El juego no mirado: sobre avances en políticas antitrust en Estados Unidos
En las últimas semanas gran parte de la discusión sobre gobernanza de Internet giró en torno a la decisión de Meta de cambiar su aproximación al fact-checking y a la moderación de contenidos en general, al menos en Estados Unidos. Pero hay un juego paralelo, generalmente menos visible: el del enforcement de las políticas antitrust, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Es una aproximación que no asume la existencia de “grandes jugadores” sino que la cuestiona, hasta cierto punto en tensión con las aproximaciones prevalentes como la Digital Services Act que asume que el tamaño de las empresas es una condición necesaria para su propuesta regulatoria. En este post exploramos un caso que pasó más o menos desapercibido el año pasado, para traerlo a la discusión actual.
En efecto, la sentencia en el caso Google LLC vs. Estados Unidos, emitida por el juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia en agosto de 2024, es un hito importante en la línea de las políticas antitrust en el ámbito de Internet. Este fallo, que condena a Google por violaciones a la legislación antimonopolio, va más allá de las consideraciones económicas y plantea interrogantes cruciales sobre cómo el dominio de una sola empresa en el mercado digital afecta la libertad de expresión, la protección de datos personales y el acceso a la información pública.
Las políticas antitrust emergieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos como reacción ante el creciente fenómeno de la concentración de riqueza en manos privadas, bajo la premisa de que una democracia es incompatible con el poder excesivo—incluso cuando este se deposita en esferas no estatales. La aproximación, que desde hace algunos años experimenta una especie de renacimiento, es de obvia aplicación para las plataformas digitales, que controlan un vasto flujo de información y son, en consecuencia, actores centrales en el proceso democrático, y la toma de decisiones políticas. Como también cumplen un rol central en el mercado publicitario, se vuelven—también—relevantes para la protección de los derechos de los consumidores y la protección de sus datos personales. En el caso Google LLC vs. Estados Unidos, precisamente, se destacan estos problemas y su fallo sienta un importante precedente para casos futuros.
Argumentos de la Fiscalía
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), junto con fiscales generales de once estados, presentó el caso en octubre de 2020: sostuvo que Google había violado las leyes antimonopolio al establecer acuerdos exclusivos que impedían la competencia justa. La fiscalía sostuvo que Google había pagado aproximadamente $10 mil millones anuales a empresas como Apple para asegurar que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en dispositivos como el iPhone y navegadores como Safari. Estos acuerdos, según el DOJ, crearon un «círculo vicioso» que reforzaba el dominio de Google, ya que la empresa utilizaba los datos generados por estas búsquedas para mejorar su algoritmo, lo que a su vez atraía más usuarios y anunciantes. Además, el DOJ argumentó que Google había manipulado las subastas de publicidad en línea, elevando artificialmente los precios para los anunciantes y limitando la capacidad de competidores como Bing para generar ingresos. La fiscalía también destacó que, aunque los usuarios técnicamente podían cambiar el motor de búsqueda predeterminado, la mayoría no lo hacía, lo que perpetuaba el monopolio de Google.
Argumentos de la Defensa
Por su parte, Google defendió su posición argumentando que su dominio en el mercado de búsquedas era el resultado de la calidad superior de su servicio, mas no de prácticas anticompetitivas. Según John Schmidtlein, el principal abogado de la defensa, los usuarios eligen Google porque ofrece resultados más relevantes y útiles, y que su éxito se debe a una inversión continua en innovación y mejora de su algoritmo. También señalaron que los acuerdos con fabricantes y navegadores no eran exclusivos en términos absolutos, ya que los usuarios podían cambiar fácilmente el motor de búsqueda predeterminado con unos pocos clics. Además, argumentó que las prácticas no habían perjudicado a los consumidores, ya que su servicio de búsqueda es gratuito y ofrece un beneficio directo a los usuarios. Finalmente, Schmidtlein cuestionó la definición del mercado relevante utilizada por el DOJ, sugiriendo que el contexto competitivo debería incluir no solo los motores de búsqueda tradicionales, sino también plataformas como Amazon y redes sociales como Facebook, que también ofrecen funcionalidades de búsqueda.
El fallo
El juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia fue el encargado de resolver el caso. Concluyó que Google había abusado de su posición dominante en el mercado de búsquedas, que representa aproximadamente el 90% de las consultas en línea en Estados Unidos, mediante acuerdos exclusivos con los fabricantes de dispositivos, así como con desarrolladores de navegadores como Mozilla. En su sentencia de 277 páginas, el juez Mehta destacó que estas prácticas no sólo consolidaron el monopolio de Google, sino que también sofocaron la innovación y perjudicaron a los consumidores al reducir la calidad y diversidad de los servicios de búsqueda disponibles. Además, señaló que Google había utilizado su dominio para cobrar precios más altos a los anunciantes, lo que generó un impacto negativo en el mercado publicitario. A continuación, repasamos dos temas centrales que se desprenden de la decisión del juez Mehta.
Libertad de Expresión y el Poder de los Algoritmos de Google
Resulta a estas alturas claro que la libertad de expresión puede verse afectada si un actor dominante—como es el caso de Google—determina, con sus servicios, el flujo de información en un sentido problemático. Sus algoritmos deciden qué contenido se muestra y en qué orden. Influyen directamente en la visibilidad y accesibilidad de diversas voces y perspectivas. Esta capacidad de moldear el discurso público puede conducir a una forma de censura privada, donde ciertas ideas o fuentes de información son relegadas o invisibilizadas sin transparencia ni rendición de cuentas. Es el problema persistente de una Internet desarrollada bajo el paradigma de la start up y con una lógica de mercado tendiente a la concentración (entre otras cosas, por los “efectos de red” de los que sirven muchos de los servicios principales que se prestan en Internet).
Ocurre que—como ya es harto sabido—los algoritmos no son neutrales; reflejan las decisiones y prejuicios de quienes los diseñan. Estudios han demostrado que los algoritmos de búsqueda pueden perpetuar sesgos raciales, de género o ideológicos. Cuando una plataforma monopólica como Google presenta resultados sesgados, el impacto se magnifica, y se afecta la capacidad de los usuarios para acceder a información diversa y fiable. La ausencia de competencia limita las opciones de los usuarios para elegir plataformas que puedan ofrecer alternativas más equilibradas o transparentes. Esto subraya la necesidad de mecanismos legales que exijan a las empresas dominantes adoptar medidas para mitigar los sesgos algorítmicos y garantizar una libertad de expresión efectiva en el entorno digital.
Protección de Datos Personales y la Concentración de Información Sensible
La protección de datos personales cobra mayor relevancia en la era digital y puede ser una forma de protegerse contra los abusos de las empresas dominantes. Google, a través de sus múltiples servicios y aplicaciones, recopila y procesa enormes cantidades de datos personales, incluyendo hábitos de navegación, ubicaciones geográficas, preferencias y comportamientos en línea. En ese contexto, su lugar de monopólico es causa de preocupación. La concentración de información personal en una sola entidad aumenta el riesgo de violaciones de privacidad y uso indebido de datos ya que sin competencia los incentivos para mejorar las prácticas de protección de datos disminuyen, y los usuarios carecen de alternativas viables para proteger su información personal. El modelo de negocio de Google se basa en la monetización de datos personales a través de publicidad dirigida. Esto puede conducir a prácticas invasivas y a la erosión del consentimiento informado, ya que los usuarios pueden no ser plenamente conscientes del alcance y propósito del procesamiento de sus datos.
En Estados Unidos, la falta de una legislación federal integral en materia de protección de datos personales crea un vacío legal que empresas como Google pueden explotar. Mientras que en la Unión Europea el RGPD establece normas estrictas y derechos claros para los individuos, en Estados Unidos las regulaciones son fragmentadas e insuficientes para abordar los desafíos actuales.
Conclusión
La sentencia en el caso Google LLC vs. Estados Unidos pone en relieve cómo el monopolio en el mercado digital trasciende las cuestiones económicas y afecta directamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, la protección de datos personales y el acceso a la información pública. La concentración de poder en manos de una sola empresa crea riesgos significativos para la democracia y los derechos de los ciudadanos en la era digital.
El fallo del juez Mehta es un primer paso, pero el caso está lejos de concluir. Google ha anunciado su intención de apelar, lo que podría prolongar el proceso legal durante años. Mientras tanto, la sentencia abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo regular el poder de las grandes empresas tecnológicas. En el futuro, este caso podría sentar las bases para acciones similares contra otras empresas tecnológicas dominantes, como Apple, Amazon o Meta. La clave estará en equilibrar la innovación con la protección de los derechos fundamentales, asegurando que el entorno digital sea un espacio equitativo y respetuoso con la privacidad y la libertad de los usuarios.
