31/03

Poder Ejecutivo presenta propuesta de cambios al proyecto de ley de las Fake News. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (Secom) y el Ministerio de Justicia enviaron sugerencias de cambios al Proyecto de Ley nº 2630/2020. Entre las principales modificaciones propuestas por el gobierno están la inclusión de la noción de deber de cuidado y la obligación de evaluar los riesgos del contenido de las plataformas. En cuanto al deber de cuidado, se sugiere que las grandes plataformas actúen para prevenir o mitigar prácticas ilícitas derivadas de contenidos de terceros que configuren o inciten, por ejemplo, a crímenes contra el Estado Democrático de Derecho y la violencia de género. La evaluación de riesgos, a su vez, impone a las plataformas la obligación de realizar análisis diligentes antes de introducir funcionalidades que puedan tener impactos críticos al ejercicio de los derechos fundamentales, así como en los procesos político-institucionales y electorales.

Además, la propuesta del Ejecutivo modifica el artículo que garantiza la inmunidad parlamentaria en el ambiente online. En lugar de la garantía irrestricta, la nueva disposición sugiere que se prohíba a las grandes plataformas bloquear o eliminar cuentas de la administración pública, de ciudadanos elegidos para cargos ejecutivos y legislativos a nivel federal y estatal, y de ministros de Estado, excepto en caso de orden judicial. El artículo prevé la posibilidad de suspender estas cuentas durante no más de 7 días en caso de violación de los términos y políticas de uso de las plataformas o difusión de discursos de odio, contenidos ilegales o con potencial para causar daños. El Ejecutivo también propuso la creación de una entidad autónoma con el fin de supervisar el cumplimiento de las normas por parte de las plataformas, así como la elaboración de un Código de Conducta de Lucha contra la Desinformación.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS DESINFORMACIÓN FAKE NEWS

12/04

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) emitió la Norma Administrativa 351/2023, que establece directrices para la responsabilidad de las plataformas digitales en los casos de difusión de contenidos que fomenten ataques o promuevan la violencia en las escuelas. Desde agosto del año pasado, ocurrieron cinco ataques armados a escuelas, eventos sin precedentes para los parámetros del país. La norma prevé la apertura de un procedimiento administrativo en la Secretaría Nacional del Consumidor – Senacon – para investigar la responsabilidad de las empresas en el «deber general de seguridad y de cuidado en relación con la propagación de contenidos ilícitos y nocivos». También obliga a las plataformas a evaluar y tomar medidas para mitigar los riesgos sistémicos, adoptar herramientas para prevenir la difusión de nuevas amenazas, políticas activas de moderación de contenidos y facilitar información sobre las reglas de sus sistemas de algoritmos de recomendación. 

LIBERTAD DE EXPRESION MODERACIÓN DE CONTENIDOS

Senacon envía notificación a las plataformas con medidas para combatir la violencia en las escuelas. El Secretario Nacional del Consumidor, Wadih Damous, envió notificaciones para las plataformas digitales demandando su actuación en la lucha contra las agresiones en el ambiente escolar. Los mensajes comunican que las empresas dispondrán, a partir de la recepción de la notificación, de un plazo de 72 horas para enviar un informe sobre las medidas adoptadas para vigilar, limitar y restringir los contenidos que inciten a la violencia contra las escuelas y los alumnos. La iniciativa se produce tras la reciente publicación de la norma del Ministerio de Justicia para orientar las actuaciones contra atentados terroristas en centros escolares, que incluye una regulación específica para las plataformas digitales. El Partido Novo (NOVO) también presentó un proyecto buscando detener los efectos de la medida, afirmando que el Poder Ejecutivo estaría extrapolando sus competencias al determinar “lo que es la verdad y lo que debe estar publicado o no”.

LIBERTAD DE EXPRESION MODERACIÓN DE CONTENIDOS

Proyectos de ley pretenden prohibir la difusión de imágenes, vídeos u otras informaciones de los autores de masacres, terrorismo o tiroteos violentos. la diputada federal Nely Aquino (PODEMOS/MG) presentó el PL 1798/2023, que prevé la prohibición de la difusión de imágenes, vídeos u otras informaciones sobre los autores de masacres, terrorismo o tiroteos violentos. En la justificación, la parlamentaria enumera eventos recientes para destacar la relevancia de la cuestión y argumenta que la difusión de este tipo de contenidos puede generar un «efecto contagio», que tiene el potencial de inspirar nuevos atentados. 

De naturaleza similar, el 11.04, la diputada federal Luisa Canziani (PSD/PR) presentó el PL 1785/2023, que busca modificar el Código de Telecomunicaciones (Ley nº 4.117/1962) y el Marco de Derechos Civiles de Internet (Ley nº 12.965/2014) para que no estén disponibles, tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación, contenidos que permitan la identificación de autores de crímenes con «potencial de causar conmoción social». Tal cual en el proyecto mencionado anteriormente, el parlamentario argumenta que la difusión de informaciones de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador y puede causar «glorificación del criminal», de modo a incentivar la comisión de otros delitos.

LIBERTAD DE EXPRESION MODERACIÓN DE CONTENIDOS

Magno Malta no tendrá que pagar indemnización a Xuxa por crítica de libro hecha en video publicado en Internet, decide Tribunal de Justicia de São Paulo. La 2ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) denegó una solicitud de indemnización de R$150.000 por daños morales formulada por la presentadora de televisión Xuxa Meneghel contra el senador Magno Malta. Después de que la presentadora concediera una entrevista en 2020 sobre su libro «Maya: Rainbow Baby» (aún no publicado en aquel momento), que tiene temática LGBTQIA+, el senador publicó un vídeo en sus redes sociales diciendo que la historia de la obra sería «indignante». Afirmaba que «Dios creó al hombre y a la mujer, y esto no es religión, es ciencia. Los niños deben ser respetados, en sus aspectos psicológicos, morales y emocionales. Así que es hora de levantarse, unirse, fortalecerse y alzar la voz». En la acción, Xuxa alegó que las ofensas eran graves, habiendo dañado su honor y dignidad. En primera instancia, la solicitud del presentador fue denegada. Al confirmar la comprensión de primer grado, el Tribunal argumentó que el video no representó ofensa al honor o la imagen del presentador, ya que sería «mera crítica e indignación”. El juez Giffoni Ferreira, encartado del caso, dijo que la presentadora «debe estar acostumbrada a las críticas del público y la prensa».

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

13/04

Tribunal de Justicia del Rio Grande del Sur decide que Carla Zambelli deberá pagar daños morales a Manuela d’Ávila por publicar montaje en redes sociales. La 10ª Sala Civil del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul (TJRS) condenó a la diputada federal Carla Zambelli a pagar R$20.000 en daños morales a la ex parlamentaria Manuela d’Ávila. La demanda fue presentada después de que Zambelli publicara en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter un montaje en el que Manuela, Sâmia Bomfim y Talíria Petrone, celebrabando la decisión del Tribunal Supremo de Colombia que acogió la petición de declaración de inconstitucionalidad del delito de aborto, aparecen con cuernos en la cabeza, bajo el título «izquierda genocida». Manuela alegó que la imagen configuraba difamación e insultaba su honor, mientras que Zambelli justificó que sólo respondía a manifestaciones políticas. En primer grado, el 2º Tribunal Civil del Foro Central de Porto Alegre desestimó la acción. Sin embargo, la corte de apelación, por unanimidad, sostuvo que aunque las figuras públicas tengan la intimidad relativizada debido a su exposición, la libertad de expresión no puede servir de salvaguardia para los discursos ofensivos al honor. 

LIBERTAD DE EXPRESION DIFAMACIÓN

18/04

TSE mantiene multas contra Carla Zambelli y Flávio Bolsonaro por difundir noticias falsas en las redes sociales. El Tribunal Superior Electoral (TSE) mantuvo, por mayoría, la condena de la diputada federal Carla Zambelli y del senador Flávio Bolsonaro a la exclusión de un vídeo publicado en las redes sociales y al pago de multas. El Tribunal confirmó la decisión del día 13.01 del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, que determinó el pago de R $15 mil por la senadora y R $30 mil por el diputado. El contenido impugnado es un video que, según la coalición Brasil de la Esperanza, autora de la acción, contenía una serie de noticias falsas, como la alegación de que los adultos mayores pensionistas estarían soportando un agujero financiero resultante de la corrupción promovida por el PT y Lula. El material fue difundido en las cuentas de Zambeli en Instagram y Twitter, así como en el perfil de Flávio Bolsonaro en Instagram. Como el senador hizo sólo una publicación, que recibió menos visitas que los posts de la diputada, el TSE entendió que los valores de las multas deberían ser diferentes. De acuerdo con Moraes, la inmunidad parlamentaria material se limita a las manifestaciones relacionadas con el desempeño de la función legislativa o hechas a causa de ella.

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