Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.

Argentina

  • A nivel parlamentario se presentaron en el mes de marzo diversos proyectos de ley vinculados con el derecho a la libertad de expresión. Uno de ellos se vincula con la protección de fuentes de información periodística, otro está relacionado con la difusión y/o distribución de grabaciones o imágenes de contenido sexual y suplantación de identidad y, finalmente, se presentaron dos proyectos que penalizan ciertas expresiones. El  primero busca modificar el código penal para incorporar un nuevo tipo penal sancionando toda conducta de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. El segundo penaliza públicamente a quien realice  declaraciones o manifestaciones, realizadas  en medios de comunicación, en redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública, tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina.
  • A nivel judicial podemos destacar dos decisiones con implicancias importantes para la libertad de expresión en línea. En la causa Amado Vecchi c/ Google, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal analizó el pedido de bloqueo de ciertas URLs en las que se encontraba mencionado el demandante (como condenado por estafa). A diferencia de lo resuelto en primera instancia (donde se reconoció el derecho al olvido), la Cámara, citando a los casos “Rodriguez, María Belén” y “Paquez”, entendió que bloquear la información publicada sobre el demandante constituye una grave restricción a información de interés público que  afecta gravemente la libertad de expresión. En esta misma línea afirmó que “el derecho al olvido no es un derecho ilimitado” y que las cuestiones de interés público constituyen su límite (tal como ocurre en el presente caso).  Por otro lado, en el marco de la causa “CFK c/ Google” la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación de Google contra las medidas de prueba anticipada solicitadas por la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Podrán encontrar más información sobre las implicancias de lo discutido en la causa en este posteo de Agustina del Campo en el Blog del Observatorio Legislativo del CELE.

 

Brasil

  • Entre febrero y marzo, diversas detenciones y procesos fueron realizados en base a la Ley de Seguridad Nacional (Ley 7170/1983), una ley editada por última vez durante el régimen militar brasileño y que define los delitos contra «la integridad territorial y la soberanía nacional, el régimen representativo y democrático, la federación y el estado de derecho y los jefes de los Poderes de la Unión» . El primer detenido fue Daniel Silveira, un diputado de extrema derecha que publicó en su cuenta de YouTube un video que, según el Supremo Tribunal Federal, «agredió a los Ministros del Tribunal Supremo Federal, mediante diversas amenazas y delitos al honor, además de propagar expresamente la adopción de medidas antidemocráticas contra la corte». El segundo fue el estudiante João Reginaldo Silva Junior por publicar en Twitter un mensaje que, según la Policía Federal, «alienta la violencia y el atentado contra la vida del presidente Jair Messias Bolsonaro». Daniel permanece detenido (en su casa) y espera su juicio, mientras que João fue liberado el mismo día y se encuentra bajo investigación. 
  • En respuesta a las detenciones, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) y el Partido Socialista Brasileiro (PSB) convocaron al Tribunal Supremo Federal para cuestionar la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 7170/1983). En la Declaración de Incumplimiento de un Precepto Fundamental (ADPF, en portugués) 797 el PTB sostiene que existe una incompatibilidad de la norma con el Estado Democrático de Derecho. En ADPF 799, el PSB adopta el mismo argumento, pero afirma que existen disposiciones en la ley que son compatibles con la Constitución y que deben mantenerse, para no comprometer la defensa del orden democrático por parte del Poder Judicial.
  • Desde 2019, tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley conocido como el «Paquete Anticrimen». La intención del proyecto es hacer más efectiva la lucha contra el crimen y, para ello, propone cambios en varios artículos del Código Penal brasileño. Sin embargo, tras la aprobación en las dos cámaras parlamentarias, el presidente de la república vetó algunas de estas modificaciones, entre ellas la que pretendía triplicar las penas por delitos contra el honor cometidos en «redes sociales». La Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente a este apartado, el 17.03.2021. El Senado aún tiene que votar sobre los vetos.
  • El 8.03.2021, el 20º Juzgado Civil de Brasilia / DF denegó una solicitud de reparación urgente solicitada por el diputado federal Eduardo Bolsonaro contra el también diputado Kim Kataguiri. En la solicitud, el demandante solicitó que se impida al imputado realizar publicaciones que atenten contra su honor, además de exigir la remoción de cualquier contenido ofensivo a su honor previamente publicado en sitios web y redes sociales. En su decisión, la jueza señaló respecto a la remoción de publicaciones ofensivas que las publicaciones tratan temas de interés público y su remoción de internet, en un amparo preliminar y sin mayor esclarecimiento de los hechos, puede afectar el interés de la comunidad, especialmente considerando que los cargos se relacionan con el ejercicio de la función por el reclamante y alegaciones de malversación de fondos públicos.

 

Chile

  • Una serie de irregularidades relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales se han identificado en el “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile”, preparado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, el Instituto de la Comunicación e Imagen y la Fundación Datos Protegidos y que se centra en el contexto del estallido social ocurrido en Chile desde el 18 de octubre de 2019 (18-O ) y luego la pandemia del COVID19  en categorías como: Ataques a la prensa por parte de organismos del Estado, problemas de acceso a la información pública, restricciones a la libertad periodística y a la libertad de expresión en el ámbito artístico, criminalización del discurso público, falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación, censura algorítmica, ataques a medios digitales y acoso selectivos y discursos de odio en  internet (plataformas de redes sociales). Estas situaciones han sido presentadas en un ciclo de cuatro conversatorios que se están realizando desde diciembre de 2020 a marzo de 2021. Los 4 capítulos del Informe están disponibles aquí.  
  • Si bien en noviembre de 2020, se presentó un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional para que el Estado chileno garantice el derecho de acceso a Internet a toda la comunidad educativa y que tenga financiamiento público, particularmente estudiantes y profesores, al comenzar el año escolar en marzo 2021, nuevamente la prensa y las redes sociales  han visibilizado el caso de niñas y niños que en todo el país deben realizar verdaderas odiseas para lograr conectarse a sus clases online, especialmente en sectores rurales y en barrios o zonas en que no llegan servicios de conectividad de banda ancha y móvil. Las críticas especialmente desde organizaciones de sociedad civil apuntan a las consecuencias de esta brecha digital en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes a sus derechos de acceso a la educación, conocimiento, comunicación y libertad de expresión, cultura, entre otros.  El proyecto de ley no cuenta con urgencia a la fecha.
  • En noviembre de 2020, comenzó la tramitación del  proyecto de ley que busca proscribir,  tipificar y sancionar la violencia digital en sus distintas formas, buscando también otorgar protección a las víctimas en Chile.  Bajo el lema “No más violencia digital”, la iniciativa busca instalar la demanda por seguridad digital, prohibir ciertas conductas particularmente graves y diversificar cómo éstas son penalizadas. El proyecto, que está actualmente siendo tratado en el poder legislativo, identifica tipos de violencia que son especialmente dañinos, especialmente  para las mujeres y comunidad LGTBQ+, como el acoso digital, el doxing o difusión de datos personales, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de packs y el ciber flashing o exhibición de contenido no solicitado. El proyecto que está en su primera fase de tramitación, cuenta con una alianza inédita entre parlamentarios de distintas coaliciones políticas y organizaciones sociales feministas y LGTBQ+ .

 

Colombia

  • En marzo se levantó una polémica en las redes sociales por la decisión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de otorgar 85 mil millones de pesos en subsidios a los medios de comunicación. Aunque el anuncio original se había hecho en febrero, en marzo se conocieron los detalles del plan del gobierno. Además de los habituales cuestionamientos por la posibilidad de que los fondos sean usados como una manera de premiar a los medios más indulgentes con el gobierno, hay preocupaciones por el trato desigual que se da a los distintos tipos medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita y digitales). Además, se ha señalado que los subsidios no ayudarían a resolver la crisis estructural de los medios en Colombia.
  • El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones inició la ejecución del que ha llamado «el proyecto de conectividad rural más grande de la historia del país». El gobierno ha anunciado que planea llevar internet de banda ancha a más de 14 mil colegios de las zonas más apartadas del país entre 2021 y 2022. El 17 de marzo inició la operación de cinco de los más de ocho mil «Centros Digitales» que se activarán este año.

 

Ecuador

  • El país vive un momento político sensible. El manejo errático de la crisis sanitaria, ha llevado a que un número mínimo de ciudadanos estén vacunados y ha develado graves casos de corrupción en el sistema de salud. A raíz del colapso de la ciudad de Guayaquil en abril de 2020, se adelantaron investigaciones periodísticas relacionadas con el desvío de fondos en hospitales, compras con sobreprecios de insumos médicos y manejo doloso de los recursos públicos. Estas revelaciones fueron fruto de investigaciones periodísticas lideradas, entre otros, por la reportera Dayana Monroy, del canal Teleamazonas. Las pesquisas de Monroy develaron una red de corrupción que incluía personas muertas y en la que estuvo envuelto el expresidente Abdalá Bucaram, hoy investigado, y algunos de sus familiares. El 27 de enero 2021, en el contexto de un video en el que el expresidente se quejó de la cobertura periodística de Monroy sobre actos delictivos presuntamente cometidos por Bucaram y su familia, y declaró: “¿No se han preguntado que quizás mejor debería matarla a ella?”. En este contexto, diversas redes de periodistas alzaron su voz por las amenazas del expresidente. La periodista acudió a la justicia. A la par, el país vive un periodo electoral que avizora un potencial regreso de la figura del expresidente Rafael Correa, altamente cuestionado por sus ataques a la libertad de expresión. En este contexto, uno de los argumentos de campaña del expresidente y sus seguidores es  una suerte de venganza contra los sectores críticos, dentro de los que se encuentra la prensa, en caso de volver al poder.

 

Guatemala

  • El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala anunció este 22 de marzo el inicio de una investigación contra el Alcalde Municipal de San Juan Sacatepéquez Juan Carlos Pellecer (uno de los municipios más poblados del Departamento de Guatemala, donde se encuentra también la capital del país) debido a que estaría cometiendo flagrantes violaciones a la libertad de expresión de los pobladores del dicho municipio. Estas violaciones a la libertad de expresión estarían vinculadas con expresiones en redes sociales contra el Alcalde por el mal manejo de un pozo de agua que surte a tres mil hogares que estaría realizando el municipio. En este contexto, el funcionario, abiertamente manifestó que tienen “hackeadas” varias cuentas de whatsapp y “sabemos lo que dicen, tenemos los audios de lo que han dicho”. Ante la abierta confesión de estas irregularidades, el Procurador de los Derechos Humanos comentó: “El derecho de las personas a expresar su descontento con la gestión del alcalde de San Juan Sacatepéquez no debe ser limitado a través de la intercepción de comunicaciones. Es necesario que el Ministerio Público  investigue.”
  • Van en incremento, en lo que va del 2021, casos en los cuales, los investigadores forenses y fiscales del Ministerio Público, al percatarse de la presencia de reporteros tomando fotografías en cercanías de diversas clases de escenas del crimen, los amenazan con iniciarles acciones legales por poner “en riesgo su seguridad” e inclusive, los conminan a borrar todo el material fotográfico así obtenido. Mientras las agrupaciones de periodistas reclaman que estas acciones son limitaciones por parte de funcionarios al acceso a las fuentes de información, los funcionarios del ente acusador en materia penal en Guatemala reclaman intromisión en sus funciones y posible contaminación de las escenas de crímenes. No cabe duda que esto demuestra la necesidad de colaboración entre dichos actores, para entender cómo compatibilizar las labores de investigación forense con las de investigación periodística.

 

México

  • El 9 de marzo de 2021, el actor regiomontano (México-Nuevo León), Marco Polo informó que recibió en semanas anteriores una denuncia por violencia política de género en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por parte de la candidata a la Gobernatura de Nuevo León por el partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), Clara Luz Flores Carrales, por la parodia que se hace de ella a través del personaje “Carla Lucía”. El actor hizo mención en su cuenta de twitter de todos los sketches en los que sale el personaje, y ofreció una disculpa si lo que buscó comunicar fue “trasgiversado” (sic). En sus mensajes en youtube, medios de prensa y en radio nacional el actor comunicó que, si bien pidió disculpas para no seguir involucrado en el proceso penal, considera que se trata de un acto de censura que atenta contra su libertad de expresión.   
  • Las organizaciones Acoso en la U y R3D dieron a conocer a la opinión pública su preocupación de que el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tuviera en trámite un procedimiento de protección de datos personales iniciado por el ex – profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, Felipe Montes, quien fue señalado como acosador sexual y, en consecuencia, separado de la institución académica. A raíz de su destitución, Montes solicitó bajo la herramienta jurídica de protección de datos personales que le hicieran llegar información sobre quienes lo denunciaron y que, además, borraran todos los registros sobre él en la organización. Por lo tanto, el INAI inició un proceso sancionatorio en contra de la organización Acoso en la U. Al momento, si bien no hay novedades respecto a si se impuso una sanción a la organización, organizaciones de la sociedad civil se han expresado en contra de la resolución del INAI por tergiversar la ley de protección de datos personales y fomentar el silenciamiento de las denunciantes de violencia sexual al vulnerar su anonimato.
  • A partir de marzo de 2021, las instituciones bancarias en México comenzaron a exigir a sus clientes que quieran acceder a sus servicios a través de la banca en línea, el ser geolocalizados. Estas solicitudes son parte de la exigencia legal creada contra el lavado de dinero, e implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La medida ha sido cuestionada por la organización R3D por considerarla desproporcionada y riesgosa para millones de personas que pondrán a disposición de la banca información sensible, así como de las autoridades sin necesidad de una decisión judicial que autorice estas actos. A su vez, R3D considera que no es la medida más adecuada porque puede ser vulnerada mediante modificadores de GPS. 
  • El Congreso mexicano busca crear un padrón o registro obligatorio de líneas telefónicas asociado a la identidad biométrica. Organizaciones de la sociedad civil como R3D han expresado que este proyecto constituye un serio riesgo para la privacidad y seguridad de los/as usuarios/as. Entre las críticas que se le realizan a este proyecto se encuentra la potencial vulnerabilidad de la base de datos que se creará así como su potencial mercantilización y venta a terceros

Perú

  • El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos descartó iniciar acciones legales contra un canal de televisión de señal abierta que había difundido información tendenciosa e incompleta sobre la eficacia de las vacunas compradas por el Gobierno peruano al laboratorio Sinopharm. La entidad pública, sin embargo, no evaluó si la difusión de información calificaba dentro del ilícito penal de grave perturbación de la tranquilidad pública, sino que consideró que la información inexacta ya había sido aclarada por las manifestaciones públicas del gobierno, otros medios de comunicación, gremios profesionales y actores de la sociedad civil. 
  • El Congreso de la República aprobó en primera votación la reforma de la Constitución Política del Perú para incorporar el acceso a Internet como un derecho fundamental. Este derecho se incorporaría dentro del enunciado del artículo 14 que versa sobre el derecho a la educación. Además, se prevé el acceso gratuito a internet en las entidades, instituciones y espacios públicos, y se establece la obligación de promover el desarrollo científico y tecnológico a través de la alfabetización digital. No se consideró en la versión final de la reforma la previsión de que el acceso a internet fuera libre y abierto. 

 

Además incluimos en el presente Boletín un gráfico que muestra los temas relevantes en materia de libertad de expresión de los proyectos de ley presentados durante 2021 en los países que forman parte del Observatorio.

 

Agradecemos a nuestros/as consultores/as por su trabajo y aportes para este boletín regional: Matías González (Argentina),  Ártur Pericles (Brasil), Patricia Peña (Chile), Luisa Isaza (Colombia), Victor Cabezas (Ecuador), Álvaro Castellanos (Guatemala), Juan Carlos Arjona Estévez (México) y Andrés Calderón (Perú) 

Photo Credit: @Leonoverweel