¿Quiénes defienden la libertad de expresión en América Latina? Nuevos datos para una vieja discusión
En América Latina, hablar de libertad de expresión suele implicar mirar hacia arriba: qué dicen los gobiernos, qué silencian los jueces, cómo actúan las plataformas. Pero con menos frecuencia preguntamos qué piensa la ciudadanía. ¿Qué tan comprometidos estamos, como sociedades, con la defensa de este derecho cuando se pone a prueba?
El reciente informe del Future of Free Speech nos da una oportunidad única para explorar esa pregunta. Basado en encuestas realizadas durante octubre de 2024 a más de 50.000 personas en 33 países—incluyendo a Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela—, el estudio mide el apoyo social a la libertad de expresión en sus múltiples formas, desde el rechazo abstracto a la censura hasta la tolerancia frente a declaraciones incómodas, ofensivas o políticamente sensibles.
Desde el CELE, revisamos los resultados con una doble pregunta en mente: ¿qué dice el estudio sobre América Latina y por qué debería importarnos?
Un alto respaldo… con matices
La primera noticia: la región muestra niveles altos de apoyo general a la libertad de expresión. Chile (81,3%), Venezuela (81,8%), Argentina (78,97%), México (76%) y Brasil (70,3%) se ubican por encima del promedio global en el Future of Free Speech Index, un indicador que combina respuestas sobre rechazo a la censura y tolerancia a declaraciones críticas u ofensivas.
Ahora bien, como todo índice agregado, este también esconde matices. En varios países, por ejemplo, la disposición a aceptar críticas al gobierno convive con un rechazo marcado a discursos que ofenden símbolos nacionales o minorías. En otras palabras: se valora la libertad de expresión, pero no toda.
El índice ubica a Argentina entre los países con mayor apoyo general a la libertad de expresión. Esto la posiciona por encima de democracias consolidadas como Alemania o Australia, y señala una idea que merece ser observada con especial atención: en nuestra región, la demanda social de libertad de expresión parece ser más robusta que las garantías institucionales que la respaldan.
Sin embargo, la foto se vuelve más compleja cuando el informe desagrega los datos. Por ejemplo, sólo un 23% de las personas encuestadas en Argentina aprueba que la inteligencia artificial genere contenido ofensivo hacia minorías. Es un nivel de tolerancia bajo —y no exclusivo del país— que habla de una tensión creciente: la que existe entre el temor a los abusos de la IA y la defensa del derecho a expresarse, incluso a riesgo de incomodar.
¿Quién debe regular la IA?
Uno de los aportes más novedosos del informe es su inclusión de preguntas sobre el uso de herramientas de IA generativa para producir contenido sensible. En todos los países de la región, la mayoría de las personas se muestra escéptica ante este tipo de usos. La producción de deepfakes de figuras políticas, en particular, despierta fuerte rechazo.
Frente a esto, la opción más apoyada en países como Argentina, México o Brasil es la regulación dual, una suerte de equilibrio: regular la IA, sí, pero entre el Estado y las empresas tecnológicas. Sobresale el caso de México, donde un 46% eligió esta alternativa. La desconfianza hacia ambos actores por separado parece ser lo suficientemente fuerte como para preferir una solución mixta, aunque todavía queda mucho por discutir sobre cómo se materializa esa “co-regulación”.
¿Y si la información es costosa?
Otro hallazgo relevante: en América Latina, existe una tolerancia relativamente alta hacia la publicación de información “costosa” — por ejemplo, sobre temas sensibles de seguridad nacional o que podrían afectar la estabilidad económica. En Chile, Argentina o México, la mayoría considera que los medios deben poder publicar este tipo de contenido.
Esto resulta especialmente significativo en contextos donde los gobiernos suelen invocar razones de “seguridad” o “estabilidad” para restringir el acceso a información pública. Que la ciudadanía no respalde automáticamente estas narrativas, como sugerirían los hallazgos del informe, es una señal de madurez democrática o un razonable nivel de escepticismo que vale la pena destacar.
En Argentina (78,68%), Brasil (73,27%), Chile (89,9%), México (76,52%), y Venezuela (76,3%), amplias mayorías creen que no debería restringirse información económica sensible; respecto del derecho a publicar sobre temas de seguridad nacional, las cifras son similarmente notables: es defendido por el 68,81% de los argentinos, el 71,84% de los brasileros, el 76,54% de los chilenos, el 72,95% de los mexicanos, y el 73,58% de los venezolanos encuestados.
En todos los casos observamos niveles sustantivos de tolerancia, sobre todo tratándose de contextos de inestabilidad recurrente donde el miedo a la “desestabilización” muchas veces opera como argumento para la censura o la sobrevigilancia.
¿Qué implican estos datos para América Latina?
El informe no ofrece respuestas simples, pero sí nos obliga a pensar con más precisión. Las sociedades latinoamericanas parecen estar dispuestas a defender la libertad de expresión como principio, pero no sin condiciones. Los discursos ofensivos o los nuevos desafíos que presenta la inteligencia artificial tensan esa defensa, y la predisposición a aceptar restricciones “por el bien común” sigue siendo fuerte.
Para quienes trabajamos en la protección del derecho a expresarse libremente, estos matices importan. Porque no basta con denunciar leyes regresivas o presiones estatales: también hay que entender qué valores, temores y umbrales de tolerancia circulan en la opinión pública.
La libertad de expresión no se sostiene sólo con normas. También necesita de una cultura cívica que la valore, incluso cuando se vuelve incómoda. Los hallazgos del informe de The Future of Free Speech nos recuerdan que esa cultura está en disputa — y que vale la pena seguir preguntando quién la defiende y en qué condiciones.
