¿Qué nos dice el estado de la regulación actual? En líneas generales, a nivel regional, podemos observar algunas conclusiones y tendencias comunes a todos los países analizados ofreciendo un contexto a los gráficos que podrán encontrar en esta plataforma:

 

  • Temas recurrentes La vigencia de los temas en la agenda legislativa supone cierta atención o preocupación específica en torno a ellas. Esta atención puede deberse a distintos motivos: preocupaciones propias de los legisladores, agenda del poder ejecutivo, coyuntura política y social, etc. En el Observatorio, estos temas están referidos como “objetivos” que las leyes persiguen. ¿Qué es lo que el legislador quiere proteger con la regulación planteada?  En el acumulado de los 8 países, estos temas u objetivos que más vigencia tienen son: la protección de la Seguridad nacional; la protección de la minoridad; la igualdad y a no discriminación; la reputación y el honor; y el acceso a la información.

 

  • Compatibilidad con el test tripartito de Sistema Interamericano Los objetivos pueden ser legítimos o ilegítimos. La legitimidad de una medida restrictiva de la libertad de expresión en el marco regional está dada por la propia Convención Americana. Sin embargo, en general, los problemas de las iniciativas en la región no están en la identificación del objetivo. Es más, muchos de ellos son legítimos y refieren a problemas relevantes que requieren la atención de los congresos. Los problemas apuntan a los medios a través de los cuales se restringe (en general por creación de tipos penales); y subsecuentemente por su redacción y (falta de) especificidad de las restricciones que se plantean. En términos generales, muchos de ellos no cumplen con los elementos de legalidad, en tanto presentan términos vagos o ambiguos, otorgan excesiva discrecionalidad en la interpretación, etc., Y de necesidad en una sociedad democrática y de proporcionalidad de las medidas seleccionadas. Estos son, por ejemplo, los casos de Argentina y los proyectos de ley sobre difusión de pornografía no consentida, en México, la iniciativa del delito de instigación al delito contra la seguridad, o en Guatemala y el proyecto sobre ciberdelitos y ciberdelincuencia. Los problemas de los textos radica en que pueden resultar en gravísimos riesgos para la libertad de expresión y prestarse para generar situaciones de censura previa, excesiva discrecionalidad por parte de jueces y fiscales, persecuciones amparadas en leyes ambiguas, entre otros.

 

  • Palabras tras las rejas En la región persiste cierta tendencia a la criminalización de la expresión y este es un problema serio. Muchas de las respuestas legislativas a los abusos propios de la libertad de expresión incluyen la penalización de la conducta. Principalmente, la criminalización a las expresiones en entornos digitales han tenido un avance significativo en los últimos años, situación que se presentan como un doble problema: Por un lado, la creación de nuevos tipos penales en relación al discurso online -como es en Argentina los proyectos de ley sobre usurpación/suplantación de la identidad digital falsa-. Por otro lado, es frecuente encontrar iniciativas que distinguen la expresión en internet de aquella ejercida por otros medios, teniendo como agravante el medio (en varios casos, redes sociales) por donde circula el discurso. En Perú se dan varios ejemplos de este tipo de leyes y proyectos de ley, cuando los estándares internacionales desalientan este tipo de regulaciones.

 

  • Libertad de Expresión e internet Desde 2011 en adelante, en los 8 países, ha aumentado paulatinamente la cantidad de leyes y proyectos de ley que proponen regular la circulación del discurso en internet. Los proyectos permean las fronteras (y las Legislaturas) de los países de la región, principalmente, cuando hablamos de la legislación sobre libertad de expresión en internet. Iniciativas como las reformas de las leyes de copyright en Chile, Colombia o México que vinieron de la mano de los TLC; las de “fake news”, como usurpación de la identidad digital de Argentina, que también pueden encontrarse en idéntico sentido en Guatemala o Chile, son ejemplos de ello. Por otra parte, la percepción sobre internet también varía y se manifiesta en, por ejemplo, proyectos de ley como el de Ecuador sobre actos de odio y discriminación en redes sociales, parecidos a los surgidos en otros países como Venezuela. En materia de la responsabilidad de intermediarios, es decir, de los distintos tipos de proveedores y plataformas en internet, salvo el Marco Civil, aún no hay en la región una regulación específica. Si podemos encontrar debates en países como Argentina y Ecuador aunque sin claridad en cuanto a su destino.

 

Este es un primer comentario que inaugura una sección mas dinámica y participativa en nuestra página. Pero además y sobre todo, pretende ser una invitación a indagar en las distintas leyes y proyectos de ley, trabajar con el material recopilado, e interpelarnos como investigadores y como ciudadanos. Agradecemos todo comentario que nos puedan enviar para hacer de esta plataforma un herramientas más útil.