“El arte de plantear una pregunta debe ser de mayor valor que resolverla”. 

Aunque Georg Cantor se refería a las ciencias matemáticas, esta frase también podría ser atribuida al mundo de las encuestas. La información que se obtiene de un sondeo puede ser de mucho valor si este ha sido bien formulado. Por eso, antes de empezar a redactar un formulario, un buen encuestador tendría que responder una simple interrogante: ¿Para qué? 

Como en muchos otros países de la región, el Gobierno Peruano viene utilizando la recolección masiva de datos personales de sus ciudadanos como uno de sus instrumentos para enfrentar la pandemia causada por el SARS-CoV-2. La última herramienta consiste en una encuesta digital y masiva, enviada a través de un código USSD a los celulares de más 20 millones de personas. Pero, al igual que otras estrategias, esta presenta las mismas falencias de falta de transparencia y resguardos de privacidad necesarios.

Objetivo incierto

La “Encuesta Nacional COVID-19” fue lanzada el 28 de junio como una iniciativa que le permitirá al Estado Peruano conocer la situación de la población frente a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 e implementar acciones de prevención frente a la misma. El alcance de 20 millones de personas se presume lograr a través de la herramienta de envío escogida (código USSD, sin necesidad de acceder a Internet), la colaboración de todas las operadoras de telefonía móvil celular en el país, y un llamado a que los ciudadanos respondan semanalmente la encuesta durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

La encuesta contiene preguntas referidas al rango de edad del encuestado, frecuencia con la que sale a la calle, si presenta algún síntoma vinculado con el COVID-19 y desde hace cuánto tiempo, si ha salido del distrito en el que se encuentra, si ha tenido contacto físico con personas sospechosas o confirmadas para COVID-19, y si realiza actividades que impliquen el contacto con personas (salud, venta, limpieza, etc); así como preguntas similares respecto de las personas con las que vive. Pueden llegar a formularse hasta 18 preguntas.

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué acciones concretas tomará el Estado con esta información. La Política de Privacidad de la encuesta contiene algunas finalidades cuya formulación gaseosa quizá satisfaga el checklist tradicional de abogado de protección de datos personales, pero que difícilmente será comprendido por la generalidad de personas que serán interrogadas. Expresiones genéricas como “conocer la situación de la población frente al COVID 19 de forma proactiva, masiva, inclusiva y constante” o “implementar acciones preventivas y objetivas frente a la pandemia” dicen muy poco sobre el objetivo concreto de la encuesta. Probablemente, la medida más específicamente advertida en la política de privacidad consiste en “tomar decisiones respecto a la reactivación de zonas basándose en los síntomas mostrados por sus ciudadanos”. 

Otra de las finalidades señaladas en la Política de Privacidad es la de “identificar los casos que requieren atención prioritaria para comunicarlo al Ministerio de Salud”. Al parecer en este caso el Ministerio de Salud sí accedería al número celular y ubicación del encuestado, pero no se precisa cuándo un caso calificaría como prioritario, ni en cuántos días ni cómo se comunicará el ministerio, o si efectivamente lo hará.

Según ha declarado públicamente la secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros -aunque esto no se anuncie en la Política de la Privacidad-, las respuestas de la encuesta serán cargadas también a la aplicación móvil “Perú en tus manos”, cuyo real propósito y puesta en práctica son todavía un enigma para la mayoría de la población. Se sabe recién -luego de tres meses de lanzada- que esta aplicación apunta a ser un instrumento de rastreo digital de contactos centralizado. Es decir, toda la información no se quedará únicamente en los teléfonos móviles de las personas sino que irá a manos de un servidor del Estado. Este modelo de rastreo digital ha despertado grandes preocupaciones a nivel mundial de organizaciones como la OMS, el Comité Europeo de Protección de Datos y Privacy International. Más allá de las buenas intenciones y sacrificada labor de decenas de funcionarios, académicos y empresa privada que han trabajado en la aplicación, subsiste el riesgo del uso abusivo de esta cantidad inmensa de información por parte del Estado, durante y después de la emergencia. 

La vaguedad sobre las finalidades concretas de la encuesta conducida por el Ejecutivo puede ser un síntoma de algo más grave: la propia incertidumbre estatal. Solo peor que preguntar mal es preguntar inútilmente; sin saber para qué se van a utilizar las respuestas.

De la incertidumbre a la suspicacia hay un solo paso.

Consentimiento ¿informado?

La primera versión del mensaje que envió el Estado con la encuesta decía lo siguiente: “Gobierno del Perú. ¿Acepta compartir su  número celular, ubicación aproximada y respuestas para análisis contra el COVID-19?”, y solo habían dos opciones: Aceptar o No Aceptar. No se mencionaba nada de la encuesta ni dónde ubicar las reglas que iban a gobernar el procesamiento de datos personales que serían recolectados a través del sondeo.

En una segunda versión del mensaje ya se hace referencia a la encuesta y un enlace en donde se informa un poco más sobre ella y se puede descargar la política de privacidad.

Evidentemente, esto representaba un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales que obliga a obtener un consentimiento previo, libre e informado antes de la recolección de los datos (artículos 13 y 28). Aun cuando esto mejora con la segunda versión del mensaje, es poco realista pensar que las personas iban a buscar y leer la política de privacidad antes de llenar la encuesta. 

Aunque el problema de la excesiva extensión y difícil comprensión de las políticas de privacidad no es un asunto que atañe exclusivamente al Perú o a su gobierno, sí resulta irónico que el Estado participe de esta ficción en la que simula informar adecuadamente a sus ciudadanos sobre la recolección masiva de su información.

Lo preocupante es el ahorro de esfuerzos estatales para publicitar adecuadamente la encuesta y ser más claro y transparente con la ciudadanía acerca de sus objetivos, así como respecto de las respuestas que de parte del Estado se podría esperar.

No cabe duda de la relevancia de que el Estado disponga de información que pueda proporcionarle la ciudadanía, a efectos de diagnosticar mejor las necesidades de la población, brindar atención prioritaria a los sectores más afectados y tomar acciones políticas que nos permitan hacer frente a esta pandemia y a sus repercusiones. Sin embargo, sin transparencia y respeto a la privacidad de las personas, cualquier medida está condenada a la desconfianza  y, probablemente, al fracaso.

 

Andrés Calderón, Director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico (Perú) y consultor del Observatorio Legislativo en Libertad de Expresión del CELE.

Susana Gonzales, Asistente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Perú)

Crédito de imagen: Adli Wahid