Nueva candidatura para la Dirección de la AAIP
Hace algunos días se publicó en el Boletín Oficial de Argentina una resolución que se hizo desear durante casi un año: la nueva postulación para cubrir la Dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
La AAIP está sin Director desde enero de 2021, tras la renuncia del entonces Director Eduardo Bertoni. En marzo de ese año, Jefatura de Gabinete de Ministros postuló al abogado Gustavo Juan Fuertes para el cargo, pero terminó dando de baja su candidatura luego de que ésta fuera blanco de críticas e impugnaciones que, por unanimidad, coincidían en que el postulante no era idóneo para el cargo.
La nueva candidata, Magíster Beatríz de Anchorena, tiene un extenso currículum con vasta experiencia en gestión pública y puestos de alto nivel –algo que, a priori, no tenía el candidato anterior–. Sin embargo, al igual que Fuertes, de Anchorena no tiene en principio experiencia ni conocimientos específicos en materia de acceso a la información, libertad de expresión, o derechos humanos en general lo cual puede plantearle desafíos en el corto plazo, sobre todo atendiendo a la acefalía del organismo desde hace más de un año.
El cargo es importantísimo
Se trata de un órgano central para la aplicación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, bajo cuya competencia se dirimen cuestiones de acceso a la información y protección de datos personales, y se controla la transparencia y publicación proactiva de información del Estado esencial para la rendición de cuentas de la administración pública. Estos derechos están inherentemente relacionados con el derecho fundamental de la libertad de expresión: acceder a información sobre la gestión de la administración pública le permite al ciudadano/a no sólo informarse, educarse y formarse de una opinión, sino además denunciar posibles irregularidades. En consecuencia, las cuestiones por las que vela la Agencia impactan, en última instancia, en el éxito de nuestra democracia.
Como lo ha indicado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe del 2009, el derecho de acceso a la información no sólo está comprendido en la libertad de expresión protegida por el artículo 13 de la Convención Americana, sino que además “se trata de una manifestación de esta libertad que resulta particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos de gobierno (…)”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió en el caso Claude Reyes que tanto la Convención Americana como otros instrumentos internacionales de derechos humanos establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.
Argentina ha sido uno de los primeros países en la región en contar con su Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000, incluso cuenta con protección a nivel constitucional mediante el “habeas data”, plasmado en el artículo 43 de la carta magna. Sumado a ello, desde el 2019 Argentina es parte del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los flujos trasnfronterizos de datos (conocido como el “Convenio 108”) del Consejo de Europa, y firmó su protocolo adicional (Convenio 108+), si bien aún están pendientes los procesos legislativos para su aprobación.
Requisitos…¿cumplidos?
Sin dudas es una gran noticia que el Ejecutivo haya avanzado en una nueva postulación para la Dirección de la AAIP. No obstante, debemos reforzar la importancia de que quien asuma la Dirección de la Agencia sea un/a profesional idóneo/a con trayectoria en estos temas tan sensibles.
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 27275, por la cual se crea la AAIP, se estipula que su Director “será designado mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato”, y durará en su cargo 5 años con una única posibilidad de reelección. Entre los requisitos para el cargo la norma indica que “deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función”. Según consta de sus antecedentes, la candidata es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por Georgetown University y la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA. También se desempeñó como Docente de Administración Pública y de Gestión y Control de Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones educativas. A la fecha, se encuentra a cargo de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros donde “impulsó la creación (…) de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia”. Si bien cuenta con una extensa carrera en gestión del sector público, en principio no se desprende de su Curriculum Vitae experiencia puntual en protección de datos personales, acceso a la información, y libertad de expresión.
La norma también indica que “está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función” y que “el director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5) años previos a la designación”, pretendiendo garantizarse cierta imparcialidad. Esto es fundamental para quien dirija el organismo que, como mencionamos antes, estará a cargo de controlar la publicación proactiva de información del Estado. Con respecto a esto, algunas organizaciones de la sociedad civil ya han expresado preocupación por la posible falta de independencia de la candidata debido a su vinculación con el Instituto Patria, presidido por Cristina Fernández de Kirchner.
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Lamentablemente, no es infrecuente que instituciones tan relevantes para la protección de nuestros derechos en Argentina se encuentren acéfalas. Cabe recordar que desde el 2009 que el cargo de Defensor del Pueblo está vacante y sin perspectivas de una pronta designación por parte del Congreso… Esperemos que este no sea el caso de la AAIP y se pueda cubrir el cargo pronto.
La audiencia pública para evaluar las observaciones a la candidatura de Beatríz de Anchorena se llevará a cabo el 25 de febrero en el CCK, a las 9 am. Quienes deseen enviar sus observaciones y participar como oradore/as en la misma podrán hacerlo ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Avenida Julio Argentino Roca N° 782, 4º piso, CABA, y a través de https://www.argentina.gob.ar/jefatura/audiencia-publica.
