La suspensión de X en Brasil: entre la soberanía y la censura
When law can do no right, Let it be lawful that law bar no wrong.
William Shakespeare, King John, III, 1.
Introducción
La reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de suspender X (antes Twitter) en el país ha suscitado un debate global sobre los límites de la regulación estatal en el ámbito digital. El caso trasciende las fronteras brasileñas para cuestionar cómo los estados democráticos pueden hacer cumplir sus leyes frente a plataformas tecnológicas transnacionales. La medida adoptada por el STF no sólo pone de relieve la tensión entre la soberanía nacional y el poder de las empresas digitales, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la proporcionalidad de las acciones gubernamentales en la regulación de las plataformas digitales. ¿Cómo pueden los estados democráticos equilibrar la aplicación de sus leyes con la protección de la libertad de expresión en el espacio digital?
Que Brasil no es un país autoritario está fuera de discusión. Menos evidente, sin embargo, es determinar bajo qué motivaciones el STF decidió avanzar con una medida de semejante magnitud. Posiblemente, los jueces brasileños encontraron en la suspensión de X la salida de una encrucijada: ¿cómo hacer cumplir con sus leyes, evitando que las empresas las ignoren, sin por eso recurrir a medidas que puedan ser percibidas como autoritarias? ¿Es el bloqueo de una red social, luego de una letanía de órdenes judiciales incumplidas, una solución razonable y compatible con los estándares democráticos o, por el contrario, resulta un exceso inaceptable?
Cronología de la suspensión
La confrontación entre Elon Musk y el juez brasileño Alexandre de Moraes comenzó en abril de 2024, cuando de Moraes, en su rol de juez del STF, ordenó a X bloquear aproximadamente 150 cuentas vinculadas a investigaciones por presunta incitación al odio y difusión de desinformación en el marco de las elecciones presidenciales de 2022. Por entonces, los resultados de los comicios que dieron por vencedor al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, derivaron en una serie de protestas que culminaron en el levantamiento del 8 de enero en Brasilia. Descontentos con el desenlace electoral, partidarios bolsonaristas irrumpieron en edificios gubernamentales, incluida la Corte Suprema. A la parcialidad del por entonces saliente oficialismo, según de Moraes, la habría motivado una suerte de “milicia digital” que, a través de una “instrumentalización criminal deliberada de la red social X”, difundió y difunde una “retórica anti-democrática”.
En un principio, Musk, que sostiene que la política de X se basa en “la máxima libertad de expresión dentro de las leyes de cada país”, se mostró reticente a la orden y criticó públicamente al juez, calificándolo de “dictador”. No obstante su resistencia inicial, X accedió a cumplir—aunque de manera parcial—con algunas de las demandas de la corte. Este desacuerdo inicial marcó el comienzo de una diatriba que se prolongaría durante meses.
El conflicto se agravó a principios de agosto de 2024 cuando, como parte de la disputa, el STF congeló las cuentas bancarias de Starlink, la empresa de internet satelital de Musk, sosteniendo que de facto ambas compañías pertenecen a un mismo grupo económico. Las multas, que ascendían a cifras exorbitantes, se debieron a que X no había entregado ciertos documentos solicitados por el tribunal, y por ende continuaba incumpliendo con estas órdenes. En primera instancia, Musk respondió denunciando las acciones del tribunal y ofreciendo servicio gratuito de internet a los usuarios brasileños a través de SpaceX hasta que se resolviera el asunto. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la noticia de que el STF levantaba los congelamientos bancarios tras recibir la transferencia de 3,31 millones de dólares por parte de la empresa de Elon Musk a las arcas nacionales del país.
La confrontación escalaría cuando De Moraes dispuso multar directamente al representante legal de la empresa en el país, ordenando su arresto fruto de la “desobediencia a una orden judicial”. Musk no demoró su respuesta y anunció que X cerraría sus oficinas en Brasil ya que se trataba de un caso de censura injustificada. La decisión del empresario estadounidense lejos estuvo de ponerle un punto final al asunto. Por el contrario, desencadenó la orden final del juez Moraes el 30 de agosto de 2024: bloquear completamente el acceso a X en todo Brasil e imponer una multa de 50.000 reales (aproximadamente, 8.900 dólares) a las personas o empresas situadas en territorio brasileño que utilicen VPNs para acceder a la red social. A modo de justificación, el juez reparó que Musk había mostrado un “total desprecio por la soberanía brasileña” al negarse a nombrar un representante legal y al no cumplir con las órdenes judiciales previas. La medida, que entró en vigor el sábado 2 de septiembre, no fue ajena a controversias.
¿Quién es el responsable?
El caso de X en Brasil se enmarca en el debate global sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet por el contenido publicado por terceros. Tradicionalmente, se ha considerado a los intermediarios como meros “conductores” de información, eximiéndoles de responsabilidad por el contenido que circula en sus plataformas, siempre que actúen de buena fe y de acuerdo con la ley. Sin embargo, la proliferación de contenido complejo y potencialmente dañino en línea, como la desinformación, los discursos de odio y la incitación a la violencia, ha llevado a cuestionar este modelo, impulsando la búsqueda de un nuevo equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos.
El Marco Civil de Internet (MCI) de Brasil, promulgado en 2014, establece un régimen de responsabilidad limitada para los intermediarios. Según el MCI, las plataformas como X sólo pueden ser consideradas responsables por contenido de terceros si, tras recibir una orden judicial específica para retirar dicho contenido, no lo hacen en el plazo establecido. Es decir, se privilegia el principio de que las plataformas no deben censurar contenido de forma preventiva, sino que su responsabilidad se activa una vez que una autoridad judicial ha determinado la ilegalidad del contenido en cuestión.
En el caso de X, el juez Moraes argumentó que la empresa había desobedecido reiteradamente órdenes judiciales para bloquear cuentas y publicaciones que consideraba peligrosas para la democracia y el Estado de Derecho brasileño. El juez mencionó, específicamente, la difusión de discursos de odio, noticias falsas y mensajes antidemocráticos, que podrían haber contribuido al intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. De acuerdo con el MCI, la desobediencia a una orden judicial justificaría la imposición de sanciones a la plataforma, incluyendo, en última instancia, el bloqueo de su funcionamiento en territorio brasileño.
El test tripartito
Para evaluar las limitaciones a la libertad de expresión, la jurisprudencia interamericana ha desarrollado un “test tripartito” para analizar si una determinada legislación infringe los estándares regionales. Toda restricción será legítima en la medida en que cumpla con las categorías de este test de tres partes: la legalidad, la proporcionalidad y el objetivo legítimo (necesidad) perseguido. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de suspender X, ¿aprobaría el test tripartito?
En cuanto a la legalidad, el gobierno brasileño argumenta que la suspensión se basa en el Marco Civil de Internet (MCI), que permite el bloqueo de plataformas que incumplan órdenes judiciales. Sin embargo, la vaguedad de algunas disposiciones del MCI y la falta de una definición clara de “contenido ilícito” generan incertidumbre sobre la solidez legal de la medida. La defensa de la soberanía nacional, por legítima que sea, no puede servir como un cheque en blanco para justificar restricciones a la libertad de expresión sin un fundamento legal sólido. La argumentación del juez Alexandre de Moraes se centra en la obligación de todas las empresas, incluidas las extranjeras que operan en Brasil, de acatar el ordenamiento jurídico nacional.
La necesidad de la suspensión también es objeto de controversia. Si bien la cuestión de la desinformación puede ser merecedora de atención, especialmente en contextos electorales, el bloqueo total de una plataforma con millones de usuarios plantea serias dudas sobre la existencia de medidas menos lesivas para alcanzar este objetivo.
Incluso si asumimos que la decisión fue necesaria, en términos de su proporcionalidad, la suspensión de la plataforma tiene efectos desmedidos. Es cierto, como fue mencionado más arriba, que la confrontación adoptó una forma más mediática que judicial, y que la decisión del STF se desprende de las directrices del MCI. Sin embargo, el bloqueo de la plataforma impide a decenas de millones de usuarios recibir y compartir información a través de una de las redes sociales más utilizadas globalmente.
La suspensión, además, puede resultar contraproducente ya que incentivaría la migración a plataformas potencialmente menos transparentes o con políticas de seguridad de menor calidad. Asimismo, no debe pensarse que ese traslado vaya a darse sin ningún tipo de obstáculos ni genere ningún tipo de inconvenientes para los usuarios. Puesto de otro modo, aquellos acostumbrados a la experiencia de X no necesariamente encontrarán en Bluesky o Threads las mismas comodidades, y muchos de esos usuarios perderán sus audiencias ya consolidadas, afectando directamente el alcance de sus discursos.
¿Existían alternativas más efectivas y fundamentalmente menos lesivas para resolver este caso tan singular? La respuesta, sin duda, no es sencilla; las penalizaciones intermedias ensayadas, como se pudo ver, no resultaron un elemento del todo disuasivo. En consecuencia, otra pregunta, aún más compleja, se impone: ¿es legítimo sacrificar un derecho fundamental en aras de proteger otro?
A modo de conclusión
El caso de X en Brasil ilumina un dilema: no es deseable que una empresa tenga poder absoluto sobre nuestra capacidad de expresión, pero tampoco que los gobiernos puedan fácilmente excluir a estas plataformas de mercados clave. Esta tensión subraya, a su vez, un interrogante persistente: ¿Quién regula a las plataformas? Desde el CELE tenemos un diagnóstico claro: en los últimos años observamos cierto desplazamiento en el marco de una globalización regulatoria. El optimismo inicial hacia Internet ha dado paso a percepciones más cautelosas, incluso de amenaza a la democracia. En este contexto, los estados periféricos, como Brasil, enfrentan desafíos particulares para forjar regulaciones distintas a los modelos hegemónicos. El MCI representa un intento de Brasil por encontrar su propio camino, pero el caso de X demuestra que la tarea de equilibrar la libertad de expresión, la soberanía nacional y el poder de las plataformas globales sigue siendo un desafío en evolución.
