Nueva publicación del CELE: Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) y derechos humanos en Latinoamérica: un estudio comparativo en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay
¿Pueden los gobiernos “patrullar” internet? ¿Hasta dónde se extienden las competencias y capacidades técnicas estatales para vigilar la actividad de los ciudadanos en línea? ¿Pueden las fuerzas de seguridad revisar la actividad de los ciudadanos en redes sociales en forma preventiva o necesitan una orden judicial? ¿Qué restricciones imponen las leyes locales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la vigilancia de la red? ¿Los estados respetan estos límites?
Como ya anticipamos en una entrada anterior, durante los años 2022 y 2023, el CELE coordinó una investigación, llevada adelante por un consorcio de organizaciones latinoamericanas, acerca del uso de Inteligencia de Fuentes Abiertas (en adelante OSINT, por su acrónimo en inglés) por parte de los estados con fines de vigilancia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.
A partir de una serie de publicaciones periodísticas relativas al uso de OSINT por parte del Estado argentino entre 2017 y 2020, desde el CELE nos preguntamos si la utilización de esas técnicas como parte de la política de seguridad interior constituían hechos aislados o si, por el contrario, hacían parte parte de una constante en el país y en la región. Entendimos como sumamente relevantes las preguntas acerca de qué legislación rige a esa actividad y cuáles son sus impactos en los derechos de los usuarios de internet.
En la empresa de profundizar en estas inquietudes, contamos como nuestros socios a Artigo 19 (Brasil), Fundación Karisma (Colombia), Artículo 19 (México) y Datysoc (Uruguay), quienes reseñaron la normativa y las conductas estatales relevantes en sus respectivas jurisdicciones. El trabajo del consorcio estuvo guiado por una metodología de trabajo elaborada por Eduardo Bertoni para el CELE.
El informe que hoy compartimos, elaborado por el CELE, utiliza como insumo los hallazgos que surgen de ese esfuerzo mancomunado de más de dos años de investigación en cinco países diferentes. Además de identificar la normativa aplicable a la actividad en las distintas jurisdicciones estudiadas, el estudio detalla las instancias conocidas de utilización de técnicas OSINT por parte de los gobiernos con fines de vigilancia, las condiciones en las que esta actividad es generalmente ejercida, y sus impactos en derechos humanos. El trabajo presenta una conclusión en la que se identifican patrones comúnes que se presentan a nivel regional y se formulan recomendaciones a los estados.
El trabajo se encuentra disponible para su lectura y descarga aquí.
