plataforma electrónica Iber@, sistema de comunicación seguro de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), como medio formal y preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales mediante certificados electrónicos seguros, dotados de firma digital, en el marco de los tratados vigentes entre las Partes.Por tanto, se efectuará un paso del servicio de courier al virtual, lo cual tendrá ventajas en la celeridad de los envíos, la seguridad e integridad de los expedientes, documentos confidenciales que afectan a los derechos y libertades de la ciudadanía (protección de datos) y las empresas, documentación sub judice, la estabilidad entre el punto de origen y destino, entre otras. 

COOPERACION INTERNACIONAL

09/11

El Ministerio Público inició una investigación contra un periodista por supuesto delito de revelación de la identidad de un aspirante a colaborador eficaz, tipificado en el artículo 409-B del Código Penal. La investigación penal se ha dirigido contra Ernesto Cabral, periodista de Ojo Público, quien en el año 2019 escribió un reportaje -junto con el medio The Intercept (Brasil)- en el que se daban cuenta de unas coordinaciones irregulares entre un fiscal, el supuesto aspirante colaborador eficaz y su abogado, que tendrían por objeto alinear las versiones del aspirante y de la fiscalía. El Ministerio Público también ha solicitado que se levante el secreto de las comunicaciones del periodista.  La actuación de la fiscalía ha sido cuestionada porque la identidad del aspirante a colaborador eficaz era públicamente conocida desde hace varios años, y porque la obligación de guardar reserva debería recaer sobre las autoridades involucradas en el proceso de colaboración eficaz, y no así en los periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se pronunció a favor del periodista y exige que se le permita “a él y al equipo de Ojo Público desarrollar su labor sin ser objeto de hostigamiento”. 

LIBERTAD DE PRENSA

17/11

El líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, solicitó al Poder Judicial el embargo de los bienes del periodista Christopher Acosta y la editorial Penguin Random House Perú, para garantizar el pago de la reparación civil que Acuña ha requerido como parte de su querella contra el periodista y la editorial por supuesto delito de difamación.  El periodista es el autor del libro “Plata como cancha”, el cual se centra en una investigación sobre Acuña, por lo que este último exigió 100 millones de soles, indicando que “ha causado un perjuicio a la imagen y reputación de mi persona, la de mis familiares, y mi entorno social”. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana han manifestado su rechazo al pedido del político por representar un mecanismo de amedrentamiento contra el periodismo.

REPUTACION Y HONOR

22/11

En la fecha el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, afirmó que solo brindará declaraciones a los medios de comunicación “que no me hagan problemas”, evidenciando un tratamiento discriminatorio contra la prensa. 

LIBERTAD DE PRENSA LIBERTAD DE EXPRESION

28/11

El programa periodístico Cuarto Poder reveló que el presidente Pedro Castillo, un ministro de Estado y congresistas del partido oficialista habían sostenido reuniones secretas en un inmueble distinto al Palacio de Gobierno, entre ellos y con representantes de empresas proveedoras del Estado. Ello pese a que la Contraloría General de la República y diversas organizaciones de la sociedad civil habían advertido hace unos meses que dicha práctica infringía los deberes de transparencia previstos en las normas sobre gestión de intereses y acceso a la información pública.

TRANSPARENCIA

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