Propone Castigar Con Una Pena Privativa De La Libertad De Entre Cuatro Y Ocho Años Al Que Públicamente Apruebe, Justifique, Niegue, O Minimice Los Delitos Cometidos Por Integrantes De Organizaciones Terroristas. De Acuerdo A Este Planteamiento, La Negación De Estos Delitos Tenía Por Efecto “Menospreciar, Hostilizar U Ofender A Un Colectivo Social”, “Enaltecer A Los Responsables” Del Terrorismo, “Propiciar O Estimular La Violencia Terrorista” O Servir “Como Medio Para Adoctrinar Con Fines Terroristas”.

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