Cantidad de proyectos LATAM entre enero de 2024 a abril de 2024
PAIS | PROYECTOS | |
---|---|---|
ARGENTINA | 10 | |
BRASIL | 14 | |
CHILE | 4 | |
COLOMBIA | 2 | |
ECUADOR | 1 | |
GUATEMALA | 1 | |
MEXICO | 13 | |
PARAGUAY | — | |
PERU | 12 |
Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2024 y abril de 2024
Acceso a la información | 17.2% | |
Igualdad y no discriminación | 11.0% | |
Protección de menores | 10.0% | |
Libertad de expresión | 7.2% | |
Reputación y honor | 5.3% | |
Seguridad nacional | 4.5% |
Violencia de género | 4.0% | |
Responsabilidad de intermediarios | 2.9% | |
Acceso a internet | 2.7% | |
Pornografía | 2.1% | |
Apología | 1.9% | |
Acoso | 1.5% | |
Publicidad oficial | 1.4% |
Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2024 y abril de 2024
Acceso a la información | 4.8% | |
Acoso | 9.5% | |
Apología | 4.8% | |
Libertad de culto | 1.6% | |
Igualdad y no discriminación | 15.9% | |
Publicidad oficial | 4.8% | |
Fake News | 1.6% | |
Protección de menores | 14.3% | |
Reputación y honor | 4.8% | |
Moderación de contenidos | 4.8% |
04/04
Manuel Adorni, quien en sus funciones como portavoz del Gobierno de Argentina, anunció sobre la presentación de un proyecto de ley al congreso con el objetivo de reformar artículos de la Ley de Educación Nacional para “penar el adoctrinamiento en las escuelas”, con la inclusión de “un canal” para que los padres de los estudiantes “puedan denunciar cuando no sientan que se esté respetando su derecho a educarse”.
LIBERTAD DE PRENSA
11/04
Javier Milei estigmatizó a la prensa argentina a través de twitter donde calificó al periodismo como un espacio “corrompido, ensuciado y prostituido”, además de acusarlos de ejercer “extorsión”, “difamación y calumnia”. Sus actuaciones las realizó durante un anuncio de “una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina”, tras la visita de la generala Richardson.
LIBERTAD DE PRENSA
02/04
STF mantiene multa de R$30 mil aplicada a diputado por divulgación de noticias falsas. El 02.04, el Ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el recurso extraordinario presentado por el diputado federal Nikolas Ferreira, manteniendo la condena a título de multa por un valor de R$30 mil reales. La imposición de la multa se basó en la Ley de Elecciones, que prohíbe el anonimato durante la campaña electoral a través de internet. El recurso fue interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior Electoral que condenó al diputado por propaganda irregular y difusión de desinformación sobre el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores durante las elecciones de 2022, momento en el que también se ordenó la retirada definitiva del contenido impugnado. En su decisión, el ministro reafirmó que «no hay Estado de Derecho ni sociedad libre en una democracia representativa que no preserve, incluso con remedios amargos y límites, la propia normalidad de las elecciones».
FAKE NEWS LIBERTAD DE EXPRESIÓN ELECCIONES
03/04
Proyecto busca instituir responsabilidad solidaria para proveedores por publicidad fraudulenta. El 03.04, el diputado Jonas Donizette (PSB/SP) presentó el Proyecto de Ley nº 1.081/2024, que instituye la responsabilidad solidaria de los proveedores de aplicaciones por anuncios fraudulentos. El proyecto modifica el artículo 19 del Marco Civil de Internet para incluir la obligación de reparar el daño a la víctima de anuncios patrocinados fraudulentos. La propuesta prohíbe expresamente la publicidad patrocinada de «contenido que promueva fraude, engaño o prácticas comerciales desleales», estableciendo el deber, por parte de los proveedores, de verificar la autenticidad del contenido anunciado y de retirar, en un plazo de hasta 24 horas, los anuncios fraudulentos. La responsabilidad sería solidaria entre el proveedor y el anunciante. En su justificación, el diputado señala un aumento de estafas a través de anuncios patrocinados en Internet y sugiere que las plataformas deben ser responsables en la lucha contra este tipo de prácticas ilícitas.
RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS
07/04
Ministro Alexandre de Moraes determina investigación de Elon Musk. El 07.04, luego de publicaciones de Elon Musk en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la inclusión del dueño de la plataforma en la investigación sobre milicias digitales. Esta determinación surgió en el contexto del Inquérito 4.874/DF, popularmente conocido como «Inquérito de las Milicias Digitales». El ministro mencionó que este y otros inquéritos (4.781/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF y PET 12.100) fueron instaurados como medio para combatir lo que él describe como la «instrumentalización criminal» de las redes sociales. Moraes argumentó que los proveedores de aplicaciones tienen tanta responsabilidad como cualquier otro medio de comunicación en la circulación de contenidos y consideró inaceptable que los representantes de estos proveedores desconozcan tal instrumentalización criminal.
Moraes interpretó que Elon Musk, el 06 de abril, «inició una campaña de desinformación» sobre la actuación del STF y del TSE, la cual fue reiterada al día siguiente, con publicaciones en su propia red social, en las que acusaba a Moraes de censura y amenazaba con no cumplir órdenes judiciales relacionadas con la suspensión de cuentas de usuarios de la plataforma. Según Moraes, tales publicaciones presentan «indicios de dolo (…) en la instrumentalización criminal» señalada en los inquéritos. Por lo tanto, el ministro Alexandre de Moraes ordenó que el empresario sea investigado en el ámbito del Inquérito 4.874/DF por «dolosa instrumentalización criminal». Además, ordenó la instauración de un nuevo inquérito para investigar a Elon Musk por obstrucción de justicia y organización criminal. Por último, determinó que la red social X cumpla con todas las decisiones judiciales y que no reactive perfiles que hayan sido bloqueados judicialmente, bajo pena de multa diaria de R $100 mil por perfil reactivado.
RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS
08/04
Las entidades sectoriales presentan una carta al Senado con sus demandas en la regulación de la Inteligencia Artificial. El 08.04, entidades representantes de diversos sectores culturales, audiovisuales, editoriales y periodísticos presentaron una carta al Senado Federal brasileño defendiendo los derechos de autor de sus representados frente al avance de la inteligencia artificial (IA) generativa. En la carta, los proponentes sugirieron cambios al PL n.º 2.338/2023, que pretende regular la IA en el ámbito nacional, con el fin de garantizar que las empresas de IA generativa remuneren a los creadores cuando utilicen sus obras y textos para entrenar sus modelos. Entre los cambios e inclusiones sugeridos en el proyecto de ley, las entidades solicitan que sus representados puedan: i) dar su consentimiento para el uso de su contenido para el entrenamiento de IA; ii) controlar lo que resulta de los entrenamientos de IA para evitar riesgos para los derechos morales y la falta de transparencia «preservando los derechos morales y la comprensión de los resultados»; iii) recibir una remuneración que reconozca el valor de sus creaciones. Las entidades justifican sus demandas ante un escenario en el que las empresas de IA generativa, «en el proceso de minería de datos para el desarrollo de la IA», realizan «usos masivos de obras y producciones protegidas por la propiedad intelectual sin autorización previa».
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Proyecto busca obligar a los proveedores a eliminar contenido publicitario con imágenes y voces manipuladas por inteligencia artificial. El 08.04, el diputado federal Emanuel Pinheiro Neto (MDB/MT) presentó el Proyecto de Ley nº 1.119/2024 que tiene como objetivo modificar el Marco Civil de Internet (MCI) de manera que los proveedores de aplicaciones de internet estén obligados a eliminar contenidos publicitarios difundidos a través de sus plataformas que utilicen imágenes o voces manipuladas por IA. La iniciativa agrega esta obligación al artículo 21-A del MCI. En las demás disposiciones del artículo 21-A, el proyecto regula los requisitos que debe cumplir la notificación y las responsabilidades del proveedor, como la disponibilidad de «un canal electrónico de comunicación de fácil acceso que permita al usuario presentar la notificación«. Por último, establece la responsabilidad subsidiaria del proveedor por los daños derivados de los contenidos transmitidos en sus plataformas. En su justificación, el proyecto analiza los impactos y desafíos de la inteligencia artificial en la efectividad de los derechos fundamentales y destaca el creciente uso de técnicas y contenidos deepfakes en el mercado publicitario.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Proyecto busca prohibir la regulación estatal de las redes sociales. El 08.04, el diputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) propuso el Proyecto de Ley nº 1.109/2024, que «prohíbe la regulación de las redes sociales por parte del Estado«. El proyecto establece que: «la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información, en cualquier forma, proceso o medio, no sufrirán ninguna restricción, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución, quedando prohibida la regulación de las redes sociales por parte del Estado«. En su justificación, Chrisóstomo argumenta que la regulación representa una amenaza a la libertad de expresión y al libre debate de ideas, y dificulta la innovación y el desarrollo tecnológico.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
09/04
El ministro Alexandre de Moraes tomó otra decisión sobre X Brasil. Los representantes del antiguo Twitter en Brasil solicitaron que las decisiones de Moraes fueran dirigidas directamente a X Corp., responsable de la gestión y administración de la plataforma a nivel internacional. Según la solicitud, X Brasil Internet Ltda. no tendría relación con la parte operativa y de gestión de la red social, limitándose únicamente a la «comercialización, monetización y promoción de la red de información Twitter, además de la difusión de materiales publicitarios en internet y otros servicios y negocios relacionados». El ministro rechazó la solicitud argumentando que la empresa busca eximirse de responsabilidad. Moraes señaló que el representante brasileño «constituye un eslabón indispensable para que la red social, desarrollada en el exterior, alcance adecuadamente sus propósitos en Brasil», denegando la solicitud de la empresa.
RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS
16/04
Ministro Alexandre de Moraes autoriza testimonios de representantes de redes sociales en Brasil. El 16.04, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó los testimonios de representantes de la red social X en Brasil. La solicitud de los testimonios, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 09.04, se realizó en el marco del Inquérito 4.957/DF, que investiga las acciones de Elon Musk, CEO de X, por posible obstrucción a la justicia y organización criminal. El Inquérito fue iniciado el 08.04, después de que el ministro ordenara la investigación de Elon Musk. Específicamente, el empresario, en su perfil en X, acusó a Moraes de censura y amenazó con no cumplir órdenes judiciales de suspensión de cuentas de usuarios en la red social. Según la PGR, el objetivo de los testimonios de los representantes de la empresa es comprender: i) si Elon Musk tiene, según lo previsto en los estatutos, la autoridad para determinar espontáneamente la publicación de publicaciones en la red, «y si lo hizo efectivamente en relación con los perfiles prohibidos por una orden judicial brasileña vigente»; ii) si X levantó el bloqueo del perfil suspendido por orden judicial y, en caso afirmativo, quién tiene la competencia para hacerlo, así como qué perfiles volvieron a estar activos. El 09.04, Moraes rechazó la solicitud de representantes del antiguo Twitter en Brasil para que las decisiones fueran dirigidas directamente a X Corp., responsable de la gestión y administración de la plataforma a nivel internacional.
RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS LIBERTAD DE EXPRESIÓN
11/04
Chile será sede de la importante conferencia internacional sobre libertad de expresión entre el 02 y 04 como parte del Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2024. Algunas de las discusiones que se llevarán a cabo se relacionan con el reporte de la UNESCO sobre las agresiones a periodistas medioambientales, entornos digitales, periodismo global y noticias falsas, desinformación y demás temas de interés.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
03/04
El 3 de abril se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modificar la Ley 1909 de 2018, con el objetivo de equilibrar el acceso a medios de comunicación frente a alocuciones presidenciales, permitiendo que las organizaciones políticas declaradas en oposición puedan controvertir la posición del Gobierno en las siguientes 48 horas, en los mismos medios de las alocuciones, con igual tiempo, horario y espacios.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
14/04
El 14 de abril fue asesinado el comunicador Jaime Vásquez en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). Vásquez era reconocido por informar sobre asuntos de interés público en la región a través de sus cuentas en redes sociales, en las que tenía decenas de miles de seguidores, haciendo transmisiones en vivo semanalmente. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en los últimos meses, Vásquez venía haciendo denuncias de irregularidades en temas de contratación. De acuerdo con la FLIP, varios periodistas locales han asegurado que no continuarán sus propias investigaciones en los temas que Vásquez estaba trabajando, ya que temen posibles represalias.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS/span>
15/04
Entre el 15 y el 19 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron una visita a Colombia con el objetivo de observar el impacto de distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo la situación de la prensa. Esta fue la primera visita in loco de la CIDH desde 2012. Entre otros hallazgos, la CIDH llamó la atención sobre la situación de los periodistas en regiones del país donde persiste el conflicto causando violencia contra la prensa y autocensura. Además, la CIDH denunció la hostilidad hacia la prensa por parte de funcionarios a nivel nacional, departamental y local.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
28/03
En el Caso Viteri Ungaretti y otros Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia que declaró que el Estado del Ecuador es responsable internacionalmente por las sanciones impuestas a Julio Rogelio Viteri Ungaretti como consecuencia de las denuncias que hizo de los presuntos hechos de corrupción ocurridos en las Fuerzas Armadas, y concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS LIBERTAD DE PRENSA
01/04
R3D informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver la acción de inconstitucionalidad 217/2020 y su acumulada 249/2020 que versa sobre la reforma realizada en 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal. Las acciones de inconstitucionalidad señalan que las reformas son contrarias al derecho a la libertad de expresión por establecer un mecanismo extrajudicial de censura previa (notificación y retirada).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
02/04
La organización Artículo 19 condenó la agresión al periodista Humberto Padgett en Celaya, Guanajuato por parte de la policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Los hechos ocurrieron mientras el periodista cubría el asesinato de la candidata de MORENA para la alcaldía de Celaya. Por lo anterior, Artículo 19 exige a diversas autoridades que investiguen las agresiones y emitan medidas de protección al periodista.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
11/04
Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos hicieron público su rechazo a las agresiones contra la periodista Camelia Muñoz por parte del Presidente Municipal de Torreón. Los hechos ocurrieron durante el avistamiento del Eclipse Solar ocurrido el 8 de abril en el Bosque Urbano Oriente, evento en el que coincidieron el Presidente Municipal y la periodista, y esta última le preguntó sobre las observaciones que la auditoría le realizaron al Presidente Municipal. Las organizaciones exigieron que se respete el trabajo periodístico, y que diversas autoridades estatales y municipales condenen e investiguen las agresiones.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
13/04
La Senadora por Movimiento Ciudadano, Ruth Alejandra López Hernández promovió una iniciativa de reforma a los códigos Civil y Penal federales, y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la que inciten pública y directamente a cometer genocidio o actos que atenten contra la vida y la integridad de una persona o comunidad.
APOLOGÍA
31/03
El canal de televisión Willax TV denunció, a través de su programa “Contracorriente”, que el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) albergaba dos directivos relacionados con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Según el informe, Carlos Infante Yupanqui, vicedecano del CPP, estuvo preso dos años por participar en un atentado terrorista, mientras Dora Tito Quispe, directora Nacional de Actividades Profesionales y Académicas del CPP, está adherida a las planillas del Movadef, organización política que respalda la ideología senderista. Ante las graves acusaciones, el 2 de abril, el Tribunal de Honor Nacional del CPP decidió suspender de sus cargos a ambos directivos mientras duren las investigaciones, así como otorgar un plazo de descargo al ex decano Max Obregón, quien habría sido responsable de invitar a ambos periodistas para integrar el CPP.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS LIBERTAD DE EXPRESIÓN
24/03
El fiscal Alcides Chinchay inició una investigación preliminar contra Gustavo Gorriti, director del medio IDL Reporteros, y fiscales del Equipo Especial Lava Jato, acusándolos de cohecho activo específico. La tesis de la investigación es que los fiscales habrían recibido apoyo mediático a cambio de entregarle al periodista Gorriti información reservada de procesos penales de corrupción. En el requerimiento fiscal, además, se contempla la posibilidad de pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó la medida por considerarla una amenaza al derecho constitucional de protección de fuentes periodísticas y a la libertad de expresión, argumentando que el acceso de la prensa a información de interés público no debería ser criminalizado. Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su preocupación por el posible levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista, porque constituiría una vulneración al derecho constitucional de la protección de las fuentes de información que maneja la prensa.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS LIBERTAD DE PRENSA
02/04
El partido político Acción Popular presentó el proyecto de ley N° 07437/2023-CR, incorporando dos literales a la “Ley de Contrataciones con el Estado” para establecer la prohibición de que periodistas en actividad, sus familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como las empresas jurídicas en las cuales estos pueden formar parte, puedan contratar con el Estado. En respuesta, IPYS calificó la propuesta como discriminatoria para los familiares de periodistas respecto a su derecho al trabajo y como limitativa para la libertad de expresión al desincentivar gravemente el trabajo periodístico.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN LIBERTAD DE PRENSA
11/04
La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia informó que se había condenado a la señora Janet Zevallos Salazar con dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida, por el delito contra la fe pública en la modalidad de suplantación de identidad, tras crear un perfil con datos falsos en la red social Facebook. La agraviada recibiría el pago de una reparación civil por el uso no autorizado de su nombre y fotografías personales.
IDENTIDAD
17/04
El partido político Perú Bicentenario presentó el proyecto de ley N° 7603/2023-CR a fin de derogar el Decreto Legislativo N° 1589 que modificó el Código Penal estableciendo mayores penas para delitos asociados a la protesta social (delito de disturbios, delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, etc.). Según advierte el proyecto, las penas vigentes serían desproporcionadas y representan una amenaza al derecho a la libertad de expresión y una obstaculización al ejercicio de la protesta.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN