Observatorio Legislativo CELE

Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas

ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUAY PERU ECUADOR COLOMBIA MEXICO GUATEMALA

Cantidad de proyectos LATAM entre enero de 2024 a abril de 2024

PAIS PROYECTOS
ARGENTINA 10
BRASIL 14
CHILE 4
COLOMBIA 2
ECUADOR 1
GUATEMALA 1
MEXICO 13
PARAGUAY
PERU 12

Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2024 y abril de 2024

Acceso a la información 17.2%
Igualdad y no discriminación 11.0%
Protección de menores 10.0%
Libertad de expresión 7.2%
Reputación y honor 5.3%
Seguridad nacional 4.5%
Violencia de género 4.0%
Responsabilidad de intermediarios 2.9%
Acceso a internet 2.7%
Pornografía 2.1%
Apología 1.9%
Acoso 1.5%
Publicidad oficial 1.4%

Temas proyectos de ley presentados entre enero de 2024 y abril de 2024

Acceso a la información 4.8%
Acoso 9.5%
Apología 4.8%
Libertad de culto 1.6%
Igualdad y no discriminación 15.9%
Publicidad oficial 4.8%
Fake News 1.6%
Protección de menores 14.3%
Reputación y honor 4.8%
Moderación de contenidos 4.8%

27/06

El Gobierno lanzó una campaña para que sea obligatoria la matrícula nacional de periodistas y dio marcha atrás. El Ministerio de Capital Humano fue ojo del huracán del debate público al haber lanzado una campaña cuyo slogan era: «Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social», agregando que “la inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria y se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas más abajo, salvo las excepciones expresamente señaladas en la presente Ley Nº 12.908. 

Pese a la publicación, tiempo después la cuenta de X de Capital Humano eliminó la publicación. Lo mismo se hizo con el sitio oficial del Gobierno donde se podía tramitar y se indicaba dicha obligación. Sin embargo, desde la cartera de Capital Humano explicaron al medio periodístico PERFIL que no es un trámite obligatorio, a la par que precisaron que se trata de un servicio que ya existía y que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). 

LIBERTAD DE PRENSA

25/05

Propuesta tiene como objetivo tipificar la creación y circulación de «noticias falsas». El 24.05, la diputada Erika Kokay (PT/DF) presentó el proyecto de ley n.º 2051/2024, que modifica el Código Penal (Decreto-Ley n.º 2.848/1940) y el Marco Civil de Internet (Ley n.º 12.965/2014) para tipificar la creación y circulación de noticias falsas que distorsionen temas vinculados a intereses públicos relevantes, incluyendo educación, medio ambiente, salud, seguridad pública y economía nacional. En el ámbito del Código Penal, el proyecto define «noticia falsa» como materiales textuales y audiovisuales que intencionalmente tengan el potencial de alterar la percepción sobre hechos y eventos. El proyecto de ley propone tipificar la conducta de «creación, divulgación o compartición de noticias falsas» en sí misma, con aumento de la pena en los casos en que estas noticias tengan contenido político, ideológico, religioso, estén relacionadas con contextos de emergencia o calamidad pública, o puedan poner en riesgo la vida o la salud de terceros. 

En cuanto al Marco Civil de Internet, el proyecto incluye, entre otras disposiciones, la misma definición de noticias falsas mencionada, así como obligaciones para los proveedores de conexión, como facilitar medios para denunciar contenido y remover el contenido denunciado que viole las políticas de uso de las plataformas. En su justificación, la diputada ejemplifica la relevancia del proyecto con el contexto de las tragedias de las inundaciones en Rio Grande do Sul, que han sido objeto de desinformación, afectando las operaciones de rescate como consecuencia.

FAKE NEWS DESINFORMACIÓN

27/05

Juez condena a la Unión a indemnizar por el bloqueo prolongado de Instagram. El 27.05, el juez José Jácomo Gimenes, del 1er Juzgado Federal de Maringá de la Justicia Federal de Paraná, condenó a la Unión a indemnizar a un político por la demora en la reactivación de su perfil en Instagram. Según la decisión, el autor de la acción era diputado estatal y sus redes sociales fueron bloqueadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en noviembre de 2022. Los bloqueos habrían ocurrido por una publicación en la que el político divulgaba el lugar donde estarían los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), con la frase “Oportunidad imperdible” en la publicación. En diciembre de 2022, el STF, en una decisión emitida por el ministro Alexandre de Moraes, ordenó la reactivación de los perfiles del político en diferentes redes sociales; sin embargo, Instagram no fue mencionado. El desbloqueo del perfil de Instagram solo ocurrió en mayo del año siguiente. La decisión del juez Gimenes no identificó error judicial en el bloqueo de las redes sociales, pero señaló un error procedimental del STF por la demora en desbloquear el perfil de Instagram del diputado. Debido a la demora injustificada, el juez determinó que la Unión debe pagar R$20.000,00 al político, por los daños morales causados al autor de la acción.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS 

TRE-MS multa a precandidato a la alcaldía por uso de deepfake contra el alcalde. La jueza electoral Laisa de Oliveira Ferneda Marcolini, de la 38ª Zona Electoral de Costa Rica del Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), multó a los opositores del alcalde de Costa Rica-MS por el uso de deepfake. La representación contra Waldeli dos Santos Rosa, precandidato a la alcaldía de Costa Rica, y Matheus da Silva Vaz, colaborador de Waldeli, fue presentada por la Comisión Provisional del Partido Progresista (PP) de Costa Rica debido a un video que utilizaba inteligencia artificial para crear un video falso contra el alcalde de la ciudad, Cleverson Alves dos Santos (PP/MS). En el video manipulado por IA, el alcalde hacía una declaración en la que comparaba a la población de Costa Rica con perros. La acción solicitaba la retirada inmediata del video, una retractación pública y el pago de una multa por parte de los opositores por propaganda electoral anticipada. La jueza consideró que los representados utilizaron el deepfake para hacer propaganda electoral anticipada con el fin de perjudicar al actual alcalde, ordenando la retirada del video y estableciendo multas, aumentadas por la reincidencia de los hombres, de R$10.000,00 para Waldeli y R$5.000,00 para Matheus.

FAKE NEWS

04/06

Meta es condenada a restablecer cuentas comerciales y a indemnizar a una usuaria. El magistrado Júlio Ribeiro, del 6º Juzgado Especial Civil de Brasilia (TJDFT), condenó a Meta a pagar R$ 2 mil por daños morales a una usuaria que tuvo tres cuentas comerciales eliminadas en Facebook e Instagram. Además, la sentencia determinó el restablecimiento de los perfiles. Según los autos, la usuaria utiliza las redes sociales para divulgar su empresa dedicada a la reconstrucción mamaria de víctimas de cáncer o de procedimientos estéticos mal realizados. Ocurre que, en enero de 2024, Meta desactivó sus perfiles bajo la justificación de que las cuentas estarían difundiendo contenido de desnudez. En el proceso, Meta alegó que puede limitar y restringir determinadas publicaciones de acuerdo con los términos y servicios de sus plataformas. Sin embargo, la sentencia entendió que las alegaciones de Meta fueron genéricas, de modo que no se detallaron las publicaciones de la usuaria que infringieron las normas de la plataforma. Además, el juez señaló que las imágenes difundidas no constituyen contenido erótico o de desnudez que viole los términos, políticas y estándares de la comunidad de las redes sociales de Meta.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS

05/06

Presidente de la Cámara de Diputados crea grupo de trabajo para proponer nuevo texto para el proyecto de regulación de plataformas. El 05.06, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP/AL), estableció el grupo de trabajo para el análisis del proyecto de ley n.º 2630/2020, conocido popularmente como «PL das Fake News», que tiene como objetivo regular las actividades de los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada. La propuesta de creación del grupo fue anunciada el 09.04, después de que el presidente de la Cámara indicara que el texto del proyecto en su forma actual ha pasado por varios intentos de votación, con diferentes subdivisiones del texto, sin éxito; además de considerar que «ha sido objeto de polémicas y muchas narrativas han obstaculizado la evaluación de la propuesta por parte de los parlamentarios«. El grupo de trabajo tiene como objetivo presentar una versión más «madura» de la propuesta. Con 20 parlamentarios en su composición, el grupo debe presentar los resultados de este análisis y el nuevo texto en 90 días.

FAKE NEWS DESINFORMACIÓN

07/06

PL sobre la regulación de IA pasa por cambios y los parlamentarios debaten ajustes con representantes de diversos sectores en el Pleno del Senado. El relator del proyecto de marco legal para la Inteligencia Artificial (PL nº 2338/2023), el senador Eduardo Gomes (PL/TO), presentó un nuevo sustituto que será analizado como dictamen final de la comisión temporal responsable del tema en el Senado. Entre los ajustes realizados en la propuesta está la delimitación de la competencia de las agencias reguladoras en sus respectivas áreas de actuación. El nuevo documento propone la creación de un Sistema Nacional de Regulación y Gobernanza de Inteligencia Artificial (SIA), ya previsto en la versión anterior, con una autoridad competente central, que será designada por el Poder Ejecutivo Federal, para “garantizar la fiscalización, la regulación y el buen funcionamiento del sector o actividad económica, conforme a su competencia legal”. Entre los cambios, destaca la eliminación del apartado que permitía el uso de armas letales autónomas, es decir, con independencia de elección sin necesidad de intervención humana. También se excluyó la parte del texto que considera «altamente riesgosa» la evaluación de crédito realizada por IA. Además, se mantuvo la autorización para el uso de sistemas de identificación biométrica a distancia en el ámbito de actividades de seguridad pública. Al SIA le corresponderá la regulación de la lista de funcionalidades de IA de alto riesgo, así como la clasificación de nuevas hipótesis, bajo la observancia de diferentes criterios y de un procedimiento regulatorio que garantice la participación social. El 11.06, se realizó una sesión temática en el Pleno del Senado para debatir sobre el nuevo texto de la propuesta de marco legal. Las manifestaciones de especialistas y representantes de diferentes sectores (público, privado, jurídico y académico) indicaron el reconocimiento de avances en algunos puntos del texto en relación con la versión anterior; sin embargo, destacaron que se necesitan ajustes. El relator del PL señaló durante la sesión que considera la posibilidad de mejoras, pero también defendió que esto no obstaculice el progreso del proyecto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

18/06

Proyecto propone responsabilizar a las plataformas por daños causados por anuncios falsos en redes sociales. El senador Carlos Viana (Podemos/MG) presentó el proyecto de ley nº 2431/2024, que establece normas sobre la responsabilidad de los proveedores por anuncios falsos publicados en sus plataformas. El proyecto impone obligaciones a las redes sociales que tengan más de 2 millones de usuarios brasileños registrados. Se establece como deber de las plataformas «prevenir, mitigar, prohibir y suspender» el funcionamiento de cuentas falsas y la difusión de anuncios falsos. En caso de incumplimiento de estos deberes, el proyecto establece la responsabilidad solidaria del proveedor de la red social por el daño eventualmente causado por el anuncio falso, excluyendo la aplicación del artículo 19 del Marco Civil de Internet (Ley nº 12.965/2014), que prevé la responsabilidad de las plataformas solo después de una orden judicial. En su justificación, el senador menciona ejemplos de publicidades engañosas y defiende la necesidad de una «intervención firme que también responsabilice a los proveedores de redes sociales».

DESINFORMACIÓN FAKE NEWS

27/06

La Justicia Federal suspende contenidos que incitan a la violencia policial. La 27ª Vara Federal de Río de Janeiro decidió que Google debe suspender la disponibilidad de contenidos específicos transmitidos por policías en programas de podcast y videocast en YouTube, por difundir discursos de odio e incitar a la violencia policial. La decisión provisional afirma que las publicaciones que deben ser suspendidas «constituyen contenido inapropiado, al parecer violando derechos humanos de diversas índoles«. Por lo tanto, afirma que la suspensión no viola la libertad de expresión de los acusados, ya que «el material electrónico explicita violencia con un trasfondo discriminatorio de carácter social, cultural, étnico y económico«. La decisión surge de una Acción Civil Pública iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) contra los creadores de los videos, el Estado de Río de Janeiro y Google, que aloja los contenidos en su plataforma YouTube. Los demandantes solicitan la eliminación de los contenidos y requieren que la Secretaría de Estado de Policía Militar establezca un reglamento sobre «el discurso de odio o peligroso por parte de los miembros de esa corporación, así como tome medidas disciplinarias con respecto a los casos mencionados aquí.» La medida provisional ha aceptado parcialmente las peticiones, que deberán ser completamente consideradas en un juicio posterior de la acción.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS 

18/06

Se archivó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 241/22 S  366/24 C. En principio, este proyecto buscaba prevenir y sancionar la violencia digital de género. Sin embargo, varios organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra del proyecto. Entre otras cosas, argumentaron que el proyecto dificultaba el acceso a la justicia y afectaba la libertad de expresión. En efecto, el proyecto proponía crear un delito que castigaba a quien difunda contenidos «íntimos» sin autorización. No obstante, la redacción del artículo era tan amplia y ambigua que podría terminar afectando la libertad de expresión. El proyecto se archivó a pesar de que sólo le faltaba un debate.

VIOLENCIA DE GÉNERO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

27/06

Fue asesinado en Tibú, Norte de Santander, el periodista Jorge Méndez. Méndez era el administrador del sitio «La Gabarra con una mirada diferente», en la que difundía información sobre de La Gabarra y otros municipios cercanos. Este es el cuarto homicidio de un periodista en Colombia en lo que va del año. De acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta cifra no se alcanzaba desde 2003.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS LIBERTAD DE PRENSA

21/06

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un balance del cierre de la legislatura en relación con los proyectos de ley relacionados con temas políticos-electorales. Según la MOE, de los 57 proyectos discutidos, sólo 6 fueron aprobados (es decir, 72% se archivaron). Sin embargo, destacó la aprobación de una ley para la transparencia y rendición de cuentas por parte de congresistas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

27/05

La organización Artículo 19 dio a conocer que el 17 de mayo del mismo año el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó el amparo 1545/2023, derivado de la decisión de la CNDH de eliminar de su página web la Recomendación 26/2006 relativa al caso y posteriormente publicar una versión testada de la misma. La decisión tiene un impacto relevante, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eliminó de su página 2,540 recomendaciones y testó la información.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

23/05

La organización R3D dio a conocer que el Gobierno de Chihuahua decidió reservar la información técnica sobre la Plataforma Centinela, la cual tiene como propósito la instalación de una red de 3 mil cámaras de seguridad con movimiento, 4 mil cámaras fijas, 102 arcos de identificación vehicular, vigilancia aérea con drones, 40 remolques de videovigilancia móvil y la construcción de un centro de mando, la Torre Centinela, en los que se incluirá la instalación de filtros de reconocimiento facial para las imágenes recabadas por las cámaras de vigilancia, así como otros sistemas de reconocimiento mediante biométricos.

PRIVACIDAD

30/05

Las organizaciones Artículo 19 y R3D condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por determinar la validez de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal, ante las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó su decisión de 6 votos contra 5 decretando la validez del mecanismo de aviso y retirada que obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar cualquier contenido o publicación que haya sido acusada de violar los derechos de autor sin que exista prueba alguna de la infracción o una decisión administrativa o judicial al respecto, ello porque a criterio del máximo tribunal la existencia de sanciones, y un contraaviso permiten restaurar el material removido. Por otro parte, también cuestionaron que en esta misma decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara que resulta ilegal y hasta delito el desarrollar herramientas u ofrecer servicios para que la elusión legal pueda llevarse a cabo.

DERECHOS DE AUTOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN

08/06

Las organizaciones Artículo 19, Amnistía Internacional y el Comité para Protección a Periodistas condenaron la amenaza de elementos de la Procuraduría de Tlaxcala en contra del director del Periódico La Prensa de Tlaxcala ocurrida el 4 de junio del mismo año. Las organizaciones resaltaron que el periodista es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La amenaza fue de un sujeto que sacó medio cuerpo de su vehículo empuñando una pistola, quien posteriormente se identificó como policía de investigación, y resultó ser el hermano de otro servidor público que apareció en una nota periodística acusado de extersión. De conformidad con registros de las organizaciones antes mencionadas, el periodista ha recibido otras amenazas, siendo las más reciente en mayo de 2024 y en septiembre de 2023. Por lo anterior, las organizaciones exigieron a la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala inicien la investigación correspondiente por las amenazas contra el periodista; al Mecanismo de Protección Federal a garantizar la eficacia de las medidas de protección del periodista, y a las autoridades del Estado de Tlaxcala para que reconozcan la importancia de la labor periodística.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS LIBERTAD DE PRENSA

La organización Artículo 19, cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomada el 6 de junio, al desestimar la Acción de Inconstitucionalidad 190/2023 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el delito de “Halconeo” en el Estado de Aguascalientes al decidir no declarar su inconstitucionalidad. El delito de halconeo entró en vigor en el Estado de Aguascalientes el 8 de agosto de 2023. Es de resaltar que el ministro ponente propuso declarar la invalidez del delito siguiendo los criterios en casos similares en Chiapas, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo, no obstante lo anterior, cuatro ministros(as) decidieron desestimar la acción de inconstitucionalidad. La organización exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decidir los casos de libertad de expresión con base en los más altos estándares en materia de libertad de expresión y a los congresos locales a derogar las normativas de halconeo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

14/06

Las organizaciones Artículo 19 y la Red de Periodista de Puebla expresaron su preocupación por el bloque informativo que sufrieron las periodistas de los medios de Contextos Noticias, y Diario Cambio por pobladores de San Jerónimo Coyula el 11 de junio de 2024. Las periodistas estaban cubriendo la detención comunitaria de cuatro personas que habían perpetrado un robo y reportes de posible linchamiento. Por lo anterior, las organizaciones antes mencionadas hicieron un llamado al Gobierno Municipal de Atlixco y al Gobierno del Estado de Puebla para generar medidas de prevención y protección a la prensa, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla a gestionar medidas para salvaguardar la integridad de las y los periodistas.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

21/06

La organización Artículo 19 condenó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México en el caso del periodista Humberto Padgett, porque le informaron que enviarían la carpeta de investigación en la que es víctima está en el archivo desde 2022 sin que se le hubiese informado y se le detuvo por insultos a la autoridad. Además, un día antes, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México tomó fotos del periodista sin su consentimiento. Por lo anterior, la organización exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha respetar los derechos de las víctimas y acatar la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y mantener activa la investigación del caso en el que está vinculado el periodista como víctima. Y, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México a investigar al personal responsable por la toma de fotografías al periodista sin su consentimiento.

LIBERTAD DE PRENSA

31/05

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó que periodistas de diversos medios de comunicación fueron encerrados en una sala durante la cobertura de un simulacro en el que participaba la presidenta Dina Boluarte. Los periodistas transmitieron desde detrás de un vidrio y tuvieron que esperar a que la mandataria se retirara para tomar declaraciones. La ANP condenó esta acción como una traba a la cobertura y un maltrato a los periodistas, afectando el derecho a la información.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

04/06

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) reportó que periodistas de varios medios que acudieron a cubrir actividades de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Educación en el distrito de La Molina, fueron acordonados en un estrado para evitar preguntas a la mandataria. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que, como parte de un protocolo de seguridad, la prensa estuvo impedida de salir del estrado mientras la presidenta estaba presente. IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron estas prácticas, calificándolas como obstáculos para la labor periodística que restringen el acceso a información pública.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

12/06

La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó un predictamen para modificar el Decreto Legislativo 829, que regula el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), añadiendo un representante del Congreso en su Consejo Directivo. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtieron que esto podría comprometer la autonomía del IRTP al permitir interferencias políticas en sus contenidos. El asesor jurídico del IPYS señaló que la medida es inconstitucional y contraviene el Artículo 92 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas ocupar otros cargos durante las horas de funcionamiento del Congreso.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

18/06

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó de atentatorio contra la libertad de expresión el predictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que prohíbe el activismo político de organizaciones civiles que reciben fondos de cooperación internacional, entre otros propósitos. Según el IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión necesitan propiciar cambios políticos y normativos para cumplir su misión, y el predictamen no solo impediría que las asociaciones civiles contraten con el Estado o participen en el debate de políticas públicas, sino que también afectaría gravemente su autonomía.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El micro noticiero La Encerrona difundió un audio en el que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pide «controlar» al periodista Marco Sifuentes para evitar críticas sobre su gestión. La Encerrona señaló que el audio es del 17 de mayo, cuando el ministro asumió el cargo. Santiváñez, negó que la voz sea suya y advirtió que  los medios estarían incurriendo en delitos de difamación. IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazaron las expresiones del ministro y exigieron investigar las supuestas órdenes de seguimiento.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN