Observatorio Legislativo CELE

Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas

ARGENTINA CHILE PERU BRASIL ECUADOR COLOMBIA GUATEMALA MEXICO

Cantidad de proyectos LATAM entre enero de 2025 a abril de 2026

PAIS PROYECTOS
ARGENTINA 63
BRASIL 36
CHILE 16
COLOMBIA 14
ECUADOR 5
GUATEMALA 1
MEXICO 35
PARAGUAY 14
PERU 17

Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2025 y abril de 2026

Libertad de expresión y derechos políticos 19.9%
Discriminación, violencia y discursos de odio 15.4%
Protección de menores 11.4%
Privacidad y derechos ARCO 7.5%
Inteligencia Artificial 7.0%
Derechos del consumidor 5.0%
Honor y reputación 5.0%
Ciberseguridad 4.0%
Moderación de Contenidos y responsabilidad de intermediarios 3.5%
Acceso a la información 2.5%
Orden Público 2.5%
Moral Pública 2.0%
Propiedad intelectual 2.0%

Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2025 y abril de 2025

Libertad de Expresión y Derechos políticos 19.9%
Discriminación, violencia y discursos de odio 15.4%
Protección de menores 11.4%
Privacidad y derechos ARCO 7.5%
Inteligencia artificial 7.0%
Derechos del consumidor 5.0%
Honor y reputación 5.0%
Ciberseguridad 4.0%
Moderación de contenidos 3.5%
Acceso a la información 2.5%
Orden público 2.5%
Propiedad Intelectual 2.0%
Moral Pública 2.0%
Otros 11.0%

04/04

El diputado nacional Diego Giuliano (UxP) presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Argentina, basado en el modelo europeo del AI Act. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, define principios de transparencia, no discriminación y supervisión humana, y busca evitar que la IA se convierta en una herramienta de vigilancia masiva. El proyecto tiene impacto directo sobre derechos digitales, libertad de expresión y privacidad en un contexto de creciente uso de sistemas automatizados en decisiones sociales y comunicacionales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DERECHOS DIGITALES

08/04

Se presentó el Proyecto de Ley 0253-D-2026 que establece un régimen nacional de inteligencia artificial soberana e introduce modificaciones al Código Penal en relación con sistemas de algoritmos públicos. El texto regula el ciclo de vida de los sistemas de IA, incluye una clasificación por niveles de riesgo (con prohibiciones para usos inaceptables y obligaciones reforzadas para IA de alto riesgo y modelos de propósito general), crea la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), e incorpora deberes de explicabilidad y supervisión humana. Aunque el foco es la gobernanza tecnológica y la soberanía digital, sus disposiciones sobre algoritmos públicos y modelos generativos tienen implicancias directas para la circulación de información y la libertad de expresión en línea.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DERECHOS DIGITALES

23/04

El gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en democracia que afectó a unos 60 reporteros de medios nacionales y extranjeros. La decisión se adoptó tras una denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas de TN por una filmación realizada dentro de la sede de gobierno. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) calificó la medida como un acto de censura y la enmarcó en la escalada de hostigamiento del presidente contra trabajadores de prensa. La sala de prensa permaneció cerrada durante once días.

LIBERTAD DE PRENSA CENSURA

28/04

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma a la Ley de Sociedades que permitiría la creación de «sociedades de inteligencia artificial», definidas como empresas sin componentes humanos que operarían enteramente a través de algoritmos. La propuesta forma parte de un paquete de seis proyectos de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso. La iniciativa abre interrogantes inéditos sobre la atribución de responsabilidad por contenidos y decisiones generadas por sistemas autónomos, con implicancias relevantes para la regulación del entorno digital, la expresión automatizada y los derechos de las personas frente a actores no humanos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PLATAFORMAS DIGITALES

02/04

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) presentó ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados un documento con observaciones al Proyecto de Ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas mediante IA (Boletín 17795-19, sobre deepfakes). ALAI advirtió que el proyecto, en su redacción actual, podría instaurar un mecanismo de censura previa al permitir la supresión de contenidos sin análisis judicial de fondo, mediante esquemas de «notificación y retiro» basados en denuncias administrativas. El documento sostiene que la iniciativa, tal como está planteada, vulnera la libertad de expresión, especialmente respecto a la crítica a autoridades y figuras públicas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL LIBERTAD DE EXPRESIÓN PLATAFORMAS DIGITALES

08/04

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida físicamente durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. El Gobierno anunció una querella por «atentado en contra de la autoridad» y rechazó tajantemente la violencia. El episodio, ocurrido en un contexto académico, generó debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la violencia política, así como sobre la cobertura periodística de manifestaciones en campus universitarios y la seguridad de quienes participan en el debate público.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN DERECHO A LA PROTESTA

23/04

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó su Informe Anual 2025, en el cual ubicó a Chile en el puesto 70 del ranking global de Reporteros Sin Fronteras, marcando uno de sus niveles más bajos en décadas. El informe destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de protección a periodistas y revisar marcos legales que puedan inhibir el ejercicio del periodismo crítico, en un contexto regional de deterioro generalizado de las garantías para la libre expresión.

LIBERTAD DE PRENSA

23/04

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó, en el marco de su reunión virtual de Medio Año 2026, su informe sobre la situación regional de la libertad de prensa, que incluyó a Paraguay entre los países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa. El informe documenta expresiones del presidente Santiago Peña contra periodistas y medios críticos, restricciones al acceso a fuentes, limitaciones para realizar preguntas en actos oficiales y descalificaciones públicas, así como patrones de presiones judiciales y administrativas contra actores vinculados a medios críticos.

LIBERTAD DE PRENSA ACCESO A LA INFORMACIÓN

26/04

En el marco del Día del Periodista Paraguayo, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y diversos gremios expresaron preocupación por el clima de hostilidad oficial hacia el periodismo, recordando al presidente Peña que obstaculizar el trabajo periodístico constituye una forma de censura y vulnera principios fundamentales de la libertad de expresión y de prensa garantizados por la Constitución Nacional. Las críticas se dieron en un contexto de tensiones recientes entre el mandatario y cronistas acreditados a la Presidencia, así como un episodio de declaraciones presidenciales hostiles contra empresarios y medios.

LIBERTAD DE PRENSA

27/04

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) emitió un comunicado a través del CERTpy ante la identificación de casos de uso indebido de contenidos digitales que afectarían imágenes institucionales y podrían inducir a confusión, anunciando la gestión de denuncias y exhortando a la ciudadanía a reportar casos similares. El episodio reabrió el debate sobre los límites entre la prevención de fraudes con contenido sintético, la protección de la imagen institucional y los riesgos de derivar en mecanismos de control sobre contenidos digitales que puedan afectar la libertad de expresión.

PLATAFORMAS DIGITALES CONTENIDO DIGITAL

11/04

La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 00119 de 2026, que establece lineamientos para orientar la investigación de crímenes y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios. La directriz incorpora estándares más rigurosos y un enfoque diferencial para estos delitos, reconociendo que las agresiones contra la prensa impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público. El ente investigador subrayó que las pesquisas deberán considerar tanto la agresión sufrida como los hechos que el periodista venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor.

LIBERTAD DE PRENSA ACCESO A LA INFORMACIÓN

24/04

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó su informe anual 2025, documentando 469 agresiones contra periodistas en Colombia. La directora Sofía Jaramillo advirtió que el discurso estigmatizante de figuras públicas estaría escalando a amenazas reales y directas, especialmente en regiones como Arauca, Caquetá y Norte de Santander, donde derivaron en intimidaciones físicas y desplazamientos forzados. El informe resalta además los rezagos en la regulación de tecnologías como la inteligencia artificial y el acoso digital contra mujeres periodistas, y coincide con la inclusión de Colombia por la CIDH entre los países donde ejercer el periodismo se ha vuelto una labor de alto riesgo.

LIBERTAD DE PRENSA VIOLENCIA DIGITAL

29/04

La candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) publicó un «debate» generado con inteligencia artificial en el que aparecieron versiones digitales de sus contendores Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sin la participación real de ninguno. La estrategia abrió un debate sobre los límites éticos del uso de IA en campañas políticas y sobre la recreación digital no consentida de figuras públicas, en un contexto electoral con creciente preocupación por deepfakes, desinformación y manipulación del debate público en plataformas digitales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ELECTORAL CONTENIDO DIGITAL

22/04

Fundamedios publicó un comunicado en el que advierte sobre el deterioro acelerado del ecosistema mediático y periodístico en Ecuador. La organización describe un entorno marcado por opacidad, precariedad, violencia, desinformación organizada y la penetración de actores que instrumentalizan la comunicación con fines políticos. Señala además que tanto el gobierno central como gobiernos locales han contribuido por acción u omisión a profundizar la vulnerabilidad de periodistas, mediante prácticas de acoso, ocultamiento de información y trato discriminatorio según la línea editorial.

LIBERTAD DE PRENSA DESINFORMACIÓN

23/04

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó su Informe Anual 2025, en el que advierte un grave deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo y la libertad de expresión en Ecuador. El informe documenta al menos seis asesinatos de periodistas posiblemente vinculados a su labor, suspensión de medios comunitarios (TVMICC, Radio Ilumán, Radio Inti Pacha), ciberataques, eliminación de contenidos mediante reclamos de derechos de autor, uso de deepfakes e interrupciones de internet y telefonía durante movilizaciones. La RELE también expresó preocupación por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Transparencia Social («Ley de Fundaciones») por sus posibles efectos sobre la sociedad civil.

LIBERTAD DE PRENSA CONTENIDO DIGITAL ACCESO A LA INFORMACIÓN

30/04

El Primer Tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial del Guayas dictó una sentencia contra Fundamedios en una acción de hábeas data presentada por el empresario Pedro Julio Bejarano, ordenando eliminar una alerta sobre seguridad de periodistas y emitir disculpas públicas. La SIP, el CPJ, la Red Voces del Sur y la red IFEX-ALC rechazaron categóricamente el fallo, advirtiendo que transforma el hábeas data en un mecanismo para suprimir información de interés público y persigue a quienes documentan litigios contra la prensa. La decisión sienta un precedente preocupante para organizaciones que monitorean restricciones a la libertad de expresión.

LIBERTAD DE PRENSA ACCESO A LA INFORMACIÓN

10/04

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió pronunciamientos sobre el estado de la libertad de expresión en el país, en un balance que percibe un retroceso en el respeto al ejercicio periodístico durante el quinquenio 2020-2025. La APG insistió en la necesidad de que las autoridades investiguen con celeridad los crímenes contra periodistas y de que se garantice un entorno libre de hostigamiento judicial, en un contexto donde persisten amenazas, criminalización y campañas de odio en redes sociales contra periodistas independientes y exiliados.

LIBERTAD DE PRENSA

26/04

El periodista Carlos Humberto Cal Ical, miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV), fue asesinado a balazos en una carretera del municipio de San Cristóbal Verapaz. Cal Ical ejercía el periodismo a través de redes sociales y, según la APC-AV, su asesinato se inscribe en un contexto de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Guatemala, particularmente en regiones donde se cubren conflictos sociales y ambientales. La SIP condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva para evitar que se sume al ciclo de impunidad que afecta a la prensa en el país.

LIBERTAD DE PRENSA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

29/04

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Cal Ical e instó al Estado guatemalteco a conducir una investigación transparente y a implementar medidas de protección efectivas para la prensa. La SIP advirtió, en su informe semestral, que en Guatemala persisten ataques contra periodistas en entornos digitales, incluidos hostigamiento, amenazas y riesgos de acoso judicial vinculados a la cobertura de temas sensibles, y que la supervivencia del periodismo independiente depende más de la resistencia social y la presión internacional que de las garantías estatales.

LIBERTAD DE PRENSA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

14/04

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, con seis votos a favor, el artículo 480 del Código Penal de Puebla que tipificaba el delito de «ciberasedio». La SCJN argumentó que la redacción vulneraba los principios de taxatividad y mínima intervención penal, abría la puerta a aplicaciones arbitrarias y podía generar un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión en redes sociales, al no quedar claro qué conductas estaban prohibidas. La resolución tiene efectos retroactivos a favor de quienes hubiesen sido procesados por este delito desde su tipificación en julio de 2025.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONTENIDO DIGITAL

11/04

La organización Artículo 19 publicó el cortometraje «Bullet Machine» como parte de una campaña previa al Día Internacional de la Libertad de Prensa, para visibilizar la violencia que enfrentan los periodistas en México y el impacto que sufren sus familias. La organización recordó que en los últimos seis años documentó 176 asesinatos de periodistas y 31 desapariciones, advirtiendo que México sigue siendo el país más peligroso para la prensa sin guerra declarada, con cerca del 80% de los casos en impunidad.

LIBERTAD DE PRENSA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

13/04

La Cámara de Diputados continuó el debate sobre la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye disposiciones para etiquetar contenidos electorales generados o alterados con inteligencia artificial. La iniciativa obliga a emisores, concesionarios de radio y televisión y plataformas digitales a identificar el contenido sintético y a evitar su difusión cuando no esté etiquetado, y faculta al INE a ordenar el retiro de contenidos identificados como bots o material generado con IA. Especialistas advirtieron sobre desafíos técnicos y riesgos para la libertad de expresión, particularmente en la definición de «manipulación tecnológica» y en las facultades discrecionales del organismo electoral.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ELECTORAL PLATAFORMAS DIGITALES

20/03

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) abrió una consulta pública para perfeccionar la elaboración de la Guía para el uso ético de la inteligencia artificial. En concreto, la guía tiene como objetivo orientar a la población sobre el uso de la inteligencia artificial, abordando su potencial, sus riesgos y los derechos y deberes de los usuarios, además de temas como la transparencia, la no discriminación, la rendición de cuentas, la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales. La consulta está abierta a aportaciones en la Plataforma Brasil Participativo hasta el 19 de abril.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

24/03

El Senado Federal aprobó el proyecto de ley n.º 896/2023, presentado por la senadora Ana Paula Lobato (PSB/MA), que incluye la misoginia como forma de delito de discriminación, equiparándola a otras conductas discriminatorias previstas en la Ley n.º 7.716/1989. El texto define la misoginia como la conducta que exterioriza odio o aversión hacia las mujeres, y prevé la tipificación como delito de la injuria y la incitación a la discriminación por motivos de misoginia. Además, el proyecto aumenta las penas por delitos contra el honor, cuando se cometen contra la mujer en el contexto de la violencia doméstica y familiar. La medida se inscribe en un contexto de refuerzo de la legislación destinada a la protección de las mujeres, ante la amplia difusión de discursos misóginos en las redes sociales y en los espacios públicos. Tras su aprobación, la propuesta pasa a ser analizada por la Cámara de Diputados.

DISCRIMINACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO DELITOS CONTRA EL HONOR

25/03 

Se presentó el proyecto de ley n.º 1.390/2026, de autoría del diputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT/BA), que prevé la suspensión del acceso a las redes sociales como consecuencia de una condena por delitos dolosos con violencia o amenaza grave, especialmente en casos de violencia de género. La medida podrá aplicarse por decisión judicial en casos como el feminicidio, el acoso, los delitos contra la dignidad sexual y los delitos cometidos con violencia o amenaza grave a causa del rechazo afectivo o sentimental de la víctima, siempre que se demuestre que el uso de las plataformas representa un riesgo para la víctima. La suspensión podrá durar hasta el término de la pena, con el bloqueo de las cuentas y la obligación de cumplimiento por parte de las plataformas, que deberán adoptar mecanismos para impedir la recreación de perfiles. Según la justificación, la medida busca reducir el uso de las redes sociales como instrumento de violencia y evitar la amplificación y la notoriedad indebida de los agresores en el entorno digital.

VIOLENCIA DE GÉNERO PLATAFORMAS DIGITALES

31/03

Se presentó el proyecto de ley n.º 1.542/2026, de autoría del diputado federal Lucas Abrahao (REDE/AP), que instituye el Marco de Responsabilidad por Sistemas Autónomos, estableciendo normas para la responsabilidad civil y administrativa por daños causados por sistemas de inteligencia artificial (IA). La propuesta prevé el régimen de responsabilidad objetiva y solidaria entre desarrolladores, proveedores y operadores de sistemas autónomos, independientemente de la prueba de culpa. El texto también clasifica los sistemas por niveles de riesgo y prohíbe las aplicaciones consideradas de riesgo inaceptable, como aquellas que manipulan el comportamiento de forma subliminal o violan derechos fundamentales. Entre otras disposiciones, el proyecto garantiza derechos a los usuarios, como la explicación y la impugnación de las decisiones automatizadas, y prevé medidas como el seguro obligatorio para los sistemas de alto riesgo. Según la exposición de motivos, la propuesta busca aumentar la seguridad jurídica y alinear a Brasil con las prácticas internacionales en materia de regulación de la inteligencia artificial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

14/04

Se presentó el proyecto de ley n.º 1.825/2026, de autoría del diputado federal Mario Frias (PL/SP), cuyo objetivo es modificar el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (Ley n.º 15.211/2025 – ECA Digital) para limitar las obligaciones generales de supervisión de los contenidos generados por los usuarios y de moderación por parte de las plataformas digitales. Entre otras medidas, la propuesta establece que la eliminación, el bloqueo o la desmonetización de contenidos considerados lícitos dependerán de una orden judicial, modificando los apartados II y III del artículo 8 de la ley. Además, deroga disposiciones que imponen obligaciones de filtrado de contenidos, supervisión generalizada de los usuarios o la restricción de contenidos lícitos basadas en evaluaciones de riesgo. Según la exposición de motivos, la propuesta pretende revisar disposiciones de la ECA Digital consideradas excesivamente amplias, equilibrando la protección de los niños y adolescentes con la garantía de los derechos fundamentales y de la actividad económica.

PLATAFORMAS DIGITALES PROTECCIÓN DE MENORES

14/04

Según según el sitio web Migalhas, la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia (STJ) confirmó, por unanimidad, la resolución que ordenaba a la plataforma X la retirada de publicaciones ofensivas dirigidas a influencers menores de edad basándose en hashtags para identificar el contenido, sin necesidad de indicar las URL de forma individualizada. Tras la resolución que ordenaba la eliminación del contenido, la plataforma alegó en el Recurso Especial n.º 2.239.457 la exigencia de indicar específicamente los enlaces para la eliminación del contenido y la responsabilidad del proveedor, en virtud del artículo 19 del Marco Civil de Internet. Al analizarlo, la ponente, la magistrada Nancy Andrighi, destacó que, ante la circulación masiva de publicaciones ilícitas que involucran a niños y adolescentes, la identificación individual de cada publicación puede resultar inviable y comprometer la eficacia de la tutela jurisdiccional. El tribunal consideró que, en este contexto, los hashtags funcionan como marcadores de indexación capaces de delimitar el núcleo de difusión del contenido ilícito, lo que permite la adopción de medidas adecuadas de retirada. La decisión también se basa en la reciente resolución del Tribunal Supremo Federal sobre el art. 19 del Marco Civil de Internet (Tema 987 y Tema 533) y en los deberes de protección reforzados por el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia.

PROTECCIÓN DE MENORES RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS PLATAFORMAS DIGITALES

07/04

El Congresista Fernando Rospigliosi fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación en agravio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La demanda se originó tras una publicación realizada por Rospigliosi el 7 de julio de 2026 en su cuenta de “X”, en las que calificó a Delia Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.

DIFAMACIÓN

10/04

Previo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró 61 ataques a periodistas durante la campaña electoral. En su informe preliminar, revela que el discurso estigmatizante es la principal modalidad de agresión, seguido por agresiones físicas y verbales, amenazas, hostigamientos y un ciberataque; siendo las y los candidatos como los mayores responsables de estas vulneraciones. 

ELECTORAL LIBERTAD DE PRENSA

11/04

El Observatorio de la Desinformación: Misión Perú publicó un informe en el que documentó 140 incidentes de desinformación en contexto electoral, revelando que la plataforma X concentra casi la mitad de la circulación de la desinformación, la cual se dirige principalmente contra candidatos y actores políticos. El informe identifica que las propias élites políticas instrumentalizan la mentira como herramienta principal de captación de votos y se viene realizando una campaña de deslegitimación preventiva de los órganos electorales para sentar las bases para el desconocimiento antidemocrático de los resultados electorales.

ELECTORAL DESINFORMACIÓN