El acceso a datos para investigadores: Los desafíos de la sociedad civil frente a las plataformas digitales. Una conversación con Carlos Cortés y Laura Palacio – por Juan Martín Marinangeli.
En los últimos años, el debate sobre el acceso a datos de las plataformas digitales ha cobrado una relevancia central para investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Desde el CELE, venimos siguiendo de cerca esta discusión que plantea interrogantes fundamentales sobre la transparencia, privacidad y el rol de las plataformas. Para profundizar en esta temática, conversamos con Carlos Cortés (Director Ejecutivo) y Laura Palacio (Líder de Datos y Plataformas) de Linterna Verde, una organización colombiana que trabaja “para fortalecer la acción de la sociedad civil en el debate público digital.”
En el marco de un proyecto de investigación, Linterna Verde recientemente tuvo acceso a la librería de datos de Meta. En esta entrevista, Cortés y Palacio nos cuentan sobre el (complicado) proceso de acceso a la base de datos, y reflexionan acerca del rol que la sociedad civil latinoamericana cumple y podría cumplir a la hora de abogar por mejores políticas de transparencia.
El largo camino hacia los datos
El panorama actual del acceso a datos de plataformas digitales presenta importantes desafíos para los investigadores. Como nos explica Laura Palacio, incluso con la nueva biblioteca de Meta -una de las herramientas más prometedoras en este campo-, el proceso de acceso es complejo y demandante. “Para hacer la solicitud, es obligatorio presentar un proyecto. No obstante, Meta no se fija tanto en el tema del proyecto, sino en el perfil del líder de investigación: debe tener experiencia sólida en el manejo de datos y las herramientas de análisis”, señala Palacio.
La mención de un “líder de investigación” no es inocente: como comenta Palacio, “al solicitar el acceso, Meta también te pide tu perfil de Facebook y solo autoriza ese perfil en específico. No puedes autorizar otros perfiles. Si, por ejemplo, deseas añadir más personas a una investigación, tienes que enviar otra solicitud y recibir nuevamente la aprobación para esos perfiles específicos.” “Sería mejor” –sugiere la investigadora– “contar con un acceso general para la organización y luego decidir internamente quiénes pueden utilizarlo, aunque se restringieran ciertos perfiles.”
El proceso, sin embargo, no termina con la aprobación inicial. Los investigadores deben completar cursos específicos y cumplir con diversos requisitos técnicos. En el caso de Linterna Verde, el proceso completo llevó entre mes y medio y dos meses, incluyendo un rechazo inicial por la ausencia de un Comité de Ética. “Luego, volvimos a completar la solicitud, ajustamos algunos detalles, y coincidió que en ese momento Meta eliminó esa restricción, por lo que ya no necesitábamos el aval del comité. Después de eso, el proceso fue mucho más rápido; en dos o tres semanas nos aprobaron el acceso”, completó Palacio.
En líneas generales, las herramientas disponibles, si bien valiosas, presentan restricciones significativas. La biblioteca de Meta, por ejemplo, no permite acceder a comentarios ni ver quién comenta, y tampoco brinda acceso directo a los enlaces de las publicaciones en Facebook. Además, las actualizaciones no son en tiempo real, sino semanales. En consecuencia, “muchas veces dependemos de búsquedas manuales para obtener lo que necesitamos”, dice Palacio. “Hacer búsquedas para llegar al contenido que necesitamos es un proceso difícil y tedioso”: “Siento que el acceso a estos datos no es nada fácil para personas sin conocimientos avanzados en ciencia de datos”, concluye la investigadora.
La interoperabilidad de los datos: ¿Un camino a seguir?
Uno de los aspectos más complejos en este escenario es la capacidad de combinar y comparar datos provenientes de distintas plataformas, es decir, la tan mentada “interoperabilidad.” Como advierte Laura Palacio, este objetivo se ve típicamente obstaculizado no sólo por cuestiones técnicas, sino también por consideraciones de índole económica: “las plataformas tienen que manejar grandes servidores que requieren mucho espacio y consumen recursos como agua y energía”. “Brindar acceso a los datos representa un costo significativo para las plataformas, que no ven claro el beneficio de abrir el acceso sin restricciones”, argumenta Palacio y concluye que la interoperabilidad “no será fácil de lograr, principalmente debido al enorme valor que los datos tienen hoy en día para las grandes tecnológicas.”
Cortés, por su parte, reflexiona sobre cómo este debate se enmarca en una discusión más amplia sobre el “espacio público” digital: “nuestro principal desafío es que las infraestructuras en las que se desarrollan las conversaciones en línea son privadas, y eso nos hace vulnerables a los cambios que impongan las plataformas.” En consecuencia, observa Cortés, “será muy difícil discutir la interoperabilidad de los datos si el espacio público de conversación es controlado por plataformas privadas.”
El rol de la sociedad civil: Entre la demanda y la acción
La cuestión del rol de la sociedad civil en el acceso a datos de plataformas digitales es, a juicio de Carlos Cortés, un interrogante complejo que se enmarca en un contexto más amplio de discusión con organizaciones de derechos digitales. “Desde Linterna Verde, nos hemos caracterizado por una postura bastante maximalista en cuanto a nuestras demandas hacia las tecnológicas.” Si bien acciones como cartas abiertas a figuras como Zuckerberg o la exigencia de estándares más firmes son válidos caminos de trabajo, Cortés reconoce que, en la práctica, terminan teniendo poco impacto.
“Este punto de partida nos ha llevado a reflexionar sobre el proceso de desarrollo del acceso a datos”, señala Cortés. “Si bien hemos explorado posibles alianzas con universidades estadounidenses, lamentamos que, como organizaciones latinoamericanas, aún no hayamos logrado comunicar una ‘voz común’ que permita ‘hacer el caso’ de manera convincente.” Cortés considera que “sería fundamental articular esa voz común” para “plantear una conversación diferente”, aunque reconoce que existen tensiones complejas que no son sencillas de resolver y que ponen a la sociedad civil de la región en una “posición de debilidad”.
“Desde nuestra organización, buscamos no sólo acceder a los datos para nuestro propio uso, sino también articular una conversación entre las organizaciones de la región que enfrentan el mismo problema”, nos explica Carlos Cortés. Y si bien no la define como una organización activista, destaca que su trabajo apoya activamente a la sociedad civil que promueve causas relevantes en la región.
¿Sería la regulación una posible solución a estos problemas? Carlos tiene una mirada escéptica sobre el panorama actual de la regulación digital en América Latina: “a veces me pregunto para qué estamos optimizando nuestros esfuerzos.” Si bien reconoce algunos avances en la creación de marcos normativos, sostiene que estos siguen siendo limitados y no siempre logran abordar las principales preocupaciones de la sociedad civil: “no se entiende bien hacia dónde apunta cada país, y eso deja a la sociedad civil en una posición estratégica muy incierta. Terminamos impulsando debates críticos en plataformas sobre estándares y principios, pero los aterrizajes regulatorios no resultan útiles, aunque esto tampoco significa que debamos evitar la regulación por completo.” Esto los obliga a centrar sus esfuerzos en debates críticos sobre principios y estándares, sin que esto se traduzca necesariamente en cambios regulatorios efectivos.
Por su parte, Palacio observa que mientras algunas organizaciones buscan mayor acceso a datos para investigación, otras abogan por una mayor protección de la privacidad. “La sociedad civil está dividida en dos partes”: “por un lado, las organizaciones que buscan acceso a los datos para investigar, proponer y avanzar; por otro, una parte que dice ‘no vendan mis datos’, exigiendo más privacidad”, explica.
Cortés reconoce que “esta línea de trabajo nos enfrenta incluso a interrogantes existenciales sobre nuestro propio quehacer: ¿qué estamos haciendo con esos datos y para qué los buscamos?” El acceso a datos implica, según Cortés, un doble desafío para la sociedad civil: “no sólo obtener esos datos, sino también acreditar nuestra capacidad para manejarlos de manera responsable y con propósitos claros.”
Hacia una agenda ¿regional?
¿Cómo generar, entonces, demandas más efectivas de acceso a la información? Palacio señala dos posibles líneas de acción. Plantea la necesidad de construir una mayor conciencia, tanto en la sociedad civil como en las instituciones, sobre la disponibilidad y relevancia de los datos públicos: “a medida que nos volvemos concientes de qué información necesitamos, podemos exigir que quienes tienen estos datos —los ‘dueños’, por decirlo de algún modo— nos faciliten el acceso. Al final, esta información también es nuestra.”
Además, la investigadora sostiene “que es clave fomentar la conciencia del usuario y consumidor, no sólo para exigir acceso, sino también para hacer un uso responsable de nuestros propios datos”, y sugiere “reconocer que el acceso a la información tiene que manejarse en una doble vía”: “por un lado, necesitamos acceso, pero también debemos pensar en la privacidad: hasta qué punto somos conscientes, como consumidores y usuarios, de qué información debería ser pública.”
A estas observaciones, Cortés agrega la “necesidad de conectar los distintos puntos de acceso a estos datos: los datos de investigación, los datos de plataformas y, finalmente, los elementos de privacidad y procesamiento de datos, en nuestro contexto latinoamericano.” Y concluye: “como sociedad civil, necesitamos articular el problema de forma clara y trabajar para construir una voz más unificada. Esto sería un gran avance en ese camino.”
