Observatorio Legislativo CELE

Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas

ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUAY PERU ECUADOR COLOMBIA MEXICO GUATEMALA

Cantidad de proyectos LATAM a Septiembre 2021

PAIS PROYECTOS
ARGENTINA 24
BRASIL 28
CHILE 1
COLOMBIA 6
ECUADOR 1
GUATEMALA 1
MEXICO 2
PARAGUAY
PERU 13

Temas proyectos de ley presentados entre mayo y julio 2021

Acceso a la información 26.13%
Acoso 5.3%
Apología 5.3%
Libertad de expresión 15.8%
Libertad de prensa 10.5%
Pornografía 5.3%
Privacidad 5.3%
Protección de menores 5.30%
Reputación y honor 15.8%
Responsabilidad de intermediarios 5.3%

Temas proyectos de ley presentados entre mayo y septiembre 2021

Acceso a la información 26.13%
Acoso 5.3%
Apología 5.3%
Libertad de expresión 15.8%
Libertad de prensa 10.5%
Pornografía 5.3%
Privacidad 5.3%
Protección de menores 5.30%
Reputación y honor 15.8%
Responsabilidad de intermediarios 5.3%

31/08

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Defensoría del Público un capítulo de la serie Dragon Ball Super por violencia simbólica por considerar que  éste mostraba el ejercicio de la violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor en el que se naturalizaba la vulneración de una niña. En respuesta, Cartoon Network y Warnermedia decidieron retirar la serie completa del aire.

LIBERTAD DE EXPRESION VIOLENCIA DE GENERO

14/09

En la fecha el presidente Alberto Fernández, dio un discurso y puso  en marcha 25 obras públicas en 14 provincias. Con posterioridad ese discurso fue subido a la aplicación móvil Mi Argentina, la que tiene como finalidad permitir a los/as ciudadanos/as gestionar trámites, sacar turnos y acceder a sus documentos personales. Esto generó diversas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, las que criticaron que se utilizara una aplicación estatal para realizar publicidad electoral (sobre todo en el marco de las primarias). Desde el gobierno expresaron que se trató de un error del sistema en la selección automática de noticias y eliminaron la publicación.

LIBERTAD ELECTORAL FONDOS PÚBLICOS

16/09

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) identificó una vulneración a la privacidad y datos personales en el portal de vacunación de Catamarca, en los formularios de inscripción a la vacuna COVID-19 y de solicitud de ingreso a la provincia. La organización solicitó al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Modernización catamarqueños que tomen las medidas pertinentes para solucionar estas fallas y proteger la información sensible de sus usuarios.

PRIVACIDAD DATOS PERSONALES

23/09

La periodista Mercedes Ninci fue condenada a pagar una indemnización de $70.000 más intereses, por el daño moral causado a Guillermo Moreno, por expresiones falsas, relacionadas con su vida privada en la que se vinculaba al ex-funcionario con una reconocida figura del espectáculo.  Si bien la demandada argumentó que se trataba de un tema de “interés público”,  el juez de Primera Instancia consideró que se trataba de una intromisión en su intimidad, que excedía el interés público, y por ello consideró a Ninci civilmente responsable porque la referencia al romance “lleva en sí misma (…) un afán descalificante y penetra, sin lugar a dudas, en la intimidad de una relación de pareja” y que “la prensa no goza de impunidad sino de seguridad en la función que desempeña”24/09

En el marco de una investigación judicial por un hackeo a la Policía Federal en 2019, se analizaron las llamadas de un periodista de la revista NOTICIAS por un periodo de 2 meses con conocimiento de que la línea telefónica estaba registrada a nombre de la Editorial Perfil y que se estaba haciendo un trabajo que tenía como finalidad la redacción y publicación de una nota periodística. El caso cobró relevancia en Twitter bajo el hashtag #LaGorraLeaks2.0.

LIBERTAD DE PRENSA

31/08

El Tribunal de Justicia de São Paulo condenó al presidente nacional del PTB, exdiputado federal Roberto Jefferson, a pagar R$ 50 mil en concepto de indemnización por daño moral contra el juez del STF, Alexandre de Moraes. La condena se dio porque, en dos entrevistas concedidas en mayo del año pasado, Jefferson alegó que Moraes había sido partidario de la facción criminal del Primer Comando de la Capital (PCC). La acusación fue considerada falsa por el Tribunal. Roberto Jefferson se encuentra en prisión preventiva en virtud de la «investigación de noticias falsas», como se describe en el boletín mensual de agosto

REPUTACION Y HONOR

10/09

El Tribunal de Justicia del estado de São Paulo (TJ-SP) decidió que el diputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) debía indemnizar al juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes por llamarlo, en sus redes sociales, de «cabeza de pene», «cabeza de huevo», «déspota», «basura», «alcantarillado del STF» y «canalla». El TJ-SP confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, que entendió que «la conducta delictiva del imputado (…) va más allá de los límites de la expresión del pensamiento y la libertad de expresión, ya que humilla, ofende y ataca directamente el honor y la imagen del autor ”. El daño moral determinado en primera instancia en R$ 70 mil, sin embargo, se redujo a R$ 50 mil, porque el imputado respondió prontamente a la orden judicial retirando los videos cuestionados de las redes sociales.

REPUTACION Y HONOR

14/09

El presidente del Congreso Nacional devolvió la medida provisional 1.068/2021, editada por el presidente Jair Bolsonaro el 06.09, que cambió el Marco Civil da Internet por el uso de plataformas de redes sociales. Partidos políticos y congresistas habían presentado solicitudes a la Junta Directiva para que el asunto fuera devuelto por inconstitucionalidad. El Comité Directivo Brasileño de Internet (CGI.br) emitió un aviso público prestando atención a los riesgos que las disposiciones de la Medida podrían ocasionar sobre el mantenimiento del régimen de responsabilidad del intermediario, inseguridad jurídica, entre otros. El mismo día que el presidente del Congreso la devolvió, la Suprema Corte suspendió la MP, luego que varios partidos políticos la impugnaran. Varias organizaciones han solicitado ser admitidas como amici curiae en el caso, entre ellas InternetLab, que argumentó que la medida provisional violaba la libertad de expresión. El texto del MP [en inglés aquí] contemplaba los derechos y garantías de los usuarios de las redes sociales, además de precisar hipótesis en las que «se considera justa causa» de moderación de contenidos, que incluye la desnudez; cometer, apoyar, promover o incitar a delitos; violación de la privacidad, el honor, la imagen, la propiedad intelectual; entre otras. El MP también prohibió la moderación de contenidos “que impliquen censura política, ideológica, científica o artística”. Y preveía sanciones para las plataformas que no cumplieran con la medida, que “serán aplicadas por la autoridad administrativa”. Tras el rechazo del texto, el presidente Jair Bolsonaro envió un proyecto de ley, con la misma redacción que el MP, para ser votado en el congreso nacional.

MODERACION DE CONTENIDOS LIBERTAD DE EXPRESION

15/09

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley complementario 112/2021, que consolida toda la legislación electoral y los temas relacionados con las resoluciones del Tribunal Superior Electoral. Se aprobó una enmienda sobre moderación de contenidos que define claramente la publicación anticipada de los términos de uso de la plataforma aplicada para el período electoral y limita la moderación de contenido. Se eliminó del proyecto el apartado que prohibía el uso de criterios algorítmicos de moderación o limitación del alcance de los contenidos “que impliquen censura política, ideológica, científica, artística o religiosa de los candidatos a cargos políticos”.  Se aprobó una enmienda sobre desinformación que unifica la definición de desinformación en todo el texto como “hechos conocidos como falsos que provocan graves atentados a la igualdad de condiciones entre los candidatos en la elección o vergüenza, desánimo para ejercer el voto y deslegitimación de las elecciones proceso». Se mantuvo el delito de revelar y compartir hechos falsos o gravemente descontextualizados. El texto pasará ahora por el Senado Federal. 

DESINFORMACION LIBERTAD DE ELECTORAL

15/09

El Inspector General de Justicia Electoral, decidió que se agregará un video y  noticias divulgadas por la prensa a la Consulta Administrativa 0600371-71 que demostraría que las manifestaciones realizadas en el Día de la Independencia (07/09) podrían haber sido financiadas por empresarios o políticos. La investigación fue abierta por el Tribunal Electoral a principios de agosto, con el objetivo de investigar hechos que puedan constituir abuso de poder económico y político, mal uso de los medios de comunicación, entre otros delitos, relacionados con atentados contra el sistema de votación electrónica y la legitimidad de las Elecciones 2022. En razón de esto, el ministro Luis Felipe Salomão determinó la suspensión de la transferencia de valores de la monetización de las redes sociales a los canales y perfiles dedicados a la difusión de la desinformación sobre el sistema electoral brasileño.

LIBERTAD DE ELECTORAL

01/09

A comienzos de septiembre se comenzó a tramitar un proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales, iniciado por senadores de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado en Chile. La propuesta busca regular la situación de las plataformas de servicios digitales que redireccionan su contenido a Chile, así como a los  usuarios de ellas en aspectos como  uso de datos, la emisión de contenido prohibido para menores, la libertad de expresión y el derecho al olvido, entre otros aspectos. El proyecto entiende por plataformas digitales  “toda infraestructura digital cuyo propósito es crear, organizar y controlar, por medio de algoritmos y personas, un espacio de interacción donde personas naturales o jurídicas puedan intercambiar información, bienes o servicios”. El inicio de la discusión de este proyecto de ley ha comenzado a generar un debate en que varias organizaciones de sociedad civil chilena, están rechazando la propuesta por considerar que contiene varias imprecisiones de tipo jurídico,  que pueden ser contraproducentes para derechos como libertad de expresión o generar situaciones de censura,  y que tampoco considera las recomendaciones u orientaciones en materia de regulación en Internet con enfoque de derechos de instancias como las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

LIBERTAD DE EXPRESION MODERACION DE CONTENIDOS  RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS

05/09

En septiembre se realizó el primer debate en el Senado del proyecto de ley que busca erradicar el acoso judicial contra quienes ejercen la libertad de expresión, también conocido como proyecto de ley «Anti-SLAPP». El proyecto de ley propone que las autoridades judiciales puedan terminar anticipadamente los procesos cuando se percaten de que el propósito de las acciones judiciales es intimidar y silenciar a quienes se expresan. Sin embargo, varios congresistas se declararon impedidos, precisamente por estar involucrados en acciones judiciales contra medios de comunicación.

LIBERTAD DE EXPRESION

16/09

El Ministerio TIC se echó para atrás en su plan de invertir 85 mil millones de pesos para financiar la reactivación económica y la transformación digital de los medios de comunicación en Colombia, anunciado en febrero de este año. Sin dar mayor información o explicaciones, el Ministerio anunció la terminación anticipada del proceso señalando que ninguno de los 354 medios de comunicación participantes cumplió con los requisitos que se habían establecido.

CONECTIVIDAD

13/09 

El 12 de julio del año en curso, fue presentada ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, la iniciativa de ley titulada “Ley para garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género. Entre sus doce diputados ponentes, destaca el actual Presidente del Congreso, Allan Estuardo Rodríguez Reyes (“Oficialista”). No fue sino hasta este 13/09 que dicha iniciativa fue conocida por el pleno del Congreso, y por lo tanto, públicamente conocida. Ha sido trasladada a tres comisiones legislativas: de Derechos Humanos, de Educación, Ciencia y Tecnología y de Gobernación.  En su exposición de motivos se indica la necesidad de incluir en el ordenamiento jurídico, normas que constituyan un instrumento legal que garantice el cumplimiento efectivo “del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la auto-identidad según su sexo al nacer y así se resguarde su identidad e indemnidad sexual”. Y ya dentro de la normativa propuesta, entre otras disposiciones que, de cobrar vigencia, pudieran no ser compatibles con los estándares internacionales y regionales en materia de libertad de expresión, se incluye la siguiente: La obligación de los medios de comunicación social del Estado, como instrumentos de promoción, desarrollo del bienestar social, espiritual, moral, de la salud física y mental de todos los niños, niñas y adolescentes, de calificar, clasificar y supervisar toda la información, espectáculos, programas o material que sea puesto en su conocimiento.

VIOLENCIA DE GENERO IDENTIDAD DE GENERO

22/09

El 5 de agosto del año en curso, se presentó otra iniciativa de ley ante la Dirección Legislativa, cuya presentación al pleno del Congreso ocurrió el 22 de septiembre, titulada “Ley de Datos Abiertos”. La misma tiene como ponente al Diputado José Alejandro de León Maldonado (Bloque Legislativo Podemos). Con ella se busca “poner a disposición de la sociedad de manera libre gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones, fundamentalmente de la Administración Pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con dinero público o creados por una institución pública y que la sociedad pueda utilizarlos y que a su vez cualquier persona u organización pueda construir nuevas ideas o conocimientos y aportar a la innovación”. Entre las justificaciones incluidas por el diputado ponente en la exposición de motivos, está la de cumplir con la Carta Internacional de Datos Abiertos y mejorar la clasificación o ranking del país en los índices internacionales de datos abiertos (Global Open Data Index) califica en el lugar 56 de 94 países a Guatemala, con una puntuación del 28%.

ACCESO A LA INFORMACION GOBIERNO ABIERTO

07/09

R3D da a conocer que en agosto y septiembre de 2021, se reportaron varias denuncias de usuarios de la compañía Totalplay en virtud de que observaron que el proveedor del servicio, realizó pruebas para brindar acceso a servicio de internet a través de redes públicas abiertas usando el modem de los usuarios. La compañía ha aclarado que dicho servicio no compromete información de las y los usuarios, ni degrada el servicio que reciben. Totalplay no buscó el consentimiento previo de ninguna de las personas usuarias para estas pruebas. 

PRIVACIDAD

 

03/09

En agosto y septiembre de 2021, medios de comunicación mexicanos dieron a conocer que “La ex Secretaria General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, desvió 65 millones de dólares destinados a contratar en 2015 un sistema de información de inteligencia a la empresa paraestatal de Israel, Rafael Advanced Defense Systems (RADS)” 

PRIVACIDAD VIGILANCIA

 08/09

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México resolvió el amparo en revisión 308/2020 en el que indicó que se debe “esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas”. El juicio de amparo fue promovido por la organización Artículo 19 México y Centroamérica. La resolución es relevante porque reconoce el interés legítimo ante omisiones legislativas y determina que la falta de asignación clara de gasto en comunicación social vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información.  

ACCESO A LA INFORMACION

19/08

El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley que tiene como objetivo promover la transparencia e inclusión financiera.  Este proyecto:  define los  medios de pago electrónicos y delimita su efecto cancelatorio ilimitado en todo el territorio de la República, en moneda nacional; establece un umbral o partir del cual los actos jurídicos, denominados en moneda extranjera, deben ser realizados a través de medios de pago que identifiquen a las partes bajo pena de nulidad; introduce un sistema de incentivos tributarios para el uso de pagos electrónicos.

ACCESO A LA INFORMACION

27/08

Se presentó un proyecto de Ley que Eleva la Pena y Tipifica como Crimen la Infidelidad en el Servicio Exterior, Previsto y Penado en el Artículo 314 de la Ley 1160/97 «Codigo Penal Paraguayo» Este proyecto de ley pretende la elevación de la sanción prevista y penada en el Artículo 314 del Código Penal que tipifica la “Infidelidad en el servicio exterior”: “1º El que cumpliendo funciones ante un gobierno extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestatal o intergubernamental, incumpliera u omitiera cumplir una instrucción oficial, elevara informes falsos o realizara gestiones en contra de los intereses del pueblo paraguayo, será castigado con pena privativa de libertad de seis a veinte años; 2° Con la misma pena será castigada la persona, cuya intervención en asuntos de interés público internacional, cometiera actos en perjuicio de los intereses del pueblo paraguayo. 3° La conducta omisiva que ocasionara los resultados previstos en el inciso 1° será sancionada con pena privativa de libertad de seis a veinte años”.  

DEBERES FUNCIONARIOS PUBLICOS

08/09

Se presentó un proyecto de ley que amplía y modifica artículos de la ley  Nº 642/95 de Telecomunicaciones en su Título VIII- Condiciones de Operación. El proyecto  pretende implementar el sistema de roaming nacional con lo cual todas las compañías que operen en las telecomunicaciones moviles tendrán la misma cobertura en territorio nacional sin que signifique costo adicional al usuario dándole la oportunidad a la compañía con capital paraguayo de competir en igualdad de condiciones con las demás compañías que brindan el servicio de telefonía celular.

CONECTIVIDAD

08/09

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se reunió con el presidente del Perú, Pedro Castillo, y lo invitó -junto con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP), Transparencia Perú y Proética- a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta sobre libertades de expresión y de prensa. El presidente Castillo únicamente se comprometió a estudiar las Declaraciones.

LIBERTAD DE EXPRESION

15/09

La periodista Hellen Meniz fue agredida por Franco Pomalaya, miembro del equipo de prensa del presidente Castillo, luego de la reunión que el mandatario sostuvo con organizaciones de ollas comunes. En el video publicado vía Twitter se observa a la periodista acercando su micrófono al mandatario, cuando Pomalaya intenta quitárselo bruscamente.  El IPYS y el Colegio de Periodistas exigieron al presidente detener los ataques contra la prensa. La agremiación de periodistas advirtió que podrían recurrir a instancias internacionales en caso continúe la violencia contra la prensa. 

LIBERTAD DE PRENSA

17/09

La bancada parlamentaria oficialista Perú Libre presentó un proyecto de ley que “propone declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. En el artículo 4 se dispone que, “en caso de declaración de emergencia decretada, (…) el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Además, “podrá asumir de manera temporal la prestación de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”. El texto ha sido rechazado por organizaciones de la sociedad civil, incluido el IPYS, por ser manifiestamente inconstitucional, y exponer a los medios de comunicación a un “peligro expropiatorio”, además de amenazar su independencia y libertad de expresión.

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