Deuda y fake news
En los siguientes párrafos voy a intentar reflexionar brevemente sobre la posibilidad de castigar las noticias falsas a partir de algunos eventos recientes. Algunos días atrás el Ministerio de Economía publicó un hilo en Twitter en el que afirmaba que era falsa la afirmación de que la deuda había aumentado en cincuenta mil millones de dólares durante el actual gobierno en tanto ella confundía la deuda en dólares con la deuda en pesos. Esta discusión, íntimamente ligada con la política económica del país, enfrenta al actual oficialismo y a la oposición en torno al problema del endeudamiento.
A pesar de la desmentida del Ministerio de Economía, economistas opositores insistieron con el dato, afirmando que, si bien la deuda contraída por el actual gobierno está mayoritariamente constituida por obligaciones en pesos, esto no obsta que pueda ser medida en dólares . (1) Este argumento afirma que para poder tener una idea unificada de cuánto es la deuda argentina, debemos contabilizarla en una misma unidad de medida, entre las cuales está el dólar. Según esta línea de razonamiento, el dólar puede funcionar como unidad de medida para contabilizar la deuda de un agente, en este caso el Estado Argentino.
Más allá de la discusión económica, creo que nos encontramos aquí ante un caso muy interesante para la discusión sobre fake news, un tema central de la discusión actual sobre libertad de expresión. Repasemos. Alguien hizo una afirmación de hecho y el estado afirmó que era evidentemente falsa. Si contáramos con una legislación que habilitara al estado a remover noticias falsas, esto podría significar que la información brindada por la oposición debería ser removida o publicada junto con alguna advertencia que indique que fuentes oficiales afirmaron que era falsa. Sin embargo, esto parece sumamente contraintuitivo. ¿Por qué?
Creo que existen dos razones por las que podemos pensar que este tipo de legislación es problemática desde la perspectiva de la libertad de expresión. La primera es que en sociedades plurales las personas tenemos diferencias no sólo sobre principios morales u objetivos de gobierno, sino también sobre cómo describir la realidad. Estos desacuerdos no son producto de la desinformación o la deshonestidad, sino que en muchos casos personas formadas y que actúan de buena fe pueden pensar la realidad de forma diferente. Sin tomar partido por una u otra posición respecto a la deuda, podemos decir al menos que ambas son argumentables, es decir que existen argumentos razonables para sostenerlas. Sin embargo, la reacción del estado no fue rechazar los argumentos de la oposición, sino calificarla de falsa.
La segunda de las razones es que no hay porqué asumir que lo que el estado califica como falso efectivamente lo es. Argentina tiene una triste experiencia al respecto. Existe un consenso respecto a que el INDEC manipuló los datos de inflación y pobreza entre 2007 y 2015, es decir que el estado brindaba información falsa, lo que incluso llevó a que se multara a quienes difundían informaciones contrarias a las oficiales. Si bien los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de que sus afirmaciones sean ciertas, si esto es una discusión es porque obviamente no es siempre así. Es decir que las oficinas y actores estatales pueden mentir y quienes rechazan la información oficial pueden estar en lo correcto.
Estos dos argumentos tienen algo en común: asumir la falibilidad de la actividad estatal. Si todos somos falibles y la actividad estatal es llevada adelante por personas, entonces parecería que el estado se puede equivocar. Por lo tanto, castigar a quienes difunden información contraria a la oficial podría llevarnos a penalizar afirmaciones verdaderas. Más aún, si partimos desde una posición de humildad epistémica, tenemos que aceptar que todas las afirmaciones pueden ser falsas y por lo tanto encontrar algún procedimiento que minimice esta posibilidad. Este procedimiento es el debate público y la libertad de expresión es su condición de posibilidad.
Los argumentos que esgrimí hasta acá están basados en una cierta presunción de buena fe de parte de los actores involucrados. Sin embargo, también puede suceder (como en el caso del INDEC) que las agencias estatales estén capturadas por intereses partidarios, lo que haría la situación incluso más problemática ya que eso permitiría ponerle un sello oficial a informaciones falsas con la finalidad de silenciar a quienes las rechazan. Es decir que si los agentes actuaran de mala fe, la presencia de legislación que castigue la difusión de noticias falsas sería incluso peor.
En conclusión, castigar la difusión de noticias falsas entendidas como aquellas que contradicen la información oficial puede ser problemático en términos democráticos tal como muestra el caso del comunicado del Ministerio de Economía. Para muestra basta un botón.
(1) De hecho, el propio Ministerio de Economía expresa los montos de la deuda en dólares
