Proyecto de ley contra el silencio, obstaculizado por congresistas colombianos
En Colombia se discute un proyecto de ley que busca erradicar una forma fácil y eficiente de censura: la presentación de acciones legales con el fin de intimidar a la prensa. El problema es que quienes están encargados de discutirlo y aprobarlo son, precisamente, el tipo de personas que más suelen recurrir a esta clase de hostigamiento.
La estrategia de emprender acciones judiciales contra la prensa es efectiva porque, incluso si el periodista involucrado ha hecho un trabajo diligente y tiene pruebas para justificar sus publicaciones, éste se verá forzado a pagar un abogado y estará sometido a la angustia de defenderse durante años en los estrados judiciales. Ante esta amenaza, es frecuente que los periodistas prefieran eliminar sus publicaciones y que opten por no volver a referirse a los temas de cubrimiento en el futuro.
Esto es lo que algunos llaman “acoso judicial” o “pleito estratégico contra la participación pública” (SLAPP, por sus siglas en inglés), una estrategia que suele ser usada por funcionarios y otras personas de notoriedad pública. En Colombia específicamente se usan tres caminos: las acciones de tutela (una acción judicial para lograr la protección rápida de derechos fundamentales), las denuncias penales por injurias y calumnias y las demandas civiles de reparación de perjuicios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su preocupación por el hostigamiento a la prensa con acciones judiciales, señalando que las leyes que prohíben difamar a las autoridades son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo esta lógica la Corte Interamericana encontró en 2008 que Argentina había violado esta convención al condenar penalmente al periodista Eduardo Kimel y decidió que el Estado debía adecuar su legislación interna. En consecuencia, en Argentina no existen las injurias y calumnias cuando se hace referencia a asuntos de interés público.
De acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Colombia la estrategia viene en aumento sostenido desde 2017. En vista de esto, la organización El Veinte, con apoyo de la FLIP, redactó un proyecto de ley que hoy se discute en el Senado, que busca erradicar el acoso en Colombia.
El proyecto presenta una propuesta sencilla. Por una parte, busca reformar el Código de Procedimiento Penal de forma que la Fiscalía pueda archivar un proceso penal cuando advierta que el denunciado actuó en ejercicio legítimo de la libertad de expresión. De forma similar, propone modificar el Código General del Proceso, el estatuto que orienta las causas civiles, para autorizar a los jueces a dictar sentencias anticipadas en estos casos. Según se explica en la exposición de motivos del proyecto, ya existen leyes como esta en algunos estados de Estados Unidos y en Canadá.
A pesar de lo razonable de la propuesta, el proyecto se encuentra con un gran obstáculo: es frecuente que los congresistas recurran al acoso de quienes cuestionan sus acciones y publican opiniones que no son de su agrado. Esto quedó más que claro en medio del primer debate en la Comisión Primera del Senado de Colombia, cuando cinco de los senadores presentaron impedimentos, precisamente porque antes han demandando a la prensa.
Varios de los congresistas acusaron a los periodistas de ser irresponsables. Uno de ellos los acusó de usar los micrófonos de manera “miserable y visceral” para decir barbaridades. Otro anunció que su partido había descubierto la preparación de una estrategia de desprestigio contra una coalición electoral de centroizquierda, en la cual supuestamente participarían influencers y medios de comunicación, en asocio con el actual gobierno.
Los senadores parecen estar perdiendo de vista qué propone el proyecto: de aprobarse, no se eliminaría la posibilidad de iniciar acciones judiciales, sino que le permitiría a las autoridades terminar anticipadamente un proceso cuando adviertan que el objetivo de activar a la justicia no es rectificar la información ni reparar un daño sino intimidar periodistas y medios de comunicación. Esto, además de mejorar la situación de la prensa, le ahorra esfuerzos y recursos a la ya inundada rama judicial.
Dado la cantidad de impedimentos presentada, Rodrigo Lara, el senador ponente, solicitó al presidente de la Comisión suspender el debate y la votación del proyecto para reformular la estrategia de deliberación de la propuesta, dado que este tipo de proyecto de ley requiere mayorías calificadas. Sin embargo, el panorama no será promisorio mientras los congresistas perciban la aprobación del proyecto como un tiro en el pie y no con una garantía democrática importante para el debate público en Colombia.
