28/11

La Operación 404, coordinada por el Ministerio de Justicia, desencadena la sexta fase y bloquea más de 600 websites y aplicaciones. La Policía Civil brasileña y agencias de cuatro países llevaron a cabo la sexta fase de la Operación 404 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Durante la operación, se bloquearon o suspendieron 606 websites, 19 aplicaciones de transmisión y se cumplieron 22 órdenes de registro y decomiso por violación de derechos de autor. Los websites y aplicaciones también fueron desindexados de los buscadores y eliminados de perfiles y páginas en redes sociales. La «acción integrada de combate a la piratería en línea», que comenzó en 2019, está coordinada por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp/MJSP) con la colaboración de las policías civiles brasileñas y agencias de aplicación de la ley de Argentina, Perú, las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido. Además, colaboran en la operación el Consejo Nacional de Combate a la Piratería y asociaciones brasileñas de protección a la propiedad intelectual. La Operación forma parte del Plan de Acción 2023-2025 de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (Enpi), una iniciativa interministerial coordinada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, cuyo objetivo es establecer un Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. La Enpi se basa en promover acciones que «incentiven la creatividad, las inversiones en innovación y el acceso al conocimiento, con el objetivo de aumentar la competitividad y el desarrollo económico y social».

PROPIEDAD INTELECTUAL

29/11

El STF entiende que los periódicos pueden ser responsabilizados por las declaraciones de los entrevistados. El 29.11, el Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas periodísticas pueden ser civilmente responsables en caso de publicar entrevistas en las que el entrevistado atribuya falsamente a otra persona la comisión de un delito. Con la decisión, se estableció una tesis de repercusión general (Tema 995) en la que la empresa deberá indemnizar los implicados si «(i) en el momento de la divulgación, existían indicios concretos de la falsedad de la imputación; y (ii) el medio de comunicación no cumplió con el deber de cuidado en la verificación de la veracidad de los hechos y en la divulgación de la existencia de tales indicios». El caso juzgado involucró la publicación, por parte del Diario de Pernambuco, de una entrevista en mayo de 1995. 

El entrevistado afirmó que el ex diputado Ricardo Zarattini había sido responsable de un atentado con bombas en 1966 en el Aeropuerto de Guarapepes (PE). Después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmara la condena al pago de indemnización, el Diario de Pernambuco llevó el caso al STF alegando la necesidad de defender la libertad de prensa. El ministro Edson Fachin, encargado del voto conductor en el juicio, destacó que la libertad de prensa no es absoluta, y es posible la responsabilidad en caso de divulgación de noticias falsas. Los ministros Marco Aurélio y Rosa Weber, ya jubilados, entendieron que la empresa periodística no debe ser responsabilizada si no emite una opinión sobre la falsa acusación, pero fueron vencidos.

LIBERTAD DE PRENSA DESINFORMACIÓN

05/12

Diputado propone ley para convertir en delito las prácticas de acoso escolar, ciberacoso e injuria digital. El diputado federal Marcelo Queiroz (PP/RJ) propuso el proyecto de ley n.º 5.876/2023, que busca incluir en el catálogo de delitos contra la honra y la libertad individual del Código Penal brasileño y su modificación para incorporar las prácticas de acoso escolar, ciberacoso e injuria en el ámbito digital en la lista de delitos contra la honra y la libertad individual. El proyecto tipifica la práctica de acoso escolar como la intimidación, humillación o discriminación sistemática e intencional, ya sea de forma individual o en grupo, mediante violencia física o psicológica, imponiendo una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa por la práctica. El ciberacoso, por su parte, se referiría a la misma conducta practicada en el entorno virtual, con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa. Finalmente, la propuesta crea una calificación para el delito de injuria cuando se comete en el ámbito digital, con una pena de uno a tres años de prisión y multa, equivalente a la pena por injuria religiosa. En su justificación, el diputado destaca los daños físicos y psicológicos causados por estas prácticas, especialmente en niños. En otras ocasiones, se han propuesto proyectos de ley que buscan criminalizar el ciberacoso y los «crímenes de haters«, así como el acoso virtual.

CALUMNIA E INJURIA

Secretaría del consumidor inicia proceso para multar a Facebook por publicidad indebida. La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon/MJSP) inició un proceso administrativo sancionador contra Facebook para investigar la difusión de publicidad indebida y desinformación en la plataforma. El proceso se basa en una nota técnica que investigó publicidades fraudulentas relacionadas con el Programa Desenrola Brasil, un proyecto dirigido a la renegociación de deudas y la regularización financiera de los ciudadanos. La investigación afirma que Facebook violó el Código de Defensa del Consumidor (CDC) al permitir la difusión de publicidad engañosa de al menos 817 anuncios, de 115 anunciantes y 46 sitios que desinforman sobre una política pública e incentivan el sobreendeudamiento del consumidor. El 26.07 de este año, Senacon notificó a las empresas Facebook y Google para que retiraran «cualquier publicidad patrocinada, fraudulenta o ilegítima que ofrezca servicios relacionados con Desenrola Brasil». La agencia sostiene que el caso no está protegido por el artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece como regla la no responsabilidad de las empresas por contenidos de terceros. Afirma, en este sentido, que «el daño no resulta de la intermediación del contenido de terceros, sino de la decisión de la plataforma de difundir publicidad abusiva y contenido ilícito, a cambio de una contraprestación del anunciante».

DESINFORMACIÓN

07/12

Cámara aprueba proyecto de ley que criminaliza la divulgación de material íntimo de mujeres sin consentimiento. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley n.º 9.930/2018, que criminaliza la divulgación de material íntimo de mujeres. El proyecto, presentado en 2018 por la diputada Erika Kokay (PT/DF), modifica el Código Penal para penalizar la divulgación, sin consentimiento, de fotos, videos y otros materiales de la intimidad de la mujer. El proyecto también modifica la Ley Maria da Penha (Ley n.º 11.340/2006), que crea mecanismos para combatir la violencia contra la mujer, para agregar esta conducta al plan de protección de la ley. La nueva tipificación penal se encuentra en el artículo 233-A del Código Penal y establece una pena de prisión de 3 meses a 1 año y multa, así como una causa de aumento de la pena si la captación se realiza en el ejercicio de una actividad profesional, comercial o funcional, como cámaras en baños públicos o habitaciones alquiladas. El proyecto ahora pasa al Senado Federal.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El proyecto propone que no haya responsabilidad de los periódicos por la opinión de los entrevistados. El diputado federal José Nelto (PP/GO) presentó el proyecto de ley n.º 5.917/2023, que exime a las empresas periodísticas de la responsabilidad por la publicación de opiniones de entrevistados. Según la propuesta, la empresa periodística sólo será responsable cuando (i) se demuestre que había indicios concretos y fácilmente accesibles para la empresa sobre la falsedad de la opinión; (ii) se demuestre que la empresa no verificó la veracidad de los hechos, según el caso concreto; y (iii) se demuestre que la empresa no adoptó precauciones para divulgar un hecho dudoso narrado por el entrevistado. En su justificación, el diputado explica que el tema de la libertad de expresión y de prensa se ha estado debatiendo en todos los poderes. Destaca la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, que establece tres pilares del periodismo: el deber de veracidad, el deber de pertinencia y el deber general de cuidado. Sin embargo, según su entendimiento, la diligencia requerida puede llegar a hacer inviable la difusión de la noticia. Por esta razón, defiende que la responsabilidad ocurra solo en casos específicos, cuando exista una falta comprobada de cuidado. El 29.11, el Tribunal Supremo Federal decidió que las empresas periodísticas pueden ser civilmente responsables si publican entrevistas en las que el entrevistado atribuye falsamente a otra persona la comisión de un delito.

LIBERTAD DE PRENSA

08/12

Proyecto prevé la obligación de los proveedores de identificar contenido creado con inteligencia artificial. La diputada federal Lídice da Mata (PSB/BA) presentó el proyecto de ley n.º 5938/2023, que tiene como objetivo obligar a los proveedores a señalizar imágenes y videos creados mediante inteligencia artificial (IA). El proyecto agrega al Marco Civil de Internet (Ley 12.965/2014) el artículo 21-A, que requiere que los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada establezcan mecanismos para identificar y señalizar contenido creado con IA. El proyecto de ley afirma, como ejemplo, que el contenido podría ser señalizado con una marca de agua. En su justificación, la diputada menciona casos recientes de mujeres cuyas fotos fueron alteradas para dejarlas desnudas. Según ella, la indicación de que el contenido es creado mediante IA ayudaría a los usuarios a evaluar y comprender el origen del contenido que están consumiendo, lo que, a su vez, permitiría una evaluación crítica de la información y ayudaría en la lucha contra la desinformación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

11/12

Proyecto requiere notificación de plataformas sobre abuso sexual infantojuvenil. El diputado federal Fred Costa (Patriota/MG) presentó el proyecto de ley n.º 5.956/2023, que busca modificar el Marco Civil de Internet para obligar a los proveedores a notificar sobre potenciales abusos sexuales infantiles y juveniles. El proyecto de ley incluye en la Ley n.º 12.965/2014 (Marco Civil de Internet) la obligación de que los proveedores de conexión y aplicaciones proporcionen información al poder público cuando tengan conocimiento de abuso sexual infantil y juvenil, con indicación de qué información debe ser proporcionada, como datos de identificación e informe de información sobre el potencial abuso. El proyecto también prohíbe la interpretación de que la ley pueda ser utilizada para que el proveedor monitoree usuarios, clientes o contenidos específicos y establece que el Poder Ejecutivo reglamentará cómo se proporcionarán las informaciones. En su justificación, el diputado argumenta que se debe equilibrar la privacidad de los individuos con la responsabilidad de los proveedores por las «oportunidades que crean» y por la «acción proactiva en la lucha contra delitos de grave potencial perjudicial». Según él, ya existe tecnología que permite identificar indicios de actividad ilegal a partir de metadatos, sin violar el secreto de las comunicaciones. El diputado concluye alegando que, aunque el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (Ley n.º 8.069/1990) ya aborda la pornografía infantil, sería necesario que esta regulación se extendiera al entorno virtual.

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