En los últimos años, Ecuador sufrió una progresiva invasión y restricción de espacios que se encuentran protegidos ab initio por el derecho a la libertad de expresión. A través de disposiciones que sancionan las calumnias, las injurias y el desacato, se ha pretendido silenciar a críticos de los gobiernos de turno, generando un efecto inhibitorio en la libertad de expresión. Adicionalmente, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación se instauró un marco normativo que permite al gobierno controlar y limitar de manera desproporcionada los contenidos tanto offline como online de los medios de comunicación. En virtud de las consecuencias legales desmedidas impuestas a personas y a medios de comunicación que hicieron un uso legítimo de su derecho a expresarse libremente a través de los medios tradicionales, el debate público más robusto se trasladó a las redes sociales. En respuesta, nuevos proyectos de ley pretenden dotar al Ejecutivo de un mayor control sobre las ideas e informaciones que se transmiten en el entorno digital a través de la imposición de obligaciones excesivas a intermediarios de internet.

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