El jueves 18 de junio el diario Clarín re-publicó una editorial de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, originalmente publicada en USA Today el día anterior, sobre medidas adoptadas por la empresa de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. La editorial anunció la creación de un espacio dedicado a información política y electoral en las plataformas de Facebook e Instagram, dirigido a promover mejor acceso a la información y combatir la desinformación en períodos electorales; y se compromete a promover y fomentar la participación política como parte de la responsabilidad ciudadana de su empresa, en aras de combatir esfuerzos dirigidos a la supresión del voto -un debate actual en EEUU y del cual Zuckerberg no ha estado exento.
Estas medidas no son las primeras que la compañía adopta en materia de elecciones o de desinformación, sin embargo llegan en un contexto complejo para las grandes redes sociales, particularmente Facebook y Twitter, quienes han sido objeto de severas críticas por las irregularidades en la aplicación de sus normas comunitarias y su política respecto al contenido o expresiones de políticos.
El 26 de mayo de 2020 el Presidente estadounidense Donald Trump utilizó sus cuentas de Twitter y Facebook para compartir con su base que el voto por correo sería fraudulento. Que podrían robarse las urnas, podrían imprimirse boletas falsas, e incluso falsificarse firmas. La crítica de muchos usuarios y ONGs acusó que este tipo de contenidos hacia parte de esfuerzos por suprimir el voto de determinados sectores y desplegaba a priori un manto de duda e incertidumbre en torno a la integridad del proceso electoral. En un cambio radical de política, Twitter decidió aplicarle a este contenido un chequeo por parte de fact-checkers. Como resultado se le aplicó al Tweet una etiqueta de verificación. Twitter entendió que la afirmación del Presidente Trump no tenía sustento real y por ende sugería además material para interiorizarse con esta temática. Esta fue la primera vez que Twitter aplicó un chequeo y una etiqueta de chequeo a un posteo realizado por el Presidente de EEUU. No es la primera vez, sin embargo, que la empresa toma medidas frente al contenido creado y difundido por funcionarios públicos e incluso presidentes de otros Estados, pero sí la primera vez que lo hace sobre contenido del Presidente de EEUU, donde casualmente, están sus headquarters.
Facebook, en cambio, optó por no someter el posteo a sus fact-checkers argumentando que en materia de expresión política la empresa no debería ser árbitro de la verdad. Las diferentes posiciones de las dos empresas quedan así expuestas.
Paralelamente, sucedió el lamentable asesinato de George Floyd que generó indignación popular, desnudó las desigualdades y la discriminación sistemática que existe en EEUU frente a la comunidad afrodescendiente, y desencadenó fuertes protestas a lo largo y ancho del país y eventualmente del mundo. Algunas de estas protestas derivaron en saqueos, destrucción de propiedad, y violencia. Frente a esta situación, nuevamente el Presidente de Estados Unidos recurrió a su cuenta de Twitter y a Facebook para advertir a la gente de Minneapolis que si el gobierno estatal no lograba contener la situación enviaría a la guardia nacional. Cerró su intervención con una frase particularmente problemática: “when looting starts, shooting starts” -cuando comienzan los saqueos, comienzan los tiros. La frase habría sido tomada del jefe de la policía de Miami que en 1967 prometió violentas represalias contra quienes protestaran contra las políticas de “detención y registro” (“stop and frisk”).
Twitter entendió que las expresiones del Presidente constituían incitación a la violencia, contraria a los términos y condiciones de servicio de Twitter, pero que existía un interés periodístico sobre estas expresiones por tratarse del Presidente de EEUU. A partir de ello, oculto el contenido tras una advertencia que resumía lo antes expuesto.
Zuckerberg por el contrario, entendió que el contenido en cuestión era contenido político y que existía un interés general en que dicho contenido no fuera ocultado o bloqueado y optó por dejarlo en su plataforma como estaba, sin advertencia alguna. Facebook sostiene públicamente que el discurso político, particularmente el de funcionarios públicos, está sometido a altos niveles de escrutinio y gozan de interés público. El argumento está en línea con lo que la empresa sostiene desde hace meses sobre contenido político, el cual, en la teoría, queda exento de verificación externa, y, en general, es considerado de interés periodístico suficiente para dejarlo aunque viole sus reglas comunitarias. Las críticas nuevamente no se hicieron esperar, incluso desde dentro de la empresa y entre sus propios empleados.
En el seno de estas discusiones, que no son más que anecdóticas -a pesar de que ya han generado reacciones estatales y sociales, se haya una pregunta fundamental: ¿Cómo deberían estas empresas lidiar con las expresiones de funcionarios públicos en redes sociales? ¿Qué rol queremos, como ciudadanos y usuarios, que jueguen estas plataformas en nuestras campaña electorales? ¿O en la gestión de nuestras emergencias? ¿O en nuestras democracias en general? Estas son las preguntas que a pesar de las múltiples reformas a los términos y condiciones de servicio, y las múltiples acciones intentadas, siguen vigentes y pendientes de una respuesta contundente. Las medidas anunciadas por Zuckerberg esta semana se enmarcan en este debate más amplio y fundamental. Y lamentablemente, este compromiso, aunque aporta, no resuelve estas cuestiones más estructurales. Sin ir más lejos, el mismo 18 de junio, The Verge informaba que Facebook removió cerca de 80 avisos pagos de Trump en la plataforma por detentar imágenes de un triángulo invertido, símbolo utilizado para identificar a los disidentes políticos en los campos de concentración Nazis. Y otra vez, de vuelta a la pregunta fundamental.
Urge aclarar cuál es el criterio que estas empresas, que tienen miles de millones de usuarios a nivel global, tienen respecto de la expresión de funcionarios públicos en cuestiones vinculadas a interés público, y aportar niveles incluso más altos de transparencia sobre la implementación de las normas comunitarias o términos y condiciones de servicio. También urge aclarar qué queremos como usuarios, pero sobre todo como ciudadanos, que estas plataformas hagan con este tipo de contenidos. Urge promover un debate amplio e informado sobre las repercusiones que estas decisiones tienen en nuestros sistemas políticos y en nuestras democracias. Este es el mejor aporte que puede hacerse a fin de promover la democracia, no solo en Estados Unidos sino a nivel global.
Por Agustina Del Campo
