02/03

Se presentó el proyecto de ley n.º 846/2026, de autoría del senador Marcio Bittar (PL/AC), por el que se promulga la Ley de Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Sector Público. La propuesta establece normas para el uso ético, transparente y auditable de los sistemas de inteligencia artificial por parte de los organismos de la administración pública. En concreto, el texto determina que los sistemas de IA utilizados por los poderes públicos deberán respetar los derechos fundamentales, garantizar la transparencia y la explicabilidad de las decisiones automatizadas y permitir la supervisión humana. También exige la elaboración de Informes de Impacto Algorítmico, que deberán elaborarse antes de la implementación de sistemas que puedan afectar a los derechos fundamentales. Además, el proyecto prohíbe el uso de la IA para la manipulación de la opinión pública, la censura, el control ideológico o cualquier forma de restricción indebida de la libertad de expresión, así como la adopción de sistemas de clasificación y puntuación social, previendo sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Cabe destacar que se está tramitando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley n.º 2.338/2023, que también aborda, entre otros temas, el uso de la IA por parte de los poderes públicos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

02/03

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aprobó una resolución que modifica las normas sobre la propaganda electoral e introduce nuevas disposiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en las elecciones de 2026. El TSE, mediante la Instrucción n.º 0600751-65.2019.6.00.0000, aprobó la Resolución 23.755/2026, que modifica la Resolución n.º 23.610/2019, la cual regula la propaganda electoral. Entre los principales cambios, la norma prohíbe que los sistemas de inteligencia artificial de las plataformas clasifiquen, recomienden, sugieran o den prioridad a candidaturas, campañas, partidos políticos, federaciones o coaliciones, así como que emitan opiniones o indiquen preferencias electorales. Otra modificación establece que los nuevos contenidos sintéticos generados o alterados por IA que utilicen imágenes, voces o declaraciones de candidatos o figuras públicas no podrán circular en las 72 horas anteriores y en las 24 horas posteriores a la finalización de las elecciones, aunque estén debidamente etiquetados. La resolución también prevé la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando, siendo conscientes de la irregularidad, no eliminen contenidos generados por inteligencia artificial que incumplan las normas de etiquetado, reproduzcan contenidos ya eliminados por orden de la Justicia Electoral o mantengan publicaciones que constituyan violencia política contra la mujer.

ELECTORAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL

03/03 

El ministro Flávio Dino, del Tribunal Supremo Federal (STF), suspendió la resolución del Tribunal Superior de Justicia (STJ) que había ordenado la retirada y la prohibición de la difusión de un documental que se iba a emitir en streaming sobre el grupo religioso Heraldos del Evangelio. Las reclamaciones n.º 90.822 y n.º 90.982 se presentaron a raíz de la decisión del STJ que estimó la solicitud formulada por miembros de la organización, quienes pretendían impedir la difusión de la serie documental, alegando que la obra utilizaría información procedente de una investigación confidencial llevada a cabo por el Ministerio Público. En el transcurso del proceso, el STJ ordenó la retirada de contenidos y prohibió nuevas divulgaciones relacionadas con el documental. Al analizar las reclamaciones, el ministro Flávio Dino consideró que la decisión impugnada contravenía la jurisprudencia del STF, que prohíbe la censura previa y garantiza una amplia protección de la libertad de expresión y de prensa. Según el ponente, el uso de elementos relacionados con investigaciones confidenciales no autoriza la prohibición anticipada de la obra periodística o audiovisual. Así, el ministro anuló la decisión del STJ y permitió la proyección del documental, manteniendo únicamente la prohibición de divulgar documentos procesales efectivamente protegidos por el secreto de justicia.

CONTENIDOS DIGITALES ACCESO A LA INFORMACIÓN LIBERTAD DE PRENSA

03/03

El juez Fábio Aparecido Tironi, del Juzgado 1.º de Menores de la Comarca de Sorocaba (SP), condenó a un influencer y a varias plataformas digitales al pago de R$500.000 por daños morales colectivos tras la publicación de vídeos en los que se abordaba y se exponía en redes sociales a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. En este caso, el influencer entrevistaba a niños y adolescentes que trabajaban en los semáforos vendiendo comida y difundía información como su imagen, nombre y edad, además de presentar sus historias personales al público. Según la resolución, la producción y difusión de estos contenidos se llevó a cabo sin medidas adecuadas para proteger la identidad de los jóvenes. La sentencia ordenó la retirada de los vídeos de las plataformas, prohibió al influencer producir nuevos contenidos similares y ordenó la devolución de unos R$950.000 obtenidos con las publicaciones. Al fundamentar la decisión, el juez destacó que el uso de la imagen de niños en situación de vulnerabilidad con fines de captación de seguidores o monetización viola su dignidad y contraviene el principio del interés superior del niño. También subrayó que, en los casos que afectan a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, la protección integral prevista en la Constitución Federal prevalece sobre las limitaciones de responsabilidad previstas en el Marco Civil de Internet.

PROTECCIÓN DE MENORES CONTENIDOS DIGITALES

10/03

Se presentó el proyecto de ley n.º 1.087/2026, promovido por el diputado federal Amom Mandel (CIDADANIA/AM), que modifica el Código Penal para tipificar como delito la incitación a la violencia o la discriminación contra las mujeres a través de contenidos misóginos organizados, incluso en entornos digitales. En concreto, el proyecto crea el artículo 147-C del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa para quienes inciten, estimulen u organicen discursos que fomenten la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra las mujeres, o que promuevan su menosprecio con el objetivo de legitimar la exclusión o la subyugación. La pena podrá agravarse cuando la conducta se produzca a través de redes sociales o plataformas digitales de amplia difusión. Según la exposición de motivos, la propuesta pretende hacer frente a las comunidades y contenidos misóginos organizados en internet que traspasen el ámbito de la opinión para incitar a comportamientos violentos o prácticas delictivas contra las mujeres, reforzando los instrumentos legales de prevención y responsabilización.

PLATAFORMAS DIGITALES DISCURSO DE ODIO

10/03

El ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), ordenó el archivo de la investigación n.º 4.957, abierta para esclarecer posibles conductas del empresario Elon Musk relacionadas con el funcionamiento de la red social X en Brasil. La investigación se había iniciado para esclarecer posibles delitos como obstrucción a la justicia e incitación al delito, a partir de sospechas de incumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con el bloqueo de perfiles en la plataforma. Tras la realización de diligencias y el análisis de la información facilitada por la empresa, la Fiscalía General de la República se pronunció a favor del archivo de la investigación, señalando la ausencia de elementos que indicaran un comportamiento doloso por parte de la plataforma o de sus representantes en el incumplimiento de las órdenes judiciales. Al aceptar la solicitud, el ponente destacó que, en el sistema acusatorio brasileño, corresponde al Ministerio Público evaluar la existencia de causa justificada para la interposición de la acción penal, razón por la cual la solicitud de archivo debe ser atendida en ausencia de base probatoria suficiente para presentar una denuncia.

PLATAFORMAS DIGITALES RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

10/03

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) solicitó aclaraciones a TikTok sobre la tendencia “si ella dice que no”, en la que los hombres simulan agresiones físicas contra maniquíes femeninos tras haber sido supuestamente rechazados sentimentalmente. En concreto, el MJSP solicita información sobre las medidas adoptadas por la plataforma para frenar la difusión de contenidos violentos asociados a esta tendencia misógina. La notificación establece un plazo de cinco días para que se faciliten aclaraciones sobre el funcionamiento de los sistemas automatizados de moderación y recomendación de contenidos, los mecanismos de revisión humana y el seguimiento de tendencias. Además, la plataforma debe informar de si los perfiles se han monetizado gracias al alcance generado. La notificación señala que la difusión masiva de este tipo de contenido puede constituir un fallo sistémico. Por último, el documento destaca que los proveedores de aplicaciones tienen la obligación de retirar los contenidos que propaguen discursos de odio contra las mujeres, bajo pena de responsabilidad civil, de conformidad con una reciente decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) que declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet.

VIOLENCIA DE GÉNERO PLATAFORMAS DIGITALES RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

11/03

Se presentó el proyecto de ley n.º 1103/2026, de autoría del diputado federal Waldemar Oliveira (AVANTE/PE), que propone prohibir la distribución o reproducción de fonogramas y obras audiovisuales que hagan apología de delitos contra la dignidad sexual, del tráfico ilícito de drogas, de la violencia contra las mujeres o que menosprecien la imagen femenina. La propuesta establece que los compositores, productores o intérpretes deberán someter previamente las obras a un procedimiento administrativo de verificación por parte de un órgano del Poder Ejecutivo federal, encargado de autorizar su distribución o reproducción tras analizar su conformidad con las normas previstas en la ley. El texto también prevé que la prohibición se aplique a los contenidos generados parcial o totalmente por sistemas de inteligencia artificial generativa. Según la exposición de motivos, la medida busca reducir la normalización social de prácticas delictivas y de contenidos que inciten a la violencia o a la discriminación de género en medios de gran difusión.

APOLOGÍA

17/03

Según el sitio web Migalhas, el magistrado Raúl Araújo, de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia (STJ), estimó un recurso especial para reconocer la legalidad de la eliminación de canales de YouTube que reproducían fragmentos de retransmisiones deportivas sin autorización. En este caso, el demandante mantenía canales en la plataforma con vídeos en los que comentaba partidos de fútbol, utilizando imágenes extraídas de retransmisiones televisivas, y sus cuentas fueron eliminadas tras las notificaciones de infracción de derechos de autor presentadas por terceros. El Tribunal de Justicia de São Paulo había ordenado la reactivación de los canales, pero el STJ revocó la decisión al considerar que la eliminación fue legítima, ya que estaba amparada por la legislación sobre derechos de autor y las normas contractuales de la plataforma. El ponente, el magistrado Raul Araújo, destacó que los proveedores pueden eliminar contenidos basándose en sus condiciones de uso, como parte de su actividad de cumplimiento normativo, siempre que no haya abuso, y que el Marco Civil de Internet no impide la retirada de contenidos ilícitos o que violen los derechos de terceros.

PLATAFORMAS DIGITALES DERECHOS DE AUTOR