El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) es un centro académico dedicado a la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Como tal, el CELE desarrolla investigaciones dirigidas a enriquecer el debate público y actividades de formación, capacitación y reflexión en esta materia.
Desde su creación en 2009 el CELE ha desarrollado investigaciones, policy papers, y herramientas para periodistas, sociedad civil, instituciones gubernamentales y académicas dedicados a la defensa y a la promoción de estos derechos, especialmente en América Latina.
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En 2012, el CELE creó la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI), cuyo objetivo es promover la implementación de estándares de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, en internet. El iLEI trabaja con consultores en distintos países desarrollando investigación y organizando iniciativas de capacitación. El Observatorio Legislativo Regional se desarrolló en el marco del iLEI.
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Hipótesis y objetivos
La hipótesis que originó la creación del Observatorio Legislativo en Libertad de Expresión proponía que contrariamente a lo que venía sucediendo con las leyes de libertad de expresión en la región, las iniciativas legislativas en materia de regulación de internet impusieron una tendencia más restrictiva de la libertad de expresión, afectando potencialmente la circulación del discurso en América Latina.
Durante las últimas dos décadas se avanzó significativamente en la agenda de libertad de expresión a nivel regional y a partir de los últimos 5 años particularmente dicha tendencia parece amenazada, sobre todo a medida que se reabren a nivel social importantes debates en el marco de la regulación de internet.
Ante la falta de sistematización de información completa y comparada en la materia, en 2017 el CELE, con el apoyo del National Endowment for Democracy (NED), creó el Observatorio Legislativo en el marco de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI).
El Observatorio tiene como objetivo monitorear el impacto del debate en torno a la regulación de internet en la libertad de expresión.
Además, pretende sistematizar y facilitar el acceso a leyes y proyectos de ley que afectan la libertad de expresión a nivel regional; monitorear los desarrollos legislativos a través del tiempo a fin de detectar (cuando fuera posible) tendencias; proveer una evaluación independiente de las leyes y proyectos de ley bajo los estándares y el test propuesto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Metodología
• 1 •
ANÁLISIS DOCUMENTAL
Se recopiló información de las leyes y proyectos de ley de los últimos años que pudieran afectar de alguna forma la libertad de expresión tanto en línea como offline.
Las leyes recopiladas datan de 1997 en adelante (con excepción de algunos casos puntuales) y, en el caso de los proyectos de ley, desde 2012. Los/as expertos/as reunieron información tanto sobre el proceso legislativo de cada ley y proyecto como de otros aspectos relevantes para la circulación del discurso y la volcaron en una plantilla para realizar el análisis específico (las plantillas están disponibles en esta web).
• 2 •
REGISTRO DE DATOS
El análisis incluyó tanto aspectos cualitativos como cuantitativos.
Para ello el CELE desarrolló en colaboración con expertos en la materia, una estructura para la base de datos, sentando los criterios a analizarse, los datos a registrarse de cada una de las leyes y el procedimiento.
• 3 •
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación dió como resultado 4 artículos de cada uno de los países que conforman el Observatorio y un artículo donde se destaca el análisis regional.
Tanto el artículo de Argentina como el regional estuvieron a cargo del CELE. Se buscó visualizar la información para acercarla a los usuarios, que incluyen estudiantes, activistas, periodistas y académicos, entre otros.
• 4 •
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Los países analizados fueron seleccionados según su representatividad a nivel regional.
En 2017 el análisis estuvo enfocado en Argentina, Perú, Ecuador y México. Mientras que en 2018 se incluyeron Chile, Guatemala, Colombia y Paraguay.