Resumen de las Mesas Legislativas del CELE 2023
Debido a la cantidad de iniciativas legislativas en torno a la regulación de Internet y los esfuerzos que múltiples organizaciones de la sociedad civil están haciendo para ponerse al día y responder a ellas, desde el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información inauguramos en el año 2022 un espacio para discutir en profundidad algunos proyectos de ley, decisiones judiciales e iniciativas que son relevantes para el derecho comparado (particularmente pensando en las importaciones y exportaciones potenciales de leyes, proyectos de ley y decisiones judiciales). Llamamos a este espacio “Mesas de Legislación Comparada”.
En las Mesas participa un grupo diverso e internacional de miembros de la academia y la sociedad civil. Durante estos encuentros se analizan leyes o proyectos de ley y se discute con el resto de los participantes el contexto y los antecedentes de la norma, cómo se inserta ésta en su propio ecosistema, cuáles son los desafíos que implica, así como su potencial impacto en la regulación de otros países o regiones. El objetivo de estas mesas es socializar y discutir avances y retrocesos en la legislación comparada a nivel mundial sobre libertad de expresión, especialmente en internet y compartir mejores prácticas (desde sistemas jurídicos diversos) y experiencias aprendidas en relación a regulaciones similares.
Durante el 2023, el Observatorio Legislativo del CELE organizó 9 meses de legislación comparada. Estas mesas suelen contar con una persona invitada que realiza la presentación y análisis de una ley o proyecto de ley de su región o país para luego dar lugar a preguntas, comentarios y debate. De las mesas realizadas, 2 se enfocaron en proyectos legislativos de América del norte por el fuerte proceso de revisión que se inició en el último tiempo de la Sección 230 de la CDA y del sistema de responsabilidad de intermediarios de dicho país. La mesa liderada por Scott Wilkens abordó las leyes de Texas y California que regulan redes sociales, mientras que la mesa liderada por Daphne Keller se enfocó en los mandatos de transparencia y en los casos pendientes de resolución NetChoice ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Asimismo, 3 mesas estuvieron enfocadas en procesos legislativos de la Unión Europea (UE) porque, como hemos visto en los últimos años, este bloque ha desarrollado de manera proactiva legislación que está siendo tomada como “modelo vanguardista” en otras partes del mundo. Durante estos encuentros, Giovanni Degregorio analizó y explicó la propuesta legislativa de la UE para regular la publicidad política, Daphne Keller analizó los mandatos de transparencia de la Digital Services Act, Maria Luisa Stasi presentó la European Media Freedom Act (EMFA) de la UE y Jacob Mchangama habló sobre el proyecto de ley de Dinamarca que busca criminalizar el tratamiento indebido de objetos religiosos.
Finalmente, elegimos llevar a cabo 4 mesas sobre proyectos legislativos en América Latina y en Asia para entender mejor los desafíos legislativos de dichas regiones y además porque identificamos que algunos de los proyectos legislativos presentados replicaban las discusiones y esquemas regulatorios del norte global sobre responsabilidad de intermediarios, gobernanza de internet, protección de datos y desinformación. Chico Camargo e Iná Jost de InternetLab presentaron el PL 2630 sobre noticias falsas así como sobre la Portaría de redes sociales de Brasil, Agneris Sampieri, de Access Now, habló sobre el proyecto de ley sobre Gobernanza de los servicios digitales y el comercio electrónico de Costa Rica. Catalina Moreno de la Fundación Karisma, presentó el sobre el proyecto de violencia política contra las mujeres en Colombia. Finalmente, Miraj Chowdury, fundador de Digitally Right, lideró la discusión sobre leyes tecnológicas y control del espacio digital. En todas las mesas contamos con un promedio de 20 participantes de distintas regiones del mundo que durante las discusiones compartieron sus experiencias a nivel local e internacional.
Algunos de los proyectos presentados en las mesas tienen características en común o responden a demandas u objetivos similares. Por ejemplo, en los proyectos de Estados Unidos, pendientes de resolución ante la Corte Suprema de dicho país en los casos Moody v. NetChoice y NetChoice v. Paxton, se identifica la intención de asignar a las plataformas digitales obligaciones de must carry vinculadas a la moderación de contenidos que llevan a cabo, con el pretendido objetivo de salvaguardar la esfera pública digital e impedir que eliminen contenido que podría resultar valioso para el debate público. Es decir, los proyectos buscan restringir la famosa discreción editorial que tradicionalmente gozan bajo la Primera Enmienda los periódicos y que luego fue extendida a las plataformas. También se incorporan en los proyectos disposiciones sobre transparencia y de protección de niños, niñas y adolescentes y la necesidad de que las empresas realicen una evaluación de mitigación de riesgos en el manejo de los datos de éstos. Cabe destacar que las mencionadas obligaciones de transparencia y de mitigación de daños guardan similitud con las reguladas en la DSA europea. En esta misma línea, se encuentran el proyecto de ley de Costa Rica que incorpora una mayor demanda de transparencia hacia las plataformas digitales, y el proyecto de ley de Brasil que incluye obligaciones de evaluación de riesgos sistémicos parecidas a las de la DSA.
Este viraje hacia obligaciones de mayor transparencia también lo encontramos en la propuesta legislativa de la Unión Europea sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política en la que se incluyen obligaciones sobre identificación de los servicios de publicidad política, mantenimiento y manejo de la información utilizada, así como sobre los anuncios políticos. Asimismo, podemos mencionar aquí a la EMFA que tiene como objetivo abordar las disparidades existentes en las normativas nacionales de la Unión Europea relativas a la libertad de prensa, el pluralismo y la independencia editorial. El artículo 17 de la EMFA, en particular, establece que los medios periodísticos pueden, basándose en una autodeclaración, solicitarle a las grandes plataformas que les otorguen un trato especial con respecto a la forma en que se modera el contenido que publican en dichas plataformas. Como en los casos que mencionamos anteriormente, en este proyecto también se busca limitar la capacidad de las plataformas para moderar el contenido según su parecer.
Finalmente, este año también propusimos el análisis y debate de otro grupo de regulaciones que no necesariamente estaban vinculadas con la regulación de plataformas pero sí con el contenido y la expresión. Una de ellas es la ley para prevenir la violencia política contra las mujeres en Colombia. Si bien esta legislación tiene el loable objetivo de reconocer a la violencia política como un fenómeno que desincentiva la aspiración a las mujeres a cargos de elección, encontramos algunas disposiciones en su texto que restringen la libertad de expresión de manera desproporcionada y ambigua sin cumplir con el test tripartito interamericano junto con la posibilidad de dar de baja propaganda electoral en línea. Además admite la posibilidad de recurrir al sistema penal para obtener reparaciones por los delitos de calumnia e injurias, algo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos viene criticando desde hace un tiempo como incompatible con la Convención Americana. El proyecto de ley eventualmente fue aprobado y está pendiente de revisión frente a la Corte Constitucional Colombiana. El CELE presentó un amicus curiae al respecto. Esta ley se inscribe en una serie de proyectos que se han presentado en los últimos años en los Congresos de América Latina, y que pueden consultarse en la base de datos del Observatorio Legislativo, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos de su vida. En este mismo grupo podemos ubicar al proyecto de ley danés que busca criminalizar la quema o tratamiento indebido de escrituras físicas religiosas, tanto en línea como fuera de línea, con el objetivo de prevenir futuros ataques terroristas en Dinamarca. Este último proyecto se destaca del resto y es tan atípico que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos denunció la mencionada regulación de la blasfemia por considerar que constituía una violación del derecho internacional de los derechos humanos a la libertad de expresión. Al igual que en el caso colombiano, aquí también encontramos la indeseable recurrencia al derecho penal para solucionar un problema social.
Las propuestas legislativas de Bangladesh sobre redes sociales ( que busca establecer criterios para la remoción de contenidos en línea) y de protección de datos (que incluye disposiciones peligrosas que facilitan el acceso por parte del Estado a datos personales), al igual que la ley colombiana, presentan conceptos abstractos e indefinidos que facilitan la discrecionalidad en la aplicación de la ley con la potencialidad de afectar el derecho a la libertad de expresión o privacidad de los usuarios de redes sociales.
Gran parte de los proyectos o leyes vinculados a internet incluyen obligaciones de transparencia, mecanismos de identificación y prevención de riesgos y la intención de morigerar el poder acumulado por las plataformas en lo que se refiere a la moderación y monetización del contenido generado por terceros que utilizan sus servicios, ya sea mediante la inclusión de obligaciones de must carry o de remoción obligatoria. Además, vimos que en algunos casos se sigue recurriendo al derecho penal como opción para intentar dar respuesta a la emisión de discursos irritantes o incómodos, como en el caso de la blasfemia en Dinamarca o las calumnias e injurias contra mujeres en su vida política en Colombia. Por último, también identificamos mecanismos de réplica o de modelización de propuestas regulatorias del norte global en América Latina y en Asia.
Desde el Observatorio elaboramos reportes legislativos de algunas de las normas presentadas en estas mesas por lo que los/as invitamos a leerlos en la sección “Documentación” de nuestra página web para que puedan enterarse de las discusiones que rodean estas legislaciones.
El 25/01 tendrá lugar la primera Mesa de Legislación Comparada de 2024 que será liderada por Guilherme Canela Godoi, Jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de UNESCO, quien presentará la Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales. En caso de tener interés de sumarse enviar correo electrónico a cele@palermo.edu.
