25/05

Propuesta tiene como objetivo tipificar la creación y circulación de «noticias falsas». El 24.05, la diputada Erika Kokay (PT/DF) presentó el proyecto de ley n.º 2051/2024, que modifica el Código Penal (Decreto-Ley n.º 2.848/1940) y el Marco Civil de Internet (Ley n.º 12.965/2014) para tipificar la creación y circulación de noticias falsas que distorsionen temas vinculados a intereses públicos relevantes, incluyendo educación, medio ambiente, salud, seguridad pública y economía nacional. En el ámbito del Código Penal, el proyecto define «noticia falsa» como materiales textuales y audiovisuales que intencionalmente tengan el potencial de alterar la percepción sobre hechos y eventos. El proyecto de ley propone tipificar la conducta de «creación, divulgación o compartición de noticias falsas» en sí misma, con aumento de la pena en los casos en que estas noticias tengan contenido político, ideológico, religioso, estén relacionadas con contextos de emergencia o calamidad pública, o puedan poner en riesgo la vida o la salud de terceros. 

En cuanto al Marco Civil de Internet, el proyecto incluye, entre otras disposiciones, la misma definición de noticias falsas mencionada, así como obligaciones para los proveedores de conexión, como facilitar medios para denunciar contenido y remover el contenido denunciado que viole las políticas de uso de las plataformas. En su justificación, la diputada ejemplifica la relevancia del proyecto con el contexto de las tragedias de las inundaciones en Rio Grande do Sul, que han sido objeto de desinformación, afectando las operaciones de rescate como consecuencia.

FAKE NEWS DESINFORMACIÓN

27/05

Juez condena a la Unión a indemnizar por el bloqueo prolongado de Instagram. El 27.05, el juez José Jácomo Gimenes, del 1er Juzgado Federal de Maringá de la Justicia Federal de Paraná, condenó a la Unión a indemnizar a un político por la demora en la reactivación de su perfil en Instagram. Según la decisión, el autor de la acción era diputado estatal y sus redes sociales fueron bloqueadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en noviembre de 2022. Los bloqueos habrían ocurrido por una publicación en la que el político divulgaba el lugar donde estarían los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), con la frase “Oportunidad imperdible” en la publicación. En diciembre de 2022, el STF, en una decisión emitida por el ministro Alexandre de Moraes, ordenó la reactivación de los perfiles del político en diferentes redes sociales; sin embargo, Instagram no fue mencionado. El desbloqueo del perfil de Instagram solo ocurrió en mayo del año siguiente. La decisión del juez Gimenes no identificó error judicial en el bloqueo de las redes sociales, pero señaló un error procedimental del STF por la demora en desbloquear el perfil de Instagram del diputado. Debido a la demora injustificada, el juez determinó que la Unión debe pagar R$20.000,00 al político, por los daños morales causados al autor de la acción.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS 

TRE-MS multa a precandidato a la alcaldía por uso de deepfake contra el alcalde. La jueza electoral Laisa de Oliveira Ferneda Marcolini, de la 38ª Zona Electoral de Costa Rica del Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), multó a los opositores del alcalde de Costa Rica-MS por el uso de deepfake. La representación contra Waldeli dos Santos Rosa, precandidato a la alcaldía de Costa Rica, y Matheus da Silva Vaz, colaborador de Waldeli, fue presentada por la Comisión Provisional del Partido Progresista (PP) de Costa Rica debido a un video que utilizaba inteligencia artificial para crear un video falso contra el alcalde de la ciudad, Cleverson Alves dos Santos (PP/MS). En el video manipulado por IA, el alcalde hacía una declaración en la que comparaba a la población de Costa Rica con perros. La acción solicitaba la retirada inmediata del video, una retractación pública y el pago de una multa por parte de los opositores por propaganda electoral anticipada. La jueza consideró que los representados utilizaron el deepfake para hacer propaganda electoral anticipada con el fin de perjudicar al actual alcalde, ordenando la retirada del video y estableciendo multas, aumentadas por la reincidencia de los hombres, de R$10.000,00 para Waldeli y R$5.000,00 para Matheus.

FAKE NEWS

04/06

Meta es condenada a restablecer cuentas comerciales y a indemnizar a una usuaria. El magistrado Júlio Ribeiro, del 6º Juzgado Especial Civil de Brasilia (TJDFT), condenó a Meta a pagar R$ 2 mil por daños morales a una usuaria que tuvo tres cuentas comerciales eliminadas en Facebook e Instagram. Además, la sentencia determinó el restablecimiento de los perfiles. Según los autos, la usuaria utiliza las redes sociales para divulgar su empresa dedicada a la reconstrucción mamaria de víctimas de cáncer o de procedimientos estéticos mal realizados. Ocurre que, en enero de 2024, Meta desactivó sus perfiles bajo la justificación de que las cuentas estarían difundiendo contenido de desnudez. En el proceso, Meta alegó que puede limitar y restringir determinadas publicaciones de acuerdo con los términos y servicios de sus plataformas. Sin embargo, la sentencia entendió que las alegaciones de Meta fueron genéricas, de modo que no se detallaron las publicaciones de la usuaria que infringieron las normas de la plataforma. Además, el juez señaló que las imágenes difundidas no constituyen contenido erótico o de desnudez que viole los términos, políticas y estándares de la comunidad de las redes sociales de Meta.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS

05/06

Presidente de la Cámara de Diputados crea grupo de trabajo para proponer nuevo texto para el proyecto de regulación de plataformas. El 05.06, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP/AL), estableció el grupo de trabajo para el análisis del proyecto de ley n.º 2630/2020, conocido popularmente como «PL das Fake News», que tiene como objetivo regular las actividades de los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada. La propuesta de creación del grupo fue anunciada el 09.04, después de que el presidente de la Cámara indicara que el texto del proyecto en su forma actual ha pasado por varios intentos de votación, con diferentes subdivisiones del texto, sin éxito; además de considerar que «ha sido objeto de polémicas y muchas narrativas han obstaculizado la evaluación de la propuesta por parte de los parlamentarios«. El grupo de trabajo tiene como objetivo presentar una versión más «madura» de la propuesta. Con 20 parlamentarios en su composición, el grupo debe presentar los resultados de este análisis y el nuevo texto en 90 días.

FAKE NEWS DESINFORMACIÓN

07/06

PL sobre la regulación de IA pasa por cambios y los parlamentarios debaten ajustes con representantes de diversos sectores en el Pleno del Senado. El relator del proyecto de marco legal para la Inteligencia Artificial (PL nº 2338/2023), el senador Eduardo Gomes (PL/TO), presentó un nuevo sustituto que será analizado como dictamen final de la comisión temporal responsable del tema en el Senado. Entre los ajustes realizados en la propuesta está la delimitación de la competencia de las agencias reguladoras en sus respectivas áreas de actuación. El nuevo documento propone la creación de un Sistema Nacional de Regulación y Gobernanza de Inteligencia Artificial (SIA), ya previsto en la versión anterior, con una autoridad competente central, que será designada por el Poder Ejecutivo Federal, para “garantizar la fiscalización, la regulación y el buen funcionamiento del sector o actividad económica, conforme a su competencia legal”. Entre los cambios, destaca la eliminación del apartado que permitía el uso de armas letales autónomas, es decir, con independencia de elección sin necesidad de intervención humana. También se excluyó la parte del texto que considera «altamente riesgosa» la evaluación de crédito realizada por IA. Además, se mantuvo la autorización para el uso de sistemas de identificación biométrica a distancia en el ámbito de actividades de seguridad pública. Al SIA le corresponderá la regulación de la lista de funcionalidades de IA de alto riesgo, así como la clasificación de nuevas hipótesis, bajo la observancia de diferentes criterios y de un procedimiento regulatorio que garantice la participación social. El 11.06, se realizó una sesión temática en el Pleno del Senado para debatir sobre el nuevo texto de la propuesta de marco legal. Las manifestaciones de especialistas y representantes de diferentes sectores (público, privado, jurídico y académico) indicaron el reconocimiento de avances en algunos puntos del texto en relación con la versión anterior; sin embargo, destacaron que se necesitan ajustes. El relator del PL señaló durante la sesión que considera la posibilidad de mejoras, pero también defendió que esto no obstaculice el progreso del proyecto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

18/06

Proyecto propone responsabilizar a las plataformas por daños causados por anuncios falsos en redes sociales. El senador Carlos Viana (Podemos/MG) presentó el proyecto de ley nº 2431/2024, que establece normas sobre la responsabilidad de los proveedores por anuncios falsos publicados en sus plataformas. El proyecto impone obligaciones a las redes sociales que tengan más de 2 millones de usuarios brasileños registrados. Se establece como deber de las plataformas «prevenir, mitigar, prohibir y suspender» el funcionamiento de cuentas falsas y la difusión de anuncios falsos. En caso de incumplimiento de estos deberes, el proyecto establece la responsabilidad solidaria del proveedor de la red social por el daño eventualmente causado por el anuncio falso, excluyendo la aplicación del artículo 19 del Marco Civil de Internet (Ley nº 12.965/2014), que prevé la responsabilidad de las plataformas solo después de una orden judicial. En su justificación, el senador menciona ejemplos de publicidades engañosas y defiende la necesidad de una «intervención firme que también responsabilice a los proveedores de redes sociales».

DESINFORMACIÓN FAKE NEWS

27/06

La Justicia Federal suspende contenidos que incitan a la violencia policial. La 27ª Vara Federal de Río de Janeiro decidió que Google debe suspender la disponibilidad de contenidos específicos transmitidos por policías en programas de podcast y videocast en YouTube, por difundir discursos de odio e incitar a la violencia policial. La decisión provisional afirma que las publicaciones que deben ser suspendidas «constituyen contenido inapropiado, al parecer violando derechos humanos de diversas índoles«. Por lo tanto, afirma que la suspensión no viola la libertad de expresión de los acusados, ya que «el material electrónico explicita violencia con un trasfondo discriminatorio de carácter social, cultural, étnico y económico«. La decisión surge de una Acción Civil Pública iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) contra los creadores de los videos, el Estado de Río de Janeiro y Google, que aloja los contenidos en su plataforma YouTube. Los demandantes solicitan la eliminación de los contenidos y requieren que la Secretaría de Estado de Policía Militar establezca un reglamento sobre «el discurso de odio o peligroso por parte de los miembros de esa corporación, así como tome medidas disciplinarias con respecto a los casos mencionados aquí.» La medida provisional ha aceptado parcialmente las peticiones, que deberán ser completamente consideradas en un juicio posterior de la acción.

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