12/01

El desembargador Sérgio Fusquine Gonçalves, de la 19.ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul (TJRS), determinó que dos plataformas de apuestas excluyan de sus sistemas a un usuario con conducta de juego compulsivo. El caso se originó a partir de una solicitud del propio usuario, quien alegó una falla de las plataformas en la adopción de políticas de juego responsable previstas en la Ley n.º 14.790/2023 y en la Ordenanza SPA/MF n.º 1.231/2024, lo que lo habría llevado a desarrollar un trastorno de juego patológico (ludopatía), con un perjuicio de más de R$ 129.000. El usuario solicitó su exclusión de las plataformas y el congelamiento, por parte del Banco Central (BC), de sus transacciones financieras destinadas a apuestas. Tras la denegación de las solicitudes en primera instancia, el desembargador, al analizar el recurso, reconoció la gravedad clínica de la ludopatía y descartó la exigencia de autoexclusión por parte del propio apostador. Entendió que las plataformas tienen el deber legal de monitorear conductas de riesgo e intervenir para proteger a la persona consumidora vulnerable, ordenando la exclusión del demandante de las plataformas. No obstante, el magistrado negó la solicitud de bloqueo de transacciones financieras por el BC, por considerar que la medida excede las atribuciones legales de la autarquía.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES PLATAFORMAS DIGITALES

15/01

El Juez de Goiás, Gustavo Braga Carvalho, del 4.º Juzgado Especial Civil de Goiânia (TJ/GO), estimó parcialmente una demanda en la que una empresa alegó haber sido víctima de la creación de un sitio web y un perfil de Instagram fraudulentos, utilizados por terceros para cometer estafas contra personas consumidoras. La acción se interpuso contra Facebook, la empresa de alojamiento responsable del sitio y Google, bajo el argumento de que, aun tras notificaciones y conocimiento inequívoco del fraude, las plataformas no adoptaron medidas eficaces para retirar los contenidos ilícitos. El juez reconoció la falta de legitimación pasiva de Google, por actuar únicamente como proveedor de búsquedas, y entendió que, respecto de Facebook y de la empresa de alojamiento, el mantenimiento del sitio y del perfil fraudulentos tras tener conocimiento de la irregularidad configuró una falla en la prestación del servicio, en los términos del Marco Civil de Internet. Así, bajo apercibimiento de multa diaria por incumplimiento, se ordenó la retirada definitiva del sitio y del perfil, así como la entrega de los datos de registro y de los registros de acceso de los responsables. Además, el juez condenó a Facebook, a la empresa de alojamiento y al creador del sitio fraudulento al pago de una indemnización por daños morales por el monto de R$ 6.000, en razón de la afectación al honor objetivo de la parte actora.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES PLATAFORMAS DIGITALES RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

20/01 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), el Ministerio Público Federal (MPF) y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) emitieron una recomendación conjunta a la empresa controladora de la plataforma X (antes Twitter) para la adopción de medidas inmediatas que impidan que la inteligencia artificial Grok genere y difunda contenidos sexualizados indebidos. La orientación incide especialmente sobre contenidos que utilizan imágenes de personas reales sin consentimiento, como mujeres, y sobre cualquier material de carácter sexual que involucre a niños, niñas y adolescentes. La recomendación resulta de un oficio remitido por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) a integrantes del Comité Intersectorial para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Entorno Digital, en el cual se señalaron indicios de violaciones asociadas al uso de la herramienta de IA generativa integrada a X. Entre las medidas recomendadas por las autoridades se incluyen impedir la generación de nuevos contenidos de esta naturaleza, retirar materiales ya disponibles, suspender cuentas que produzcan este tipo de contenido e implementar mecanismos de denuncia y protección de datos, bajo apercibimiento de la adopción de medidas administrativas o judiciales en caso de incumplimiento. Para Idec, la respuesta se limitó a formular recomendaciones, sin medidas más contundentes, como la suspensión de la herramienta, aún frente a la gravedad y la escala de las violaciones de derechos y del uso indebido de datos personales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMÁGENES NO CONSENTIDAS PROTECCIÓN DE MENORES

28/01

El juez Júlio César Lérias Ribeiro, del 6.º Juzgado Especial Civil de Brasilia del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT), concedió una tutela de urgencia para determinar que Meta reactive los perfiles de Facebook e Instagram de un precandidato a diputado distrital. De acuerdo con el sitio Conjur, el precandidato perdió el acceso a las cuentas tras hacer clic en un enlace recibido por correo electrónico que aparentaba provenir de la propia plataforma. Según la decisión, el demandante acreditó la titularidad y el uso continuo de los perfiles desde hace años, y demostró el riesgo de un daño grave e irreparable en el contexto de la precampaña electoral, en la que las redes sociales constituyen una herramienta central de comunicación política. El magistrado entendió que el bloqueo por supuesto acceso fraudulento, sin una oportunidad efectiva de defensa por parte de la persona usuaria, compromete el resultado útil del proceso y resulta especialmente sensible al transcurso del tiempo en año electoral; por ello, ordenó la reactivación de las cuentas en el plazo de 15 días, bajo apercibimiento de multa diaria de R$ 250, limitada a R$ 5.000.

ELECTORAL PLATAFORMAS DIGITALES

29/01

El juez Danilo Fadel de Castro, de la 10.ª Vara Civil del Foro Central del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP), estimó parcialmente la acción de indemnización por daños morales interpuesta por el diputado federal Guilherme Boulos (PSOL/SP) contra Pablo Marçal, a raíz de la divulgación reiterada de informaciones falsas durante las elecciones a la alcaldía de São Paulo en 2024. Según la sentencia, Marçal promovió una campaña difamatoria al asociar públicamente a Boulos con el consumo de drogas ilícitas y al difundir, en la víspera de la elección, un informe médico falso que atribuía al adversario un supuesto brote psicótico derivado del uso de cocaína. La decisión destacó que peritajes de la Policía Civil y de la Policía Federal comprobaron la falsedad del documento, incluida la falsificación de la firma de un médico ya fallecido, descartando la tesis defensiva de desconocimiento del fraude. El magistrado entendió que la conducta excedió los límites de la crítica política y de la libertad de expresión, configurando un acto ilícito, potenciado por el amplio alcance digital del demandado y por estrategias de incentivo a la replicación del contenido ofensivo por terceros. Reconocido el daño moral, el juez condenó a Pablo Marçal al pago de una indemnización por el monto de R$ 100.000 a favor de Boulos.

ELECTORAL IMPUTACIONES CONTRA EL HONOR

02/02

Fue presentado el Proyecto de Ley n.º 98/2026, de autoría de la diputada federal Heloísa Helena (REDE/RJ), que tiene por objeto modificar el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital), con el fin de atribuir deberes a las plataformas digitales, especialmente aquellas que ofrecen juegos electrónicos, entornos virtuales y experiencias de realidad alternativa. El texto prevé obligaciones como la adopción de mecanismos robustos de verificación de edad, el control riguroso de chats e interacciones, el bloqueo de contenidos inadecuados y la evaluación previa y continua de riesgos. El incumplimiento somete a las plataformas a sanciones administrativas, tales como multa, suspensión temporal de funcionalidades, restricción o prohibición de operación, con agravamiento de las penalidades en caso de infracción de deberes específicos, como la verificación etaria.

PROTECCIÓN DE MENORES

02/02

Fue presentado el Proyecto de Ley n.º 58/2026, de autoría del diputado federal Rubens Pereira Júnior (PT/MA), que establece deberes de transparencia en la comunicación digital y regula la responsabilidad de los actores involucrados en la influencia digital, como agencias de publicidad e influenciadores. La propuesta busca garantizar el deber de transparencia en la difusión de contenidos patrocinados o impulsionados, asegurando que el público pueda identificar de manera clara, inequívoca e inmediata aquellos contenidos difundidos mediante remuneración o cualquier tipo de ventaja, prohibiendo prácticas contractuales que oculten dicha naturaleza. Además, dispone que influenciadores, agencias y contratantes respondan solidariamente por los daños causados por campañas pagadas basadas en informaciones falsas o engañosas, impone sanciones administrativas y tipifica el delito de estafa informacional, caracterizado por la inducción de la opinión pública a error mediante contenido pago disimulado, con uso de información falsa o engañosa, con el fin de obtener una ventaja ilícita.

TRANSPARENCIA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

03/02

Fue presentado el Proyecto de Ley n.º 212/2026, de autoría del diputado federal Rubens Pereira Júnior (PT/MA), que criminaliza el uso de deepfakes con finalidad electoral. La propuesta prevé una pena de 2 a 6 años para quien produzca o difunda contenidos generados por IA destinados a difamar, manipular la imagen de candidaturas o influir indebidamente en el voto. El texto también propone modificaciones al Marco Civil de Internet (Ley n.º 12.965/2014), al prever la responsabilidad administrativa y civil solidaria de los proveedores de aplicaciones que, tras notificación formal de la autoridad electoral, de la persona titular del derecho o por decisión judicial, dejen de retirar o de hacer indisponible el contenido.

ELECTORAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL

03/02

El vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el ministro Luis Felipe Salomão, suspendió medidas cautelares que prohibían a un periodista divulgar noticias que involucraban a una diputada, determinaban la remoción de publicaciones e imponían la suspensión temporal de sus perfiles en redes sociales. La decisión fue dictada en un habeas corpus que cuestionaba la legalidad de las restricciones impuestas en una investigación que examina una supuesta campaña de difamación y ataques al honor de la parlamentaria, mediante publicaciones críticas e imputaciones de actos ilícitos. Al analizar el caso, el ministro destacó que la intervención estatal en la actividad periodística es excepcional y que la censura previa está prohibida, conforme a la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (ADPF 130). Señaló además que eventuales excesos deben ser examinados por vías posteriores y menos gravosas, como el derecho de respuesta, la rectificación o la indemnización. Con ello, quedaron suspendidas las medidas cautelares, y el análisis de fondo quedó a cargo de la Quinta Sala del STJ. El proceso está bajo secreto de justicia.

LIBERTAD DE PRENSA

03/02

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicó la consolidación de las 70 contribuciones recibidas durante la consulta pública sobre mecanismos de verificación etaria en internet, realizada entre octubre y noviembre de 2025. El material servirá de insumo para la elaboración del decreto que reglamentará la Ley n.º 15.211/2025, conocida como el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital), que entra en vigor en marzo de 2026. Elaborado con el apoyo de instituciones como la UNESCO, la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), el documento sistematiza posiciones sobre la verificación etaria, entre las cuales se incluyen la insuficiencia de la autodeclaración para servicios de alto riesgo, la definición de niveles de riesgo para distintos servicios digitales y los impactos de estas medidas sobre la privacidad, la inclusión digital y los costos para las empresas.

PROTECCIÓN DE MENORES PLATAFORMAS DIGITALES