Durante las últimas semanas fuimos testigos de las masivas protestas del movimiento Black Lives Matter, que llevó a cientos de miles de personas en Estados Unidos y en el resto del mundo a manifestarse en contra del racismo. Las redes sociales no estuvieron exentas ni de protestas ni de respuestas frente a las protestas. De hecho, en medio de esta crisis, el Presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra las redes sociales (ver más acá y acá) en aras de regular la conducta de las empresas frente a la expresión de terceros. Como si fuera poco, todo sucede en el marco de una muy polarizada campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en noviembre. Si bien no llama la atención que Facebook y Twitter sean actores relevantes, en estas semanas también tomó protagonismo -podríamos decir, sorpresivamente- TikTok.
TikTok es una red social de origen chino que permite a sus usuarios subir videos y editarlos fácilmente, agregando música y efectos de distintos tipos. Desde su lanzamiento en 2016, es furor entre adolescentes de distintas partes del mundo, con más de dos mil millones (sí, dos mil millones) de descargas globales. Más allá de su popularidad, no era conocida como una plataforma utilizada por los usuarios para discutir sobre política ni mucho menos convocar movimientos sociales… hasta ahora.
Durante las últimas semanas, en medio de un clima social en llamas, Trump y su equipo promocionaron su rally en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, sin imaginarse que miles de adolescentes, en especial fanáticos de K-pop, iban a boicotear el evento. ¿Cómo lo hicieron? A través de TikTok: circularon videos convocando a los usuarios a registrarse en el rally, para luego no ir.
Días antes del rally, ocurrido el sábado 20 de junio, Brad Parscale, jefe de campaña de Trump, hacía alarde de los más de 1 millón de inscriptos para participar del evento, cuya capacidad máxima era de alrededor de 20 mil personas. Llegado el sábado, la convocatoria fue tanto menor que incluso tuvieron que cancelar actividades previstas al aire libre, anticipando una multitud que nunca se concretó. Cientos de miles de usuarios de TikTok se adjudicaron parte de fracaso en la convocatoria.
No es la primera vez que fanáticos de K-pop se organizan e involucran en cuestiones sociales y políticas utilizando redes sociales. A fines del mes de mayo, la policía de la ciudad de Dallas, Texas, convocó a los ciudadanos a que compartan videos de “actividades ilegales” en el marco de las protestas del movimiento Black Lives Matter, a través de una app llamada iWatch Dallas, administrada por la policía local.
El tweet despertó la atención de los fanáticos del K-pop, quienes comenzaron a compartir fragmentos de videos musicales en la app con la intención de sabotearla, al punto de hacerla colapsar. Pocas horas después del tweet original, la policía de Dallas anunciaba la baja temporal de la app debido a inconvenientes técnicos.
Más recientemente, comenzó a viralizarse en TikTok una invitación a los usuarios a ingresar al sitio oficial de Donald Trump, agregar la mayor cantidad de ítems de merchandising al “carrito de compras” y luego no comprarlos. Esto provoca que, automáticamente, el sitio redirija publicidad a los usuarios que dejaron sus compras inconclusas. ¿El objetivo de esta estrategia? Agotar los recursos de publicidad digital de la campaña presidencial de Trump. Los números hablan por sí mismos: el video original fue visto por 2.9 millones de usuarios y alrededor de 40 mil usuarios lo compartieron en sus cuentas.
Indudablemente, aunque no hayan sido concebidos específicamente para estos fines, las plataformas como TikTok constituyen nuevos espacios de manifestación política y, por qué no, de protesta. En tiempos de distanciamiento social, prohibición de manifestaciones y contra-manifestaciones, estas formas de participación política desde internet traen a la agenda, una vez más, interrogantes que en la jurisprudencia global están pendientes de resolución, a pesar de no ser necesariamente nuevos.
Si repasamos la historia de las protestas en internet, podemos ver que las mismas existen desde antes del fenómeno de las redes sociales. Algunas de ellas adoptaron la forma de Distributed Denial of Service, o “DDoS”, por ejemplo, modus operandi por excelencia del grupo activista (“hacktivista») Anonymous en el año 2010, contra los gigantes PayPal, Mastercard y Visa, entre otros. Estos ataques fueron parte de la llamada “Operation Payback”, motivados por la decisión de las compañías financieras de impedir donaciones al sitio Wikileaks. Alrededor de 10 mil personas fueron partícipes de los DDoS, lo que provocó la baja temporal de los sitios web de los gigantes financieros durante algunas horas. Operation Payback motivó un debate que hoy cobra fundamental relevancia: ¿fue hacking o fue expresión?
Al día de hoy, los DDoS son ilegales en varios países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña. En éste último fueron condenados, por Operation Payback, un grupo de jóvenes, dos de los cuales cumplieron penas de hasta 18 meses en prisión. Uno de los jueces que los condenó argumentó en su fallo que “es intolerable que cuando un individuo o un grupo esté en desacuerdo con las actividades de una entidad en particular sea libre de restringir esa actividad mediante ataques como los que tuvieron lugar en este caso«.
Pero también hay quienes cuestionan las estrategias coordinadas en redes sociales, no por tratarse de ataques DDoS o incluso por ser incompatibles con la libertad de expresión, sino por lo que la acción coordinada ha significado para el escenario de las famosas “fake news”. En un interesante artículo del Washington Post, Molly Roberts, periodista de tecnología y sociedad, sostiene que “celebrar algunas manipulaciones y condenar otras es una táctica insostenible para cualquiera que quiera desenredar nuestra red mundial de mentiras. Es triste que este sea el activismo que se siente más normal y más natural para aquellos que crecieron en la era de Internet, triste que muchos crean que es el activismo con más probabilidades de éxito en un campo de batalla ya lleno de falsedades y, más triste aún, que puedan tener razón”.
Del otro lado del argumento, hay quienes consideran a los DDoS y a este tipo de conductas organizadas como una forma de protesta y argumentan que como tal debería estar protegida como ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Incluso hay quienes van más allá y consideran que este tipo de protestas deberían fomentarse, abriéndole las puertas a nuevas formas de expresión (así opina el reconocido abogado defensor de activistas digitales y hackers, Jay Leiderman, en este artículo).
La falta de consensos sobre el tratamiento de estas manifestaciones es particularmente relevante en el ecosistema de internet de hoy en el cual, cada vez más, las plataformas se ven presionadas a adoptar medidas de regulación de contenido. Facebook, por ejemplo, lucha contra el “comportamiento inauténtico coordinado”, entendido como aquél llevado a cabo por usuarios con identidades falsas. Lo distintivo de los hechos acontecidos recientemente en TikTok, sin embargo, es que los mismos fueron comportamientos promovidos por usuarios reales o “auténticos”.
Existen herramientas jurídicas para analizar estos comportamientos en el marco de los derechos a la libertad de expresión, los derechos de asociación y reunión y los derechos a la participación política. Sin perjuicio de cómo resulte en los casos particulares, estos sistemas ofrecen un marco para el análisis de estas conductas que conviene atender. Entre los principales estándares de protección de estos derechos se destaca que cualquier medida que busque restringirlos deberá estar establecida previamente por ley, además de ser necesaria y proporcional al fin legítimo perseguido, sea asegurar el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública (ver artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana, y artículos IV, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dentro del sistema interamericano).
Diversos expertos a nivel internacional también han contribuido a interpretar cuáles constituyen protestas pacíficas y cuáles no. Entre otros, se destacan los informes de la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la ONU (ver informes del 2012 y del 2015) y, más recientemente, el informe “Protesta y Derechos Humanos” del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del año 2019.
Pasaron 20 años desde los primeros ataques DDoS y podemos observar cómo las formas de asociación y activismo digital han ido evolucionando, no sólo en cuanto a su naturaleza, dimensión y alcance sino también en cuanto a los actores involucrados. Quizás lo mas atendible en esta instancia sea volver a las bases y no perder de vista el marco de análisis desde el cual abordar estas nuevas manifestaciones.
Por Morena Schatzky
Crédito de imagen: Kon Karampelas @konkarampelas
