Esta semana comenzó una nueva edición de la Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet, LACIGF.
El LACIGF, como todos los foros de gobernanza, es un espacio multistakeholder. ¿Qué quiere decir esto? Que son espacios en los que se trata de reunir a todas las partes interesadas a que participen, dialoguen, se informen y busquen respuestas y soluciones a los distintos problemas que se perciben en el ecosistema.
Como afirma Guilherme Canela (UNESCO) en el artículo “Estado democrático de derecho y gobernanza de internet: el rol clave de los operadores judiciales”, reconocer la complejidad del ecosistema de internet conlleva la necesidad de incluir el amplio abanico de actores, “especialmente cuando su mirada debe ser considerada como central para el desarrollo de internet bajo una lógica respetuosa de derechos humanos”.
Los espacios de gobernanza toman una importancia aún mayor en tiempos de pandemia, en la medida en que el aislamiento y la digitalización nos obligan a pensar en el acceso a internet y la libertad de expresión desde una perspectiva mucho más amplia, justa y abarcativa. En los tiempos que corren, reunirse en el espacio digital presenta un desafío, pero también una oportunidad. Sin ir más lejos, el mes pasado realizamos por primera vez el taller del CELE “Por una mejor regulación de internet en América Latina” de manera 100% online. Esto presentó todo un desafío -a pesar de haber sido la octava edición del taller-, no solo para ofrecer contenidos de calidad de la mejor manera posible, sino para coordinar los encuentros simultáneos con un grupo de más de 30 personas.
La apertura de este espacio virtual ha de ser celebrada, en tanto permite mantener los espacios y facilitar la participación. En el IGF global de 2019 en Berlín, el 42% de los participantes fue de sociedad civil, el 19% sector privado, el 18% gobiernos, el 11% comunidad técnica, el 4% organizaciones intergubernamentales, 3% es prensa y otro 3% son legisladores. Solo el 9% de los y las participantes reunidos en Alemania provenían de América Latina y el Caribe. Esto sin perjuicio de que históricamente se ha habilitado la participación remota al evento, pero incluso con dicho recurso, América Latina representaba un 6% de los hubs remotos de participación.
Es por eso que el LAC IGF resulta un espacio fundamental para acercar estos debates a la región, especialmente durante la cuarentena.
La posibilidad de contar con estos espacios online permite imaginar múltiples y diversos escenarios en torno a la posible asistencia y participación en el foro de este 2020. Lamentablemente no hay disponibles estadísticas públicas sobre participación remota en este foro regional en el pasado. A pesar de ello, muy probablemente, poco pueda influir la modalidad en la mayor o menor representación de algunos actores en el debate. Entre ellos legisladores y el poder judicial que históricamente, tanto en los foros globales como en los regionales, tienen una tradición de poca o nula participación.
En su paper, Canela señala tres motivos claves para promover la participación activa del poder judicial en espacios de gobernanza de internet: son tomadores de decisiones jurisdiccionales sobre internet; requieren un conocimiento técnico sobre internet y nuevas tecnologías para el desarrollo de investigaciones propias de sus fueros, incluyendo el desarrollo de prácticas en torno a prueba digital; y por último son usuarios de internet y de todo lo que el mundo virtual tiene para ofrecer, y le dan uso tanto particular como profesional. Y a todas ellas hicieron referencia en la sesión que el mismo Canela organizó, junto al CELE, en el IGF de 2019 con jueces de Brasil, Ghana y de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Esta tridimensión muestra que la participación de jueces y juezas en los espacios de gobernanza de internet podría resultar clave para garantizar el respeto de los derechos humanos en internet. Sin embargo, los operadores judiciales no cuentan con formación inicial que les dé las herramientas para tratar estas temáticas tan complejas desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos humanos y tampoco tienden a participar de espacios de gobernanza. Esto se da a pesar de que, de acuerdo con las encuestas de Unesco, los jueces y juezas, fiscales y defensores públicos presentan un claro interés en estas temáticas. Este interés se ve claramente en el curso en línea “Marco jurídico internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas” que se lleva a cabo desde hace cinco años bajo la coordinación de Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y es coorganizado por UNESCO, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el curso, el módulo sobre “Libertad de expresión e internet” es el que más atención atrajo entre quienes tomaron el curso, “tanto por contener temas novedosos como por el hecho de que, de manera creciente, enfrenta desafíos jurídicos en los que internet aparece en el centro de la escena”. Los contenidos del módulo buscan acercar a los y las participantes a las perspectivas del sistema internacional, en el que se debaten temas que van desde las nociones básicas de la arquitectura de internet, su diseño y funcionamiento, pasando por la responsabilidad de los intermediarios, hasta las condiciones en las que el filtrado y bloqueo de contenido son aceptables.
Algunas experiencias en el seno del poder judicial refuerzan esta conclusión, mostrando incluso como a falta de participación formal en eventos de gobernanza, los tribunales superiores (sobre todo) en oportunidades han generado sus propios espacios de debate en materia de gobernanza. La audiencia pública celebrada por la Corte Constitucional Colombiana en 2019 sobre responsabilidad de intermediarios podría citarse como un precedente interesante. En ella no se debatía un caso sino problemas comunes a una cantidad de casos que se tramitaban en la Corte y que requerían de una discusión de múltiples partes interesadas capaz de esbozar para la Corte la complejidad de los problemas abordados, las posibles soluciones teóricas y las implicancias de las soluciones propuestas.
A un año de la audiencia, Lucia Camacho de la Fundación Karisma la describe como: “Un evento sin precedente en el que un alto tribunal en el país convocaba a personas expertas, organizaciones de sociedad civil y representantes de plataformas a que se pronunciaran sobre el ejercicio de la libertad de expresión en internet, la protección de datos en la era digital y la responsabilidad de los intermediarios de internet como Facebook, Google, YouTube, entre otros.” En igual sentido, las audiencias celebradas por la Corte Suprema Argentina en el caso Belén Rodriguez y la invitación de la Corte a presentar amicus en ese caso también podría leerse en esta línea, aunque enfocado en un caso individual y concreto.
¿Qué sucede entonces? ¿Por qué cuesta tanto que el poder judicial se acerque a estos foros? Si hay un interés desde los espacios de gobernanza en que el poder judicial participe y desde los operadores judiciales en interiorizarse en las cuestiones relacionadas a internet, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué oportunidad de debate y conversación nos estamos perdiendo? Quizás este posteo pueda, por lo menos, servir como una invitación al poder judicial para sumarse a las conversaciones de gobernanza, empezando por debatir estas preguntas básicas en torno al acceso a dichos espacios.
Por Victoria Abatte (@vicabatte) y Agustina Del Campo (@agustinadelcamp)
Foto: @marvelous
