PROYECTO DE LEY 202 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se reforma la gestión del derecho de autor y los derechos conexos y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DE LA GESTIÓN COLECTIVA Y OTRAS  FORMAS DE ASOCIACIÓN

CAPÍTULO I

De las diferentes formas de gestión  de derecho de autor y conexos

Artículo 1°. Ejercicio del derecho de autor y conexos. Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos solamente podrán gestionar sus derechos patrimoniales de manera colectiva, individual, o a través de otras formas de asociación.

Artículo 2°. Gestión colectiva. Se entenderá por gestión colectiva del derecho de autor o los derechos conexos, la desarrollada por una sociedad de gestión colectiva en representación de una pluralidad de titulares de derechos, para ejercer frente a terceros los derechos exclusivos o de remuneración que a sus afilados o representados correspondan con ocasión del uso de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.

Parágrafo. Cuando un titular opte por gestionar cualquier derecho patrimonial a través de una sociedad de gestión colectiva, no podrá ejercer tal derecho de manera individual o a través de otra forma de asociación a menos que revoque de manera previa y expresa el mandato otorgado en favor de aquella.

Artículo 3°. Gestión individual. Se entenderá por gestión individual la que realice directamente el propio titular respecto de un derecho de autor o conexo, cuyo ejercicio no se haya delegado en una sociedad de gestión colectiva o en otra forma de asociación.

Artículo 4°. Gestión a través de otras formas de asociación. Se entenderá por gestión a través de otras formas de asociación aquella que realiza un grupo de titulares de derecho de autor o conexos, que no se encuentran afiliados a ninguna sociedad de gestión colectiva y optan por constituir una persona jurídica sin ánimo de lucro diferente a una sociedad de gestión colectiva para gestionar sus derechos patrimoniales de autor o conexos.

La forma asociativa de que trata el presente artículo deberá representar, directa o indirectamente, a mínimo cinco (5) y máximo veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos. Será nula de pleno derecho la forma asociativa que se constituya o represente menos de cinco (5) o más de veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos. Si durante su existencia excediere dichos límites, la forma asociativa tendrá un mes para adecuarse a lo previsto en el presente artículo, so pena de la nulidad de todos los actos realizados con posterioridad al plazo del mes antes mencionado.

CAPÍTULO II

De la gestión individual

Artículo 5°. Requisitos del gestor individual. Quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicales, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital, deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor

La solicitud de inscripción deberá contener:

  1. Su nombre, documento de identificación y domicilio.
  2. Sus tarifas, las cuales deberán ser técnicamente justificadas conforme a los criterios establecidos en la ley.
  3. La documentación de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, la cual deberá contener:
  4. a) Nombre de todas las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que se pretenden gestionar, identificando los correspondientes autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o audiovisuales, según el caso;
  5. b) Mención del derecho o derechos que se pretenden gestionar;
  6. c) Acreditación de la titularidad de los derechos cuya gestión se pretende.

Parágrafo 1°. La inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará al gestor individual para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción.

Parágrafo 2°. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los gestores individuales gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cable ada o satelital.

Artículo 6°. Actos, contratos, autorizaciones y comprobantes de pago de gestores individuales. Los gestores individuales siempre deberán individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar que son titulares de tales obras o prestaciones ante los usuarios y autoridades competentes. Carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por gestores individuales que no cumplan con lo aquí previsto.

Artículo 7°. Sanciones a los gestores individuales. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo y demás disposiciones aplicables dará lugar a la imposición de multas de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

CAPÍTULO III

De la gestión a través de otras formas  de asociación

Artículo 8°. Requisitos para ejercer la actividad como otra forma de asociación. Las otras formas de asociación que pretendan gestionar derechos patrimoniales deberán ser inscritas en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. La solicitud de inscripción deberá contener:

  1. Acto de constitución y de reconocimiento de personería jurídica.
  2. Las facultades conferidas a la otra forma de asociación, haciendo referencia expresa a cada una de las modalidades de explotación encomendadas a su administración;
  3. Vigencia;
  4. Reglas de reparto a cada uno de sus afiliados o representados.
  5. Sus tarifas, las cuales deberán ser técnicamente justificadas conforme a los criterios previstos en la ley.
  6. El listado de sus socios miembros, afiliados, asociados o poderdantes.
  7. La documentación de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, la cual deberá contener:
  8. a) Nombre de todas las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que se pretenden gestionar, identificando los correspondientes autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o audiovisuales, según el caso;
  9. b) Mención del derecho o derechos que se pretenden gestionar:
  10. c) Acreditación de la titularidad de los derechos cuya gestión se pretende.
  11. El nombre del representante legal para su respectiva anotación:

Parágrafo 1°. La inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará a las otras formas de asociación para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción. Las otras formas de asociación solamente podrán recaudar y distribuir y no podrán desarrollar las demás actividades reservadas por la ley a las sociedades de gestión colectiva tales como adelantar actividades de bienestar social o cultural, celebrar contratos de representación recíproca con sociedades de gestión colectiva u otras formas de asociación nacionales o extranjeras.

Parágrafo 2°. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a las otras formas de asociación gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital.

Artículo 9°. Actos, contratos, autorizaciones y comprobantes de pago de las otras formas de asociación. Las otras formas de asociación siempre deberán individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar la representación de tales obras o prestaciones al momento de realizar cualquier acto, contrato o emitir autorizaciones o comprobantes de pago. Carecerán de valid ez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por las otras formas de asociación que no cumplan con lo aquí previsto.

Artículo 10. Inspección, vigilancia y control a las otras formas de asociación. Las otras formas de asociación estarán sometidas en lo relacionado a la gestión del derecho de autor y los derechos conexos, a la inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo y demás disposiciones aplicables dará lugar a la imposición de multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Parágrafo. El representante legal de las otras formas de asociación podrá ser sancionado en los mismos términos de los directivos de las sociedades de gestión colectiva por violaciones a la ley.

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 11. Constitución. Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos, podrán constituir sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro. Para tal efecto, las sociedades de gestión colectiva deberán obtener personería jurídica y autorización de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Artículo 12. Reconocimiento de la personería jurídica y autorización de funcionamiento. El reconocimiento de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, serán concedidas en un solo acto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 351 de 1993 y en la ley.

Artículo 13. Legitimación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, estarán legitimadas por el hecho de obtener personería jurídica y autorización de funcionamiento y en los términos que resulten de sus estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. En tal sentido, no requerirán de poder conferido por sus asociados para ejercer tal representación.

Dicha legitimación se acreditará con el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva llevarán un registro público de sus asociados y representados nacionales y extranjeros con indicación de la entidad a la que pertenecen y de la categoría de derecho que administra, de acuerdo al género de obras respectivo. Este registro público deberá estar disponible permanentemente en la página web de la respectiva sociedad.

Artículo 14. Organización y funcionamiento. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos se organizarán y funcionarán conforme a las siguientes normas:

  1. Admitirán como socios a los titulares de derechos que los soliciten y que acrediten debidamente su calidad de tales en la respectiva actividad.

Los estatutos determinarán la forma y condiciones de admisión y retiro de la asociación, los casos de expulsión y suspensión de derechos sociales, así como los medios para acreditar la condición de titulares de derechos de autor o conexos. Las sociedades de gestión colectiva tendrán la obligación de admitir a cualquier titular de derechos que acredite ejercer la titularidad de mínimo una (1) obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma que sea explotado públicamente.

En ningún caso las sociedades de gestión colectiva podrán negarse a la administración de los derechos patrimoniales que se les demande en los términos del presente numeral.

  1. El Consejo Directivo deberá aprobar los reglamentos de tarifas, recaudo y distribución de las remuneraciones provenientes de la utilizac ión de los derechos que administra y los demás reglamentos internos que se requieran para la correcta administración de la sociedad.
  2. Los miembros de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, deberán recibir información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos. Los reportes de información deberán entregarse a sus afiliados por lo menos dos (2) veces al año.
  3. Sin la autorización expresa de la Asamblea General, las remuneraciones recaudadas por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos solamente podrán destinarse para cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones una vez deducidos esos gastos.
  4. El importe de las remuneraciones recaudadas por las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos se distribuirá entre los derechohabientes guardando proporción con la utilización real de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso.
  5. Los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de gestión colectiva, ya sea directamente o sobre la base de acuerdo con sociedades extranjeras de gestión colectiva que los representen, gozarán del mismo trato de los socios nacionales.
  6. Las sociedades de gestión colectiva tendrán los siguientes órganos: Asamblea General, Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y Revisor Fiscal.
  7. Las sociedades de gestión colectiva responderán oportunamente y de fondo las solicitudes de información respetuosas que realicen sus afiliados y usuarios, sin perjuicio de la debida protección de datos personales y de información confidencial.

Las sociedades de gestión colectiva deberán facilitar mecanismos de solicitud de información para sus afiliados.

El término de la respuesta no podrá ser superior a quince (15) días hábiles después de la radicación de la solicitud de información.

  1. Las sociedades de gestión colectiva establecerán en sus estatutos los procedimientos para la imposición de sanciones de carácter disciplinario a los asociados. Siempre se deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Cualquier sanción impuesta al asociado se aplicará sin perjuicio de la administración de sus derechos, excepto la de expulsión de la sociedad.
  2. Para aquellos afiliados que no sean fundadores, las sociedades de gestión colectiva categorizarán a sus miembros conforme a los ingresos obtenidos por la utilización de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según sea el caso, estableciendo para cada categoría sus derechos y obligaciones y las formas de elegir y ser elegido. En todo caso, independientemente de las categorías de socios existentes en una sociedad de gestión colectiva, todos los socios tendrán el derecho a elegir y participar, directa o indirectamente, en las decisiones que se adopten en las asambleas generales o seccionales.

Parágrafo 1°. Los nombres de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente, del Revisor Fiscal y demás funcionarios de las sociedades de gestión colectiva que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor deberán ser inscritos ante dicha entidad. Toda modificación deberá ser comunicada a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en un plazo no superior a quince (15) días, adjuntando copia del acto por el cual fueron nombrados o elegidos, hoja de vida, e indicando el domicilio, nombre, y documento de identificación. Las designaciones y nombramientos no producirán ningún efecto dentro de la sociedad ni frente a terceros hasta su inscripción. A la solicitud de inscripción o modificación deberá acompañarse copia del acto respectivo.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, podrá negar la inscripción de la designación de los dignatarios de las sociedades de gestión colectiva, entre otros, en los siguientes casos:

  1. a) Por violación de las disposiciones legales y/o estatutarias en la elección;
  2. b) Por hallarse en interdicción judicial, haber sido condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito doloso, por encontrarse o haber sido suspendido o excluido del ejercicio de una profesión;
  3. c) Falta de probidad e idoneidad.

Artículo 15. Asamblea General. La Asamblea General será el órgano supremo de la sociedad de gestión colectiva y elegirá a los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y al Revisor Fiscal. Sus atribuciones, funcionamiento y convocatoria se fijarán en los estatutos sociales.

Las votaciones que se realicen para elegir a los delegados para la Asamblea General, en caso de existir, los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia o el Revisor Fiscal serán secretas. Los empleados y directivos de las sociedades de gestión colectiva no podrán participar, injerir, presionar o promover en cualquier sentido, directa o indirectamente, en las elecciones de que trata el presente artículo, sin perjuicio del derecho de voto a que tengan derecho.

Artículo 16. Documentos que se presentan a la Asamblea General. El Consejo Directivo y el Gerente General presentarán a la asamblea, para su aprobación o improbación, el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos:

1) Un balance de la sociedad detallando activos y pasivos, con inclusión de un detalle completo de los dineros recaudados y distribuidos en el ejercicio, préstamos, adelantos y gastos e ingresos diferidos, entre otros.

2) El informe del Consejo Directivo sobre la situación económica y financiera de la sociedad, que contendrá además de los datos contables y estadísticos pertinentes, los que a continuación se enumeran:

  1. a) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad;
  2. b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios par a adelantar tales tramitaciones;
  3. c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas;
  4. d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros;
  5. f) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera, y

4) Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea, y

5) El informe escrito del revisor fiscal.

6) Un informe del Comité de Vigilancia sobre su gestión.

Artículo 17. Derecho de inspección. Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los socios en el domicilio principal de la sociedad, durante los quince (15) días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea.

En ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos empresariales, datos personales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.

Los administradores y funcionarios directivos así como el revisor fiscal que no dieren cumplimiento a lo preceptuado en este artículo, serán sancionados por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor con multas de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los infractores.

Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección serán resueltas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. En caso de que la autoridad considere que hay lugar al suministro de información, impartirá la orden respectiva.

Artículo 18. Consejo Directivo. El Consejo Directivo será el órgano de dirección y administración de la sociedad, sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. Sus atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. El Consejo Directivo estará conformado un número impar de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7) y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.

El Consejo Directivo deberá estar integrado al menos por un (1) socio de la sociedad y una (1) persona independiente de la sociedad de reconocida experiencia en asuntos comerciales, financieros y de administración o afines.

El Consejo Directivo elegirá un Gerente, quien será el representante legal de la sociedad quien cumplirá las disposiciones y acuerdos del Consejo Directivo. Sus atribuciones se precisarán en los estatutos

Parágrafo. El Consejo Directivo deberá reunirse mínimo una vez al mes. Los honorarios mensuales de sus miembros no podrán exceder en ningún caso de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y solo se pagarán a quienes asistan a toda la sesión.

Artículo 19. Elección y remoción y del Consejo Directivo. Los miembros principales y suplentes del Consejo Directivo serán elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años y por el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la misma Asamblea General. No habrá reelección inmediata de los miembros del Consejo Directivo.

Artículo 20. Comité de Vigilancia. El Comité de Vigilancia estará integrado por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, quienes deberán ser miembros de la sociedad. El Comité de Vigilancia tendrá, además de las atribuciones y funciones establecidas en los estatutos, las siguientes:

  1. Velar por el cumplimiento efectivo de la ley, los estatutos sociales y los reglamentos por parte de la sociedad y sus directivos.
  2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los órganos de dirección, administración y control de las sociedades de gestión colectiva.
  3. Presentar de forma trimestral a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, un informe trimestral sobre su gestión.
  4. Velar por el respeto al socio y los usuarios.
  5. Adelantar, de oficio o a petición de parte, las investigaciones disciplinarias en contra de los socios, directivos y demás funcionarios de la sociedad.

Parágrafo. El Comité de Vigilancia deberá reunirse mínimo una vez al mes y sus integrantes no podrán percibir honorarios.

Artículo 21. Revisor Fiscal. La revisoría fiscal de las sociedades de gestión colectiva se efectuará a través de una persona jurídica, debidamente constituida, con amplia trayectoria en asuntos de auditoría y manejo contable.

El revisor fiscal de las sociedades de gestión colectiva está obligado a reportar trimestralmente informes sobre su gestión a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Artículo 24. Reglamentos Internos. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos quedan obligadas a elaborar los siguientes reglamentos internos:

  1. El reglamento de tarifas dando aplicación a los criterios generales y específicos establecidos en la ley;
  2. El reglamento de reparto, que debe incluir la forma de liquidaciones acorde con las utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas;
  3. El reglamento de contabilidad, el cual contendrá de forma concreta la aplicación del manual de buenas prácticas contables;
  4. El reglamento de contratación, donde se establecerá la transparencia y difusión de las formas contractuales, los montos autorizados para el gerente. Este reglamento lo deberá expedir la Asamblea General;
  5. El reglamento de bienestar social, en caso de existir gastos con fines sociales y culturales.
  6. El reglamento de socios, donde se incluirá el procedimiento para que los mi smos presenten sus quejas y reclamos frente a la sociedad.
  7. Reglamento disciplinario.

CAPÍTULO II

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Artículo 25. Régimen de Inhabilidades del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. Los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, además de las inhabilidades consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes:

  1. Ser cónyuges, compañero (a) permanente entre sí o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de alguno de sus miembros.
  2. Ser directivo, propietario, socio, representante o abogado al servicio de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen en litigio con ellas.
  3. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o cónyuge compañero (a) permanente de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente o el Revisor Fiscal de la sociedad.
  4. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
  5. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los empleados o contratistas de la sociedad de gestión colectiva.

Artículo 26. Inhabilidades administradores. El Gerente además de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes.

  1. Ser gerente u ocupar algún cargo directivo en otra sociedad de gestión colectiva cuya inscripción sea obligatoria en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
  2. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente, el Revisor Fiscal o de cualquiera de los miembros cuya inscripción sea obligatoria en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
  3. Ser directivo, empresario, propietario, socio, representante, abogado o funcionario de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen en litigio con ella.< o:p>
  4. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
  5. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los empleados o contratistas de la sociedad de gestión colectiva.

Artículo 27. Inhabilidades e Incompatibilidades del Revisor Fiscal. El Fiscal además de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los estatutos, tendrá las siguientes:

  1. Ser socio.
  2. Ser cónyuge, compañero (a) permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia o del Gerente de la sociedad.
  3. Ser directivo, empresario, propietario, socio, representante, abogado o funcionario de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ella.
  4. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge o compañero (a) perman ente de los funcionarios de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
  5. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, conyugue, compañero (a) permanente de los empleados o contratistas de la sociedad de gestión colectiva.

Las inhabilidades descritas en el presente artículo son aplicables a la persona jurídica designada como Revisor Fiscal y a las personas naturales que esta designe para adelantar las actividades de revisoría fiscal.

TÍTULO III

DEL RECAUDO

CAPÍTULO I

De las tarifas por derecho de autor  y derechos conexos

Artículo 28. Criterios para las tarifas generales. La determinación de las tarifas generales por el uso de obras interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, así como la concertación de las tarifas con los usuarios deberá sujetarse a los siguientes criterios objetivos generales:

  1. Criterio de Intensidad: La intensidad en la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas se clasificará de la siguiente manera:
  2. a) Imprescindibles: se entienden aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y fonogramas sin las cuales el usuario no podrá cumplir con su objeto social o actividad económica del usuario;
  3. b) Necesarias: se entiende aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que contribuyen significativamente al desarrollo del objeto social o actividad económica del usuario;
  4. c) Accesorias: se entiende aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que no inciden en el desarrollo del objeto social o actividad económica del usuario.
  5. Interés en el uso: Este criterio permitirá diferenciar a los usuarios según tengan o no un ánimo de lucro en la explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. Este criterio no implica la negación del derecho cuando el uso no tenga fines de lucro.
  6. Público: Este criterio permitirá clasificar los usuarios de acuerdo al número de personas que tengan acceso a las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
  7. Capacidad tecnológica: Este criterio permitirá diferenciar a los usuarios cuya capacidad tecnológica sea determinante en la mayor o menor intensidad del uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.

Parágrafo. La determinación de las tarifas por parte de las sociedades de gestión colectiva y la negociación de las mismas con los gremios y asociaciones de usuarios no podrá entenderse como una vulneración de las normas de protección de la libre competencia.

Artículo 29. Publicidad de las tarifas. Las tarifas generales deberán permanecer publicadas en la página web de las sociedades de gestión colectiva y estar disponibles para la consulta en el domicilio social.

Parágrafo. Sin perjuicio de la lista de tarifas determinada para la ventanilla única, las tarifas generales por derecho de autor y derechos conexos son la base para la concertación entre las Sociedades de Gestión Colectiva y los diferentes usuarios.

CAPÍTULO II

De la ventanilla única

Artículo 30. Venta nilla única para la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos. Para los efectos del literal c) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995, y con la finalidad de reducir los trámites que los propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras musicales, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, derecho de reproducción de obras literarias o artísticas, la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos se realizará a través de una ventanilla única recaudadora que deberán constituir las sociedades de gestión colectiva, a través de la cual se realizará de manera unificada el recaudo de los derechos de autor y conexos.

Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos no afiliados a las sociedades de gestión colectiva, así como las asociaciones que los representen, podrán hacer parte de la citada ventanilla única recaudadora.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo se podrá constituir una entidad recaudadora cuya organización, administración y funcionamiento serán acordadas por sus miembros en los estatutos sociales. La elección, conformación y funcionamiento de los órganos de dirección y administración, el régimen de votaciones y la toma de decisiones observarán el principio de proporcionalidad con relación a la participación de sus miembros en el recaudo.

En caso de que se constituya la entidad recaudadora para el manejo de la ventanilla única, esta deberá iniciar su funcionamiento a más tardar el primero (1°) de enero de 2013.

La no constitución de la ventanilla única impedirá a las sociedades de gestión colectiva realizar recaudo por la administración de los derechos de sus socios en establecimientos abiertos al público.

Parágrafo 1°. Mientras entre en funcionamiento la ventanilla única recaudadora, las licencias y pagos se obtendrán y realizarán a través de las entidades recaudadoras constituidas conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, las Sociedades de Gestión Colectiva, las Asociaciones de Titulares y los Titulares Individuales, según corresponda.

Parágrafo 2°. En el evento de que se constituya una sociedad para el manejo de la ventanilla única recaudadora, estará sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Parágrafo 3°. El pago a la ventanilla única recaudadora de que trata este artículo hará presumir que el usuario ha cumplido integralmente con la obligación contemplada en el literal c) del artículo 2° de la ley 232 de 1995.

Artículo 31. Lista de tarifas. Los miembros de la ventanilla única recaudadora acordarán la lista de tarifas para vigencias anuales con los gremios, las asociaciones de usuarios legalmente constituidas o los particulares.

Parágrafo. La entidad recaudadora que se constituya para el manejo de la ventanilla única deberá publicar en un diario de amplia circulación nacional y en su página web, el listado de tarifas anuales a más tardar el 1° de febrero de cada año.

CAPÍTULO III

De la concertación de tarifas con los gremios  y asociaciones de usuarios

Artículo 32. Concertación de las tarifas con gremios y asociaciones de usuarios. La aplicación de tarifas generales a miembros de un determinado gremio a asociación de usuarios deberá ser concertada con la respectiva entidad gremial o asociación. El término de duración del proceso de concertación de tarifas deberá ser razonable. Si transcurridos dos (2) meses desde la iniciación del proceso de concertación no se alcanza un acuerdo en relación con las tarifas, cualquiera de las partes podrá convocar, a prevención, un Tribunal de Arbitramento para la solución de las controversias que persistan entre ellas, sin perjuicio de que las partes acudan a los demás mecanismos alternativos de solución de controversias. Para tal efecto, la entidad recaudadora, las sociedades de gestión de colectiva, los Gremios o las Asociaciones de usuarios legalmente constituidas tendrán legitimidad para representar a sus afiliados en la concertación y en la solución de sus conflictos tarifarios.

Artículo 33. Tribunal de Arbitramento. El Tribunal de Arbitramento a que se refiere el presente capítulo podrá adelantarse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o cualquiera otro legalmente reconocido. El Tribunal de Arbitramento decidirá en derecho y su conformación, funcionamiento y demás aspectos relevantes se regirán por el reglamento del respectivo centro.

Artículo 34. Prohibición uso del repertorio. Durante el trámite de concertación, solución de controversias, o del proceso judicial de ser el caso, los usuarios miembros de la agremiación deberán abstenerse de utilizar obras o prestaciones artísticas sobre las que no tengan autorización, salvo que se consigne judicialmente la cantidad exigida conforme a las tarifas generales definidas por la entidad única recaudadora correspondientes al año inmediatamente anterior o las tarifas generales definidas por las sociedades de gestión colectiva para el año inmediatamente anterior.

TÍTULO IV

DE LA DISTRIBUCIÓN

CAPÍTULO I

Principios de la distribución

Artículo 35. Proporcionalidad. Las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo establecido en la ley, garantizarán la distribución equitativa a los titulares de derechos directamente o a través de las sociedades extranjeras de gestión colectiva de derechos, en forma proporcional a la utilización efectiva de la obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma. Los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, ya sea directamente o sobre la base de acuerdo con sociedades extranjeras de gestión colectiva de derechos de autor o derechos conexos que representen directamente a tales socios, gozarán en materia de distribución del mismo trato que los socios nacionales.

Artículo 36. Exactitud, transparencia y objetividad. Las sociedades de gestión colectiva deben establecer procedimientos eficientes para la identificación con el mayor grado de exactitud posible la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. La distribución deberá basarse en sistemas de información transparentes y objetivos de utilización efectiva de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.

Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva deberán adoptar mecanismos técnicos y sistemas de información que garanticen una distribución exacta, transparente y objetiva, para lo cual contarán con un término de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, so pena de la imposición de las sanciones a que hubiere lugar por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Artículo 37. Periodicidad. El reparto se realizará al menos dos (2) veces al año y con intervalos que no podrán superar los seis (6) meses. Las fechas exactas de pagos deberán ser informadas anualmente a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y los socios a más tardar el 31 de marzo.

Artículo 38. Suministro de información. Al momento del reparto, las sociedades de gestión colectiva deberán aportar información suficiente que permita entender la forma cómo se procedió a la liquidación respectiva de cada socio. El suministro de información será individual para cada socio mediante el formato que para el efecto le autorice la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor a cada sociedad de gestión colectiva.

Artículo 39. Prescripción. El derecho al pago de remuneraciones no cobradas por un socio, prescribe a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de la notificación al socio. Las remuneraciones prescritas acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.

CAPÍTULO II

De la información sobre las obras, los socios  y los métodos de reparto

Artículo 40. Base de datos de datos de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos deberán organizar y mantener actualizada una base de datos con información clara y precisa de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o fonogramas declaradas por sus socios, de los usos reportados y de los métodos aplicados para la distribución, de tal forma que se permita a los titulares de derechos y a la sociedades de gestión extranjeras identificar la fuente de sus remuneraciones.

Esta información deberá estar disponible al público en la página web de las sociedades de gestión colectiva y en el domicilio social.

Artículo 41. Reparto sobre obras o prestaciones de titulares no identificados. Las remuneraciones sobre obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas de titulares no identificados deberán permanecer en reserva por un término que no podrá ser inferior a cinco (5) años. Transcurrido el término anterior sin que se identifique el titular de la obra, las remuneraciones correspondientes a tales obras acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.

Parágrafo. Para que una obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma pueda ser considerada como no identificada y con el fin de permitir su publicidad y lograr su plena identificación, las sociedades deberán poner a disposición por el medio más expedito a sus socios, representados y ciudadanía en general, los listados de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas de titulares no identificados.

TÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 42. Defensoría del Artista y del usuario. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos deberán designar un Defensor del Artista y del Usuario, quien deberá ser independiente a la sociedad y que tendrá la responsabilidad de absolver las p eticiones, quejas y reclamos de los asociados y usuarios. La decisión del Defensor del Artista y del Usuario no será vinculante.

Previo al sometimiento ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor de los asuntos de su competencia, el socio o usuario de una sociedad de gestión colectiva deberá presentar, cuando la hubiere, una reclamación directa ante la sociedad o ante el Defensor del Artista y del Usuario o figura análoga en la respectiva sociedad. Con todo, cuando la sociedad no haya designado un Defensor o no mantenga una figura análoga el cliente o usuario deberá acudir directamente ante la entidad para que le sea resuelta su reclamación.

Si persistiere la inconformidad del artista o del usuario podrá acudir a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para que adopte las medidas a que hubiere lugar.

Lo anterior sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Artículo 43. Anticipos. Los anticipos se sujetarán a los parámetros y criterios objetivos establecidos por la Asamblea General. Con todo, los anticipos no podrán exceder el promedio de las dos (2) últimas distribuciones del socio beneficiario.

Artículo 44. Los socios de las sociedades de gestión colectiva no podrán ser empleados o contratistas de la sociedad a la que pertenezcan.

Artículo 45. El artículo 38 de la Ley 44 de 1993, quedará así:

¿Artículo 38. Comprobada una infracción a las normas legales y estatutarias por parte de las sociedades de gestión colectiva, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá imponer cualquiera de las siguientes sanciones:

  1. a) Amonestar por escrito a la sociedad;
  2. b) Imponer multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  3. c) Suspender la personería jurídica hasta por un término de seis (6) meses, y
  4. d) Cancelar la personería jurídica¿.

Artículo 46. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para imponer una sanción caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo.

Artículo 47. El artículo 20 de la Ley 44 de 1993, quedará así:

¿Artículo 20. Las personas que formen parte del Consejo Directivo, el Gerente y el Revisor Fiscal de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos, no podrán integrar órganos similares de otra sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos.

El Gerente no podrá ejercer como miembro del Consejo Directivo ni de ningún otro órgano de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos.¿

Artículo 48. El artículo 21 de la Ley 44 de 1993, quedara así:

¿Artículo 21. El Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos discutirá y aprobará su presupuesto de ingresos y egresos para períodos no mayores de un (1) año.

El monto de los gastos no podrá exceder, en ningún caso, del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos extranjeras o similares con las cuales tenga contrato de representación recíproca. Las sociedades de gestión colectiva podrán solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor que autorice que los gastos administrativos sean hasta de un 30% para los dos años siguientes a su autorización de funcionamiento.

Con el objetivo de satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por la Asamblea General, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos solo podrán destinar para estos efectos, hasta el quince por ciento (15%) de lo recaudado.

Sólo el Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos autorizará las erogaciones que no estén contempladas inicialmente en cada presupuesto, sin rebasar los topes ya enunciados, siendo responsables solidariamente las directivas de la asociación por las infracciones a este artículo.

Los presupuestos de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos deberán ser sometidos al control de legalidad de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

TÍTULO VI

VIGENCIAS Y DEROGATORIAS

Artículo 49. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga los artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 43, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 44 de 1993, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.

El Ministro del Interior,

Germán Vargas Lleras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes:

El derecho de autor y los derechos conexos hacen parte de esa gran disciplina jurídica denominada propiedad intelectual, la cual es reconocida y expresamente protegida en el artículo 61 de la Constitución Política que establece: ¿[e]l Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley¿.

Como propiedad que es, los titulares de derecho de autor y derechos conexos gozan de ciertas prerrogativas en cuanto al ejercicio de dichos derechos. Así, el Código Civil dispone en su artículo 671 que ¿[l]as producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores¿.

El artículo 3° de la Ley 23 de 1982 reconoce en favor de los titulares de derecho de autor las siguientes facultades exclusivas:

¿Artículo 3°.

  1. a) De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte.
  2. b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer¿.

Posteriormente, el artículo 12 de la misma Ley 23 de 1982 consagra los siguientes derechos exclusivos que facultan al titular para realizar directamente o autorizar los siguientes actos:

¿a) Reproducir la obra;

  1. b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y
  2. c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio¿.

En el mismo sentido, el ordenamiento comunitario andino ha reconocido en favor de los autores y demás titulares, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución, importación y transformación de sus obras artísticas o literarias (Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13).

Por su parte, en el escenario internac ional el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Ley 33 de 1987), además de reconocer una serie de derechos morales al autor sobre su obra, también establece una serie de prerrogativas patrimoniales a favor de estos, según las cuales, el autor o su causahabiente, están facultados de manera exclusiva para autorizar respecto de sus obras: la traducción (artículo 8°), la reproducción (artículo 9°), la representación y ejecución pública, la transmisión pública de dichas representaciones[1][1][1] (artículo 11), la radiodifusión y en general la comunicación al público (artículo 11 bis), la recitación pública[2][2][2] (11 ter), la adaptación, arreglo u otra forma de transformación (artículo 12), la adaptación y la reproducción cinematográfica (artículo 14).

Por su parte, recientes tratados multilaterales de los cuales es parte Colombia como son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC aprobado mediante la Ley 170 de 1994) o el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA aprobado mediante la Ley 565 de 2000) han reiterado el carácter exclusivo del derecho de autor, y en consecuencia la facultad por parte del creador o titular de derechos de autorizar el uso de sus obras.

En el campo de los derechos conexos, también el legislador ha reconocido en gran medida el carácter exclusivo de tales prerrogativas. Así, de acuerdo con la Decisión Andina 351 de 1993, los artistas intérpretes o ejecutantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la ¿comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones¿ (artículo 34). Del mismo modo, los productores de fonogramas cuentan con la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y la distribución pública de los mismos (artículo 37). Los organismos de radiodifusión, por su parte, cuentan con un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión y la fijación de sus emisiones, así como la reproducción de una fijación de sus emisiones (artículo 39).

Este carácter exclusivo de algunas de las prerrogativas reconocidas a los titulares de derechos conexos, también se encuentra ampliamente respaldado en tratados internacionales como la Convención de Roma (Ley 48 de 1975), y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF, Ley 545 de 1999).

Recientemente, a través de la Ley 1403 de 2010, se reconoció a los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.

Como puede advertirse, el derecho de autor y los derechos conexos dan lugar a múltiples manifestaciones, generando numerosos derechos en cabeza de varios titulares. Si bien no siempre la creación intelectual y artística está asociada a una actividad económica, en la mayoría de los casos las obras son fuente del sustento de familias, insumos productivos para empresas y parte fundamental para industrias culturales y del entretenimiento.

En un estudio publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se indicó que las industrias culturales asociadas al derecho de autor representan una importante contribución al Producto Interno Bruto y a la generación de empleo en el país.

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Históricamente y de manera universal se reconoce a favor del autor un monopolio de explotación sobre sus obras y, en consecuencia, cualquier uso de las mismas, salvo las taxativas limitaciones establecidas por el legislador, deberá contar con la previa y expresa autorización de dicho creador o sus causahabientes.

En desarrollo de dicha prerrogativa de explotación económica de sus obras, los titulares de derecho de autor o de derecho conexos establecen una serie de tarifas para el uso por parte de terceros de sus obras, ello es, en el legítimo ejercicio del derecho que se les ha reconocido.

En este orden de ideas tenemos que las tarifas cobradas a los diferentes usuarios de obras protegidas por el derecho de autor o prestaciones protegidas por los derechos conexos no son un impuesto, una tasa o una contribución fiscal o parafiscal, sino que corresponden a la suma cobrada como contraprestación a la autorización otorgada para utilizar un bien privado como lo son las obras o prestaciones.

Ahora bien, la gestión de los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, en relación con la comunicación pública de sus obras y prestaciones musicales, puede llevarse a cabo mediante tres modalidades reconocidas por la legislación y la jurisprudencia constitucional: (i) la gestión colectiva a través de sociedades denominadas ¿de gestión colectiva¿, y (ii) la gestión individual o (iii) a través de formas de asociación distintas a las sociedades de gestión colectiva.

  1. La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos

La gestión colectiva es entendida como el sistema de administración del derecho de autor y los derechos conexos en virtud del cual los autores o titulares de derecho de autor o conexos o sus causahabientes, delegan en organizaciones creadas a tal efecto la negociación de las condiciones en que sus obras o prestaciones artísticas serán utilizadas por los usuarios, es decir, se encargan de otorgar las respectivas autorizaciones, recaudar las remuneraciones devengadas y distribuir las mismas entre sus asociados. Estas organizaciones, comúnmente denominadas sociedades o entidades de gestión colectiva, actúan como mandatarias frente a sus socios.

  1. a) Importancia de la gestión colectiva

Existe un alto nivel de consenso a nivel mundial acerca de la importancia del papel que juegan las sociedades de gestión colectiva en la materialización efectiva de los derechos de autor. En efecto, se ha considerado que esta figura permite equilibrar la relación contractual entre los autores y titulares de derechos con los usuarios, toda vez que sirven de herramienta para superar la debilidad individual de los creadores frente a la multiplicidad de usuarios, en algunos casos con importante poder de negociación.

De otro lado, desde el punto de vista práctico las sociedades de gestión colectiva facilitan inmensamente las transacciones comerciales sobre las obras o prestaciones artísticas. En efecto, existen en el mercado un significativo de obras y prestaciones musicales[3][3][3] que se ejecutan públicamente en diferentes discotecas, canales de radio y televisión, restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, salas de cine, y en la inmensa mayoría de establecimientos comerciales abiertos al público.

Este panorama signific a en la práctica que a un autor, intérprete o productor fonográfico le resulta imposible saber dónde, cuándo y cómo se están utilizando sus obras y/o prestaciones musicales. Por su parte, para los usuarios sería imposible entrar en contacto directo con la totalidad de autores, intérpretes y productores fonográficos, audiovisuales nacionales y extranjeros, a fin de obtener las autorizaciones pertinentes para utilizar este tipo de bienes.

¿Estarán acaso los usuarios en la capacidad de negociar de manera particular con cada autor el precio de la comunicación pública del repertorio de este último? ¿cómo podrían discernir cuánto cuesta comunicar la obra musical que se encuentra en el top de las más solicitadas, y reconocer al mismo tiempo un precio menor para aquellas obras que se escuchan con menor intensidad?

Este tipo de inconvenientes hacen de la gestión colectiva un mecanismo expedito e idóneo al momento de ejercer de manera eficaz algunas de las prerrogativas de orden patrimonial que la legislación les ha asignado a autores, intérpretes y productores fonográficos, particularmente respecto a la comunicación pública de obras y prestaciones musicales.

En conclusión, se resalta la importancia que tiene para el derecho de autor y los derechos conexos la gestión colectiva, entendida como el mecanismo idóneo y efectivo para ejercer tales prerrogativas, así como facilitar a los diferentes usuarios acceder a las respectivas licencias.

  1. b) Las funciones principales de las sociedades de gestión colectiva

Como se ha señalado, las sociedades de gestión colectiva encuentran la justificación de su existencia en la necesidad de constituirse como una herramienta efectiva para el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos, principalmente frente a los usos masivos de obras y prestaciones artísticas.

En este sentido, la Decisión Andina 351 de 1993, dispone que las sociedades de gestión colectiva deben tener ¿como objeto social la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos¿[4][4]].

En el marco de esta gran función de administración del derecho de autor, la legislación y la doctrina especializada[5][5][5] reconocen tres funciones principales de las sociedades de gestión colectiva: La negociación de la autorización, el recaudo de las remuneraciones y la distribución[6][6][6].

¿ Negociación: En primera medida las sociedades de gestión colectiva deben negociar con los usuarios las condiciones para la utilización de los repertorios de obras y prestaciones artísticas administradas.

Dependiendo del tipo de derecho gestionado, las negociaciones versarán sobre las condiciones de la autorización para utilizar la creación y el monto que debe pagar el usuario como contraprestación, en el caso de derechos exclusivos (aquellos que fac ultan al titular para autorizar o prohibir la utilización); o solamente sobre el monto de dinero que tendrá que pagar el usuario por utilizar las prestaciones artísticas, en el caso de derechos de simple remuneración (como en el caso de la comunicación pública de fonogramas e interpretaciones).

Esta función se concreta en la celebración de contratos con los diferentes usuarios, en los que se acuerdan, entre otros aspectos, los usos autorizados, el plazo de la autorización, la contraprestación a que se obliga el usuario junto con la modalidad del pago, deberes de información como puede ser el diligenciamiento de planillas o la remisión de documentación donde se relacionen las obras o prestaciones que el usuario ha explotado.

¿Recaudo de la remuneración: Una vez realizada la negociación y definidas contractualmente las condiciones de explotación entre la sociedad de gestión colectiva y los diferentes usuarios, las sociedades proceden al recaudo de las contraprestaciones económicas allí acordadas.

Con el fin de adelantar de manera efectiva esta labor de recaudo, las sociedades de gestión colectiva se entienden ¿mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas¿[7][7][7] y se encuentran obligadas a disponer de toda una infraestructura administrativa.

¿ Distribución: La distribución entre sus asociados de los dineros recaudados es la función más compleja que adelanta una sociedad de gestión colectiva.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 44 de 1993 las sociedades de gestión colectiva actúan en favor de sus asociados para efectos de recaudar y distribuir los dineros que a estos les corresponden por la explotación de sus bienes intelectuales.

Es necesario precisar que las sociedades de gestión colectiva no están en libertad para definir cómo reparten los recursos recaudados entre sus socios, puesto que la legislación establece reglas que deben respetar las entidades de gestión a efectos de realizar la distribución.

Finalmente, resulta pertinente señalar que la Ley 44 de 1993, impone ciertos límites a los presupuestos e índices del gasto de las sociedades de gestión colectiva. Precisamente el artículo 21 de la referida ley, fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1493 de 2011 y redujo los gastos administrativos hasta un 20%.

¿ Funciones sociales y culturales: Como hemos visto el artículo 21 de la Ley 44 de 1993, dispone que las sociedades de gestión tienen la potestad para destinar hasta el 10% del recaudo en fines sociales y culturales, que deben ser definidos por la Asamblea General de socios.

  1. c) Sociedades de gestión colectiva existentes

La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en Colombia, se subordina a la constitución de una sociedad de gestión, quien debe obtener por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la respectiva personería jurídica y autorización de funcionamiento, lo que genera que su actividad sea inspeccionada, vigilada y controlada por esta entidad, garantizando su correcto funcionamiento.

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, la gestión colectiva del derecho de autor se realiza exclusivamente a través de las sociedades de gestión colectiva. La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor[8][8][8], tiene dentro de sus funciones conceder la personería jurídica y autorización funcionamiento, así como ejercer facultades de inspección, vigilancia y control sobre tales sociedades de gestión colectiva, a fin de garantizar que su actividad se adecue a las disposiciones legales[9][9][9] y estatutarias sobre la materia[10][10][10].

En la actualidad, las únicas sociedades con personería jurídica y autorización de funcionamiento otorgadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y por consiguiente legitimadas para gestionar y recaudar colectivamente derecho de autor y derechos conexos son:

– El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CEDER (CDR), con personería jurídica y autorización de funcionamiento conferida por la DNDA mediante las Resoluciones n úmero 088 del 14 de julio de 2000 y 035 del 18 de febrero de 2002, respectivamente. Esta sociedad tiene como fin principal la protección del derecho de autor en materia de reprografía.

– La Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia, EGEDA, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de obras audiovisuales. Cuenta con personería jurídica (Resolución número 232 del 28 de noviembre de 2005) y autorización de funcionamiento (Resolución número 208 del 16 de noviembre de 2006) conferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

– Actores Sociedad Colombiana de Gestión, Actores, con personería jurídica reconocida y confirmada mediante las Resoluciones número 0028 del 29 de noviembre de 1989 y 018 del 21 de febrero de 1997, respectivamente, y autorización de funcionamiento conferida a través de la Resolución número 275 del 28 de septiembre de 2011. Esta sociedad se encuentra legitimada para gestionar los derechos que les correspondan a los intérpretes de obras audiovisuales, particularmente, los reconocidos a través de la Ley 1493 de 2010.

– La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de obras musicales. Cuenta con personería jurídica (Resolución número 001 del 17 de noviembre de 1982) y autorización de funcionamiento (Resolución número 070 del 5 de junio de 1997) conferidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

– La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de interpretaciones y fonogramas. Cuenta con personería Jurídica (Resolución número 002 del 24 de diciembre de 1982) y autorización de funcionamiento (Resolución número 125 del 5 de agosto de 1997) conferidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro, en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, constituyeron la entidad recaudadora Organización Sayco-Acinpro (OSA), con personería jurídica y autorización de funcionamiento de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de la Resolución número 291 del 18 de octubre de 2011.

La Organización Sayco-Acinpro (OSA) se encarga, en todo el territorio nacional, del recaudo de las remuneraciones correspondientes a los miembros de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro, por concepto de la comunicación pública de la música en establecimientos abiertos al público[11][11][11].

  1. La gestión individual o a través de otras formas de asociación

La jurisprudencia constitucional[12][12][12] ha reconocido que los titulares de derecho de autor o de derechos conexos pueden optar por gestionar sus prerrogativas a través de modalidades diferentes a la gestión colectiva. Es decir, nuestro ordenamiento no establece una modalidad de gestión colectiva obligatoria.

En este sentido, la Corte Constitucional ha entendido en diferentes providencias que la gestión del derecho de autor y los derechos conexos puede ser efectuada de manera individual, a través de sociedades de gestión colectiva o bien de otras formas de asociación.

¿…En ese escenario, y en desarrollo de la previsión del artículo 38 de la Constitución, conforme al cual se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, los titulares de derechos de autor pueden acudir a distintas modalidades asociativas con el objeto de promover, proteger o gestionar de manera conjunta sus derechos. Es claro que dicha posibilidad se mantiene en el ámbito de la autonomía privada y, por consiguiente, remite a una gestión conjunta de los derechos individuales de cada uno de los participantes, sin que tales formas asociativas puedan autorizar genéricamente el uso de obras de las que no son titulares, ni realizar el recaudo de tarifas distintas de aquellas que voluntariamente se hayan convenido con los usuarios por la explotación de los derechos de los que son titulares.¿ (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si bien la gestión colectiva desde tiempo atrás es objeto de regulación legal[13][13][13], existe un evidente vacío legislativo en lo que respecta a la gestión individual y a través de otras formas de asociación, situación que ha generado inseguridad jurídica para los usuarios de obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos, especialmente los propietarios o responsables de establecimientos de comercio, los organismos de radiodifusión (emisoras de radio esencialmente) y los organizadores de conciertos, quienes en muchos casos no tienen claridad frente a quien deben obtener las autorizaciones y pagar las remuneraciones correspondientes para utilizar las obras musicales y/o audiovisuales y los fonogramas que requieren para desarrollar sus actividades habituales, respetando el derecho de autor y los derechos conexos.

Esta circunstancia ha hecho evidente la necesidad de adoptar medidas legislativas tendientes a garantizar la seguridad jurídica y trasparencia frente a los diferentes usuarios de las obras y prestaciones artísticas objeto de la gestión, así como para determinar el alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control del Estado.

En efecto, a partir de las Sentencias C-509 de 2004, C-424 de 2005 y C-833 de 2007 proferidas por la honorable Corte Constitucional se han constituido numerosas formas asociativas de todo tipo (principalmente fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro) con el objeto de gestionar derecho de autor y conexos. A la fecha, no existe un control por parte del Estado sobre estas formas asociativas, así como tampoco sobre los gestores individuales, en aspectos tales como si están efectivamente conformadas por titulares de derecho de autor o de derechos conexos, si las mismas respetan los derechos de sus asociados, que las tarifas fijadas están acordes con los criterios legales, y que actúan de manera transparente frente a los usuarios indicando los repertorios que representan y el alcance de los comprobantes de pago que expiden, aclarando que estas no son suficientes para los usuarios cuando ellos pretendan utilizar obras o prestaciones representadas por sociedades de gestión colectiva.

Además de las anteriores vicisitudes, resulta preciso llamar la atención sobre la inequitativa regulación existente en la actualidad frente a las diferentes modalidades de gestión del derecho de autor y de los derechos conexos, pues mientras la gestión colectiva está sometida a una intensa regulación[14][14][14], las personas que realizan gestión individual o gestión a través de otras formas de asociación no deben cumplir mayores requisitos para ejercer su actividad; y la inspección y vigilancia a la que están sometidas no proviene de entidades expertas en derecho de autor, lo cual deviene en una escueta actividad de vigilancia y supervisión.

Necesidad

La gestión del derecho de autor y de los derechos conexos tiene innegable incidencia en la actividad económica nacional al punto que sectores productivos tan importantes como los integrados por organismos de radiodifusión[15][15][15], establecimientos de comercio y empresarios de conciertos, están sometidos al cumplimiento de autorizaciones y/o pago de remuneraciones para utilizar las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas que requieren para el desarrollo de su actividad económica, en el marco del respeto por el derecho de autor y los derechos conexos, en los términos del artículo 61 de la Constitución Política.

Para destacar lo anotado a continuación se ponen de presente los montos recaudados por las sociedades de gestión colectiva durante los años 2009, 2010 y 2011 y el número de socios vinculados a cada una de ellas.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD AÑO RECAUDOS No. SOCIOS
SAYCO 2009 35.567.428.254,00 4449
ACINPRO 2009 13.577.000.000,00 2289
CEDER 2009 542.987.000,00 108
EGEDA N/A
ACTORES N/A 267
SAYCO 2010 36.806.740.000,00 5102
ACINPRO 2010 14.114.015.714,00 2536
CEDER 2010 455.286.000,00 116
ACTORES 2010 N/A 224
EGEDA 2010 N/A 126
SAYCO 2011 40.226.143.512,22 6767
ACINPRO 2011 15.981.201.229,00 3656
CEDER 2011 631.035.000,00 116
ACTORES 2011 1.506.622.472,00 475
EGEDA 2011 190.420.426,00 137

Desde esta perspectiva, y en virtud de la facultad de intervención en la economía consagrada en el artículo 334 de la Constitución Política, resulta necesario formular una regulación en materia de gestión individual y gestión a través de otras formas de asociación del derecho de autor y de los derechos conexos en la cual se definan normativamente estas modalidades de gestión diferenciándolas de la forma colectiva, se establezcan requisitos constitución y funcionamiento tendientes a garantizar una administración eficiente, transparente y responsable del derecho de autor y de los derechos conexos.

En lo que respecta a las sociedades de gestión colectiva, la Dirección Nacional de Derecho de Autor adelantó desde el mes de noviembre de 2011 una investigación en contra de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia ¿Sayco¿ que culminó con la Resolución número 014 de 2012 por medio de la cual se le impuso a la sociedad las sanciones de multa y personería jurídica. Al margen de los detalles de la actuación administrativa, la investigación permitió advertir que existe la clara necesidad de modernizar las actuales normas que rigen las sociedades de gestión colectiva, de manera que se garanticen principios de eficiencia, trasparencia y buen trato con el usuario y el asociado.

Por su parte, el innegable vacío regulatorio en relación con la gestión individual y a través de otras formas de asociación, hacen evidente la necesidad de configurar un mínimo marco legal que señale los principios, derechos y obligaciones tanto de titulares como de usuarios.

Como parte de las estrategias del Gobierno para hacerle frente a esta problemática, el señor Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le solicitó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor-DNDA, entidad adscrita a esta cartera, proceder a la conformación inmediata de una Comisión Interdisciplinaria para la revisión del marco jurídico de las Sociedades de Gestión Colectiva.

Así, a través de la Resolución número 341 del 28 de noviembre de 2011 la Dirección Nacional de Derecho de Autor conformó la Comisión Interdisciplinaria para la revisión del marco jurídico de las Sociedades de Gestión Colectiva cuyo fin adelantar una exhaustiva revisión del régimen legal aplicable a las sociedades de gestión colectiva y evaluar la conveniencia de adoptar las modificaciones del caso.

En dicha Comisión Interdisciplinaria estuvieron representados todos los actores interesados en la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. En efecto, la Comisión estuvo integrada por las siguientes personas:

  1. Un (1) representante de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -Sayco-
  2. Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos -Acinpro-
  3. Un (1) representante de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales -Egeda Colombia-
  4. Un (1) representante del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos -Ceder-
  5. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Gestión -Actores-
  6. Cuatro (4) representante de los autores y compositores
  7. Un (1) representante de la Confederación Internacional de Autores y Compositores -CISAC-
  8.  Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Editores Musicales -Acodem-
  9. Un (1) representante del Consejo Gremial
  10. Un (1) representante de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco.
  11. Un (1) representante de los empresarios de conciertos
  12. Un (1) representante de Asomedios
  13. Un (1) representante de la Universidad del Rosario
  14. Un (1) representante de la Universidad Externado de Colombia
  15. Un (1) representante de la Universidad  Javeriana
  16. Un (1) Experto independiente
  17. Un (1) representante del Centro Colombiano del Derecho de Autor ¿Cecolda-
  18. Un (1) representante de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia ¿Cotelco-.

La Comisión se organizó en tres Subcomisiones denominadas: de Recaudo, de Administración y de Distribución, atendiendo la identificación de los tres ejes fundamentales de la actividad de la gestión colectiva.

Dichas subcomisiones fueron integradas de manera democrática y plural, y sesionaron paralelamente a la Comisión durante los dos meses de duración de la misma. Las subcomisiones sesionaron formalmente eligiendo cada una de ellas a un coordinador y a un secretario, dejando en acta sus reuniones y emitiendo cada una un informe contentivo de artículos a ser incorporados en el texto del articulado final.

Las diversas opiniones de los miembros fueron presentadas a las subcomisiones donde se les dio amplio debate, con la posibilidad de que los miembros de la Comisión manifestaran sus observaciones a cada una de las propuestas que se presentaron.

El resultado es el anteproyecto del articulado que fue presentado al Ministerio del Interior el 28 de enero de 2012. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tomó dicho anteproyecto como insumo y presentó el proyecto de ley que ahora se somete a consideración del honorable Congreso de la República.

Los principales puntos para destacar de la iniciativa legislativa que hoy se presenta ante el honorable Congreso de la Republica son:

– Se regula la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos a través de las modalidades de gestión individual y gestión a través de otras formas de asociación, las cuales son reconocidas expresamente por la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-509 de 2004 C-424 de 2005 y C-833 de 2007). De esta manera se llena un vacío legislativo que estaba generando una gran problemática e inseguridad jurídica para los consumidores de obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos.

– Se establecen criterios objetivos para la determinación de las tarifas y se fijan parámetros de negociación de las mismas con los usuarios.

– Se faculta a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita a este Ministerio, para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las otras formas de asociación, así como para imponer sanciones a los gestores individuales que incumplan la ley. En este sentido se procura lograr una gestión del derecho de autor y los derechos conexos transparente y ajustada a unas reglas de conducta precisas.

– Se incorporan normas tendientes a garantizar la profesionalización de los directivos de las sociedades de gestión colectiva a fin de garantizar una administración más eficiente.

– Se establecen unas claras y exigentes inhabilidades a los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y del Revisor Fiscal.

– Se refuerza la figura del Revisor Fiscal precisando que dicho cargo debe ejercerse por una persona jurídica de amplia trayectoria en asuntos de auditoría y manejo contable.

– Se actualiza el régimen sancionatorio, incrementando el monto de las sanciones aplicables a las sociedades de gestión colectiva y sus directivos y se sincronizan con las nuevas facultades de imponer sanciones a los gestores individuales y nuevas formas de asociación.

– Se regulan los procesos de distribución de las sociedades de gestión colectiva disponiendo obligaciones de adoptar sistemas que garanticen distribuciones que atiendan de la manera más precisa posible al verdadero uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.

– Se crea la defensoría del artista y del usuario como una instancia para solucionar las diferentes quejas que se presenten en contra de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos por parte de sus socios y de la ciudadanía en general. Esta instancia es concebida como una etapa previa a las actuaciones administrativas que pueden surtirse ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor como órgano de inspección, vigilancia y control.

Estructura y Contenido del Proyecto

La presente iniciativa legislativa pretende establecer el marco normativo de regulación de la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos teniendo como fundamento conceptual las tres modalidades reconocidas por la jurisprudencia constitucional: La gestión colectiva, la gestión individual, y la gestión efectuada a través de otras formas de asociación.

De esta manera, salvaguardando el derecho constitucional a la libre asociación, se pretende regularizar la actividad de aquellos titulares que opten por ejercer sus derechos de manera individual o a través de formas asociativas diferentes a las sociedades de gestión colectiva.

Así mismo, el proyecto de ley actualiza el régimen de gestión colectiva en Colombia reconociendo la nueva realidad social que implica el surgimiento de nuevos derechos y titulares, en el ámbito de las creaciones audiovisuales, dispuestos a ejercer sus prerrogativas de forma masiva. Adicionalmente, se propone un régimen de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva mucho m ás rígido con el propósito de garantizar que la administración de derechos que realizan estas entidades se realice de manera eficaz y sobre todo transparente con sus asociados y con la ciudadanía en general.

La iniciativa se divide en seis títulos cuyo contenido es descrito a continuación:

TÍTULO I

DE LA GESTIÓN COLECTIVA  Y OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN

En el Título primero se establece que las modalidades de gestión del derecho de autor y de los derechos conexos son: (i) la gestión colectiva, (ii) la gestión individual y (iii) la gestión a través de otras formas de asociación. Se define de manera precisa cada una de estas modalidades permitiendo diferenciarlas en sí y precisando conceptualmente sus características.

De igual forma se dispone como requisito para realizar la gestión individual del derecho de autor o de los derechos conexos la inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, previa acreditación de la titularidad de los derechos que se pretenden gestionar y la identificación del repertorio de obras objeto de la futura gestión.

A su vez, el proyecto consagra la posibilidad que la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor imponga sanciones de multa a los titulares que incumplan los requisitos dispuestos para realizar gestión individual.

En cuanto a la gestión a través de otras formas de asociación, se regulan las condiciones de funcionamiento para que las mismas puedan realizar administración del derecho de autor o de los derechos conexos. Básicamente se plantea el requisito de efectuar el registro ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, para lo cual se deberá acreditar la constitución de la asociación, la relación de socios, la representación de los derechos que se pretenden gestionar y la identificación de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas objeto de la futura gestión.

Se establece un número mínimo y uno máximo de titulares de derecho de autor o de derechos conexos que podrán representar, directa o indirectamente, las otras formas de asociación. En otras palabras, en ningún caso las otras formas de asociación podrán gestionar los derechos de menos de cinco (5) ni de más de veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos ya sea porque los mismos se encuentren vinculados directamente a la otra forma de asociación, o indirectamente, a través de una persona jurídica socia de la otra forma de asociación. Con esto se pretende diferenciar a las sociedades de gestión colectiva de las otras formas de asociación en cuanto al número de titulares que pueden representar.

A su vez, al igual que en la gestión individual, se establecen la posibilidad de imposición de sanciones por parte la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor cuando se compruebe el incumplimiento a las normas dispuestas para el funcionamiento de las otras formas de asociación.

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

El Título II del proyecto pretende regular algunos aspectos relacionados con la administración de las sociedades de gestión colectiva, dentro de los cuales se destacan disposiciones sobre la constitución, reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento, legitimación, asamblea general, derecho de inspección, conformación y elección del consejo directivo, revisoría fiscal, presupuesto y un régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los administradores de la sociedad y del Revisor Fiscal.

La regulación contenida en este título se hace necesaria a fin de propender por la transparencia en los procesos administrativos y la profesionalización de los administradores, precisar algunas obligaciones frente a los socios y permitir una ampliación en el cubrimiento de fines sociales y culturales por parte de las sociedades de gestión colectiva.

TÍTULO III

DEL RECAUDO

Se aborda en el Título III la regulación del recaudo de las remuneraciones causadas por la administración de los derechos patrimoniales de autor de los titulares afiliados a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.

En particular se fijan los criterios normativos bajo los cuales las sociedades de gestión colectiva deben fijar las tarifas generales por el uso de las obras o prestaciones artísticas que administran en representación de sus socios.

De igual for ma se obliga a las sociedades de gestión colectiva a publicar sus tarifas en internet y en el domicilio social como un mecanismo de trasparencia frente a los diferentes usuarios.

Adicionalmente, se crea un mecanismo de ventanilla única mediante el cual los propietarios o responsables de establecimientos de comercio donde se utilicen creaciones musicales y/o audiovisuales podrán realizar de manera unificada y en un solo paso los pagos por concepto de derecho de autor y derechos conexos que requieren para desarrollar su actividad comercial.

Finalmente en este título III se regula el procedimiento de concertación de tarifas entre las sociedades de gestión colectiva y los gremios y asociaciones de usuarios, y se contemplan los mecanismos de solución de controversias en caso de que la concertación no resulte efectiva.

TÍTULO IV

DE LA DISTRIBUCIÓN

Este Título pretende dar claridad y precisión en relación con la función de distribución de los dineros recaudados, que deben adelantar las sociedades de gestión colectiva entre sus socios.

Precisamente se pretende establecer principios, procedimientos, mecanismos, periodicidad para que la sociedad realice las distribuciones correspondientes entre sus asociados, así como el término de prescripción de las remuneraciones distribuidas y no cobradas por un socio.

Se precisa la obligación en cabeza de las sociedades de gestión colectiva de aportarle al socio información suficiente al momento del reparto, que le permita entender la forma como se procedió en su liquidación.

Así mismo, se establece la forma como se efectuaría el reparto de los dineros generados por las obras de titulares no identificados, y la obligación de las sociedades de gestión colectiva de contar con una base de datos con información clara y precisa de las obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas declaradas por sus socios, de los usos reportados y de los métodos aplicados para la distribución.

TÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

En el título quinto se crea la figura de la defensoría del artista y del usuario en la cual se podrán elevar quejas frente a las actuaciones de las sociedades de gestión colectiva que impliquen vulneraciones a las normas legales y estatutarias que rigen su actividad.

Esta figura se crea sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control radicadas en cabeza de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Así mismo, se regula la asignación de anticipos de distribuciones de derechos al interior de las sociedades de gestión colectiva.

De otra parte, se aumenta el monto de las sanciones de multa que la entidad de inspección vigilancia y control, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, puede imponer a las sociedades de gestión colectiva cuando se compruebe que las mismas han vulnerado normas legales o estatutarias. También se propone en el proyecto un aumento en el término de caducidad para imponer sanciones a las sociedades de gestión colectiva.

TÍTULO VI

VIGENCIAS Y DEROGATORIAS

Finalmente se incluye de manera expresa las derogatorias a que habría lugar en el caso en que el proyecto llegare a convertirse en Ley de la República.

De los honorables Congresistas,

Germán Vargas Lleras,

Ministro del Interior.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de marzo del año 2012 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 202 con su correspondiente exposición de motivos por el Ministro del Interior doctor Germán Vargas Lleras.

El Secretario General,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

 

[1][1]         Para el caso de obras dramáticas, dramático musicales y musicales.

[2][2]         Para el caso de obra literarias

[3][3]         Entiéndase por prestaciones musicales las interpretaciones o ejecuciones y las producciones fonográficas.

[4][4]         Artículo 45, literal b.

[5][5]         Ver: LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalia, 2006, Pág. 442 a 464.

[6][6]         El artículo 13 de la Ley 44 de 1993, dispone: ¿Son atribuciones de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos:

      (¿)

  1. Negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que administran y la remuneración correspondiente, y otorgar esas autorizaciones, en los términos de los mandatos que éstos le confieran y sin desconocer las limitaciones impuestas por la ley.
  2. Negociar con terceros el importe de la contraprestación equitativa que corresponde cuando éstos ejercen el recaudo del derecho a tales contraprestaciones.
  3. Recaudar y distribuir a sus socios, las remuneraciones provenientes de los derechos que le correspondan. Para el ejercicio de esta atribución las asociaciones serán consideradas como mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas¿¿

[7][7]         Ley 44 de 1993, artículo 13, numeral 4.

[8][8]         www.derechodeautor.gov.co

[9][9]         Decisión Andina 351 de 1993, Capítulo XI; Ley 44 de 1993, Capítulo III; Ley 1493 de 2011 y Decreto 3942 de 2010.  

[10][10]     En este sentido el artículo 1° del Decreto 3942 de 2010 dispone:

      ¿Gestión de derechos patrimoniales de autor y conexos. Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos podrán gestionar individual o colectivamente sus derechos patrimoniales, conforme a los artículos 4º  de la Ley 23 de 1982 y 10 de la Ley 44 de 1993.

      Se entiende por gestión colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos, la desarrollada en representación de una pluralidad de sus titulares, para ejercer frente a terceros los derechos exclusivos o de remuneración que a sus afilados correspondan con ocasión del uso de sus repertorios.

      A los efectos de una gestión colectiva será necesario formar sociedades sin ánimo de lucro, con personería jurídica y autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, y sometidas a su inspección y vigilancia, de conformidad con el artículo 43 de la Decisión Andina 351 de 1993. Para tal efecto, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Decisión Andina 351 de 1993, en el Capítulo III de la Ley 44 de 1993 y las demás condiciones señaladas en este Decreto. Dichas sociedades podrán ejercer los derechos confiados a su gestión y tendrán las atribuciones y obligaciones descritas en la ley…¿

[11][11]     Es preciso señalar que la entidad recaudadora ¿Organización Sayco-Acinpro¿ se encuentra bajo la inspección, vigilancia y control de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

[12][12]     Sentencias: C-509 de 2004, C-424 de 2005 y C-833 de 2007.

[13][13]     Decisión Andina 351 de 1993 y Ley 44 de 1993.

[14][14]     Reflejada en condiciones para la constitución y funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, además del sometimiento a inspección y vigilancia por parte del Gobierno Nacional a través de un ente especializado en la materia como lo es la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

[15][15]     ¿Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público¿. Decisión Andina 351 de 1993.

 

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