OSINT y DDHH en América Latina
Nueva publicación del CELE: Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) y derechos humanos en Latinoamérica: un estudio comparativo en Argentina, [...]
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Two problems for using Human Rights as Benchmarks in Human Rights Impact Assessments In the last few years, CELE has [...]
Seminario: Elecciones y desórdenes desinformativos El 7 de septiembre de 2023 se celebró, en la Universidad de Palermo, el seminario [...]
Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.
El liderazgo ¿estéril? de Brasil Una de las principales preocupaciones del CELE es seguir de cerca los procesos regulatorios [...]
El CELE celebró la edición 2023 de su taller en Buenos Aires Los días 26 y 27 [...]
Why Engaging with Trust and Safety Matters: CELE's Contributions to the Digital Trust and Safety Partnership Glossary Trust and [...]
Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.
Challenges to Majority World Participation in European Union's Data Access for Platform Researchers Consultation Introduction Article 40 of the Digital [...]
Durante los años 2022 y 2023, el CELE coordinó una investigación, llevada adelante por un consorcio de organizaciones latinoamericanas, acerca del uso de Inteligencia de Fuentes Abiertas (en adelante OSINT, por su acrónimo en inglés) por parte de los estados con fines de vigilancia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Es posible entender a OSINT como la recopilación y el análisis de información recogida de fuentes abiertas (y disponibles públicamente) para la producción de inteligencia accionable.
Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.
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CELE at RightsCon 2023: our agenda and priorities We are glad to share that this year we will be participating [...]
Violencia de género digital en Colombia: un proyecto que preocupa y una sentencia que marca el camino Dos respuestas [...]
Regulación de plataformas en Brasil: necesidad, peligros y contradicciones En los últimos años, un creciente número de Estados han buscado [...]
CELE en el Día Mundial de la Libertad de Prensa: UNESCO mejora su borrador sobre regulación de plataformas, pero se [...]
The latest version of the draft guidelines, published on April 27th, constitutes a significant improvement in this regard, as mentions of vague and overly broad concepts such as “content that risks significant harm to democracy” or “harmful” and “toxic” content have been eliminated or significantly reduced.
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Un Protocolo peligroso y excluyente para los reporteros en el Perú En los últimos años se ha producido un aumento [...]
Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.
Des-información en la democracia Brasileña Un numeroso grupo de ciudadanos alteró el orden público, invadiendo el palacio Presidencial, el [...]
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El pasado 4 de octubre el Consejo de la Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA por sus siglas en inglés) la cual pretende regular la responsabilidad de las empresas sobre la moderación de contenido, aumentar la transparencia, proteger la privacidad de los usuarios y regular demás servicios que se desarrollan dentro del ámbito digital. Esta ley merece ser analizada y discutida en virtud de que algunos de sus puntos – que suelen presentarse en este tipo de regulaciones – proponen un control sobre el territorio digital. Una de estas cuestiones, que será objeto de discusión en este blog, es lo pertinente al artículo 11 que reglamenta los requisitos de presencia local en territorio europeo.
Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas.
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Internet y la protesta digital en manos de la Corte Constitucional de Colombia Las organizaciones El Veinte, Fundación Karisma, Fundación [...]
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Un debate amplísimo para cuidar el consenso democrático El estreno hace algunas semanas de Argentina 1985 marcó la vuelta al [...]
Contenido legal pero dañino y poca previsión en la supervisión La semana pasada tuve el honor y el gusto de [...]
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La semana pasada se realizó en la ciudad de Buenos Aires la 10ma edición del taller “Por una mejor regulación de internet en América Latina”, organizado por el CELE. Tuvimos el honor de recibir a casi 40 representantes de organizaciones que estudian, trabajan y promueven la defensa de derechos humanos en el ámbito digital en nuestra región. A lo largo de estos últimos 10 años han participado más de 300 representantes de organizaciones de derechos humanos a nivel regional, con la intención de capacitarse e involucrarse en la agenda de “derechos digitales”
Las expectativas en todos los temas eran muchas. Se trata de una nueva constitución que no solo busca terminar con la Constitución heredada de la Dictadura de Pinochet, sino que busca dar solución o abarcar una serie de demandas sociales básicas, que ponen en evidencia situaciones de desigualdad e inequidad acumuladas por décadas, pero también relevar aspectos clave como la participación y reconocimiento sobre paridad de género en la democracia y sus sistemas de participación, el principio de plurinacionalidad (el reconocimiento de pueblos originarios), los desafíos ecológicos y de sustentabilidad socioambientales asociados a un tiempo de crisis climática. Por cierto, para los sectores relacionados con el ámbito de las tecnologías, era la oportunidad para proponer una “constitución digital” que integrara dimensiones claves como el acceso y conectividad, educación y desarrollo de competencias especializadas, la promoción de la innovación, y para el sector de comunicaciones y medios, una oportunidad para incorporar diversas dimensiones del derecho a la comunicación en aspectos como pluralismo y diversidad .
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Desde el CELE consideramos que acercar a los debates que tienen lugar en la región iniciativas legislativas de otras regiones puede enriquecer el debate público y colaborar con las distintas partes interesadas para identificar mejores prácticas en la materia (periodistas, sociedad civil, instituciones gubernamentales y académicas dedicados a la defensa y a la promoción de estos derechos, especialmente en América Latina). Por eso, desde el Observatorio Legislativo hemos iniciado una serie de resúmenes legislativos para que los mencionados stakeholders puedan acceder a estos textos en forma clara y en idioma castellano.
En el CELE decidimos mirar la Convención más de cerca y lo que encontramos nos preocupó. Si bien los fines que persigue la Convención son indiscutiblemente loables, los términos en los que están definidos los alcances de las obligaciones que impone al estado son preocupantes desde la libertad de expresión. Es por ello que decidimos escribir un artículo que salió publicado en el último volúmen de la Revista Argentina de Teoría Jurídica. En lo que sigue quisiéramos explicar resumidamente el argumento de nuestro artículo.
Observatorio Legislativo CELE Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas [...]
Como puede verse, estamos frente a una discusión que no es meramente lingüística, sino que es eminentemente política y legal. Estamos hablando de palabras o de letras que operan en una lengua establecida con el pretendido objetivo de brindar visibilidad, representatividad y evitar la discriminación y desigualdad. Quizá por razones no del todo disímiles es que Brigitte Vasallo advierte que para lograr estos cambios el lenguaje inclusivo solo no alcanza, puesto que el problema verdadero reside en disputar quién define sobre el lenguaje y cuáles son los límites de la inclusión. Al igual que Wallace, para Vasallo “cambiar algo en el plano simbólico no quiere decir que cambie en lo material” y también debemos prestar atención que quienes proponen estos cambios no se conviertan en una autoridad inflexible alternativa.
El panel estuvo constituido por la Relatora de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, Sra. Irene Khan, quien se refirió principalmente a las conclusiones de su informe de 2021; la Directora del CPSL (Content Policy and Society Lab) de Stanford y miembro del Oversight Board de Facebook, Julie Owono, quien habló de las medidas que las empresas deberían tomar frente a la desinformación y las decisiones del OB de Facebook sobre el tema; la profesora Kate Jones del Oxford Internet Institute, quien destacó la necesidad de generar espacios para abordar este tema desde una perspectiva multisectorial y la importancia de encarar recomendaciones respetuosas de derechos humanos; y finalmente, quien les escribe. A continuación transcribo las reflexiones que compartí con el panel (en inglés):
Vemos aquí cómo una decisión judicial, que reivindica iniciativas legislativas tendientes a criminalizar no solo el aborto sino cualquier medida que pueda entenderse como favorable al aborto, impactó en la información que circula en redes sociales en torno al tema. Con el objetivo de evitar responsabilidad civil e incluso penal por el contenido que permiten brindar en sus servicios, las empresas comenzaron a restringir rápidamente la publicidad y oferta de medicamentos y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo. El temor más preocupante, sin embargo, es que las medidas restrictivas alcancen al activismo, además de la información y educación sexual y reproductiva.
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Si bien una buena parte de las innovaciones institucionales que se siguen de abandonar la concepción puramente electoral de la representación requerirían cambios institucionales a nivel constitucional y por lo tanto un alto nivel de consenso político y social (7), otro conjunto de innovaciones institucionales podrían ser compatibles con nuestro texto constitucional. En particular estoy pensando en espacios de deliberación ciudadana, iniciativas de ley (8) o espacios participativos que permitan diseñar consultas populares sin que su contenido esté determinado exclusivamente por las decisiones de los representantes. Así, quedan caminos participativos por recorrer incluso dentro de nuestro arreglo constitucional.
La fotografía se completa con los intereses y pugnas subyacentes. Así como en las guerras solo ganan los vendedores de armas, en la batalla entre política y prensa, solo triunfan los enemigos de la libertad de expresión.
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Podríamos también preguntarnos: ¿Cuántos recursos han tenido que ser movilizados y serán utilizados en estas causas? ¿No es importante tener en cuenta que aquello que se denuncia en los panfletos es parte del debate público y, más aún, se refiere a una figura pública y a un tema que forma parte de la agenda pública? ¿Qué implica que la vicepresidenta haya sido aceptada como querellante en una causa en la que se investiga el vaciamiento empresarial de una empresa con la que no tiene vínculo alguno?
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Permítanme poner sólo un ejemplo. Recientemente, el periodista argentino Gustavo Noriega se preguntó si la última tendencia corporativa de Twitter de reaccionar contra la desinformación está a punto de terminar ahora que Elon manda. Es un pensamiento interesante que vale la pena explorar. Supuestamente, Twitter está luchando contra la desinformación climática porque no cree en ella y la considera dañina para el planeta, nuestras vidas, el futuro, etc. Pero no funciona así. Twitter no cree nada. Las corporaciones toman decisiones basadas en diferentes objetivos y agendas.ra
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Llegados a este punto, podemos concluir que la libertad de expresión protege una serie de acciones dañosas y que por lo tanto no alcanza con que se verifique una afectación para calificar al contenido como manifiestamente ilícito ni para que se dispare la obligación de reparar. Esto no quiere decir, por supuesto, que el daño y la obligación de reparar por ciertas expresiones estén disociadas. Si bien haber sido dañado no es una condición suficiente para exigir una reparación, sí es una condición necesaria.
La jurisprudencia como una red que crece Durante el 2021, desde el CELE llevamos adelante una investigación sobre la jurisprudencia [...]
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Deuda y fake news En los siguientes párrafos voy a intentar reflexionar brevemente sobre la posibilidad de castigar las noticias [...]
La AAIP está sin Director desde enero de 2021, tras la renuncia del entonces Director Eduardo Bertoni. En marzo de ese año, Jefatura de Gabinete de Ministros postuló al abogado Gustavo Juan Fuertes para el cargo, pero terminó dando de baja su candidatura luego de que ésta fuera blanco de críticas e impugnaciones que, por unanimidad, coincidían en que el postulante no era idóneo para el cargo.
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Hace algunas semanas que la justicia argentina pide al periodista Santiago O’Donnell la entrega de las cintas de grabación en las que registró conversaciones con Mariano Macri, hermano del ex presidente, que sirvieron de base para su libro Hermano. La decisión es del juzgado nacional en lo civil No. 6 y es contraria a numerosos precedentes judiciales de instancias más relevantes—-cámaras de apelaciones, investigaciones criminales—-que se tomaron en serio al artículo 43 de la Constitución cuando garantiza el “secreto de las fuentes de información periodística”.
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Dentro del equipo del CELE discutimos, la semana pasada, la cuestión de la censura privada—-es decir, los casos en los que personas u organizaciones son excluidas del debate público por decisión de empresas privadas que, alegando su propia libertad de expresión deciden expulsar de sus plataformas a personas con discursos indeseables, que violan sus términos y condiciones, etcétera (algunos le llaman deplatforming). La discusión giró muchísimo alrededor del caso Sudestada, en Uruguay: notas que vinculaban a dos estudios jurídicos de ese país con un caso de corrupción en España fueron “desindexadas” por Google a pedido de los involucrados.
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El discurso de funcionarios públicos y personas públicas puede ser igualado desde la perspectiva del potencial daño. Pero no es igual. Los funcionarios públicos tienen obligación de pronunciarse sobre ciertos temas por su labor, tienen obligaciones de decir verdad en ciertas instancias, y tienen penas incluso agravadas por manifestar falsedades. Como comprobamos con E Bertoni en un paper reciente, los actos administrativos tienen que estar fundados, la falta de causa o motivación es motivo de nulidad, y la falsedad en la motivación también. Las mentiras de los funcionarios públicos tienen consecuencias que otras mentiras no tienen.
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Proyecto de ley contra el silencio, obstaculizado por congresistas colombianos En Colombia se discute un proyecto de ley que busca [...]
En ese ecosistema horizontal cada cual encontrará sus fuentes más confiables: podemos seguir en las redes sociales a todo tipo de personas, incluyendo—por ejemplo—a los principales asesores del presidente en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia, lo que ofreció algo de transparencia a un proceso por demás oscuro. Y seguramente sea deber de los ciudadanos de a pie revisar, periódicamente, esa confianza.
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En conclusión, el proyecto de ley que busca sancionar expresiones “negacionistas” tiene serios problemas en términos de libertad de expresión y por ello daña la calidad de nuestra esfera pública. Si nos interesa la democracia es porque nos permite discutir sobre las reglas que nos rigen como comunidad. Prohibir la discusión sobre esas reglas en nombre de la democracia simplemente no tendría sentido.
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Los funcionarios públicos y la desinformación Esta semana presentamos un nuevo ensayo que desarrollamos con la Oficina Regional para [...]
Observatorio Legislativo CELE Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas [...]
¡Nueva publicación! “Mirando Al Sur: Hacia nuevos consensos regionales en materia de responsabilidad de intermediarios y moderación de contenidos en [...]
Observatorio Legislativo CELE Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas [...]
Oportunidad para sumarse al CELE! Arrancamos dos proyectos nuevos y buscamos sociólogos y asistentes de investigación interesados en la materia. Como parte de la política del CELE, promovemos particularmente la postulación de diversidades étnico -raciales y de genero.
La libertad de expresión es un derecho fundacional de los sistemas constitucionales modernos. Ha sido identificada como la “piedra angular” del sistema democrático y como un derecho a priori, sin el cual la democracia no puede funcionar. Como casi todos los derechos, sin embargo, la libertad de expresión se ve fuertemente afectada por la desigualdad que caracteriza a la mayor parte de las sociedades occidentales, un problema central de nuestros tiempos que afecta de una manera especialmente aguda a los países de América Latina.
Desde el CELE venimos trabajando sobre el uso de mecanismos de “evaluación de impacto” en materia de derechos humanos por parte de empresas del mundo de la tecnología y las comunicaciones, con especial foco en la libertad de expresión. El tema nos resultó tan interesante como algo ajeno al comienzo.
RightsCon celebra sus 10 años en los derechos humanos en la era digital y el @CELEUP forma parte una vez [...]
Observatorio Legislativo CELE Tendencia legislativa 2021 Durante 2021 y hasta la fecha hemos identificado varios proyectos legislativos presentados en [...]
El pasado miércoles 28 de abril, el Plenario del Parlamento Europeo aprobó la regulación sobre la lucha contra la [...]
Are there other framework solutions that we need to focus more on? What are they? Note: here I am thinking of big ideas, not more practical steps. At the level of transparency for intermediaries as a general way forward.
Boletín Mensual Abril 2021 Observatorio Legislativo CELE. Novedades de la actividad legislativa y regulatoria, decisiones judiciales y administrativas. Argentina El [...]
Entiendo que el proyecto tiene pocas chances de ser aprobado, pero merece cierta reflexión por al menos tres motivos. Primero, porque introduce al derecho penal como herramienta estatal en la construcción del proceso de memoria respecto de los crímenes de la última dictadura militar, y en ese sentido implica un cambio significativo respecto de las estrategias adoptadas hasta el momento. Segundo, porque al hacerlo incurre en problemas serios desde el punto de vista del derecho penal y—tercero—de la libertad de expresión.
A nivel parlamentario se presentaron en el mes de marzo diversos proyectos de ley vinculados con el derecho a la libertad de expresión. Uno de ellos se vincula con la protección de fuentes de información periodística, otro está relacionado con la difusión y/o distribución de grabaciones o imágenes de contenido sexual y suplantación de identidad y, finalmente, se presentaron dos proyectos que penalizan ciertas expresiones. El primero busca modificar el código penal para incorporar un nuevo tipo penal sancionando toda conducta de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. El segundo penaliza públicamente a quien realice declaraciones o manifestaciones, realizadas en medios de comunicación, en redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública, tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina.
Lo bueno, lo malo y lo feo de la audiencia de las plataformas ante el Congreso de EE. UU. Para conocer más sobre cómo las redes sociales controlan actualmente la desinformación, le recomendamos visitar letrachica.digital, el proyecto con el que el CELE está haciendo seguimiento a los cambios de las normas comunitarias de las plataformas.
Desde el CELE, celebramos este primer paso que está dando la Comisión para adentrarse en esta problemática y que lo haga con un proceso de diálogo abierto y multisectorial. De cara a este proceso que comienza resulta fundamental por un lado acercar a los Estados a este diálogo, en vista del creciente interés legislativo que existe en la materia; promover la participación de toda la región, incluido el Estado y la sociedad civil de Estados Unidos, que es donde muchas de estas plataformas tienen su base; y generar condiciones claras de igualdad para los diversos actores participantes en el proceso.
El 18 de febrero el Poder Ejecutivo mediante la Resolución 100/2021 postuló a Juan Fuertes para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Además habilitó la recepción de comentarios a la candidatura hasta el 13 de marzo de 2021 y convocó a la sociedad civil a una audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2021. La postulación no fue bien recibida por diversas organizaciones de la sociedad civil por considerar que el candidato no es idóneo para el puesto en cuestión por no contar con demostrada experiencia en la temática. Durante el discurso de apertura legislativa el presidente Alberto Fernández dio a conocer la iniciativa para crear un DNI con chip. Distintas organizaciones de la sociedad civil se expresaron en contra de este proyecto mencionando que no sería necesario generar un nuevo tipo de DNI y advirtiendo sobre las posibles vulneraciones a la seguridad que conlleva adoptar este tipo de documentación.
La ‘corte suprema’ creada por Facebook para revisar los casos más emblemáticos de eliminación de contenidos de la plataforma ya tomó sus primeras decisiones. Sin duda, está pendiente la más importante: recordemos que el Consejo asesor de contenido –como se conoce formalmente– también tiene en sus manos la decisión final sobre la eliminación permanente de la cuenta del ex presidente Donald Trump.
En enero de 2021, tras la toma del Capitolio de los Estados Unidos por parte de manifestantes de ultraderecha y [...]
Fake news on the Internet: actions and reactions from three platforms Submission to the Special Rapporteur for Freedom of Opinion [...]
A partir de este año desde el Observatorio Legislativo del CELE estaremos subiendo un resumen de la actividad legislativa mensual y/o novedades regulatorias, decisiones judiciales o de moderación de contenido privada que ocurran en los 9 países que forman parte del Observatorio Legislativo, ofreciendo contexto y links vinculados a los temas de inter
La decisión de múltiples plataformas de excluir de sus servicios a Donald Trump importa un punto de inflexión en el presente de la democracia que aún no comprendemos cabalmente. Un puñado de empresas privadas, sólo responsables ante sus accionistas y usuarios, decidieron que el presidente saliente de un país democrático sea efectivamente excluido del debate público, o al menos de una de sus principales formas—-la más cercana, horizontal, y directa.
En 2020, el CELE junto con su equipo de investigadores y colaboradores produjo más de 11 artículos académicos en sus distintas áreas de investigación. Le dimos continuidad al Observatorio Legislativo, el único repositorio de normas y proyectos de ley en materia de libertad de expresión en la región. Además, desde el iLEI iniciamos dos proyectos nuevos de investigación. El primero, dedicado al estudio de la autorregulación empresarial y su impacto en iniciativas de debida diligencia en el sector TIC. El segundo, encarado en asociación con Linterna Verde, dedicado al monitoreo y estudio de los términos y condiciones de servicio y reglas comunitarias de tres redes sociales líderes.
El uso de las redes sociales está mediado por las reglas que cada plataforma dispone para el comportamiento de sus usuarios en la comunidad. Conocidas como normas comunitarias, éstas establecen lineamientos para la creación de cuentas, uso de material de terceros y difusión de contenidos, entre otros. Para la mayoría de las personas, las normas comunitarias suelen pasar desapercibidas o sólo existen cuando interfieren de alguna forma en la experiencia de uso. Es decir: se vuelven parte de la letra chica que nunca leen. Este entorno informal de regulación y adjudicación de las redes sociales –entendido generalmente como la actividad de moderación de contenidos– suele entrar en tensión permanente con leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. En particular, hay muchas preguntas sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el debido proceso y la transparencia.
Thursday 19th, UN 13th session of Forum on Minority Issues. This year, the Forum reunites representatives of States, Civil society, specialists and academics to discuss Hate speech against minorities in social media. Our Director, Agustina Del Campo, was invited to join the panel on the regulatory and institutional framework against hate speech on minority issues. Our panel was asked to address the complementarity between articles 19 and 20 of the ICCPR as well as other Conventions against discrimination, Legislative and Institutional Frameworks that may contribute to accountability and fighting impunity, and possible solutions to a disturbing trend in raising hate speech, particularly against minorities, and especially in social media. I will attempt to follow this order in my presentation highlighting a few key issues within each that I find particularly relevant to this discussion. These are not exclusive nor are they exhaustive.
Asimismo, esta falta de autocrítica pareciera replicarse en el punto Confianza en los Parlamentarios, al obviar destacar cómo el comportamiento de los/as propios/as parlamentarios/as y la poca transparencia que revisten los mecanismos legislativos en distintos países han afectado la confianza (o la falta de ésta) de la ciudadanía en éstos/as. Finalmente, si bien destacamos la incorporación del segmento anual de alto nivel, consideramos que sería sumamente importante que se invite a participar de dicho segmento a organizaciones de la sociedad civil para que la discusión no quede trunca y sea realmente multistakeholder.
Les dejo unas preguntas para hacernos el día después de que terminen las elecciones en EE.UU., ¿es el temor el que debe guiar el desplazamiento de las líneas rojas que protegen los discursos políticos, nuestro derecho a informarnos y a conocer a quienes quieren dirigirnos durante las elecciones? O ¿son las reglas del proceso electoral las que deben garantizar que esto suceda favoreciendo más información, no menos?, ¿cómo queremos que sean en el futuro las redes sociales como espacio de debate político? Estamos en un estadio muy temprano para conocer el impacto real de las redes, está claro que no sabemos qué hacer y la cancha está cambiando, pero mientras lo pensamos vale la pena mantener un ojo en el tema de libertad de expresión y pensar en cómo podemos protegerla.
La experiencia mexicana con el T-MEC recientemente muestra a las claras la relevancia de la gobernanza multisectorial de internet. También muestra acabadamente la necesidad de dar debates amplios y sustanciosos en materia regulatoria, particularmente cuando ella impacta derechos humanos. El Sistema Interamericano requiere a los Estados que cualquier limitación a la libertad de expresión esté amparada y claramente establecida en una ley, en sentido formal y material. Así como que sea legítima y cumpla con el principio de necesidad y proporcionalidad.
En pos de una efectiva aplicacion de politicas publicas, la revision de las lecciones aprendidas en experiencias previas es condicion necesaria. La intervencion debe tener objetivos viables, ser de caracter legitimo a través de la posibilidad de monitoreo y acceso a la información pública, ser transparente en cuanto al uso de fondos. Debe contar con la participación de pluralidad de actores de todos los sectores involucrados. Evitar errores del pasado permitirá que la implementación de políticas públicas sea efectiva y genere los cambios necesarios para una mejora en el acceso a internet en todo el territorio nacional.
Las respuestas del Ministerio dejan serias incógnitas abiertas. Entre los puntos a destacar, es alarmante que las tareas de prevención se realicen “a mano”, según lo indicado por las autoridades en la reunión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llevan a cabo estas tareas en el día a día? Cómo anonimizar el contenido siendo el monitoreo "manual"? El impacto de la inteligencia en redes sociales en nuestros derechos fundamentales cobra mayor relevancia en la situación actual de pandemia donde, cada vez más, nuestras vidas se desarrollan a través de un dispositivo electrónico. Como sociedad, tenemos que exigir las rendiciones de cuentas correspondientes y alzar la voz -como lo han hecho numerosas organizaciones- para alertar sobre los peligros de estas prácticas y asegurar que se respeten nuestros derechos humanos. Esperamos que, en respuesta a nuestro pedido de acceso a la información, el Ministerio aclare las inquietudes que nos preocupan.
Por interés público: Quizás la distinción en torno al interés público sea más útil para informar decisiones de priorización. Si la conversación o el contenido es de interés público, debería poder priorizarse. Este tipo de determinaciones probablemente surja, sin embargo, del cruce de dos o más criterios de los que ya mencionamos: Contexto local/regional; carácter de la persona (público privada), relevancia de la temática. Una de las conclusiones unánimes entre colegas es que probablemente la priorización no deba responder a un criterio único sino a multiplicidad de factores. Cómo implementarlo será otro tema… Sin perjuicio de la decisión que las empresas adopten en esta materia, el ejercicio sirvió para constatar lo poco que sabemos sobre este tema, la falta de información que existe en los informes y en las propias políticas, y la necesidad de estudiar el tema más profundamente.
Los usuarios latinoamericanos, particularmente los involucrados en el activismo o en movimientos sociales, se encuentran entre la espada y la pared. Dentro de este contexto, resulta más necesario que nunca que la sociedad civil y los activistas de América Latina alcen la voz en los debates globales sobre las prácticas de moderación de contenidos y libertad de expresión.
¿Qué tienen en común las movilizaciones del colectivo feminista Ni Una Menos en 2015 con los aplausos y cacerolas en [...]
¿Por qué cuesta tanto que el poder judicial se acerque a estos foros? Si hay un interés desde los espacios de gobernanza en que el poder judicial participe y desde los operadores judiciales en interiorizarse en las cuestiones relacionadas a internet, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué oportunidad de debate y conversación nos estamos perdiendo? Quizás este posteo pueda, por lo menos, servir como una invitación al poder judicial para sumarse a las conversaciones de gobernanza, empezando por debatir estas preguntas básicas en torno al acceso a dichos espacios.
Si Guatemala fuese un país, como algunos pocos otros países en Latino América, que contara con un sistema de seguridad social y de salud pública adecuados, quizás los hechos propiamente dichos, de carácter noticioso, no serían tan alarmantes. Si existiese una vocación de transparencia y cuentadancia y el manejo correcto de datos en época de pandemia, quizás el propio Gobierno no generaría tanta confusión en la información que brinda. Pero ya se empieza a denotar el fracaso sistémico de la red de salud pública en el país, y la poca o nula capacidad de las autoridades para administrar la crisis y divulgar adecuadamente la información, y las condiciones subyacentes adicionales que hacen de Guatemala un país particularmente vulnerable a la pandemia.