16/04

El juez Ricardo Augusto Salge, de la 1.ª Unidad Jurisdiccional de la Comarca de Uberlândia, condenó a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. por incumplimiento en la prestación del servicio, al permitirse la existencia de perfiles falsos en WhatsApp utilizados para estafar a clientes de un bufete de abogados. En el caso, los demandantes alegaron que terceros comenzaron a utilizar indebidamente sus nombres, imágenes y logotipo para dirigirse a clientes con información real sobre procesos judiciales, lo que confería una apariencia de legitimidad a los fraudes. Al analizar la controversia, el tribunal entendió que, aunque la creación inicial de las cuentas fraudulentas se debiera a un acto de terceros, la responsabilidad de la plataforma surge cuando, tras ser informada de las irregularidades, permanece inactiva y no adopta medidas eficaces para la eliminación de los perfiles. Así, se ordenó la eliminación definitiva de las cuentas indicadas y se fijó una indemnización por daños morales de R$ 4 000 para cada demandante, debido al perjuicio a la reputación profesional causado por la asociación indebida de sus imágenes con prácticas delictivas.

DERECHO DEL CONSUMIDOR RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS PLATAFORMAS DIGITALES

21/04

La magistrada Gisele Lemke, del Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR), dictó medidas cautelares en una serie de demandas interpuestas por la Dirección Estatal del Partido Novo contra sitios web de noticias, empresas de comunicación, perfiles en redes sociales y usuarios, a causa de publicaciones que afirmaban o sugerían la inelegibilidad del exfiscal Deltan Dallagnol. Las demandas sostienen que los contenidos, aunque basados en un certificado del Tribunal Superior Electoral, sobrepasaban el carácter meramente informativo al presentar como definitiva una situación jurídica aún sujeta a análisis en futuros procedimientos, con el potencial de inducir a error al electorado y afectar a la igualdad de armas en el período preelectoral. En la misma línea, la magistrada ya había decidido, el 15.04, la retirada de publicaciones atribuidas a la diputada Gleisi Hoffmann (PT/PR), que también mencionaban la inelegibilidad del precandidato. Al examinar las solicitudes, la magistrada destacó que la actuación de la Justicia Electoral debe ser excepcional, pero entendió, en una resolución preliminar, que el tono tajante de las publicaciones, al tratar la inelegibilidad como un hecho consumado, puede constituir la difusión de información falsa o sacada de contexto, susceptible de comprometer la regularidad del debate electoral, por lo que ordenó la retirada de los contenidos y la prohibición de nuevas difusiones en términos equivalentes.

DESINFORMACIÓN FAKE NEWS ELECTORAL

27/04 

Se presentó el proyecto de ley n.º 2002/2026, de autoría del diputado federal João Daniel (PT/SE), que establece normas generales sobre identidad digital, identificación responsable, secreto legítimo y seudonimato, con el fin de conciliar la prohibición constitucional del anonimato con la protección de la intimidad, la libertad de expresión, el secreto profesional y la protección de datos personales. La propuesta establece el modelo de identificación bajo custodia, que consiste en el uso de sistemas públicos o privados de identidad digital en comunicaciones clasificadas como de riesgo calificado. Para esta clasificación, el texto distingue entre comunicaciones de bajo y alto riesgo basándose en criterios como el potencial de influencia, el impacto sobre terceros, el uso de inteligencia artificial y la relevancia pública. Además, el proyecto prevé la protección de denunciantes, periodistas y fuentes, combate prácticas como el doxxing y la manipulación de la información, y establece obligaciones para las plataformas. El texto también prohíbe la censura previa, la vigilancia masiva y la creación de un registro nacional de usuarios, dando prioridad a la responsabilidad a posteriori y a la proporcionalidad regulatoria.

DERECHO A LA PRIVACIDAD PLATAFORMAS DIGITALES

28/04

Se presentó el proyecto de ley n.º 2034/2026, de autoría de la diputada federal Camila Jara (PT/MS), que propone la obligatoriedad de que los proveedores de redes sociales implementen un mecanismo de verificación colaborativa de los hechos. La propuesta establece que las plataformas con más de 10 millones de usuarios en Brasil implementen sistemas que permitan a los propios usuarios señalar contenidos potencialmente engañosos y añadir notas con contexto y fuentes externas. Estas contribuciones deberán ser evaluadas por otros participantes con diferentes perspectivas y solo se mostrarán públicamente cuando haya suficiente consenso sobre su utilidad. El texto también define qué se entiende por red social a efectos de la ley y prevé la imposición de multas, de conformidad con el Marco Civil de Internet, en caso de incumplimiento.

PLATAFORMAS DIGITALES DESINFORMACIÓN FAKE NEWS

28/04

Se presentó el proyecto de ley n.º 2017/2026, elaborado por el diputado federal Daniel Barbosa (PP/AL), que regula la responsabilidad civil y administrativa derivada de la producción, monetización y difusión de contenidos misóginos en aplicaciones de Internet. La propuesta prevé que las personas físicas o jurídicas que produzcan este tipo de contenido estarán sujetas a la desmonetización, la suspensión de los ingresos del perfil o canal, la prohibición de promocionar y/o la pérdida de las ganancias obtenidas con este tipo de contenido. Además, el texto establece que los proveedores deben poner a disposición mecanismos de denuncia, procedimientos de moderación y garantías procesales, así como informes periódicos de transparencia, en caso de que cuenten con un número significativo de usuarios en el país. En caso de incumplimiento, la propuesta prevé sanciones, como multas y la suspensión temporal de las actividades.

DISCURSO DE ODIO PLATAFORMAS DIGITALES VIOLENCIA DE GÉNERO

28/04

El Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI) estableció, mediante la Orden Ministerial n.º 3.485, una política para el desarrollo, la adquisición y el uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en el ámbito del propio ministerio y de los organismos que utilizan servicios compartidos de la cartera, como ColaboraGov. La norma exige el cumplimiento de principios como la transparencia, la protección de datos, la supervisión humana y la mitigación de riesgos, así como la conformidad con la legislación vigente, especialmente la Ley General de Protección de Datos. Además, impone límites al uso de la IA generativa, que debe restringirse a la información pública y estar sujeta a supervisión humana y rendición de cuentas. El texto también prevé estructuras de gobernanza y la exigencia de formación para los funcionarios, con el fin de equilibrar la innovación con las garantías éticas y legales en el sector público. La política entrará en vigor 60 días después de su publicación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

30/04

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) abrió una consulta pública para recabar aportaciones de la sociedad sobre la Guía orientativa “Proveedores de productos o servicios de tecnología de la información”. La guía tiene como objetivo definir a quién se aplica el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (Ley n.º 15.211/2025), así como la interpretación de los deberes de prevención, protección, información y seguridad previstos en la norma. Las aportaciones a la consulta pública pueden realizarse hasta el 15 de junio a través de la Plataforma Brasil Participativo.

PROTECCIÓN DE MENORES PLATAFORMAS DIGITALES

05/05

Se presentó el proyecto de ley n.º 2.169/2026, de autoría del diputado federal Eduardo Velloso (SOLIDARIEDADE/AC), que establece un aumento de la pena cuando el autor grabe, difunda o comparta imágenes, sonidos o datos relacionados con la práctica delictiva en plataformas digitales, redes sociales o aplicaciones de mensajería, con fines de alarde, intimidación o exposición humillante de la víctima. La medida se aplica a delitos como el homicidio, las lesiones corporales, las amenazas, el hurto, el robo, la extorsión, la violación y la violación de personas vulnerables. El proyecto prevé un aumento de la pena de entre un tercio y dos tercios, pudiendo llegar a duplicarse si la difusión provoca un grave trauma psicológico a la víctima o una amplia repercusión en las redes sociales.

CIBERDELITOS PLATAFORMAS DIGITALES

05/05

El Pleno del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ratificó, por mayoría, la medida cautelar que ordenaba la suspensión del concurso de acceso a la magistratura del Tribunal de Justicia de Tocantins, tras detectar respuestas estandarizadas y carentes de motivación individualizada, con indicios de un uso poco transparente de la inteligencia artificial, en la respuesta a los recursos administrativos interpuestos contra la corrección de la prueba. Según los informes presentados al CNJ, los recursos habrían recibido respuestas idénticas, sin una valoración específica de los argumentos aportados por los diferentes candidatos. El CNJ suspendió el concurso tras constatar que la actuación del tribunal no constituía una mera uniformización de criterios, sino una posible ausencia de análisis individual efectivo de los recursos, en contravención del principio de contradicción administrativa y del deber de motivación. El Colegio determinó que el tribunal de examen vuelva a examinar todos los recursos con una fundamentación explícita y en correlación directa con el modelo de examen. El tribunal deberá también proporcionar información detallada sobre el posible uso de herramientas automatizadas o sistemas de IA en la corrección de los exámenes y en el análisis de los recursos, incluyendo una demostración de los mecanismos de supervisión humana adoptados, de conformidad con la Resolución del CNJ n.º 615/2025.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

06/05

El diputado federal Fábio Teruel (MDB/SP) presentó el proyecto de ley n.º 2.201/2026, cuyo objetivo es instaurar un token de autenticación de edad para acceder a sitios web que ofrecen contenido para adultos. El proyecto crea el Token de Mayoría de Edad Digital (TMD), una credencial criptográfica emitida por la plataforma gov.br basada en el protocolo de «prueba de conocimiento cero». El mecanismo permite acreditar ante terceros que el usuario es mayor de 18 años, sin revelar datos personales identificables, como el nombre, el CPF o la fecha de nacimiento. Se propone que el mecanismo de verificación de edad TMD se utilice en sitios web que ofrezcan material pornográfico o sexualmente explícito a usuarios en Brasil. El proyecto prevé que la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) establezca normas técnicas sobre el sistema en un plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley. Dichas normas incluyen: el protocolo criptográfico del TMD (dando preferencia a estándares abiertos y auditables), requisitos de seguridad de la infraestructura, auditorías independientes periódicas, normas de protección y gestión de datos (anonimización, minimización, retención y eliminación) y criterios para el reconocimiento de métodos alternativos de verificación de la edad.

PORNOGRAFÍA DATOS PERSONALES

08/05

Se presentó el proyecto de ley n.º 2.273/2026, de autoría de la diputada federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP), que establece la Ley María da Penha Digital, destinada a combatir la violencia de género ejercida en entornos digitales. La propuesta complementa la Ley Maria da Penha, definiendo como violencia de género digital las conductas perpetradas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos, plataformas digitales, inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos que causen daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o moral a la mujer por razón de su género. El proyecto establece obligaciones para los proveedores de redes sociales, como el deber de retirar, en un plazo razonable, los contenidos de violencia digital de género cuando sean identificados por el proveedor o mediante notificación de la víctima, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública o de entidades de defensa de los derechos de las mujeres. La propuesta también prevé medidas de transparencia y garantías procesales en la moderación de contenidos, además de supuestos de responsabilidad civil de los proveedores de redes sociales por los daños derivados de contenidos generados por terceros.

VIOLENCIA DE GÉNERO PLATAFORMAS DIGITALES

12/05

El juez Luiz Carlos de Araujo Santos Junior, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Parauapebas del Tribunal Regional de lo Social de la 8.ª Región, condenó solidariamente a dos abogadas al pago de una multa por intento de manipulación de una herramienta de inteligencia artificial utilizada por el poder judicial. La sanción se impuso tras la identificación, por parte del sistema de inteligencia artificial Galileu, de un comando oculto (técnica conocida como «prompt injection») insertado en la demanda inicial de un recurso laboral. El comando indicaba a los sistemas de IA que contestaran a la demanda de forma superficial, sin impugnar los documentos presentados, independientemente de cualquier instrucción en contrario. El texto estaba redactado en letra blanca sobre fondo blanco, lo que lo hacía invisible para el lector humano. En la resolución, el magistrado consideró que la conducta excede el ejercicio habitual de la abogacía, constituyendo un ataque a la integridad jurisdiccional, circunstancia que excluye la inmunidad profesional prevista en el Código de Procedimiento Civil. Además de la multa de 842 000 reales, el caso fue remitido para investigación disciplinaria al Colegio de Abogados de Brasil y a la Inspección General.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL